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A veces llegan cartas

Escrito por Eduardo Cifuentes
Eduardo Cifuentes Der

Eduardo Cifuentes DerSi en Colombia no podemos castigar a los paramilitares, habría que entregárselos  a la Corte Penal Internacional en vez de extraditarlos a Estados Unidos.

Eduardo Cifuentes*

El Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo, en reciente misiva solicita al gobierno le precise si la extradición de varios líderes paramilitares a los Estados Unidos puede afectar "el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI, incluyendo a dirigentes políticos y miembros del Congreso presuntamente vinculados a los grupos desmovilizados". Pide además el Fiscal que se le informe "si las investigaciones seguidas hasta la fecha indican la comisión de conductas penadas por el Estatuto de Roma y si la extradición de los líderes paramilitares presenta algún obstáculo en la eficaz investigación de los mencionados políticos".

¿Intromisión de un funcionario extranjero en asuntos propios de un Estado soberano? No. La carta proviene de la Corte Penal Internacional, la cual en virtud de un Tratado Internacional suscrito por el Estado colombiano -Estatuto de Roma–, está facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional y, en ese carácter, complementa la jurisdicción penal colombiana.

Los paramilitares extraditados incurrieron en delitos de lesa humanidad, los cuales no conciernen únicamente a sus víctimas inmediatas, sino a todos los seres humanos y conmueven la conciencia pública de todos los pueblos. Así, en lo que atañe a la investigación y juzgamiento de esos delitos, Colombia es Estado soberano sólo en la medida en que cumpla su deber de impedir la impunidad; dejará de serlo y será sustituido por la CPI si se demuestra que no es capaz de sancionar a sus autores.  

Queda claro que la investigación y juzgamiento de esos líderes y de sus cómplices -sean ellos políticos, militares, funcionarios o empresarios– no es un asunto meramente local. Queda claro que el señor Moreno Campo es un funcionario de la humanidad. Queda claro que el Estado colombiano debe cooperar seriamente en la lucha contra la impunidad que podría sobrevenir si estos horrendos crímenes no son castigados. Y queda claro que si el Estado colombiano se muestra incapaz de llevar a cabo la investigación y el juzgamiento de los autores de dichos crímenes, o no está dispuesto a hacerlo o no puede realmente hacerlo, la CPI no tendrá alternativa distinta que la de iniciar ella misma la investigación.  

La carta del fiscal Moreno tiene un doble propósito. Primero, indagar si el Estado colombiano ha cumplido o está cumpliendo con el deber de investigar y sancionar los delitos de lesa humanidad perpetrados en su territorio. Segundo, asegurar desde ahora los presupuestos subjetivos y materiales de las tareas de investigación y juzgamiento que en su momento podrían ser asumidas por la CPI. Por eso el oficio se refiere a los "responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI" y, de otro lado, en lo que concierne al acopio de elementos probatorios, trasluce una preocupación sobre el potencial de verdad que se habría podido perder con la extradición para esclarecer el vínculo de los autores de estos delitos con sus cómplices políticos.

¿Cómo ha cumplido Colombia el deber de investigar y juzgar a los autores de delitos de lesa humanidad? La respuesta a la carta del fiscal Moreno no a va ser fácil. El gobierno en un acto deferente con Estados Unidos, decidió extraditar a ese país a los autores de delitos de lesa humanidad, con el objeto de que enfrentaran allí primeramente los cargos por los delitos de narcotráfico. Ya la Corte Suprema de Justicia le ha indicado al fiscal Moreno que la extradición de los principales responsables de estos crímenes  significa un serio obstáculo a la investigación que por los delitos de lesa humanidad -incomparablemente más graves que los relacionados con el narcotráfico– se venía adelantado hasta la fecha en que el Presidente adoptó esa decisión.

Ha ocurrido algo que en la perspectiva global humanitaria resulta incomprensible: un Estado logra privar de la libertad a los presuntos autores de los delitos más atroces y pone en marcha un sistema dirigido a su juzgamiento, pero repentinamente el presidente de ese Estado decide sustraerlos materialmente de sus jueces nacionales y los envía a otro país para que los juzgue por un delito infinitamente menos grave. No cabe imaginar que una potencia aliada hubiese decidido sustraer a un criminal nazi de la jurisdicción del Tribunal de Nuremberg para enviarlo a un país que lo requiriera para investigarlo por una infracción menor y, menos todavía, si ese tercer país reconocidamente negaba la jurisdicción del mencionado tribunal (Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la CPI).

Hasta el momento, el asunto más trascendental de la justicia universal que todavía -hasta que intervenga la CPI–, está confiado pro tempore al Estado colombiano, como es la investigación y juzgamiento de los autores de delitos de lesa humanidad, se ha tratado como episodio puramente local. Se ha olvidado que si una materia ya se ha globalizado, esa ha sido la de la justicia penal para los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, además, con la adhesión de Colombia a este feliz paso dado a un mismo tiempo por toda la humanidad.

No cabe duda de que la facultad presidencial de ordenar la extradición, así tenga carácter discrecional, debe subordinarse al deber superior derivado de la Constitución y del derecho internacional, de impedir la impunidad por los delitos de lesa humanidad. Los cálculos, estrategias y razones que pueden sustentar la medida de la extradición ni por asomo responden a la necesidad de dar cumplimiento al deber ineludible de investigar y sancionar los delitos de lesa humanidad.

Es que ni las alegadas flaquezas del sistema penitenciario colombiano justificaban la extradición, puesto que la alternativa era corregirlas y, si en verdad, ellas eran y son insuperables, por este concepto se habría demostrado que Colombia no está en condiciones de investigar y juzgar a los autores de crímenes de lesa humanidad. Y en este caso los paramilitares han debido ponerse a disposición de la Corte Penal Internacional y no de los fiscales de los Estados Unidos.

Las autoridades pueden y deben poner en situación de "jaque" a los criminales. Ese es su deber. Lo que no pueden hacer es poner a "salvo" de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional a los autores de delitos de lesa humanidad y a sus cómplices. Este no es un juego local. La destinataria de la respuesta a la carta del fiscal Moreno es la humanidad.

*Miembro fundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí.

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