Acción anticipatoria por la vida: la niñez en el centro del derecho a un ambiente sano en Colombia

Anticipar es proteger. Y proteger a la niñez es la medida más clara de la responsabilidad de un Estado frente a su propio futuro.

Hablar de ambiente en Colombia no es hablar de debates técnicos lejanos: es hablar de la vida diaria de millones de niñas y niños. El derecho a un ambiente sano solo será real si el país asume en serio la gestión integral del riesgo como política estructural de prevención. Las recomendaciones de 2025 del Comité de los Derechos del Niño a Colombia y la Observación General No. 26 sobre derechos de la niñez y medio ambiente son claras: prevenir, invertir, escuchar a la niñez y actuar frente a la crisis climática no es opcional. Es una obligación jurídica inmediata. Anticipar riesgos hoy es proteger derechos en presente y a futuro.

Hablar hoy de niñez y adolescencia en Colombia es hablar del derecho a un ambiente sano. Pero también es hablar de nuestra responsabilidad de anticipar los riesgos que amenazan su garantía.

La Constitución reconoció el derecho a gozar de un ambiente sano y estableció el deber estatal de protegerlo. No es un enunciado simbólico. Es la base que sostiene la salud, el agua, la alimentación, la educación y la vivienda. Cuando se trata de niñas, niños y adolescentes —cuyos derechos prevalecen— la obligación es reforzada: el Estado debe prevenir el daño antes de que ocurra.

Sin embargo, cada temporada de lluvias, cada sequía prolongada y cada emergencia climática nos recuerdan que seguimos reaccionando más de lo que prevenimos.

Un país hermoso, pero vulnerable

Colombia es una potencia biodiversa, pero también un territorio marcado por desigualdad, expansión urbana desordenada y presión sobre ecosistemas estratégicos. La deforestación avanza, los ríos se contaminan y muchas familias habitan zonas de alto riesgo por falta de alternativas.

Según el Instituto Humboldt (2025), más de 1.700 especies se encuentran en alguna categoría de amenaza; el 78% de las aves son altamente vulnerables al cambio climático, y cerca de la mitad de los ecosistemas del país están en estado crítico o en peligro. La deforestación amazónica continúa concentrándose en departamentos como Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo.

A nivel regional, el World Wide Fund for Nature ha documentado una disminución del 94% en el tamaño promedio de las poblaciones de vertebrados en América Latina entre 1970 y 2020. Los ecosistemas de agua dulce presentan las mayores pérdidas.

Cuando ocurre un desastre solemos llamarlo “natural”. Pero el riesgo no cae del cielo: se construye con decisiones acumuladas de planeación deficiente, inversión insuficiente y ausencia de prevención. Y cuando ese riesgo se materializa, golpea con más fuerza a la niñez.

La niñez paga el costo más alto

Las niñas y los niños no deciden dónde se ubican los asentamientos ni cómo se distribuyen los presupuestos públicos. Sin embargo, son quienes más sufren las consecuencias.

Según Unicef, ONU y las Universidades de los Andes y Externado de Colombia:

– Nueve de cada diez niños y niñas de América Latina y el Caribe están expuestos a al menos dos crisis climáticas y ambientales.

– En América Latina y el Caribe: 55 millones de niños¹ están expuestos a la escasez de agua, 60 millones están expuestos a los ciclones, 85 millones están expuestos al zika, 115 millones están expuestos al dengue, 45 millones están expuestos a las olas de calor, 105 millones están expuestos a la contaminación atmosférica.

– 5,9 millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina podrían vivir en pobreza extrema para el año 2030 por impactos relacionados con el cambio climático.

– En América Latina y el Caribe, solo el 3,4% del total de la financiación climática es dedicada a la niñez. Esto genera una deuda intergeneracional y en justicia climática.

– El 80% de la población de la región vive en zonas urbanas, y tres de cada diez niños y niñas en áreas urbanas viven en condiciones precarias.

Una inundación significa escuelas cerradas, pérdida de materiales, enfermedades respiratorias, inseguridad alimentaria. Una sequía implica agua racionada, dificultades sanitarias y mayor carga para comunidades rurales.

Cada evento extremo deja huellas acumulativas en el desarrollo físico y emocional infantil. Por eso el ambiente sano no es una discusión sectorial: es una discusión sobre el futuro del país.

Colombia ya fue advertida

En 2025, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas evaluó nuevamente a Colombia y emitió recomendaciones contundentes. Señaló la necesidad de:

– Fortalecer la asignación presupuestal específica para políticas de niñez con enfoque territorial.

– Mejorar los sistemas de información desagregados para identificar brechas y vulnerabilidades.

– Intensificar la prevención del reclutamiento, la violencia y la explotación infantil en contextos de crisis.

– Garantizar acceso universal a servicios esenciales como agua potable, salud, educación inicial y nutrición.

– Incorporar la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes en decisiones que afectan su presente y su futuro.

Estas recomendaciones no son sugerencias diplomáticas: son obligaciones derivadas del compromiso internacional del Estado colombiano.

Además, la Observación General No. 26 sobre derechos de la niñez y medio ambiente, con especial énfasis en el cambio climático, establece con claridad que los Estados deben adoptar medidas inmediatas para mitigar el cambio climático, adaptarse a sus impactos y prevenir daños ambientales que afecten de manera desproporcionada a la niñez.

La Observación 26 introduce un mensaje central: el daño ambiental constituye una forma de vulneración de derechos de la niñez cuando el Estado no actúa con debida diligencia. Esto incluye la obligación de regular actividades empresariales, reducir emisiones, proteger ecosistemas y garantizar información ambiental accesible para la niñez, cuidadores y formadores.

En otras palabras: prevenir el riesgo climático es proteger derechos humanos.

Gestión integral del riesgo: la herramienta decisiva

Si unimos el mandato constitucional con las recomendaciones internacionales, la conclusión es evidente: la gestión integral del riesgo debe convertirse en eje central de la política pública.

No basta con atender emergencias. Es necesario:

– Promover la participación desde el inicio de la vida para promover el cuidado y la protección del territorio.

– Identificar amenazas climáticas y ambientales con enfoque diferencial.

– Reducir vulnerabilidades sociales antes de que la crisis estalle.

– Ordenar el territorio evitando asentamientos en zonas de alto riesgo.

– Restaurar ecosistemas que actúan como barreras naturales.

– Invertir en infraestructura resiliente.

Cada una de estas medidas responde directamente al llamado del Comité y a la Observación 26. Cuando el Estado no invierte en prevención, no solo asume mayores costos económicos futuros: incumple su deber de protección reforzada hacia la niñez.

Prevenir es una decisión fiscal

La protección integral no puede depender de discursos. Debe reflejarse en los presupuestos.

Invertir en agua potable rural es reducción de riesgo. Restaurar cuencas hidrográficas es adaptación climática. Fortalecer educación ambiental es resiliencia. Ordenar el suelo urbano es prevención. Sin embargo, históricamente se destina más dinero a reconstruir que a anticipar. Esa lógica contradice el interés superior del niño.

El Comité fue claro al exigir mayor coherencia presupuestal y mecanismos de monitoreo que permitan evaluar el impacto real de las políticas sobre la niñez. La Observación 26, por su parte, insiste en que las decisiones climáticas deben basarse en evidencia científica y dar prioridad a a quienes enfrentan mayores vulnerabilidades.

Escuchar a la niñez también es gestión del riesgo

Tanto las recomendaciones de 2025 como la Observación 26 subrayan la participación infantil como derecho y como herramienta democrática.

Escuchar a niñas y niños en procesos de planeación territorial, en políticas ambientales y en estrategias de adaptación no es simbólico. Es reconocer que viven y experimentan de manera directa los impactos ambientales. La resiliencia territorial se construye con información, educación y participación.

Una decisión política impostergable

La pregunta no es si el cambio climático afecta a la niñez. La evidencia es contundente. La pregunta es ¿Colombia está dispuesta a cumplir lo que ya se comprometió a hacer?

¿Asignará el Congreso recursos suficientes para prevención y adaptación con enfoque de niñez?, ¿Integrará el Gobierno la gestión integral del riesgo como columna vertebral de la política ambiental y social?, ¿Adoptarán las autoridades locales decisiones valientes de ordenamiento territorial, aunque impliquen costos políticos inmediatos?

No actuar también es una decisión. Y es una decisión que perpetúa vulnerabilidades evitables.

Cada desastre anunciado que no prevenimos es una omisión frente a la niñez. Cada escuela afectada por inundaciones recurrentes es una señal de planificación insuficiente. Cada comunidad sin agua potable en medio de sequías prolongadas muestra una deuda estructural.

La gestión integral del riesgo no es un asunto técnico secundario. Es la herramienta más poderosa para hacer efectivo el derecho de cada niña y cada niño a crecer en un ambiente sano, seguro y digno.

Anticipar es proteger. Y proteger a la niñez es la medida más clara de la responsabilidad de un Estado frente a su propio futuro.

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¹Se toma el término genérico de niño para representar niñas y niños, de acuerdo con el informe. Esto refleja la ausencia de datos desagregados para la región y marca desafíos para las intervenciones.