En qué consiste la propuesta de un acuerdo nacional según el presidente Petro, cuáles son sus escenarios —y cuáles sus posibilidades de éxito—.
Juan Fernando Mejía*
Ambiente enrarecido
Precisamente al cumplirse el primer año del gobierno Petro se estaban agravando sus problemas de gobernabilidad. A las dudas que dejó el incidente de Laura Sarabia y Benedetti se sumaron el escándalo que acabó en la renuncia de Irene Vélez al Ministerio de Minas y Energía y las declaraciones de Nicolás Petro sobre el ingreso de dineros ilícitos a la campaña presidencial de su padre.
El balance de logros y faltantes del gobierno tuvo que abrirse paso entre una nube de dudas y sospechas. Se encontró con una opinión pública distraída debido a los escándalos y con un Congreso dividido y dudoso acerca de la nueva agenda legislativa.
Acuerdo y desacuerdo nacional
En semejante situación, apareció una propuesta del presidente que de inmediato se encontró con el escepticismo de sus interlocutores políticos.
La propuesta consiste en “un acuerdo nacional para construir un país equitativo y hacer realidad la paz”. En la práctica, el presidente aspira a que el gobierno mantenga su bancada y a que a ella se sumen algunas de las fuerzas que hicieron parte de la coalición al comienzo del gobierno.
El presidente comenzó su mandato con una clara invitación al acuerdo nacional —quedó la imagen, por ejemplo, del diálogo con su contradictor acérrimo, el expresidente Álvaro Uribe—.
El acuerdo fue perdiendo fuerza con el tiempo. La coalición de gobierno se desarmó y dejó resultados insignificantes en materia legislativa, dejando en vilo las reformas a las cuales Petro había apostado toda la energía.
para Petro, se trata de que la élite renuncie a parte del poder o del privilegio, que entregue el control y bienes para hacer más democrática la distribución entre los colombianos.
Parte de las fuerzas políticas y sociales del país renunciaron. Y aunque la oposición no ha logrado definir su identidad, sus partes han insistido claramente en oponerse a ‘la agenda del cambio’.
El presidente presenta la idea como un ‘concepto’, es decir, propone que la idea sea examinada, comprendida y aceptada en virtud de su coherencia interna y de la conveniencia política en general.
Ecológico y social
En el discurso de instalación del Congreso el presidente aludió a la situación ecológica del planeta mucho más que a la situación social y política del país — aunque en el discurso de Petro estas dos realidades han estado vinculadas—. Se refirió a las evidencias del cambio climático y a la necesidad de descarbonizar la economía para emprender la transición energética y hacerlo de una manera justa.
La propuesta de acuerdo nacional integraría pues dos tipos de justicia: la justicia ambiental y la justicia social. Al señalar la justicia como valor, el presidente propone un concepto que nos congrega a todos, pero acerca del cual es muy difícil llegar a los acuerdos.
La alocución presidencial trató otra vez de mostrar cómo las reformas que propone realizan efectivamente la justicia que les falta a la vida social y política de los colombianos. Para él, la salud, el trabajo, las pensiones y la educación deben ser cambiadas de maneras sustantivas.
El papel de la ‘paz total’
Esta defensa de las reformas se conecta con un énfasis especial en la propuesta de la ‘paz total’. Según el presidente la ‘paz total’ es esencial para la justicia social.
El presidente entiende que la violencia colombiana tiene una base económica y social, de modo que la “paz total” supone un cambio profundo en esa situación económica y social.
Por ejemplo, el presidente insiste en la reforma agraria porque entiende que la cuestión de la tierra es esencial para cumplir el acuerdo con las FARC. Sin reforma agraria la violencia seguirá en Colombia.
En esa misma lógica, Gustavo Petro dice que la demanda internacional de cocaína ha disminuido, de modo que hay menos incentivos para el cultivo de hoja de coca —al mismo tiempo que otros países han desplazado a Colombia como exportador de cocaína—. Este, entonces, es el momento apropiado para ofrecer alternativas económicas legales a las poblaciones que optaron por participar en las economías ilegales. La situación también haría más fácil negociar con las bandas armadas que se nutren de dichas economías.
En resumen: cumplir el acuerdo de paz en el punto de tierras, aliviar la presión sobre los cultivadores de coca y negociar con todos los grupos armados pondrán al país en la senda de la justicia social.
El llamado a la élite
Para cumplir esos objetivos y lograr la justicia social, tendrían que ceder los que siempre han tenido el poder. La población excluida y la ciudadanía en general, en este caso, no tienen voz ni voto y dependen enteramente de los que aprueban o no las reformas.
El gobierno tendrá que ceder, tanto como espera que cedan sus interlocutores. Si no es así los cambios serán aun menores y mayor será la frustración de quienes le apostaron al gobierno Petro.
Por eso, para Petro, se trata de que la élite renuncie a parte del poder o del privilegio, que entregue el control y bienes para hacer más democrática la distribución entre los colombianos.
Y aquí topamos por supuesto con la mayor dificultad para el acuerdo nacional. Más allá de invocar la “justicia social”, no es fácil presentar a las élites los motivos que las lleven a ceder, porque no hay beneficio alguno para ellas en tal negociación.
Aunque la interlocución parece difícil, en Colombia tenemos antecedentes de concesión por parte de las elites y aceptación de nuevas direcciones: la Constitución de 1991 y el Acuerdo de La Habana son dos buenos ejemplos.
La clave está en el Congreso
Petro ha dicho reconocer que el Congreso de la República representa al país, sus voluntades y sus diferencias, que es un espacio donde se dan las conversaciones válidas para cambiar el rumbo de Colombia. Este punto es crucial porque implica reconsiderar su llamado a las calles como escenario del poder popular y espacio de la democracia.
El presidente reconoce el balance de fuerzas de la actual coyuntura y señala al Congreso como mejor espacio y con mejor disposición para el diálogo productivo. Un espacio, sin embargo, que no está libre de dificultades.
Ahora se trata de que los conceptos y valores que el gobierno ha expuesto muestren su importancia, pero, sobre todo, de encontrar las formas viables de negociar y concretar los acuerdos en leyes y políticas.
Las metas del gobierno son tan ambiciosas que serían difíciles de alcanzar. aunque la mayoría de las fuerzas políticas estuviesen dispuestas a cooperar. Menos ahora que el gobierno se quedó sin mayorías y que debe abarcar tantos frentes de negociación y de ejecución.
El gobierno tendrá que ceder, tanto como espera que cedan sus interlocutores. Si no es así los cambios serán aun menores y mayor será la frustración de quienes le apostaron al gobierno Petro.
Estamos ante una de las conversaciones más desafiantes de nuestra historia y para ello habrá que construir confianza y condiciones para un diálogo significativo. Finalmente, el gobierno debe superar el escepticismo de las bases, de los aliados y de la oposición para construir el acuerdo nacional.
1 Comentario
Esta claro que el gobierno Petro o «el gobierno del cambio» es un pedido de ayuda y una constante invitacion no solo a quienes legislan y quienes participan en la politica sino a todo el pueblo colombiano a ser informado y a que sin importar sus intereses se procure el desarrollo y crecimiento del pais, lo que es triste ya que bien dicho esta en el articulo que las dinamicas sociales y economicas del pais rigen nuestra democracia, y aquel que menos tiene seguira asi ya que no hay cuatro años de gobierno suficientes para hacer entender que lo mejor para todos es ayudar y mejorar las condiciones de quienes sostienen la economia y las dinamicas del pais que son el campesinado y la clase trabajadora; y mucho menos es que se entienda que todo avance debe cuiarse y ser planeado bajo la agenda global del riesgo climatico que esta hoy por hoy demostrando que no es un juego.