La violencia afectó la salud psicosocial del país. ¿Qué hacer para sanar estas heridas?
Wilson López López*
Un balance positivo
Hace cinco años se firmó el acuerdo entre el gobierno y las FARC. Aunque el balance difiere en cada punto, en su conjunto debe reconocerse que ha sido bueno.
Hay muchos informes sobre sus varios componentes: la reforma rural integral, la participación política, el problema de las drogas ilícitas, el fin del conflicto ligado a la reincorporación, las víctimas y el punto de verificación y refrendación.
La mayoría de los informes destacan la elaboración y el éxito del proceso como un modelo para el mundo debido a los mecanismos que se usaron durante la negociación y a los dispositivos que resultaron del mismo, en especial los de justicia transicional.
Aunque temen a los ataques y los asesinatos de casi 300 desmovilizados, quienes firmaron el acuerdo están comprometidos con no volver a la guerra.
Sin embargo, la percepción de una parte de los colombianos no permite consolidar la paz. Un conjunto de elites nacionales y regionales cree que la paz es su herramienta o la ven como una amenaza para sus privilegios económicos, políticos e inclusive jurídicos.
Según los datos de algunas entidades internacionales, más del 90 % de los desmovilizados no regresaron a la guerra, un éxito sin precedentes. Aunque temen a los ataques y los asesinatos de casi 300 desmovilizados, quienes firmaron el acuerdo están comprometidos con no volver a la guerra.
El acuerdo es un éxito, aunque el gobierno intentó deslegitimar el proceso. Según la Fundación Ideas para la Paz, la coalición de gobierno en el Congreso presentó más de 40 propuestas para minar los acuerdos. Apenas siete proyectos siguen en trámite, pero parece que no tendrán futuro.
Adicionalmente, los políticos cercanos al presidente Duque atacaron los dispositivos de justicia transicional: la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Pero gracias a la presión internacional y a su impecable funcionamiento, estas instituciones están mejor que nunca.
Legitimación de la violencia
Aunque tiene muchos puntos favorables, el proceso de paz no logró explicar cómo se consolidaron las estrategias de legitimación psicosocial de la violencia política en Colombia.
Las estrategias para legitimar la lucha armada afectaron a toda la sociedad, en especial a las más de 9 millones de víctimas: casi el 20 % del país según los datos del Registro Único de Víctimas.
La salud biopsicosocial (mental) de todos se vio afectada y se derrumbaron la confianza, la empatía, la compasión, los tejidos sociales y la capacidad de perdonar y de reconciliarse.
La salud es más que enfermedades y patologías, es cómo se vive el día a día. Lamentablemente, los colombianos naturalizan la muerte, las masacres, los desaparecidos o cualquiera de las 14 formas de violencia que caracterizaron los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Estas violencias se extendieron a las relaciones con las familias, los vecinos y en general a la manera de ser de los colombianos. Se expresan en sus prácticas culturales, en los discursos y en las emociones.
Se utilizaron hasta el cansancio los mecanismos de justificación de la violencia y énfasis en la asimetría del sufrimiento para legitimar a unas victimas y omitir a otras y para ocultar las condiciones de desigualdad extrema, la miseria y la corrupción de las élites. Al final, las barreras socio psicológicas ampliaron las fracturas sociales.
Por este motivo, la disposición de los colombianos a perdonar y reconciliarse es muy baja y su tendencia a justificar la violencia, muy alta.
En Colombia se instaló un discurso transmitido por generaciones, un discurso inspirado en el odio y el miedo. Este discurso se convirtió en la verdad que legitima la violencia.
Lo anterior se reflejó en el éxito de la campaña por el No en el plebiscito de 2016, que usó discursos falsos para convencer a los colombianos. Hoy se sabe que en la campaña se jugaban los resultados de las elecciones de 2017, pero el costo de fracturar la sociedad fue muy alto.
Afectada por el conflicto, la mitad de la población votó por el Sí. De esta forma, quedó expuesto un país polarizado y afectado biopsicosocialmente por el conflicto armado.
La disposición a perdonar, reconciliarse y confiar en el otro y en las instituciones son algunos indicadores de esta afectación biopsicosocial. Ahora el reto consiste en transformarlos en medio de un conflicto social y armado que no desaparece.
Un elemento central de cualquier proceso de reconciliación, la no repetición, no se ha podido consolidar y los derechos humanos siguen siendo vulnerados, entorpeciendo el camino hacia la paz.
Cincuenta y dos años de conflicto construyeron un ecosistema cultural (psicosocial) que no será fácil de transformar. Las heridas del país no se cerrarán en el corto plazo y los grupos ilegales seguirán escudriñando nuevas formas de controlar la economía.
Para transitar a un país distinto tendríamos que cambiar el ecosistema cultural que describí más arriba. Esto tomará tiempo, recursos y acciones de múltiples entidades que promuevan la no violencia y la justicia social, y que se nieguen a naturalizar la muerte y el daño a cualquiera persona.
Queda un largo camino por andar. La economía que excluye a la población y perpetua su condición de vulnerabilidad debe cambiar. También hay que exigir el cumplimiento del Acuerdo y transformar las prácticas psicosociales que perpetuaron la violencia, como los discursos y las narrativas que justificaron la guerra.
Quienes opten por una vida comprometida con la justicia social y la no violencia, deben apoyar los éxitos de este difícil proceso de paz, entendiéndola como un proceso incompleto y de largo plazo que compromete a la sociedad en su conjunto.
