El abuso policial en Colombia y en Estados Unidos: ¿Qué es lo que está sucediendo? - Razón Pública
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El abuso policial en Colombia y en Estados Unidos: ¿Qué es lo que está sucediendo?

Escrito por María Emma Wills
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Una comparación histórica sucinta permite ver el fondo de un problema cuya solución va más allá de las reformas legales o institucionales que suelen proponerse.

María Emma Wills*

La democracia amenazada

Cuando el Muro de Berlín cayó en 1989, muchos nos preguntamos cómo era posible que ningún analista se hubiera percatado de la inminencia de los acontecimientos que cambiarían la historia del siglo XX. Ahora, ante las movilizaciones de protesta que se han tomado las calles de Estados Unidos y Colombia, surge de nuevo la misma pregunta: ¿Cómo no lo vimos venir?

Lo que no vimos venir fue la gradual pero profunda erosión de la institucionalidad democrática, sus valores y sus pilares.

Algunos analistas, para entender los nuevos ropajes autoritarios, comenzaron a hablar de democracias iliberales, esos regímenes que, a pesar de contar con elecciones rutinarias, suspenden derechos civiles y políticos hasta desfigurar la alternancia en el poder y el pluralismo político.

Sin embargo, estas alertas se quedaron cortas ante la hondura de la andanada antidemocrática que se vive.

El deterioro de la institucionalidad y la cultura democráticas nos tomó por sorpresa porque, desde una mirada hiper-especializada, era imposible conectar las señales y prender las alarmas. Mientras unos se concentraban en analizar al sector seguridad, otros nos enfocábamos en los movimientos sociales o en los sistemas políticos. Esta lectura fragmentada impidió elaborar una mirada de conjunto orientada por las preguntas clásicas sobre el orden social, el poder, el consentimiento, la desobediencia y la legitimidad.

Hoy la crisis de la Policía es un fenómeno que se expresa tanto en Estados Unidos como en Colombia y que requiere enmarcar el problema en un enfoque integrador que esclarezca cómo opera la ola antidemocrática.

Foto: Policía Nacional de Colombia Desde la instrucción de los policías se avalan las conductas que van en contra de la institucionalidad democrática.

Militarización y discriminación

Algunas personas aducen que el problema de la Policía en Colombia es que, a diferencia de otros países, esta institución se encuentra adscrita al Ministerio de Defensa.

Sin embargo, la brutalidad con la que sus integrantes someten a ciudadanos desarmados en estado de indefensión, tiene enormes parecidos de familia con las de sus homónimos en Estados Unidos. Los diseños institucionales no son los mismos, pero el uso desmedido de la fuerza sí lo es.

La conexión entre ambos casos es la militarización de la Policía en el marco de sociedades que continúan discriminando y estableciendo ciudadanos de primera y de segunda.

En el caso de Estados Unidos, la Policía ha sufrido un proceso de militarización, no solo por la manera cómo sus integrantes están siendo adiestrados, sino también por la mentalidad de amigo/enemigo que despliega frente a ciertos de sus conciudadanos. A estas variables, se agregan las sofisticadas armas puestas a su disposición, combinación que la lleva a actuar como una fuerza de ocupación en su propio país.

Además, la Policía se ha convertido en un comprador mayor de costosas armas en un mercado que mueve billones de dólares al año.

En cuanto a su racismo, distintos analistas lo inscriben en una historia de largo aliento. Fue la Policía la llamada a mantener las oprobiosas leyes de segregación racial, y luego, a pesar de los triunfos del movimiento por los derechos civiles en los sesenta del siglo pasado, siguió ejerciendo un papel coercitivo que no hizo sino incrementarse hasta convertirse en su columna vertebral cuando, bajo la presidencia de Nixon y luego bajo el gobierno de Reagan, asumió la guerra contra las drogas a nivel interno.

Esa guerra, desplegada en un comienzo por gobiernos republicanos, pronto fue apoyada por los demócratas a nombre de un discurso que ofrecía seguridad, con nefastas consecuencias en su propio suelo pues desencadenó el encarcelamiento masivo de miles de personas de color sobre todo negras, en procesos muchas veces amañados. Además de sufrir en muchos casos una condena injusta, los incriminados perdían de un solo golpe su derecho a sufragar.

Por si fuera poco, los policías responsables de abusar de la fuerza, gozaban de total impunidad gracias al respaldo de unos sindicados poderosísimos.

La historia en Colombia tiene sus especificidades. Aquí la Policía no custodió la aplicación de leyes segregacionistas, pero sí desempeñó un papel clave en las confrontaciones bipartidistas. Más que representar a la nación, la institución, como otras entidades del Estado, se afilió con uno u otro bando en esas contiendas violentas. Con el pacto liberal conservador del Frente Nacional, las élites buscaron despolitizarla sustrayéndola al control de las autoridades políticas, adscribiéndola al Ministerio de Defensa.

Sin embargo, esta despolitización fue aparente porque se produjo en el marco de la Guerra Fría, esa peculiar forma de concebir la seguridad nacional al servicio de un proyecto anti-comunista que encontraba en la movilización callejera, la organización social, y la protesta, las huellas de un enemigo interno.

Así, de la intolerancia bipartidista, la institucionalidad en general y la Policía en particular, se deslizó hacia la intransigencia de todo aquello que ella, desde su mirada, asociara con la izquierda. Fue entonces cuando la militarización de la Policía cultivó un enfoque que divide a los ciudadanos en amigos y enemigos, personas de confianza o amenazas latentes.

Como en Estados Unidos, la lucha contra la droga no hizo sino profundizar esta mentalidad acarreando además un enorme problema de corrupción interna.

Por si fuera poco, esta institución, en lugar de sustraerse a las lógicas clasistas, machistas, homofóbicas y racistas que circulan en la sociedad colombiana, las ahonda.

Como arguye Claudia Cecilia Ramírez, mujer negra afrodescendiente hija de un padre policía, su progenitor fue vejado constantemente en la propia institución. Esta humillación, aunada a barreras de ascenso laboral, ejemplifica las reglas informales aplicadas internamente que inculcan en sus integrantes el desprecio hacia cierto tipo de personas. En ese sentido, es necesario entender que los policías no nacen; se hacen en adiestramientos y rutinas diarias de naturaleza antidemocrática.

Así, a los sectores asociados con amenaza, se añaden personas discriminadas y, en las ciudades, barrios enteros configurados como territorios peligrosos de los que se debe desconfiar.

Foto: Presidencia de la República Las normas informales de la policía son divulgadas y promovidas por las élites políticas, por eso hace falta más que un cambio institucional.

Las reformas

Este diagnóstico del problema implica que las reformas al diseño institucional son insuficientes. Como en Estados Unidos, aquí la furia desplegada en las calles pone de manifiesto que el contrato social que vincula institucionalidad democrática y ciudadanía está en serios aprietos.

Es posible sacar a la Policía del Ministerio de Defensa, pero esto no sirve si no hay también un esfuerzo consciente por desactivar las normas informales que se aplican rutinariamente por y sobre sus integrantes, mirando más allá de los protocolos escritos y de las órdenes expresas.

En ambos países, estas normas circulan por la institución y son divulgadas, amplificadas y autorizadas por una élite política que hoy ocupa la cúspide del poder y que defiende una versión de seguridad antidemocrática y anticiudadana.

Por esto la crisis de la Policía no es solo un problema interno; revela un proyecto político autoritario que desafortunadamente cuenta con el respaldo de las élites actualmente en el poder, apoyadas en amplios sectores de la población.

He ahí el verdadero drama a resolver.

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