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A propósito de “El Papero”: el futuro del lavado de activos en Colombia

Escrito por Wilson Martínez

La captura de un capo que logró camuflarse durante 30 años en medio de negocios aparentemente legales prendió un ventilador. La clave está en acelerar la extinción de dominio, en desnarcotizar el lavado de activos y en mejorar la inteligencia financiera.

Un caso especial

El pasado 16 de marzo, todos los medios de comunicación registraron la captura de Marco Antonio Gil Garzón, alias “El Papero”, de 66 años, a quien las autoridades sindican de lavar activos provenientes del narcotráfico. La captura de “El Papero” fue posible gracias a evidencia que prueba su vinculación con importantes capos del cartel de Medellín como Fabio Ochoa Vasco. Pero más allá del valor episódico o mediático que tuvo la captura de uno de los accionistas principales de la Central de Abastos de Bogotá (CORABASTOS), el proceso que actualmente sigue la Fiscalía contra Gil Garzón presenta elementos muy útiles para entender mejor el presente y el futuro de la lucha contra el crimen organizado en Colombia.

Con “la gente de bien”

Es importante mencionar — según El Tiempo — que el señor Marco Antonio Gil Garzón no sólo ocupaba una destacada posición en CORABASTOS, sino que había establecido relaciones personales y comerciales con empresas reconocidas y respetables del sector real, como la constructora Pedro Gómez & Cía. Entre sus muy variados negocios, tenía una constructora, una agencia de viajes, una exportadora de flores y una trasportadora. Además, los medios han registrado la relación que existió entre Gil y el general Flavio Buitrago (ex Jefe de Seguridad de la Presidencia de la República durante el gobierno de Álvaro Uribe), quien coincidencialmente fue llamado a retiro forzoso una semana después de conocerse la captura de “El Papero”. Se hizo pública también su vinculación con el Club El Nogal — en calidad de socio — uno de los más exclusivos de la sociedad colombiana, donde llevada a cabo sus reuniones de negocios. Pero fue expulsado en 2008, tras comprobarse que desde 2007 había ingresado a la Lista Clinton.

 

 

Foto: http://www.flickr.com 

Fenómeno extendido

Hasta hace unos años los industriales, los ganaderos, los agricultores y demás empresarios del sector real consideraban que el lavado de activos representaba un riesgo que debían controlar los bancos, las firmas comisionistas de bolsa y las casas de cambio. Sin embargo, casos como el de Marco Antonio Gil demuestran que el lavado no es exclusivo del sector financiero y que puede presentarse en cualquier sector de actividad. Por esta razón, en Colombia viene creciendo aceleradamente el listado de los sectores y de empresas obligados a adoptar sistemas de prevención de lavado de activos y a reportar las autoridades toda operación sospechosa. Hoy aparecen en ese listado, por ejemplo, los notarios, los equipos de futbol, los casinos, las zonas francas y las agencias de aduanas. El caso de “El Papero” ilustra la necesidad de diseñar y de poner en marcha una política generalizada de negocios responsables, serios y seguros, como la que viene impulsando en Colombia la Oficina contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas (UNODC). En muy poco tiempo, todos los empresarios — sin importar su tamaño o el sector al que pertenezcan — tendrán que utilizar de manera obligatoria mecanismos para evitar negocios con personas vinculadas a actividades delictivas, si no quieren verse implicados en investigaciones penales por lavado de activos. Pasó la época cuando un empresario pequeño o mediano podía afirmar que no le importaba de dónde provenía el dinero de sus clientes, siempre que le pagaran: ahora todos — desde el microempresario hasta la gran industria — tendrán que tomar conciencia de que el lavado es un problema que nos afecta a todos y de que todos, por consiguiente, tenemos una cuota de responsabilidad para combatirlo.

La clave es extinguir el dominio

Hay que llamar la atención sobre un hecho que ha pasado casi desapercibido en el caso de “El Papero”: no solo fue sujeto a un juicio penal, sino que las autoridades ya iniciaron el proceso de extinción de dominio sobre sus bienes. Esto demuestra que las autoridades colombianas ya no se preocupan sólo de perseguir a las personas, sino también a los bienes de origen ilícito. Hemos tomado conciencia de que los cabecillas de las organizaciones criminales son casi siempre fungibles, y que capturarlos o darlos de baja no desarticula sus aparatos criminales. Por el contrario, cuando un cabecilla es capturado, se desata un proceso de “selección criminal”, que acaba cuando el delincuente más peligroso, más violento, mejor preparado y con mayor experiencia se hace al control de la organización. Hoy se sabe que para acabar con una organización criminal deben también perseguirse los bienes de origen ilícito. Por esta razón, el Fiscal General viene impulsando un proyecto de Código de Extinción de Dominio para fortalecer la capacidad de las autoridades al perseguir bienes de origen ilícito y desarticular así a las organizaciones criminales que operan en el país.

 

 

Foto: http://www.flickr.com

Desnarcotizar el lavado

Sin embargo – y lamentablemente – la lucha contra el lavado de activos sigue estando concentrada en el delito de narcotráfico. Colombia no ha logrado dar el paso hacia la “desnarcotización” de este ilícito, y a entender el potencial que tiene esta figura para combatir otros delitos – empezando por la corrupción. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con los procesos por lavado de activos iniciados contra algunas personas vinculadas al llamado “carrusel de la contratación” en Bogotá? ¿Cuánto han podido recuperar las autoridades de los dineros perdidos por la Capital? En materia de corrupción, como en muchos otros delitos — tráfico de inmigrantes, secuestro, extorsión… — las autoridades se preocupan casi exclusivamente de perseguir los delincuentes por el delito principal, pero olvidan perseguir el lavado de activos y los bienes de origen ilícito. Por esta razón, las últimas Convenciones Internacionales ratificadas por Colombia — Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, Protocolo de Naciones Unidas contra el tráfico de inmigrantes — incluyen un capítulo donde los Estados firmantes asumen el compromiso de perseguir activamente el lavado de activos provenientes de esos delitos. Para honrar sus compromisos internacionales, las autoridades colombianas tendrán que poner en marcha mecanismos adecuados, lo cual incluye medidas como especializar investigadores, fiscales y jueces en la forma como opera el aparato financiero de las organizaciones dedicadas a esas actividades criminales.

Cooperación internacional

La investigación que condujo a la captura de Marco Antonio Gil Garzón fue posible gracias a la cooperación de diferentes agencias del gobierno de Estados Unidos, entre ellas la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Departamento de Justicia y la DEA. Esta investigación ilustra la manera como viene aumentando la cooperación internacional hacia y desde Colombia, en materia de lavado de activos. Las autoridades nacionales y extranjeras son ahora conscientes de que en un mundo globalizado el lavado de activos, casi por definición, es un delito trasnacional.

Más inteligencia financiera

En fin, no se puede dejar de señalar que la captura de “El Papero” demuestra que nuestro sistema de persecución del lavado de activos empieza a mejorar, aunque con muchas dificultades. Lo cierto es que la mayoría de los países de la región difícilmente pueden exhibir éxitos similares, al capturar y judicializar blancos de alto valor estratégico para las organizaciones criminales. Colombia se ha ganado una excelente reputación en la lucha contra el lavado de activos Por eso muchos países, especialmente de Centro América, demandan actualmente nuestra ayuda en capacitación y asistencia técnica. No obstante, queda un largo trecho que recorrer. Nuestras debilidades aún están lejos de superarse. Por ejemplo, la mejoría de la inteligencia financiera no puede aplazarse más, pues en las condiciones actuales nos resulta sumamente difícil identificar y ubicar los bienes u otros activos de valor estratégico para las organizaciones criminales, especialmente cuando se encuentran fuera del país. Resulta pues urgente que entre en vigencia la ley de inteligencia recientemente revisada y declarada exequible por la Corte Constitucional.


*    Doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales con mención cum laude,  investigador invitado de la Universidad Albert-Ludwig en Freibug i Br (Alemania), investigador visitante en el Instituto Max Plank para el Derecho Penal Extranjero y Derecho Penal Internacional, profesor y director del Grupo de Investigación en Derecho Penal de la Universidad del Rosario, ex Vicefiscal General de la Nación.

 

Wilson Martínez

 

 

Wilson Alejandro Martínez Sánchez*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El señor Marco Antonio Gil Garzón no sólo ocupaba una destacada posición en CORABASTOS, sino que había establecido relaciones personales y comerciales con empresas reconocidas y respetables del sector real

 

 

 

 

Hoy aparecen en ese listado, por ejemplo, los notarios, los equipos de futbol, los casinos, las zonas francas y las agencias de aduanas.

 

 

 

 

 

Esto demuestra que las autoridades colombianas ya no se preocupan sólo de perseguir a las personas, sino también a los bienes de origen ilícito. Hemos tomado conciencia de que los cabecillas de las organizaciones criminales son casi siempre fungibles, y que capturarlos o darlos de baja no desarticula sus aparatos criminales. Por el contrario, cuando un cabecilla es capturado, se desata un proceso de “selección criminal”, que acaba cuando el delincuente más peligroso, más violento, mejor preparado y con mayor experiencia se hace al control de la organización.

 

 

 

 

 

¿Qué ha pasado, por ejemplo,  con los procesos por lavado de activos iniciados contra algunas personas vinculadas al llamado “carrusel de la contratación” en Bogotá?

 

 

 

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