Acoso sexual: una mirada desde dentro de la Universidad Nacional - Razón Pública
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Acoso sexual: una mirada desde dentro de la Universidad Nacional

Acoso sexual.

Acoso sexual.

Isabel-RinconMaria fdavargaEl acoso se da en todos los espacios, pero en la Universidad adquiere características que ayudan a entender el cómo y el por qué actúan o no actúan quienes tienen el deber de proteger los derechos más básicos de las mujeres.    

Adriana Isabel Rincón*  – María Fernanda Vargas**

La noticia

El pasado 26 de abril el país entero se convulsionó ante la noticia difundida por La W Radio a raíz de un video que sustentaba la denuncia de una estudiante de la Universidad Nacional quien, en compañía de otra estudiante también agredida, reiteró la acusación de acoso sexual contra el profesor Freddy Alberto Monroy Ramírez.

Se trataba de una emisión en hora de alta audiencia, y los entrevistadores cayeron repetidamente en el error de re-victimizar a las entrevistadas con afirmaciones o preguntas como:

  • durante todo el video usted le tiene la mano puesta a él”;
  • “cuando él la abraza usted corresponde”;
  • “¿Con los primeros dos minutos [del video] no era suficiente para que usted le dijera <<profesor, usted está equivocado y yo me voy de aquí>> y usted se va?”.

El tratamiento de las víctimas

Casos de acoso sexual en la Universidad Nacional.
Casos de acoso sexual en la Universidad Nacional. 
Foto: Cancillería

Las palabras anteriores reflejan los obstáculos que las agredidas deben enfrentar en el momento de  hacer públicas sus historias e interponer las denuncias respectivas.

El profesor Monroy incurrió en actos constitutivos de acoso sexual que, para los efectos del presente análisis, se entiende como toda conducta mediante la cual una persona pretende hacer soportar a otra acciones de contenido sexual no deseadas y sin contar con su consentimiento. En el este caso está presente, además, el factor de la relación de poder, del cual habla el artículo 210A del Código Penal, pues entre agresor y agredida existe una relación asimétrica, ya que se trataba del profesor y director de tesis de la víctima.

Sin embargo, en la entrevista de La W se incurrió en revictimización pues se cuestionó el comportamiento de la agredida y no el del agresor, lo que normalmente conduce a dudar de su palabra.

En este punto debe quedar claro que el acoso sexual es una violación de los derechos humanos de las mujeres, al cual la mayoría de ellas se han visto expuestas en más de una ocasión. Los mecanismos que las víctimas emplean para enfrentar la situación no suelen ser directos y guardan estrecha relación con sus experiencias de vida y con las emociones y pensamientos del momento de la agresión. Por eso, el miedo y el deseo de evitar un mayor daño suelen hacer que la agredida opte por las maniobras evasivas en lugar de la agresión física o la confrontación directa.

Asimismo, resulta desproporcionado y desalentador para las víctimas tener que arriesgar su integridad física y psicológica para obtener un video porque su testimonio “no sería suficiente” en términos probatorios. El video se convierte entonces en un requisito para la credibilidad de la denuncia, en un sistema que reproduce el machismo, donde los operadores judiciales trabajan a partir de sus prejuicios y no en una perspectiva de género que les permita entender las particularidades de estos casos, atender al bloque de constitucionalidad -como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) o la Convención Belém do Pará- y garantizar los derechos de las agredidas.

Tres aristas del problema

El caso del profesor Monroy no es el único ejemplo de acoso dentro de la Universidad Nacional, y tanto así que el Colectivo Género y Seguridad, conformado por estudiantes y egresadas de esa universidad ha atendido otras denuncias y debates, de los cuales creemos útil extraer ilustraciones sobre tres ángulos o aristas de un problema complejo y debatible.

|1. Las instituciones que no operan.

El profesor José Guillermo Castro Ayala fue denunciado ante la Fiscalía por el delito de acoso sexual presuntamente perpetrado contra una mujer que desempeña labores administrativas en la facultad de Derecho. Por esos mismos hechos se interpuso una queja disciplinaria contra Castro.

No obstante, la queja no fue atendida por la Universidad sino después de que la apoderada de la víctima solicitara la revisión del proceso a la Procuraduría; las inconsistencias que encontró el organismo de control hicieron que la Universidad abriera formalmente la investigación.

La situación ante la justicia penal no ha sido muy distinta. La denuncia lleva más de un año en los estrados pero no se han imputado cargos al profesor y las medidas de protección fueron negadas en primera instancia -a pesar de que a juicio de la denunciante se allegaron fundamentos que demuestran la necesidad de las medidas de protección-.

Este caso ilustra la inoperancia de las instituciones: por un lado, a las víctimas les piden que denuncien y se pone en duda la veracidad de su historia cuando deciden no hacerlo. Por otro lado los funcionarios encargados de hacer valer los derechos de las agredidas, no creen en ellas o consideran que los daños que han sufrido son menores, restando importancia a hechos que constituyen auténticas violaciones a los derechos humanos de las mujeres.

|2. Los agresores que siguen dando clase.

Al profesor Luis Martín Caballero Rueda de la Facultad de Ciencias -a la cual pertenece el profesor Monroy- le fue abierto en 2003 un proceso disciplinario derivado de la queja de una estudiante sobre el acoso sexual que había sufrido a manos de su director de tesis.

El proceso en cuestión duró tres años, durante los cuales la agredida no recibió ninguna orientación de la Universidad sobre cómo hacer valer sus derechos. Igualmente se encontró que existían otras víctimas presuntas que dieron su testimonio y fueron confrontadas directamente con el agresor – lo cual constituye un acto de revictimización-.

Finalmente, el proceso concluyó en 2006 con una suspensión de la labor docente y del salario del profesor durante un periodo de seis meses.  De este modo, Caballero sigue estando   vinculado con el departamento de Biología de la Universidad y sigue dirigiendo tesis y trabajos de grado sin que exista un seguimiento que permita evaluar los riesgos de reincidencia.

|3. ¿El buen nombre de la Universidad, o la intimidación y la incredulidad frente a las víctimas?

Desde 2017, el profesor Carlos Medina Gallego ha criticado las denuncias sobre acoso sexual que han formulado estudiantes de la facultad de Derecho ante sus respectivos círculos sociales. A través de las redes, dijo Medina que mientras no hubiese una denuncia formal con lo que él consideraba los debidos elementos materiales probatorios, esas acusaciones no pasaban de ser simples “chismes”. 

Por supuesto que en el plano penal, el acusado tiene el derecho al debido proceso. Pero en términos de cultura y convivencia ciudadanas, más todavía en una universidad, palabras como las de Medina desacreditan a las mujeres que se atreven a denunciar el acoso y además pretenden que de estos abusos no se hable sino en los espacios jurídicos, olvidando que lo personal es político, que el silencio es cómplice y dejando de lado la posición de garante que tiene la Universidad.

Curiosamente, casi un año después, el profesor Medina vestido con una falda, se tomó el micrófono en el homenaje a Florence Thomas e hizo un llamado a defender los derechos de las mujeres, a denunciar el acoso sexual y laboral para que hombres y mujeres se relacionen en condiciones de libertad e igualdad.

Campaña contra el acoso sexual y otras formas de violencia hacia las mujeres.
Campaña contra el acoso sexual y otras formas de violencia hacia las mujeres.  
Foto: Asamblea Departamental Valle del Cauca

 Pocos días después, Medina formuló un “llamado de atención” a la profesora Catalina Toro por hablar públicamente del acoso sexual existente dentro de la comunidad universitaria, e hizo el llamado a salvaguardar el “buen nombre de la institución”, como si la responsabilidad por dañar el buen nombre de la Universidad recayera sobre las mujeres que han denunciado o acompañado a las víctimas y no sobre los agresores que impunemente se pasean por la facultad. Solicitó además “todo el acervo probatorio” de las denuncias, como si a su cargo estuviese la función de investigar, olvidando, además, que el testimonio es plena prueba en materia de violencia sexual.

En últimas, posiciones como las de Medina acaban por acallar los reclamos de justicia que realizan las mujeres, pretendiendo que sólo se hable del acoso sexual en los estrados judiciales, como si éste no afectara de manera directa y grave la vida de las mujeres y el tejido social de la comunidad universitaria.   

Es todo lo contrario: la universidad no puede ser un espacio donde se legitime por medio del silencio la violencia contra las mujeres y se prohíba sacar este abuso del ámbito  privado para  develarlo como un asunto que concierne a la comunidad universitaria y al Estado.

¿Qué hacer?

La Universidad Nacional de Colombia y todas las universidades del país necesitan aprender de los errores y adoptar estrategias adecuadas para atender los casos de violencia sexual. Concretamente sugerimos:

1. Dar el crédito debido al testimonio de la agredida y crear mecanismos para recopilar los relatos de otras víctimas. En nuestro quehacer hemos encontrado que las agresiones se perpetúan de forma sistemática, de modo que los relatos de las agredidas permiten identificar patrones en la conducta de los acosadores.

Recopilar esta información y evaluarla según el criterio de la “sana crítica”, es una de las recomendaciones de organismos como la ONU, y tiene validez especial cuando se trata de documentar conductas que se dan casi exclusivamente en esferas o circunstancias privadas.

2. Difundir entre toda la Comunidad Universitaria el “Protocolo para la prevención y atención de casos de violencias basadas en género y violencias sexuales”. Esto debe ser acompañado por capacitaciones en perspectiva de género de las personas encargadas de atender los casos, la asignación de recursos y la pedagogía para que todas las personas conozcan las rutas de atención sobre estos abusos.

3. En atención a las funciones públicas que desempeña y al deber de debida diligencia, el personal administrativo de la Universidad Nacional debe poner en conocimiento de la Fiscalía las denuncias sobre presuntos acosos sexuales y explicar las agredidas las rutas de atención que existen para llevar su caso a instancias penales.

4. Según Sisma Mujer, el 96,64 por ciento de los casos de acoso sexual en espacios jurídicos se quedan en la impunidad, de modo que las denuncias sociales cobran gran relevancia. Por eso, en lugar de acallar los llamados de justicia, los docentes y administrativos deben asumir su condición de garantes de los derechos de las mujeres que conforman la comunidad universitaria.

 * Abogada de la Universidad Nacional, candidata a magíster en Derecho en la misma universidad, defensora de los Derechos Humanos de las Mujeres y representante del Colectivo Género y Seguridad.

**Abogada de la Universidad Nacional, candidata a magíster en Estudios de Género en la misma universidad, defensora de los Derechos Humanos de las Mujeres y representante del Colectivo Género y Seguridad.

Nota del editor: La frase "a pesar de que se allegaron fundamentos que demuestran que el profesor continúa ejecutando actos de acoso en contra de la denunciante" se cambió por la frase "a pesar de que a juicio de la denunciante se allegaron fundamentos que demuestran la necesidad de las medidas de protección"  por petición de las autoras. 

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