Respuesta incendiaria

No podemos dudar de los abusos de la fuerza por parte de las autoridades en el contexto de las protestas en Colombia. A su vez, la mayoría de ciudadanos han marchado pacíficamente y ha habido protestas que han acabado en vías de hecho como pedreas y destrozos.

Pero la respuesta estatal a las protestas, en vez de apaciguar los ánimos, ha vertido combustible sobre las llamas del descontento social. Este texto evalúa la violencia de las autoridades en ese contexto.

Las cifras del abuso

Según la Defensoría, al menos 24 personas han muerto mientras se manifestaban y se registran 140 casos de desparecidos, abuso policial y lesionados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció el “uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones”, registrando que el 3 de mayo, tan solo en Cali, fueron al menos 5 los muertos, entre ellos dos adolescentes de 15 y 17 años.

Según el Ministerio de Defensa, más de 300 civiles han sido heridos y más de 400 han sido capturados.

La Oficina de la Alta Comisionada para los Derecho Humanos de la ONU expresó su preocupación por el uso de la fuerza por parte de la policía, que abrió fuego contra los manifestantes en Cali, “matando e hiriendo a varias personas”.

Además, la campaña de organizaciones de derechos humanos Defender la Libertad ha registrado cerca de 600 casos de abusos de autoridad. Human Rights Watch ha denunciado proyectiles múltiples lanzados desde tanquetas a las personas que protestan. Amnistía Internacional pidió a las autoridades colombianas «poner fin a la represión de las manifestaciones».

La violencia y el miedo

Hay mucho que no queda registrado del miedo que produce la intervención de la fuerza pública, pero la desconfianza de los marchantes es evidente cuando observan la intervención de las autoridades y la desazón de no saber a quién acudir ante la ausencia de controles institucionales apropiados.

La violencia visible en la intervención de la fuerza pública se justifica supuestamente por los desmanes que se han presentado en algunos puntos del país. No obstante, ha habido uso desmedido de la fuerza frente a actos pacíficos como velatones, congregaciones y todo tipo de manifestaciones.

Hay que insistir en que, incluso frente a los actos de violencia de quienes pescan en río revuelto en las protestas, el uso de la fuerza es un recurso excepcional que debe ser ejercido de modo racional y evitar causar muertes a toda costa. En Colombia no existe el derecho a matar sino el derecho a la vida.

Razones de la violencia

Tres factores ayudan a explicar la represión violenta de las autoridades:

1. En primer lugar, la indolencia estatal ante la asfixiante presión social que sufre la ciudadanía. Las calles son el eco del descontento en medio de una crisis sanitaria sin precedentes y el agravamiento de la situación económica. La prolongación del estado de excepción y de los toques de queda como una forma de responder a la pandemia y el déficit de vacunas han estrangulado las libertades públicas .

La pobreza en la que está sumido el 42% de la población y la precarización de la mayoría de los hogares urbanos, el desempleo y la falta de oportunidades han dejado a la sociedad en general atrapada en una sensación de ‘sin-futuro’. Esta percepción es especialmente marcada entre la juventud.

1. El papel central de la Fuerza Pública en la respuesta del Estado. Los discursos oficiales han buscado silenciar los problemas sociales del país y se han concentrado casi exclusivamente en la seguridad, de modo que en las calles se vive un ambiente de abierta confrontación. Se han relegado alternativas políticas e intervenciones sociales para atender los problemas que aqueja la ciudadanía. El despliegue de la fuerza armada manifiesta la debilidad del gobierno, no su fortaleza. Todo esto afecta la posibilidad de una auténtica negociación nacional.
2. El discurso oficial que establece que el paro y los manifestantes tienen conexiones criminales mete a todos en la misma bolsa, pues los caracteriza como peligrosos delincuentes o, en el mejor de los casos, como idiotas útiles de grupos armados. Esta tesis fue presentada por el Ministro de Defensa, Diego Molano: “Colombia enfrenta una amenaza terrorista, organizaciones criminales están detrás de los actos violentos que empañan la protesta pacífica. Se trata de actos premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de las Farc y el ELN”.

Ya son conocidas las ideas sobre la “revolución molecular disipada” que expuso el expresidente Uribe. Según revelaron El Espectador y La Silla Vacía, esto es un invento de un neonazi chileno. Esta ideología ve en las protestas actos disipados que obedecen a una misma lógica y que pretenden atacar las instituciones con la ambición de un “narcoterrorismo comunista”, como afirmó Uribe en entrevista con CNN. No habrá diálogo posible si se criminaliza la protesta.

Todos estos ingredientes hacen difícil cualquier diálogo y cada día estimulan que la calle sea el escenario de un duelo a muerte: silenciar las calles para no oír lo que reclaman.

El desmoronamiento de los controles

La vigencia de los derechos humanos depende de mecanismos de control y respuesta efectivos frente a las violaciones.

El debilitamiento del equilibrio de poderes ha afectado los mecanismos establecidos en el Estado Social de Derecho para el ejercicio de la autoridad. Tanto así que las cámaras y la virtualidad han sido los medios de control más efectivos y difundidos. Es evidente el decaimiento del papel de instancias de veeduría y control estatales. Algunos ejemplos preocupantes:

1. Las Altas Cortes se pronunciaron en un comunicado conjunto con el presidente Duque, alabando sus políticas sociales, cuyo déficit es la causa principal del paro. Aunque un sólo comunicado no elimina la independencia judicial, el mensaje a la ciudadanía es de incertidumbre por la parcialidad que tendría el sistema judicial ante las denuncias por abusos de autoridad y la exigencia de derechos sociales.

Ya dos magistrados de la Corte Constitucional —Diana Fajardo y Jorge Enrique Ibáñez— se pronunciaron lamentando el comunicado. Afirmaron que la Corte dejó de rechazar el uso excesivo de la fuerza de las autoridades (mientras condena el vandalismo) y que no se debió referir a las políticas sociales del gobierno, recordando que la Corte Constitucional necesita conservar su independencia.

2. La procuradora Margarita Cabello fue ministra de Justicia de Duque durante el paro de 2019 en el cual se optó por diluir el diálogo. La ironía es doble: por una parte, como procuradora se ofreció para ser mediadora del paro de 2021 y, además, ahora debe vigilar la actuación del ejecutivo del que hizo parte tan recientemente.
3. La Defensoría está bajo cuestionamiento. W Radio reveló que el 29 de abril, segundo día de paro nacional, los vehículos oficiales asignados al Defensor del Pueblo cruzaron por el peaje de San Pedro que conduce a Anapoima. En entrevista al defensor Carlos Camargo, los periodistas preguntaron por qué había pasado los días más difíciles de la protesta en su casa de descanso y no en los escenarios de coordinación y atención como el Puesto de Mando Unificado.

Este es un hecho simbólico, pero muy diciente, que recuerda las controversias en torno al defensor por sus vínculos políticos evidentes con el actual gobierno. Pese a la función esmerada de muchas instancias regionales, seguimos esperando una Defensoría activa y auténticamente comprometida desde sus directivas se ha hecho esperar..

4. La Consejera Presidencial de Derechos Humanos habló sobre la situación de orden público y afirmó que los “Derechos humanos solo existen si ciudadanos observan deberes para ser parte de la sociedad”. La afirmación de Nancy Patricia Gutiérrez es absolutamente errada—pues no se pierden los derechos humanos por incumplir deberes—y es además profundamente perversa.

Esta opinión recuerda al lema de “algo habrán hecho” que tantos regímenes dictatoriales usaron para justificar las más graves atrocidades. Aunque la Consejería no tiene un peso concreto en la organización del Estado, sí ha sido un trampolín político—como confirma el caso del actual fiscal general de la nación—y hace parte de los órganos del Ejecutivo.

1. 1. La Fiscalía General de la Nación se ha pronunciado sobre los actos de vandalismo, pero no ha presentado una investigación de alto nivel frente a los abusos de autoridad. En Semana, único medio que hoy parece poder acceder a este tipo de funcionarios, el fiscal Francisco Barbosa dijo que procedería a la extinción de dominio de vehículos que bloqueen vías públicas: “esta Fiscalía se va a quedar con los camiones en el marco de la extinción.”

   Semejante afirmación induce al error por varias razones:

   • cualquier obstaculización del tráfico no es un delito;
   • la protesta social no está criminalizada;
   • la Fiscalía no decide, sino que solicita la extinción que deciden los jueces especializados;
   • las personas en todo momento tienen un derecho a la defensa, y
   • el Fiscal no puede disponer de los bienes que se expropian, pues no son ni de su pecunio personal ni de su competencia.

   En un momento tan difícil, abrir la puerta a más tensión ciudadana con información engañosa es un umbral que hoy, tristemente, los funcionarios parecen traspasar indolentemente.

   2. El control disciplinario interno de la Policía ha declarado la apertura de cuando menos 47 indagaciones sobre distintos hechos. En este punto importa recordar que las violaciones graves de los derechos humanos —como los asesinatos, abusos sexuales o lesiones severas— deben ser conocidas por autoridades judiciales independientes y no por órganos disciplinarios internos, donde no hay escrutinio público y las sanciones jurídicas son mínimas.

    

   3. El Congreso ha fallado en su función de control político: la ciudadanía fue quien precipitó la salida del ministro Carrasquilla. Habría sido importante la mediación de un debate en el Congreso sobre la continuidad del ministro de Hacienda. Una moción de censura hubiera podido explorar la responsabilidad política por el aumento explosivo de la pobreza y la desigualdad en tiempos de pandemia.

   Una salida democrática

   La ausencia de institucionalidad que desde el Estado de una respuesta a la violencia y a los problemas sociales ha alimentado la movilización ciudadana. Es importante que las instituciones vigoricen su labor de control. Los órganos de control deben crear un contrapeso efectivo a los abusos y ejercer una vigilancia responsable y comprometida. Los medios virtuales, las asambleas vecinales, las calles y el debate académico son escenarios válidos y vitales. Su existencia no exonera la obligación constitucional del Estado como un todo de proteger los derechos de la población como su mandato más sagrado y su primera responsabilidad. Sin que el Estado controle el ejercicio de poder terminaremos no solo con las calles bloqueadas y una estela de muertes, sino con un país peor que antes del Paro (si eso es posible).