Razón Pública

Foto: Política exterior EE.UU. a Colombia

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La histórica victoria demócrata abre la oportunidad de frenar los excesos de la administración de Trump. Esta es una oportunidad de oro para que se recuperen los contrapesos institucionales y se replantee la política estadounidense hacia Colombia. Pero el cambio de mayorías en el Congreso no garantiza, por sí solo, una política exterior menos militarizada ni más respetuosa de los derechos humanos.

Las elecciones legislativas del 3 de noviembre marcaron un punto de inflexión en Estados Unidos. El Partido Demócrata arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso. Esto fue un referéndum ciudadano sobre las gestiones del presidente Donald Trump y los Republicanos, que tendrá mayores consecuencias durante los dos años de su mandato y en las relaciones con América Latina. 

Los resultados representan un voto de castigo contra el alto costo de vida, los aranceles, las políticas migratorias represivas, las denuncias de corrupción y la guerra contra Irán. El propio Trump reconoce que esta última influyó en los resultados electorales. También quedó en evidencia el desgaste de los candidatos republicanos respaldados por el presidente. A su vez, los demócratas capitalizaron políticamente la baja popularidad de Trump, renovaron su liderazgo y conquistaron territorios tradicionalmente conservadores. 

Otro resultado destacado fue la mayor presencia de mujeres y minorías étnicas en la política estadounidense. Por primera vez en la historia, 17 mujeres ejercerían simultáneamente como gobernadoras y más de cien demócratas integrarían la Cámara de Representantes. Entre las victorias sobresalen las de Keisha Lance Bottoms en Georgia, quien será la primera gobernadora afrodescendiente de Estados Unidos, y Gina Hinojosa, la primera gobernadora hispana de Texas. También se destacan los triunfos de dos mujeres: Peggy Flanagan, próxima senadora de Minnesota, y Deb Haaland, en Nuevo México. Haaland será la primera gobernadora nativa americana del país. 

Después de más de un año en el que la administración de Trump ha socavado las protecciones y derechos de las mujeres, las personas LGBTQ+ y las minorías étnicas, y ha satanizado los programas de diversidad, equidad e inclusión, fueron estas mismas voces las que lograron derrotar al liderazgo republicano. 

La nueva correlación de fuerzas limita considerablemente el poder presidencial. Aunque Trump conserva amplias facultades ejecutivas y su poder de veto, deberá negociar con un Congreso opositor. 

Este puede bloquear iniciativas legislativas, ejercer un mayor control presupuestario, investigar posibles abusos de poder, avanzar en debates sobre políticas de seguridad y antinarcóticas, y promover acciones conjuntas de Estados Unidos con los miembros del Escudo de las Américas.

Bajo el liderazgo de Hakeem Jeffries en la Cámara de Representantes y Chuck Schumer en el Senado, la prioridad para los demócratas será, ante todo, resolver las inquietudes de los electores: reducir el costo de vida, investigar la corrupción, revisar las violaciones cometidas por agentes migratorios y exigir el fin de la guerra contra Irán. 

Asimismo, podrían promover una investigación que incluso desemboque en un juicio político (impeachment) contra el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Si eso sucede, puede cambiar el rumbo que ha tomado el Pentágono. Ellos finalmente podrán aprobar una resolución sobre los poderes de guerra. 

América Latina ante una oportunidad y una incertidumbre

Para América Latina, el nuevo Congreso representa una oportunidad para cuestionar las políticas unilaterales y militarizadas de la administración de Trump. Sin embargo, sería un error asumir que el cambio en la composición del Congreso producirá automáticamente un cambio radical en la política estadounidense hacia la región. 

La cooperación antinarcóticos, las prioridades de seguridad y la lucha contra el crimen organizado y los criminales transnacionales han contado históricamente con respaldo bipartidista. La diferencia podría radicar en los métodos, los controles y las condiciones impuestas a la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos. 

Una prioridad debería ser investigar los ataques letales contra las embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y la expansión de operaciones militares bajo el argumento de combatir el narcotráfico. El Congreso tiene facultades para exigir investigaciones y documentos, convocar audiencias y determinar si estas acciones violaron las leyes estadounidenses o el derecho internacional. 

También deberá examinar las deportaciones de migrantes a la prisión CECOT en El Salvador y a terceros países en condiciones cuestionables, especialmente a países africanos. Es posible que examinen y pidan rendición de cuentas sobre los acuerdos relacionados con el petróleo venezolano y los minerales críticos en Colombia. 

Los gobiernos latinoamericanos más cercanos a Trump, en particular los de Argentina y Colombia, afrontarán un nuevo panorama. Las iniciativas como la Doctrina “Donroe” y el Escudo de las Américas seguirán bajo la dirección del Ejecutivo. Pero ahora el nuevo Congreso es quien tendrá mayor capacidad para determinar su financiamiento militar y logístico. Seguramente veremos un aumento de escrutinio legislativo en estas áreas. Por ejemplo, ellos podrían exigir transparencia y controles en el anuncio de la administración de Trump de otorgar al gobierno de De la Espriella un paquete de seguridad por US$1 billón. 

Las políticas hacia Cuba y Venezuela plantean otro desafío. ¿Qué rumbo tomará la política hacia Cuba ahora que el electorado ha dejado claro a los republicanos su rechazo a las aventuras hegemónicas e intervencionistas? ¿Los demócratas presionarán para que haya una transición diplomática? 

En materia económica, las nuevas mayorías podrían limitar algunas iniciativas arancelarias. En el caso de México, esto podría ofrecer mayor previsibilidad en las negociaciones de T-MEC. Se podría avanzar en rebatir los aranceles impuestos arbitrariamente por motivos políticos, como los de Brasil y Colombia. 

Foto: Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos - Colombia

Colombia: el costo de apostar por Trump

Para Colombia, el cambio político en Estados Unidos plantea desafíos particularmente delicados. El presidente Abelardo de la Espriella apostó abiertamente por una relación privilegiada con Trump. También para los midterms, el respaldo abiertamente a candidatos republicanos como María Elvira Salazar. Esto provocó tensiones con sectores demócratas. El congresista Gregory Meeks, quien está posicionado para ser el próximo presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, calificó esa intervención electoral de “inaceptable.”

El canciller Omar Bula enfrenta tensiones similares. Sus publicaciones anteriores, en las que descalifico al Partido Demócrata y las acusaciones infundadas de fraude electoral contra Trump en 2020, complican su interlocución con los nuevos liderazgos del Congreso. Aunque Bula ha afirmado que la relación bilateral debe manejarse como una política de Estado, sus posiciones anteriores contradicen ese propósito. 

Las consecuencias podrían extenderse a la cooperación financiera y militar. Los paquetes de asistencia de seguridad estarán sujetos a decisiones presupuestarias de los comités del Congreso. Los demócratas podrían restablecer condiciones estrictas en materia de derechos humanos y canalizar más recursos hacia organizaciones de la sociedad civil e instituciones de justicia. 

Fumigaciones, derechos humanos y minorías étnicas

Sin embargo, la expansión del ELN, del Clan del Golfo y las disidencias de las FARC seguirá siendo una preocupación compartida. El debate podría centrarse en si la mano dura es la estrategia más sostenible y eficaz para desmantelar estos grupos, y en cuáles son las consecuencias de estas políticas en materia de derechos humanos.  

Otro posible debate gira en torno a la propuesta del gobierno de Abelardo de la Espriella de reanudar la fumigación aérea con glufosinato. El 29 de octubre, 19 congresistas demócratas estadounidenses exigieron por escrito al secretario de Estado, Mario Rubio, que su administración no brinde apoyo financiero, logístico ni técnico a la reanudación de estas operaciones contra los cultivos de coca en Colombia. 

Ellos rechazan el plan piloto con glufosinato de amonio en Putumayo y señalan que la OMS lo considera más peligroso que el glifosato y que la Unión Europea lo prohibió en 2018 por sus daños a la salud y al medio ambiente. Sostienen que la fumigación aérea no resuelve el narcotráfico a largo plazo, piden que Estados Unidos respete los fallos de la Corte Constitucional sobre el glifosato y reclaman inversión social y alternativas agrícolas. El representante Mark Pocan lideró la iniciativa, respaldada por Alexandria Ocasio-Cortez y James McGovern.

Demócratas progresistas expresan preocupación frente a Abelardo de la Espriella

En una carta que salió justo antes de la segunda ronda presidencial, unos once demócratas, liderados por el representante Chuy García, denunciaron la injerencia del presidente Donald Trump y de varios congresistas republicanos en las elecciones presidenciales de Colombia mediante su respaldo a Abelardo de la Espriella. Ellos notan que existen cuestionamientos sobre sus vínculos con dirigentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar designada como terrorista por Estados Unidos, y con Alex Saab, acusado de lavado de dinero. 

Los congresistas señalan la defensa de De la Espriella de líderes paramilitares, sus esfuerzos para evitar su extradición, su oposición al Acuerdo de Paz de 2016 y dudas sobre irregularidades financieras. En esta carta, ellos instan a las autoridades estadounidenses a investigar sus posibles vínculos con actividades ilícitas y a esclarecer el origen de sus inversiones en Estados Unidos. 

Si bien es posible que estos mismos congresistas avancen este tema, lo más probable es que los demócratas en los comités encargados de Latinoamérica y de relaciones exteriores den prioridad a restablecer la cooperación estadounidense en materias de paz, derechos humanos, minorías étnicas, justicia y protección de defensores de derechos humanos. 

Demócratas en comité encargado de la política frente a Colombia

El 15 de julio de 2026, el Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebró una audiencia sobre Colombia, centrada en las relaciones bilaterales, tras la elección de Abelardo de la Espriella como presidente. En esta los republicanos destacaron la afinidad del nuevo gobierno colombiano con la administración Trump, su compromiso de combatir el narcotráfico y su voluntad de fortalecer la cooperación en seguridad. Los demócratas en el comité expresaron preocupaciones sobre la decisión de De la Espriella de abandonar las negociaciones con los grupos armados, intensificar las operaciones militares y construir megacárceles inspiradas en el modelo de Bukele. Ellos plantearon interrogantes sobre el compromiso del nuevo gobierno respecto de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y cómo se avanzará en los temas de los afrocolombianos e indígenas. También preguntaron cómo será la continuidad de las políticas de acogida e integración para millones de migrantes venezolanos.

Estas recientes acciones de los demócratas frente a Colombia apuntan a que estos serán los temas sobre Colombia a los que darán prioridad cuando estén en la mayoría. 

La victoria demócrata abre una oportunidad histórica para fortalecer los contrapesos institucionales, reorientar la política estadounidense hacia América Latina y reconstituir una cooperación internacional que busque abordar las raíces estructurales de la violencia y de las economías ilícitas. 

El nuevo Congreso tendrá la responsabilidad de investigar presuntos abusos militares y exigir rendición de cuentas. Ellos deberían reconstruir la asistencia exterior y promover una política hacia Colombia que dé prioridad a la paz; los derechos humanos; la protección de defensores de derechos humanos, afrocolombianos e indígenas, y alternativas sensatas para reducir el narcotráfico y la minería ilegal. 

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Gimena Sanchez

Escrito por:

Gimena Sanchez

* Directora para Los Andes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Foto: Discurso Mauricio Gaona - Naciones Unidas

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El Gobierno colombiano criticó ante la ONU los resultados del Acuerdo de Paz y logró modificar parcialmente el mandato de la Misión de Verificación. ¿Qué demuestran sus argumentos y cuáles son las consecuencias?

Un cambio de posición ante la ONU

Este 30 de octubre, el embajador colombiano ante la ONU, Mauricio Gaona, pronunció un discurso que marcó un cambio en la manera en que el Gobierno colombiano había presentado, hasta la fecha, el Acuerdo de Paz de 2016. En lugar de reivindicar la suscripción del Acuerdo como uno de los grandes logros de la diplomacia colombiana, cuestionó sus resultados, denunció la persistencia de la violencia y rechazó que se lo considere un modelo para el mundo.

La intervención tuvo lugar en una sesión del Consejo de Seguridad que aprobó por unanimidad la Resolución 2833, mediante la cual se prorrogó hasta octubre de 2027 la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, pero se excluyó de su mandato el seguimiento de la Reforma Rural Integral.

El episodio merece un análisis más allá de las simpatías o antipatías que el Acuerdo de Paz despierta. Hay cuatro preguntas fundamentales: ¿qué sostuvo Gaona?, ¿son lógicamente consistentes sus argumentos?, ¿qué logró Colombia en términos diplomáticos? y ¿cuáles son las implicaciones?

El discurso: la paz juzgada por sus resultados

El argumento central de Gaona fue sencillo y políticamente atractivo. Afirmó que no basta con firmar un acuerdo para alcanzar la paz; es necesario que disminuya la violencia, se haga justicia y se reparen las víctimas.

Para demostrar que el acuerdo había incumplido sus promesas, el embajador presentó una serie de cifras. Según los datos expuestos, los integrantes de organizaciones armadas ilegales pasaron de 20.420 en 2016 a 29.004 en 2026, un incremento cercano al 42 %. Las disidencias de las FARC habrían crecido de 1.050 a 10.517 integrantes. También destacó los secuestros, las masacres, el desplazamiento forzado y los resultados deficientes de la reparación económica de las víctimas.

Gaona reconoció como positivo que más de 13.000 integrantes de las FARC se hubieran desmovilizado, pero sostuvo que ese resultado no podía ocultar el posterior fortalecimiento de otras organizaciones criminales.

Su crítica también incluyó una dimensión moral. Argumentó que los protagonistas de la paz deberían ser las víctimas y no los responsables de los crímenes, y reiteró que el Gobierno no se opone a la paz, sino a la impunidad.

Finalmente, defendió una concepción de la paz basada en la seguridad, la justicia, la presencia efectiva del Estado y el desarrollo territorial. Desde esa perspectiva, consideró necesario modificar las prioridades de la Misión de Verificación.

¿Qué demuestra realmente el discurso?

El discurso plantea preocupaciones legítimas. La persistencia de la violencia, la inseguridad territorial y los obstáculos a la reparación constituyen problemas graves que ninguna evaluación seria del proceso puede ignorar. Sin embargo, reconocer la gravedad de estos fenómenos no implica aceptar automáticamente las conclusiones que el embajador extrajo de ellos.

El principal problema de la argumentación de Gaona radica en la relación que establece entre la evolución de la violencia y el Acuerdo de Paz.

Que las organizaciones armadas hayan crecido después de 2016 no demuestra que lo hayan hecho debido al acuerdo. En lógica, esta inferencia constituye una falsa atribución de causalidad: confundir la sucesión temporal de dos acontecimientos con una relación causal entre ambos.

Para determinar qué contribuyó al fortalecimiento de determinados grupos, sería necesario examinar múltiples factores, como la expansión de las economías ilegales, las transformaciones del narcotráfico, la ausencia institucional en ciertas regiones, la aparición de nuevas organizaciones y las dificultades en la implementación del acuerdo.

También habría que responder una pregunta contrafactual: ¿qué habría ocurrido con la violencia si el acuerdo nunca se hubiera firmado? Sin esa comparación, resulta imposible atribuir con rigor los resultados posteriores.

Un segundo problema consiste en confundir el fracaso de la implementación con el del instrumento. Si una política no alcanza sus objetivos, puede significar que estaba mal diseñada, que se ejecutó deficientemente o que factores externos impidieron alcanzarlos. Las tres explicaciones son distintas y exigen soluciones diferentes.

El discurso tampoco distingue suficientemente entre las diversas dimensiones del proceso. El acuerdo se celebró con las FARC-EP, no con todas las organizaciones criminales existentes en Colombia. Por tanto, la persistencia de la violencia ejercida por otros actores no permite concluir, sin más, que la desmovilización de la antigua guerrilla no arrojó resultados.

Existe, además, un problema de generalización. Un acuerdo de paz comprende desarme, reincorporación, justicia transicional, reparación, participación política y transformaciones territoriales. Evaluar su resultado global exclusivamente mediante indicadores de violencia equivale a juzgar el conjunto por una sola parte.

Otra dificultad surge de la oposición entre la paz y la justicia. La afirmación de que el Gobierno defiende la paz, pero rechaza la impunidad, tiene fuerza retórica, pero no demuestra que la justicia transicional constituya necesariamente impunidad. Precisamente, estos modelos buscan combinar sanciones, reconocimiento de responsabilidad, verdad, reparación y garantías de no repetición para facilitar la terminación de los conflictos armados.

Esa distinción es clave al evaluar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Aunque es legítimo cuestionar la efectividad de sus sanciones y sus resultados, demostrar jurídicamente la existencia de impunidad exige examinar si se cumplen las obligaciones concretas del sistema. No basta con equiparar erróneamente la justicia transicional al sistema penal ordinario. La justicia penal ordinaria combina castigo justo, prevención y reinserción social, mientras que la JEP pone especial énfasis en la verdad, la reparación a las víctimas y la no repetición para consolidar la paz, sin renunciar a las sanciones.

Adicionalmente, las cifras subrayan los resultados negativos, pero no bastan para sostener un balance del conjunto. Aunque Gaona reconoció la desmovilización de miles de combatientes, no comparó los avances y los retrocesos con los mismos criterios. Sin ese contraste, el diagnóstico queda incompleto, pues destacar lo que falla no demuestra que todo haya fracasado.

Ahí está el problema lógico del discurso. La gravedad de los hechos no basta para sustentar las conclusiones a las que se llega. Las preocupaciones pueden ser legítimas y, aun así, no demostrar lo que se afirma. Entre señalar un problema y explicar sus causas hay un paso que las cifras, por sí solas, no permiten dar; se requiere un análisis más profundo y riguroso.

Foto: Misión de Verificación de la ONU en Colombia

¿Qué consiguió el Gobierno colombiano?

En el plano diplomático, el Gobierno obtuvo la aprobación unánime de una resolución que modifica parcialmente el alcance de la Misión de Verificación.

La Misión continuará verificando la reincorporación de los antiguos combatientes y las garantías de seguridad para los firmantes, las comunidades y las organizaciones en los territorios. Sin embargo, dejará de verificar el cumplimiento de la Reforma Rural Integral, cuya responsabilidad de seguimiento asumirá el Estado colombiano mediante sus propias instituciones.

Este resultado responde a la solicitud expresa del Gobierno y supone una modificación relevante en la supervisión internacional.

No obstante, es necesario hacer dos precisiones fundamentales:

La primera es cronológica. La resolución fue negociada antes de la intervención de Gaona. Por tanto, no fue el discurso el que consiguió los quince votos. El resultado surgió de negociaciones diplomáticas previas, en las que desempeñaron un papel importante Colombia y el Reino Unido, encargado de conducir la negociación del texto.

La segunda es política. La unanimidad en la resolución no implica unanimidad en la interpretación del proceso de paz. Estados Unidos respaldó expresamente la reducción del mandato, presentada como un ejemplo de responsabilidad nacional y de concentración de las misiones internacionales en funciones esenciales. Pero el Reino Unido, Francia, China, Dinamarca y otros miembros reafirmaron la importancia de la implementación integral del acuerdo. Rusia incluso expresó su pesar por la exclusión de la reforma rural. Varios países insistieron en que la seguridad y el desarrollo territorial son objetivos complementarios.

Posteriormente, el 6 de noviembre, Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, destacó que la dejación de armas, el monitoreo del cese al fuego y el retiro de las FARC-EP de sus antiguas zonas de control se completaron en un año. Añadió que más de 11.000 firmantes —más del 85 %— siguen vinculados a la reincorporación. Sin desconocer la expansión de otros grupos armados ni los problemas de seguridad, su balance ofrece un contrapunto al de Gaona: el deterioro de la seguridad nacional no borra, por sí solo, los resultados de la negociación con las FARC-EP. Jenča también aclaró que, aunque la Misión dejó de verificar la reforma rural, esta sigue siendo un compromiso esencial del Acuerdo Final y una obligación del Estado.

En otras palabras, el Consejo aceptó una modificación institucional sin adoptar necesariamente el diagnóstico político del Gobierno colombiano. Fue un logro concreto, pero no una declaración de la comunidad internacional sobre el fracaso del Acuerdo de Paz. Por consiguiente, conviene reconocer este resultado sin atribuirle un alcance mayor del que realmente tuvo.

Las implicaciones para Colombia

La primera consecuencia se relaciona con la supervisión internacional. Excluir la reforma rural del mandato de la ONU no libera a Colombia de sus compromisos jurídicos e institucionales, pero puede reducir la disponibilidad de información independiente y la presión internacional para cumplirlos. El riesgo es serio porque la concentración de la tierra, la debilidad del Estado y las desigualdades territoriales están vinculados a la historia del conflicto. Por eso, cabe preguntarse por qué, si se busca mayor seguridad, se reduce la verificación de una parte del acuerdo que aborda algunas de las condiciones que alimentan la violencia.

La segunda consecuencia es política. El discurso consolida una nueva narrativa gubernamental que privilegia la seguridad y el control territorial como condiciones para la paz. Este enfoque puede contribuir a corregir una visión excesivamente formalista de los acuerdos, que confunde los compromisos suscritos con los resultados obtenidos. Pero también plantea el riesgo de reducir problemas estructurales a cuestiones esencialmente militares o policiales.

La tercera consecuencia es institucional. El cambio de prioridades no modifica, por sí mismo, las competencias de la JEP ni autoriza el desconocimiento de derechos adquiridos ni de compromisos constitucionales. Cualquier reforma adicional deberá respetar el marco jurídico colombiano y las obligaciones internacionales del Estado.

Por último, existe una dimensión de confianza. La reincorporación requiere que los antiguos combatientes cuenten con garantías de seguridad y con expectativas razonables de cumplimiento. Si el cuestionamiento político del acuerdo se traduce en incertidumbre jurídica o institucional, podrían debilitarse los incentivos para permanecer en la legalidad.

Corregir lo que falla sin perder lo logrado

En síntesis, Gaona dejó claras las prioridades del Gobierno, acompañó una decisión diplomática importante y planteó problemas reales que merecen un debate serio. Pero la pregunta de fondo sigue abierta: ¿la violencia actual revela fallas del Acuerdo de Paz o, más bien, es evidencia de que Colombia aún no ha puesto en práctica los cambios necesarios para consolidarlo?

Es posible que ambas explicaciones contengan elementos de verdad. Para determinarlo se requieren análisis rigurosos, indicadores comparables y una evaluación de las responsabilidades de los distintos gobiernos a cargo de implementar el Acuerdo. Diez años después de su firma, Colombia necesita evaluar sus resultados sin convertirlo en una verdad intocable ni en la explicación de todos sus males.

Al final, el éxito del Acuerdo de Paz no se demuestra con discursos ni se descarta con estadísticas aisladas. Se mide por sus resultados, se comprende al examinar sus causas y se construye con políticas que corrijan lo que falla sin borrar lo conseguido. El reto de Colombia es convertir esos avances en una paz que se viva y no se quede en la retórica.

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Marcela Anzola

Escrito por:

Marcela Anzola

* Abogada de la Universidad Externado de Colombia, LL. M. de la Universidad de Heidelberg y de la Universidad de Miami, Lic. OEC. INT. de la Universidad de Konstanz, Ph. D en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, consultora independiente.

Foto: Negociación de Paz M-19 - Antonio Navarro Wolf y Carlo

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La paz de 1990 y la Constitución de 1991: dos hechos de gran trascendencia histórica. 

En el mes de junio de 1987 le hicimos entrega al presidente Virgilio Barco, en el Palacio de Nariño, del informe de la Comisión de Estudios sobre la Violencia titulado “Colombia: violencia y democracia”, que nos había solicitado el entonces ministro de Gobierno, Fernando Cepeda Ulloa. En este documento, que una periodista denominó el informe de los Violentólogos, recomendábamos al gobierno nacional adelantar negociaciones de paz con los grupos guerrilleros. 

El llamado no cayó en el vacío. Un mes más tarde la cúpula del M-19 me invitó a una reunión en La Habana para hablar sobre las posibilidades de la paz. Mi entusiasmo, sin embargo, se esfumó cuando supe que en una “casa de seguridad” cercana se estaba fundando la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), con participación de todos los jefes guerrilleros de la época. 

Esta coordinadora surgía como una réplica del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que, tras la unificación de las tres facciones guerrilleras en que se había dividido, habían alcanzado, en 1979, la segunda victoria insurgente tras la Revolución Cubana (1959). La revolución triunfante en Nicaragua en contra de la dinastía Somoza había servido de inspiración para la creación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, 1980) en El Salvador y de la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (UNRG, 1982), las cuales, a su turno, fueron la inspiración para la creación de la CGSB. 

¿Cómo era posible —les pregunté a mis interlocutores, entre quienes se encontraba Antonio Navarro en La Habana y días más tarde, en Managua— que estuviésemos hablando de paz y, a su turno, el M-19 estuviese participando en la creación de la CGSB? La respuesta fue clara y contundente: “Nuestro objetivo es convencer a todos los grupos guerrilleros de firmar un acuerdo de paz el mismo día y a la misma hora”. Pero no fue posible: el M-19 firmó el acuerdo de paz el 9 de marzo de 1990 en extrema soledad y en medio de duras críticas por parte del resto de los grupos guerrilleros. 

A pesar de esas críticas, el M-19 hizo una dejación total de las armas, que, posteriormente, fueron fundidas en 27 lingotes de acero. El acto simbólico fue, ciertamente, la entrega que hizo Carlos Pizarro de su pistola envuelta en la bandera de Colombia durante la ceremonia en Santo Domingo (Cauca). Es decir, fue una paz sin posibilidades de retorno a la guerra. El M-19 quemó las naves con la firme decisión de su reincorporación a la vida civil y su participación política.

A pesar de esa firma solitaria, tras la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC), otros grupos tomaron la decisión de hacer dejación de las armas: el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), cuyos delegados participarían en la ANAC con voz, pero sin voto pues no habían participado, como el M-19, en las elecciones para elegir a sus miembros. 

La dejación de las armas de cuatro de los seis componentes de la CGSB le evitó al país un escalamiento de la violencia en un momento muy difícil, debido al auge del terrorismo agenciado por los carteles de la droga, y el asesinato de tres precandidatos presidenciales (Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro). Sin duda, era un hecho sin precedentes en el mundo. 

Foto: Homenaje Navarro Wolf - Gobernación de Nariño

Un hecho de trascendencia internacional

Es claro que otro habría el destino de Colombia si no hubiese habido estas negociaciones de paz. No es improbable que nuestro país hubiera sufrido un incremento de la violencia de tal magnitud que terminara afectando la estabilidad democrática.  

Pero, además, el proceso de paz con el M-19 no solo tuvo un gran impacto en Colombia. También tuvo eco a nivel internacional. 

Basta con mencionar que ese acuerdo fue el primero que hubo en el mundo con una guerrilla posrevolución cubana. Y digo en el mundo, pues tras la mítica entrada de los “barbudos” a La Habana y la fuga al amanecer del primero de enero de 1959 del general Fulgencio Batista, el “mito guerrillero” se extendió por todo el mundo. Nuestro continente, desde Canadá (Frente de Liberación de Quebec), pasando por Estados Unidos (Black Liberation Army, The Weather Underground) hasta llegar a la lejana Argentina, pasando por todas las naciones de América Latina (salvo Costa Rica), no escapó a esta ola universal. En Europa, la ola abarcó desde Portugal (Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación) y España (Grapo) hasta Alemania (Fracción del Ejército Rojo) e Italia (Brigadas Rojas). Incluso en Japón emergió el llamado Ejército Rojo Japonés.

En efecto, miles y miles de jóvenes creyeron equivocadamente que el camino de las armas era el más adecuado para alcanzar sociedades más justas e igualitarias. 

Lo cierto fue que en todas las naciones en las cuales se desató la lucha guerrillera ésta terminó con su aniquilamiento militar y el encarcelamiento de sus miembros. Hubo, sin embargo, algunas excepciones alimentadas por la experiencia de Colombia. En efecto, en 1991 se llevó a cabo al proceso de paz en Ecuador con el Movimiento Armado Alfaro Vive, Carajo; en 1992 en El Salvador con el FMLN, y en 1996 en Guatemala con la URNG. Y como me lo comentaron los antiguos comandantes de estas organizaciones en distintos escenarios, el ejemplo de Colombia fue decisivo. Es más, estos procesos de paz exitosos alimentaron el Acuerdo de Viernes Santo en Irlanda del Norte en 1998 con el Ejército Republicano Irlandés (IRA) y la dejación definitiva de las armas por parte de ETA (País Vasco y Libertad) en España en 2018.

La Constitución de 1991

De una u otra manera, el proceso de paz en Colombia con el M-19 en 1990 fue clave en el cierre de los movimientos insurgentes o nacionalista armados en todo el mundo occidental. Es decir, el proceso de paz en Colombia tuvo una enorme trascendencia internacional. 

Pero ahí no terminó su impacto. 

Tras esa firma se abrió el camino para una Asamblea Constituyente cuya amplitud no tenía ningún antecedente en una Colombia dominada en el pasado por dos partidos políticos, el Liberal y el Conservador, que copaban todos los espacios de la representación política. 

La imagen de los tres presidentes colegiados: Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa Uribe y Antonio Navarro Wolff, todavía es impactante. Pocos años atrás esa foto era simple y llanamente imposible. 

El M-19 obtuvo en las elecciones para la ANAC 992.613 votos, el 26,7% de la votación total y 19 de setenta constituyentes. Se trató, sin duda, de un gran reconocimiento de los colombianos a la decisión del grupo insurgente de transitar sin trampas ni dobleces hacia la vida civil. 

Antonio Navarro fue, más adelante, un admirado alcalde de Pasto y gobernador de Nariño, representante a la Cámara y senador de la República. 

Hay hombres que dejan huellas imborrables: uno de ellos es Antonio Navarro. 

Antonio Navarro Wolf

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Eduardo Pizarro Leongómez

Escrito por:

Eduardo Pizarro Leongómez

*Profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia

Foto: Contrapesos a la administración de Donald Trump

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El silencio del gobierno colombiano ante Venezuela plantea una pregunta: ¿Existe una estrategia para acompañar su transición democrática? Ante una relación bilateral marcada por el debilitamiento institucional, la inseguridad fronteriza y los retos migratorios, las expectativas económicas no bastan. Colombia necesita una agenda que articule la protección de sus nacionales, la recuperación diplomática y la cooperación binacional.

¿El silencio del presidente Abelardo De La Espriella frente a la situación venezolana es parte de una elaborada estrategia diplomática o la ausencia de una? En las siete alocuciones, treinta declaraciones y 27 intervenciones en eventos, entre el 7 de agosto y el 7 de noviembre de 2026, el presidente solo se ha pronunciado en dos ocasiones sobre Venezuela, según se desprende de la revisión de los 64 videos del primer mandatario, de los 165 que ha publicado el nuevo gobierno en el canal de la Presidencia de la República de Colombia en YouTube: en la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos Marco Rubio y en una mención incidental en la alocución del 27 de septiembre, en la que advirtió sobre el posible escape de un criminal por Venezuela. Además, en el discurso de posesión, el presidente hizo referencia a los “modelos totalitarios bolivarianos que tanto sufrimiento han causado a nuestra región”, y en el discurso leído por el vicepresidente, José Manuel Restrepo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre pasado, se afirmó: “Confiamos en una transición democrática en Venezuela pronta, segura y profunda”.

Balance de la relación bilateral

En la última década se ha perdido la capacidad de abordar la difícil relación con el vecino más importante de Colombia. Desde la expulsión del personal diplomático en febrero de 2019 y el cierre, en ese momento, de los consulados y la embajada, el Estado colombiano no cuenta con las capacidades adecuadas para monitorear la compleja situación venezolana. A ello se suma el fallecimiento o el retiro por pensión de los últimos funcionarios que dominaban la materia. Hoy, la misión en Venezuela se ve más como un castigo: ya no guarda la relevancia de antes y ya no se tiene que pasar por “Quinta Colombia”, la residencia oficial de la embajada en Venezuela, para ser canciller. Desde la muerte de Pedro Gómez, el Estado no cuenta con un responsable con capacidad y poder político que piense en la relación con Venezuela.

La relación bilateral durante la administración de Gustavo Petro deja un saldo negativo: inicialmente, se subordinó al papel que el régimen venezolano podía desempeñar en la “Paz Total” y, en especial, en los diálogos con el ELN. Los elenos usaron la negociación para continuar su expansión en Venezuela y, desde enero de 2025, buscan apoderarse del Catatumbo en una fuerte confrontación con el Frente 33 de las disidencias de las FARC, lo que ha provocado el mayor desplazamiento de la última década. El entonces presidente reconoció que el ELN utilizó el territorio venezolano para movilizar hombres armados.

Los puentes binacionales se abrieron, pero quedaron bajo el control de la criminalidad: se reparten el área, controlan las ventas informales, y los ciudadanos y comerciantes quedaron sometidos al pago de extorsiones. La presencia institucional es precaria y los espacios de atención humanitaria para los migrantes se desmontaron para no contradecir al régimen venezolano y sus narrativas. Con la apertura de la frontera, se inició un proceso de confrontación por las rentas ilegales y el microtráfico entre organizaciones criminales en el área metropolitana de Cúcuta, que desató una ola de violencia, hurto y homicidio.

En materia de recuperación institucional, se reabrieron la embajada y un número no muy claro de consulados. En la información disponible en la web de la embajada siguen apareciendo los quince consulados existentes antes de la ruptura; en otras fuentes figuran once tras la inauguración, en mayo de 2026, de los consulados en Puerto Ordaz, Barquisimeto y Puerto La Cruz, pero solo cuatro tienen página web activa, una dirección física y números telefónicos de contacto: Caracas, Maracaibo, San Antonio y Valencia. No obstante, la asistencia a los nacionales se caracterizó por sus capacidades limitadas: entre 2024 y 2025, un número indeterminado de connacionales fueron detenidos arbitrariamente por el régimen tras el fraude electoral, y algunos de ellos aún hoy permanecen privados de la libertad en condiciones oprobiosas. Ni con la cercanía entre el gobierno de Petro y el régimen chavista en su momento, ni con la “extracción” de Maduro y la “ley de amnistía”, se ha logrado saber cuántos son, cuántos ya fueron liberados y cuántos permanecen recluidos por motivos políticos.

En materia migratoria, para agosto de 2022, cuando ya estaba finalizando la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), se reportaban 2.453.570 venezolanos que habían iniciado el proceso de regularización, y, para finales de ese año, Migración Colombia reportaba 2.896.748 migrantes venezolanos en el país. El último dato disponible a septiembre de 2026 es de 2.856.029 migrantes venezolanos en Colombia, de los cuales 2.007.962 están regularizados, el 98,27% con el Permiso por Protección Temporal (PPT), y 848.067 en condición de irregularidad, un número mayor que la población de Cúcuta o Bucaramanga. La estrategia de “desvenezolanización” de la migración de la administración de Gustavo Petro deja un saldo negativo en la regularización de la población en condición de movilidad humana proveniente del hermano país; las políticas diseñadas bajo su administración regularizaron a menos del 1,73% de los venezolanos; desde el Estatuto, no hay una política de regularización extraordinaria para la población venezolana que ha continuado saliendo. En 2018, cuando se realizó el Registro Administrativo de la Migración Venezolana (RAMV), se sinceraron los datos y se pasó de 403.702 a 1.174.743 migrantes; y en 2021, con el Estatuto, se pasó de 1.842.390 a 2.896.748 en 2022. Después de cinco años sin una medida de regularización para la migración venezolana, el subregistro puede estar entre el 10% y el 25%.

El nuevo contexto

Con la “extracción” de Nicolás Maduro, el gobierno interino de Delcy Rodríguez tutelado por Estados Unidos, el doblete de terremotos y el regreso de María Corina Machado, a lo que se suma el inicio del gobierno de Abelardo de La Espriella en Colombia y la derrota de Donald Trump en las elecciones de medio mandato, la relación bilateral entra en una fase de alta inestabilidad que requiere rápida adaptación.

Colombia es la gran ausente en la transición a la democracia de Venezuela: no forma parte de la conversación y, en momentos clave, como el de la “ley de amnistía”, no incidió en la protección de los colombianos detenidos por el régimen. 

Por el momento, el vicepresidente es quien más se ha expresado frente a la relación, por delante del presidente y el canciller, y ha centrado sus declaraciones en la participación de Colombia en la recuperación económica de Venezuela y el nuevo embajador, el empresario Jorge Alberto Jaller Jaramillo, tiene un perfil económico y, paralelamente, fue nombrado miembro de la junta directiva de Ecopetrol. La expectativa sobre la participación colombiana en la recuperación económica de Venezuela es alta: los gremios y empresarios pasaron de la fase de exploración a realizar sus primeras inversiones.

La otra gran expectativa se da en materia de seguridad; la conjunción de la última fase del chavismo-madurismo y la “Paz Total” implicó un crecimiento exponencial de la criminalidad en general y del ELN en particular. Desde el año pasado se vienen dando cambios en la relación de estas organizaciones con el régimen venezolano: en octubre de 2025, con Maduro aún a la cabeza, la Revolución Bolivariana reconoció por primera vez en 27 años la presencia territorial del ELN en una declaración del entonces ministro de Defensa; este año, Estados Unidos, con la subordinación del régimen venezolano, realizó dos bombardeos de alta precisión contra el Tren de Aragua, en junio, y el ELN, en octubre; y el Estado colombiano ha dado inicio a la Operación Esparta en la zona de frontera con apoyo de inteligencia de Estados Unidos.

El gobierno de Abelardo de La Espriella debe estar definiendo la estrategia diplomática para la relación bilateral con una Venezuela, bajo la tutela de la administración de Donald Trump y el control político de un nuevo Congreso norteamericano, que transita a la democracia de la mano de un liderazgo opositor encabezado por María Corina Machado y Dinorah Figuera, en medio de la recuperación socioeconómica que aún no llega a la población.

Temas de la agenda bilateral:

  1. Liberación de los colombianos detenidos arbitrariamente por el régimen chavista y plan de protección y acompañamiento para los nacionales privados de libertad en Venezuela.
  2. Recuperación de la capacidad institucional diplomática y consular del Estado colombiano.
  3. Fortalecimiento y actualización permanente de los mecanismos existentes para el comercio y los negocios bilaterales en el contexto de la recuperación económica de Venezuela.
  4. Plan para la recuperación y el desarrollo de la infraestructura energética y de transporte en la frontera.
  5. Estrategia de seguridad multidimensional tripartita entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos para las distintas zonas fronterizas.
  6. Plan binacional para la creación de capacidades conjuntas en materia de educación y salud en la zona de frontera.
  7. Acuerdo bilateral para la administración y gobernanza de la migración y la atención a la población en condición de movilidad humana, así como su acceso a los derechos políticos, sociales y económicos.
  8. Plan para la participación política de los venezolanos regularizados y plenamente identificados en Colombia en las próximas elecciones presidenciales del país hermano.
  9. Misión para la recolección de información y la construcción de la memoria de las víctimas colombianas de la dictadura chavista de cara a los procesos de justicia transicional en Venezuela.
  10. Misión geográfica para revisar la delimitación terrestre ante los cambios geográficos ocurridos en los últimos 85 años desde la firma del tratado que fijó la frontera.
  11. Delimitación de la frontera marítima y submarina y acuerdo bilateral para la explotación de los recursos.

Le recomendamos: ¿Se fortaleció el ELN con la Paz Total? Tres tesis para la frontera con Venezuela. 

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Ronal Rodríguez

Escrito por:

Ronal Rodríguez

Profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. @ronalfrodriguez

Foto: Congreso Estados Unidos

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El costo de vida, la política internacional y el rechazo a las deportaciones marcan el análisis del avance demócrata en las elecciones de mitad de período. El voto latino y las propuestas de los candidatos completan una lectura que plantea interrogantes sobre el futuro del modelo MAGA y su influencia en América Latina.

El 3 de noviembre se llevaron a cabo en los Estados Unidos las elecciones de mitad de período, y los resultados a favor del Partido Demócrata dejaron sorprendidos incluso a los demócratas más optimistas. 

Las elecciones de mitad de período normalmente no registran tanta participación ciudadana como las presidenciales. Sin embargo, en esta ocasión, los resultados electorales definirán y transformarán la segunda mitad de la Presidencia de Donald Trump.

Hasta ahora, la Presidencia republicana de Trump ha tenido carta blanca para proponer y desarrollar sus políticas, ya que este partido controla tanto el Senado como la Cámara de Representantes. La apuesta de los demócratas en estas elecciones consistía en ganar algunas de estas sillas para ponerle freno al poder presidencial. Aunque las jornadas electorales aún no han concluido y faltan algunos resultados, los medios en Estados Unidos están llamando al fenómeno del pasado 3 el “Tsunami azul”. 

Los demócratas ganaron fácilmente estas elecciones y ahora tendrán un control cómodo de la Cámara y el Senado.

El costo de vida y el voto de castigo

Hay varios factores que explican los resultados de estas elecciones. Por una parte, la imagen de Trump comenzó a desmoronarse casi de inmediato tras su regreso a la Presidencia. Las políticas y decisiones de Trump, que siempre han parecido inconstantes y hasta arbitrarias, en este segundo término han tenido graves consecuencias para la economía del país. 

Los precios de la gasolina, los servicios y la canasta familiar han afectado a la mayoría de los ciudadanos norteamericanos, lo cual se refleja en que los niveles de apoyo a Trump en este momento son de los más bajos de la historia. 

Normalmente, las elecciones de mitad de período son un refrendo a las políticas del presidente y, en este caso, la masiva votación al Partido Demócrata puede ser leída como un voto de castigo a una presidencia que no está sincronizada con la realidad de los norteamericanos. 

Foto: Contrapesos a la administración de Donald Trump

La política internacional y sus efectos económicos

El alto costo de vida también está relacionado con la política internacional. El gobierno estadounidense ha sido un aliado permanente del gobierno de Israel y ha destinado enormes fondos para apoyarlo. La imagen de Israel, sin embargo, ha sufrido una enorme caída y cada vez más personas cuestionan la ayuda y el papel que desempeña Estados Unidos en la catástrofe humanitaria en Palestina. 

Los argumentos de muchos norteamericanos son de solidaridad con el pueblo palestino, pero también hay muchas personas que simplemente no quieren apoyar monetariamente a Israel, mientras que en Estados Unidos hay tantos problemas.

De igual modo, la guerra en Irán, que provocó el cierre del estrecho de Ormuz, ha provocado un fuerte aumento de los precios de la gasolina y el diésel en Estados Unidos. Esto, a su vez, ha provocado un aumento de los precios de muchos productos en el mercado. Trump, durante su campaña presidencial, reiteró la idea de America First (Estados Unidos Primero). Eslogan con el que prometió a los votantes que el país no entraría en ninguna nueva guerra y que los intereses de Estados Unidos y de sus habitantes serían su prioridad. 

Aunque muchos ciudadanos no prestan atención a los conflictos internacionales y la participación de Estados Unidos en ellos, los demócratas fueron muy inteligentes al hacer evidente la conexión entre el apoyo a Israel y la guerra con Irán y el desastre económico que en estos momentos afecta el bolsillo de casi todas las personas.

Las prioridades del Gobierno y el rechazo ciudadano

Aparte de estos desaciertos en materia de política internacional, las prioridades del gobierno de Trump en el ámbito interno también han generado un fuerte rechazo. Ignorando los pedidos de ayuda de sus seguidores, el presidente ha realizado una serie de gastos estrafalarios en Washington D. C. Realizó la renovación del Rose Garden (Rosaleda), pintó el espejo de agua frente al monumento a Lincoln, inició una completa renovación del ala este y del Salón de Baile de la Casa Blanca y, recientemente, propuso iniciar otro millonario proyecto para construir un Arco del Triunfo. 

Todas estas construcciones innecesarias y excesivamente costosas han sido vistas por los votantes y amplificadas por los medios, muchas veces en contraste con otras decisiones de la administración, como cortar SNAP, que es el programa de cupones de alimentos para familias de bajos recursos, y el cierre de proyectos y recursos a favor de la educación y la salud públicas.

El factor ICE y la comunidad latina

Otra sorpresa también vino de la mano de los latinos. Si bien es muy difícil agrupar a toda la comunidad latina en Estados Unidos bajo un mismo techo ideológico, tradicionalmente los latinos han votado por gobiernos y políticos demócratas, ya que este partido ha mantenido un discurso más progresista y abierto a los migrantes.

Sin embargo, en las elecciones presidenciales de 2024, en las que los republicanos ganaron la segunda Presidencia, los latinos creyeron el mensaje de un gobierno enfocado en la estabilidad y las ayudas económicas. El voto latino fue fundamental para la elección de Trump.

Aunque muchos latinos reconocieron desde el comienzo su discurso explícitamente discriminatorio en contra de los migrantes, el énfasis de la campaña en una lucha por deportar a los migrantes indocumentados que hubieran cometido crímenes fue suficiente para convencer a muchos latinos. Este proyecto, de deportar exclusivamente a personas con antecedentes criminales, cambió después de la posesión del presidente y, en cabeza de figuras como Kristi Noem o Stephen Miller, se convirtió en una actual cacería de inmigrantes en la que criminales y no criminales, migrantes documentados e indocumentados, personas enfermas, niños y hasta ciudadanos norteamericanos han sido deportados.

Estas deportaciones, además, no se han llevado a cabo con profesionalismo. Los medios de comunicación y las redes sociales han estado inundados de imágenes de violencia y desmanes por parte de agentes de ICE. Algunos de sus operativos han derivado incluso en la muerte de varias personas, entre ellas ciudadanos norteamericanos como Renee Good y Alex Pretti. A solo dos semanas de diferencia, en dos incidentes distintos, Good y Pretti fueron asesinados por agentes de ICE. 

Estas votaciones fueron un rechazo a estas formas de violencia. Tanto así que después de votar, muchas personas fueron a colocar la calcomanía de “Yo voté” en el lugar donde fueron asesinados. Los latinos, por su parte, también volvieron a votar por los demócratas de manera generalizada.

El papel de los candidatos demócratas

No hay que dejar de lado, sin embargo, que no solo el decadente proyecto MAGA y la baja popularidad de Trump definieron estos comicios. También hay que señalar que los candidatos demócratas respondieron a las necesidades y los miedos de sus constituyentes. En lugares como Michigan, Texas y New York, candidatos demócratas e incluso socialistas ganaron elecciones clave. El caso de Abdul El-Sayed, nuevo senador electo en Michigan, es interesante, ya que las campañas islamofóbicas en su contra fueron incesantes, pero su carisma, plataforma y currículum le permitieron ganar cómodamente. 

Otro resultado sorprendente fue el de James Talarico en Texas, un estado donde, desde 1988, no se había elegido a un senador demócrata. Talarico ganó con el 55,09% de la votación en su estado, con una plataforma bastante progresista y un fuerte énfasis en la justicia social. Al final, no fue solamente una posición de los votantes en contra de Trump, sino que la calidad de los candidatos demócratas también jugó un gran papel.

El modelo MAGA y el contraste con América Latina

Es bien interesante cómo el modelo MAGA está dejando de funcionar en Estados Unidos en un momento en que la mayoría de los gobiernos de nuestra región, y de América Latina en general, han mirado hacia la derecha. Este cambio ha sido respaldado por Trump, y los gobiernos de derecha en América Latina han seguido de cerca su modelo de gobierno. 

Los ciudadanos norteamericanos acaban de decidir que hemos llegado al final de la era de Trump y han rechazado categóricamente sus políticas nacionales e internacionales. ¿Seguirá nuestra región esta tendencia?

Le recomendamos: ICE, qué pasa cuando la agencia que controla la inmigración en Estados Unidos ataca a sus propios ciudadanos.

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Ana María Ferreira

Escrito por:

Ana María Ferreira

* Doctora en Literatura y Estudios Culturales de la Universidad de Georgetown. Es profesora en la Universidad de Indianápolis, donde enseña e investiga sobre América Latina. anaferreira1810@gmail.com

Foto: Cooperación Colombia - Brasil

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Las diferencias ideológicas entre De la Espriella y Lula ponen a prueba la cooperación para proteger la Amazonia. Los compromisos internacionales, los derechos de las comunidades y los desafíos ambientales compartidos exigen una agenda que trascienda los cambios de gobierno.

Para el gobierno de Abelardo de la Espriella la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil implica tener como interlocutor a un presidente con una orientación ideológica y una agenda política diferentes, pero con quien deberá mantener relaciones en asuntos estratégicos para ambos países. Entre ellos, los temas ambientales, en los que la protección de la Amazonia ocupa un lugar central, no solo por su importancia geoestratégica y ecológica, sino también por los compromisos internacionales compartidos y los intereses económicos que convergen en este territorio. 

La Amazonia es el escenario principal de los desafíos de cooperación entre los nuevos gobiernos de Colombia y Brasil. Su protección implica problemas ambientales interrelacionados: deforestación, cambio climático, pérdida de biodiversidad, degradación de los recursos hídricos compartidos y expansión de las economías ilegales. Estos fenómenos trascienden las fronteras nacionales y requieren respuestas coordinadas. 

Además, desde el derecho ambiental internacional, su protección no depende exclusivamente de las prioridades políticas de cada gobierno, sino también de los instrumentos jurídicos y mecanismos de cooperación que deberían mantenerse más allá de los períodos gubernamentales.

Dos gobiernos y sus agendas ambientales

Brasil inicia un nuevo período presidencial con una política ambiental que se mantiene desde 2023. Durante el gobierno de Lula se reactivó el Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonia Legal, creado en 2004, acompañado de medidas de monitoreo, inspección y control ambiental, ordenamiento territorial y el desarrollo de instrumentos normativos y económicos, tales como el mercado de carbono y los pagos por servicios ambientales.

Los resultados brasileños muestran avances significativos. Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) de Brasil, la deforestación amazónica disminuyó en 41,8% entre agosto de 2025 y julio de 2026, la cifra más baja de la serie histórica iniciada en 1988. El desafío para Lula será mantener esta tendencia y enfrentar las presiones que continúan ejerciendo sobre los ecosistemas las actividades extractivas, la expansión agropecuaria y las economías ilegales. 

Colombia, por su parte, comienza a definir su política ambiental mediante la denominada Agenda ABC: Agua, Biodiversidad y Comunidades, una hoja de ruta impulsada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta política propone articular la conservación de los ecosistemas con el desarrollo económico sostenible, la seguridad y la participación. Este enfoque se plantea desde una visión que orienta la protección ambiental mediante actividades productivas y el interés de brindar seguridad en los territorios.

Uno de los primeros avances del gobierno de De la Espriella fue el respaldo de Alemania para la protección de la Amazonia, mediante aportes de aproximadamente veinte millones de euros, para la tercera fase del programa REM Visión Amazonia, prevista para iniciar en septiembre de 2027. Esta iniciativa está orientada a proteger los bosques amazónicos, reducir la deforestación y promover alternativas productivas sostenibles para las comunidades que habitan este territorio. La continuidad de este tipo de estrategias de cooperación internacional muestra que existen instrumentos que trascienden los cambios de gobierno. 

No obstante, una decisión reciente del gobierno de De la Espriella plantea interrogantes sobre las normas internas de protección ambiental. Con la Resolución 1405 del 23 de octubre de 2026, el Ministerio de Ambiente revocó directamente la Resolución 0961 del 4 de agosto de 2026, expedida durante el gobierno anterior, que había declarado una reserva ambiental definitiva sobre aproximadamente 483.283 km² del bioma amazónico colombiano, equivalentes al 42% del territorio continental del país; además restringía nuevas actividades mineras y petroleras; protegía la biodiversidad, los recursos hídricos y la regulación climática, y reconocía los derechos de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, al incluir disposiciones relacionadas con sus territorios y la consulta previa

El actual gobierno colombiano justificó la revocatoria por la falta de culminación de la consulta previa con las comunidades afrodescendientes y sostuvo que siguen vigentes otras figuras de protección ambiental más antiguas. También argumentó que la conservación requiere presencia institucional, control territorial, recursos, seguridad y alternativas productivas sostenibles para las comunidades.

Esta decisión plantea un interrogante fundamental desde el derecho ambiental, a la luz de los principios de progresividad y no regresión ambiental, como criterio para armonizar las garantías de participación y consulta previa de las comunidades con la obligación de mantener y fortalecer los niveles de protección ambiental alcanzados, sin que el reconocimiento de unos derechos implique el debilitamiento de otros ni comprometa la protección de la Amazonia.

Foto: Amazonía

Cambio climático, biodiversidad y contaminación: obligaciones que trascienden gobiernos

La cooperación amazónica no puede limitarse al control de la deforestación. Este ecosistema cumple funciones esenciales en la regulación climática, la conservación de la biodiversidad y el ciclo del agua, no solo para los países amazónicos, sino para todo el continente. Su degradación afecta los recursos naturales compartidos y compromete los intereses comunes de ambos países. En materia climática, Brasil cuenta con un Plan de Acción Climática 2024-2035, que articula estrategias de mitigación y adaptación mediante un accionar transversal que integra enfoques de justicia climática, equidad de género, transición justa, soluciones basadas en la naturaleza y mecanismos de financiamiento y transparencia. La contribución determinada a nivel nacional (NDC, por su sigla en inglés) brasileña, presentada en 2024, contempla una reducción de entre el 59% y el 67% respecto de los niveles de 2005 para 2035. 

Colombia, por su parte, presentó en 2025 su tercer documento de NDC que establece un límite de emisiones de entre 155 millones y 161 millones de toneladas de CO₂ equivalente para 2035. Estos compromisos, formulados en el marco del Acuerdo de París, ofrecen una comparación de las metas de cada país frente al cambio climático. Aunque cada gobierno conserva un margen para definir sus políticas climáticas, el acuerdo establece la obligación de preparar, comunicar y mantener las NDC, bajo el principio de progresión, de modo que cada nueva NDC que presente un país sea más ambiciosa que la anterior. El acuerdo opera mediante un mecanismo cíclico de revisión de las NDC cada cinco años.

La biodiversidad es otro de los temas protagónicos en la agenda ambiental internacional, al ser uno de los tres problemas ambientales más graves de nuestro tiempo, junto con el cambio climático y la contaminación, que, en conjunto, constituyen la triple crisis planetaria. En lo que concierne a las políticas ambientales de Brasil y Colombia, este es otro ámbito de convergencia, ya que ambos países son parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica y participan en la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, que establece metas para 2030. En Colombia, la Agenda ABC propone bonos de biodiversidad, mercados de carbono, proyectos REDD+ y esquemas de pago por servicios ambientales, entre otros, con la participación de los pueblos indígenas. 

La contaminación de los recursos hídricos compartidos en la Amazonia constituye otro de los desafíos que ambos gobiernos deberán enfrentar, especialmente debido a los efectos del mercurio utilizado en la minería aurífera. En este ámbito, se espera que la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), creada en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica de 1978, logre consolidarse como un mecanismo de articulación regional para avanzar en respuestas conjuntas. Además, el Convenio de Minamata sobre el Mercurio ofrece un marco jurídico internacional para prevenir y reducir esta contaminación. Así, la protección amazónica también involucra el agua y, por supuesto, medidas de control de vertimientos, el monitoreo de su calidad y la restauración de los ecosistemas acuáticos.

La cooperación amazónica: más allá de la voluntad presidencial

Colombia y Brasil cuentan con instrumentos jurídicos e institucionales que permiten sostener una agenda ambiental conjunta. El Tratado de Cooperación Amazónica de 1978 y la OTCA proporcionan un marco regional para promover la cooperación, respetando la soberanía de los Estados. En la quinta reunión de presidentes de los Estados parte del Tratado de Cooperación Amazónica, de 2025, conocida como Declaración de Bogotá, se reafirmaron los compromisos regionales en materia de protección de la Amazonia, acción climática, conservación de la biodiversidad, gestión sostenible del agua y lucha contra los delitos ambientales transfronterizos, así como el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación de la OTCA. También destacó la necesidad de avanzar en iniciativas regionales frente a la contaminación por mercurio. Aunque estas declaraciones tienen naturaleza principalmente política, no son en estricto sentido un tratado internacional, orientan mecanismos de cooperación que pueden mantenerse durante los cambios de gobierno. 

Desde el derecho ambiental internacional, el deber de cooperación y el principio de prevención de daños transfronterizos significativos son fundamentales para las relaciones bilaterales ambientales. A ello se adicionan las obligaciones de protección de los derechos humanos frente a la degradación ambiental y la emergencia climática, desarrolladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en sus opiniones consultivas OC-23/17 y OC-32/25. Para Colombia y Brasil, estos estándares deben orientar tanto el desarrollo de sus ordenamientos jurídicos internos, en el marco del control de convencionalidad, como sus actuaciones para prevenir daños ambientales transfronterizos y evitar el incumplimiento de obligaciones que puedan comprometer su responsabilidad internacional, aspectos abordados por la Corte IDH en las mencionadas opiniones consultivas.

La protección de los derechos de las comunidades constituye una obligación para Colombia y Brasil, tanto en sus políticas internas como en sus relaciones de cooperación internacional. El Acuerdo de Escazú y los estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas establecen un marco para garantizar el acceso a la información, la participación pública, la justicia ambiental y la consulta previa. Estas garantías deben orientar las decisiones nacionales y las iniciativas bilaterales de conservación, pues la protección de la Amazonia no puede desvincularse de los derechos de las comunidades que habitan sus territorios.

La cooperación bilateral frente a las diferencias ideológicas

Las diferencias ideológicas entre De la Espriella y Lula marcarán sus agendas y podrían complicar las negociaciones bilaterales, particularmente en materia ambiental. No obstante, se espera que ambos gobiernos encuentren espacios de entendimiento y del cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Colombia y Brasil para proteger la Amazonia, un ecosistema estratégico cuyo valor ecológico trasciende las fronteras nacionales. En este sentido, De la Espriella reconoció que “Brasil y Colombia se necesitan mutuamente”, mientras que Lula afirmó que “ninguna diferencia ideológica debe anteponerse al respeto mutuo” y expresó su disposición a cooperar en materia de desarrollo sostenible y seguridad.

La experiencia diplomática de Lula ofrece antecedentes relevantes. Durante sus mandatos anteriores mantuvo relaciones de cooperación con el expresidente Álvaro Uribe, pese a sus diferencias ideológicas y a los desacuerdos sobre asuntos de seguridad regional. Ambos gobiernos avanzaron en acuerdos en materia de defensa, vigilancia fronteriza y comercio, aunque también enfrentaron tensiones. Este antecedente demuestra que la cooperación entre gobiernos políticamente distantes es posible, pero requiere negociación y reconocimiento de intereses comunes.

En materia ambiental, las diferencias podrían manifestarse en las prioridades de conservación y de aprovechamiento de los recursos naturales. Brasil deberá consolidar sus avances en la reducción de la deforestación y conciliar sus compromisos climáticos con las actividades económicas y extractivas. 

Colombia, por su parte, tendrá que concretar su agenda, implementar sus compromisos climáticos y garantizar la protección de los ecosistemas amazónicos, particularmente tras la revocatoria de la reserva ambiental.

La lucha contra la minería ilegal, la prevención de la contaminación de los recursos hídricos compartidos y el desarrollo de alternativas productivas sostenibles ofrecen oportunidades para la construcción de acuerdos. Sin embargo, su materialización exigirá conciliar prioridades nacionales, fortalecer los mecanismos institucionales de cooperación y establecer compromisos verificables. La Amazonia no cambia sus necesidades ecológicas con los resultados electorales. Su protección exige una gobernanza ambiental transfronteriza integrada, capaz de articular las políticas nacionales y los compromisos internacionales. El desafío de Colombia y Brasil no consiste en eliminar sus diferencias ideológicas, sino en evitar que estas obstaculicen el cumplimiento de sus responsabilidades ambientales compartidas.

Le recomendamos: Brasil 2026: cómo el pueblo y la organización política frenaron a la extrema derecha. Una experiencia para las democracias del mundo.

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Dayana Becerra

Escrito por:

Dayana Becerra

* Doctora en Derecho en el área de Derecho Internacional. Magíster en Derecho y Medio Ambiente. Especialista en Derecho Ambiental, Especialista en Derecho Administrativo y Abogada. Profesora de planta de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Investigadora y consultora en temas de derecho ambiental.

Foto: Urpi Barco Golondrina

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No es un secreto que las mujeres no han tenido el mismo reconocimiento que los hombres a lo largo de la historia. El arte y la música han estado permeados por las dinámicas de la industria y por las expresiones contraculturales que han surgido en oposición a ella. En medio de estos cambios, la búsqueda de equidad de género ha ganado espacio y se ha convertido en una conversación cada vez más necesaria.

La participación de las mujeres ha sido fundamental en la evolución y transformación de la música. A pesar de poca figuración pública y del escaso reconocimiento que históricamente han recibido, sus aportes han contribuido de manera significativa al desarrollo de distintos géneros y lenguajes musicales. Así ocurrió en el blues y el jazz de las primeras décadas del siglo XX en Estados Unidos, con figuras como Gertrude “Ma” Rainey y Bessie Smith, y posteriormente Billie Holiday, quienes dejaron una huella decisiva en la historia de estas músicas.

Fuente: Big Mama Swing

En Colombia, instrumentistas como Carolina Calvache y cantantes como Lucía Pulido, Claudia Gómez y Gina Savino han construido, cada una desde su trayectoria y su búsqueda musical, un sonido particular que ha enriquecido el jazz nacional. El álbum Majagua (2004), de Claudia Gómez, es uno de los trabajos representativos del jazz vocal colombiano. A estos nombres se suma una amplia cantidad de intérpretes y cantantes de diferentes regiones del país, cuyos aportes también han contribuido a la construcción de esta escena.

En la actualidad, desde los espacios académicos se observa una mayor presencia femenina en el ámbito de las músicas populares. 

Cada vez más mujeres estudian instrumentos como la batería, el bajo eléctrico, la percusión y la guitarra, cuya interpretación ha estado históricamente dominada por hombres.

En el caso del jazz colombiano, esta participación no siempre ha tenido la misma visibilidad en libros, compendios y reseñas históricas dedicados al género. En respuesta a este panorama, en 2022, desde el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), y en el marco del festival Jazz al Parque, se conformó la primera Big Band femenina, bajo el liderazgo de Daniella Cura, gestora cultural e investigadora musical. Esta iniciativa representó un impulso importante para las escenas nacional y distrital, al abrir un espacio de reconocimiento y visibilización para las mujeres que interpretan y construyen el jazz en el país.

Actualmente, jóvenes intérpretes como Ana María Oramas, Laura Valbuena, Lalo Cortés y Andrea Hoyos, líder de la agrupación Cachicamo, entre otras, desarrollan propuestas sonoras que dialogan con las músicas colombianas y el jazz, explorando nuevas posibilidades de creación. Por su parte, compositoras como Melissa Pinto, radicada en Alemania, y Francy Montalvo, líder de la agrupación Carrera Quinta, han contribuido a ampliar el lenguaje del jazz colombiano desde la composición y los arreglos, con propuestas que abarcan formatos que van desde el quinteto hasta la Big Band.

En los últimos años, los trabajos discográficos liderados por mujeres han ganado cada vez más presencia. Uno de los más representativos es Golondrina, de la cantautora Urpi Barco. Según Daniella Cura, este álbum constituye el primer homenaje discográfico explícito y consciente a las mujeres dentro del jazz colombiano. En sus palabras:

“En un contexto donde el jazz colombiano heredó dinámicas que tendieron a definirse de espaldas a lo femenino, este álbum irrumpe como una propuesta poderosa y urgente. Es una obra profundamente conectada con el cuerpo, la naturaleza y las experiencias de las mujeres, que dialoga con las músicas populares colombianas y latinoamericanas para expandir el lenguaje y las narrativas del jazz. Al hacerlo, contribuye a escribir y visibilizar una historia femenina que hoy comienza, por fin, a ocupar el lugar que le corresponde”.

“Golondrina”: Homenaje a las mujeres del jazz colombiano

Foto: Urpi Barco Golondrina

Desde Razón Pública conversamos con la maestra Urpi Barco acerca de su más reciente trabajo discográfico.

Cada artista tiene distintas maneras de componer y encontrar inspiración. ¿Cómo nace Golondrina y qué motivó a Urpi Barco a crear este álbum?

Fue un trabajo de introspección y de búsqueda personal de identidad como cantautora, como mujer y como ser humano en un mundo veloz, agresivo, en el que se agotan los recursos naturales. El disco habla de la niñez y el trabajo infantil, de la ecología, de la salud mental, de la violencia estética hacia las mujeres, entre otros temas.

Exploré también las lenguas indígenas para hacer un homenaje a mis raíces. Investigué sobre el muysca, lengua del territorio cundiboyacense, para componer una canción y tomé una canción de cuna compuesta por Linda Pichamba, cantautora de Ecuador, escrita en lengua kichwa.

Todas las canciones son compuestas por mí, excepto Ayriwa, de Linda Pichamba.

¿Qué describe cada canción? ¿Cuáles son sus temáticas?

  1. Golondrina (ft. Anamaría Oramas): homenaje a mi madre y a las mujeres que han abierto camino en busca de sus sueños, a pesar de las dificultades.
  2. Quynza Colibrí: homenaje a mi bisabuela y al pueblo muysca.
  3. Intro El rumor de las aguas (ft. Lucía Pulido): canto de vaquería al agua.
  4. El rumor de las aguas (ft. Lucía Pulido): canción dedicada al agua que habla de la escasez y de los desastres naturales.
  5. Plegaria de lluvia: canción compuesta en medio de los incendios forestales en Bogotá, en enero de 2024.
  6. Serenando (ft. Comadre Araña): una receta para calmar el afán a ritmo de currulao.
  7. Retorno: canción a la intuición.
  8. Niña pies de sal: canción inspirada en una fotografía de una mujer mexicana que retrata a niños trabajadores en las minas de sal de Colima, México.
  9. Ayriwa: canción de cuna en kichwa.
  10. Cuerpa herida (ft. Lalo Cortés): cumbia feminista contra la violencia estética. Fue estrenada en el marco del 8M.

El álbum establece un diálogo entre diferentes músicas colombianas, latinoamericanas y el jazz. ¿Cómo se entrelazan estos lenguajes musicales?

El proceso cuenta con un profundo trabajo investigativo, de contextualización, creación literaria y composición musical inspirada en ritmos colombianos y latinoamericanos. Todos estos géneros están atravesados por el jazz desde la construcción armónica, la exploración vocal, la improvisación y el formato propuesto para los arreglos musicales.

¿Por qué el nombre de Golondrina?

Es la canción que le da nombre al disco y es muy especial porque se la compuse a mi madre, una artista teatrera que decidió irse muy joven de su casa para hacer teatro y viajar por Suramérica en búsqueda de sus sueños. Este trabajo se plantea como un homenaje a las mujeres, no solo como intérpretes, sino como portadoras de memoria.

En este disco se exploran otras lenguas. ¿Cómo fue el trabajo de construcción musical y lingüística con estos idiomas?

En este proceso se generó un vínculo muy especial con mujeres músicas de Colombia, pero también con cantoras de otras latitudes, como el pueblo de Otavalo, en Ecuador. Asimismo, establecí un vínculo muy especial con el cabildo muysca de Suba, ya que fue una niña del cabildo quien me ayudó a traducir unas frases en lengua muysca para una de las canciones.

Aprendí que es muy importante tejer redes entre las mujeres, juntarnos y poner nuestra voz, a pesar de lo difícil que resulte posicionar un proyecto independiente en la industria de la música. Este proyecto me tomó casi tres años, desde la creación y la realización hasta la producción y el lanzamiento. Llegar a este momento es un triunfo: trabajo, persistencia y amor por el arte y por el territorio.

Ya que menciona el muysca y el kichwa en sus composiciones, ¿cómo fue el proceso de investigación para estas canciones?

Para las canciones que hice en lenguas indígenas hubo un acercamiento muy respetuoso, tanto al lenguaje como a sus fuentes. Trabajé la lengua kichwa con Linda Pichamba, del pueblo de Otavalo, quien además aceptó que tomáramos su canción de cuna Ayriwa para hacer un arreglo desde la sonoridad del jazz latinoamericano.

Asimismo, el acercamiento con el cabildo muysca de Suba fue muy especial para mí, porque recibieron con mucho agrado el interés que tenía de incluir y aprender algunas palabras en muysca para una de mis canciones. El cabildo trabaja cada día por la recuperación de la lengua.

¿Quiénes son las artistas invitadas y cómo contribuyeron a construir la identidad sonora del álbum?

Las invitadas fueron Lucía Pulido, en la voz de El rumor de las aguas; Melissa Pinto, pianista, arreglista y compositora radicada en Alemania, quien participó como arreglista y pianista de la canción Golondrina; Lalo Cortés, cantante y compositora, quien colaboró en Cuerpa herida, y Anamaría Oramas, flautista y compositora, quien grabó la gauta en Golondrina.

También participaron las integrantes del recordado grupo Comadre Araña: Juanita Delgado, Verónica Atehortúa y Rocío Medina, quienes hicieron parte de la canción Serenando.

Este es su cuarto disco. ¿Qué retos asumió en este álbum que no había enfrentado en los anteriores?

Este es el primer disco en el que compongo el 90% de las canciones, tanto la letra como la música. Las canciones nacieron desde mi lugar como cantautora para ser trabajadas con arreglos jazzísticos. Es un disco con perspectiva de género, en el que me arriesgo a usar un lenguaje femenino y palabras como “cuerpa”.

También abordo las lenguas indígenas como un elemento diferencial frente a mis otros discos y asumí el riesgo de hacer una producción con un equipo muy grande. Reúno a doce mujeres músicas, además del equipo que trabaja conmigo en la base musical y el desarrollo de los arreglos.

En este enlace pueden acceder a la escucha del disco de la maestra Urpi Barco: https://urpibarco.bandcamp.com/album/golondrina

Colofón en noviembre

La escena nacional del jazz continúa creciendo. En Bogotá, donde se concentra buena parte de la actividad cultural relacionada con este género, diferentes iniciativas y encuentros contribuyen a dinamizar el movimiento del jazz colombiano. En noviembre se realizará un festival dedicado a celebrar el talento femenino y a visibilizar las propuestas de las mujeres en este género.

La cita será del 18 al 21 de noviembre de 2026, a las 7:00 p. m., en el Centro Colombo Americano de Bogotá (calle 19 # 2A-49). La entrada será libre hasta completar aforo. Bajo la curaduría de Ana María Oramas, el festival contará con las presentaciones de Gina Savino (18 de noviembre), Mila Ortiz (19 de noviembre), Kate Ortega (20 de noviembre) y Lalo Cortés (21 de noviembre).

Consulta la programación en Instagram

No es un secreto que las mujeres no han tenido el mismo reconocimiento que los hombres a lo largo de la historia. El arte y, más específicamente, la música han estado en constante transformación, permeados por las dinámicas de la industria y por las expresiones contraculturales que han surgido en oposición a ella. En medio de estos cambios, la búsqueda de equidad de género también ha ganado espacio y se ha convertido en una conversación cada vez más necesaria.

Es un diálogo que debemos mantener y poner sobre la mesa, no solo para reconocer lo que ha sucedido, sino para seguir construyendo —y, cuando sea necesario, deconstruyendo— nuestras maneras de entender el arte, sus lenguajes y sus expresiones, así como las distintas formas como se construye y transforma el jazz colombiano.

Le recomendamos: El jazz colombiano: una ida y vuelta constante entre culturas. 

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Nicolas Torres

Escrito por:

Nicolas Torres

*Bajista, compositor y productor. Magister en Enseñanzas Musicales con especialización en Jazz y Música Moderna. Magíster en Musicoterapia y en Música con énfasis en Ingeniería de Sonido.

Foto: Redistribución de la riqueza

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La diversificación productiva, la innovación y la adopción de nuevas tecnologías exigen caminos propios de desarrollo. Una propuesta para identificar productos y sectores prioritarios y concertar una transformación productiva y social de Colombia.

Una ruta propia para el desarrollo

Mi enfoque para la transformación productiva (TP) y la transformación social (TS) es cercano al de Keun Lee, pero tiene distinciones. En la actual fase del desarrollo colombiano propongo una aproximación al dinamismo de los países industrializados —en lugar del tradicional catching up o alcance—, en la cual son claves, entre otros factores, la utilización de tecnologías de ciclo corto (TCC), la diversificación tecnológica y productiva, y la agregación de valor a los recursos naturales con sostenibilidad.

Este artículo es la base de una hoja de ruta para concertar una transformación productiva y social. Presenta, para cada una de sus fases, ejercicios técnicos que sirven como insumos para espacios de discusión, validación y concertación política, social y técnica entre el Estado, las universidades, las empresas y la sociedad civil.

La diversificación y sofisticación concertadas de la estructura productiva y el fortalecimiento de la innovación requieren caminos propios, distintos de la secuencia tradicional de agricultura, industria y servicios. Presento algunos resultados y elementos de metodología.

Productos prioritarios y sus tecnologías

Dada la relación positiva entre la complejidad económica de los países, su crecimiento económico y la equidad, presento dos escenarios elaborados por The Atlas of Economic Complexity (Atlas de Complejidad Económica), con algunos resultados sobre los productos de mayor atractivo para la transformación productiva.

Los escenarios se elaboran a partir de tres variables principales: complejidad del producto (grado de conocimiento incorporado que permite remunerar salarios altos), oportunidades actuales y futuras para una mayor y mejor diversificación, y distancia respecto de las capacidades actuales del país. Los productos de mayor complejidad, con mayores oportunidades de diversificación y más distantes de las capacidades existentes, pueden generar mayores retornos, pero implican mayores riesgos.

El escenario de “portafolio equilibrado” asigna una ponderación del 20 % a la complejidad, 20 % a las oportunidades y 60 % a la distancia. El escenario de “saltos largos” asigna 20 %, 35 % y 45 %, respectivamente.

Una muestra del escenario de “saltos largos” incluye los siguientes productos:

En el cuadro 1 se observan los diez primeros productos de un escenario de transformación productiva profunda (ver nota al pie 1)¹.

Para cada producto es posible identificar las tecnologías requeridas mediante tablas de concordancia elaboradas con el método de vínculos algorítmicos con probabilidades (VAP). Este método utiliza programas de análisis de texto y extracción de palabras clave aplicados a una amplia base de datos de patentes, para establecer correspondencias entre la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) y los sistemas de clasificación industrial (CIIU y SA).

Una visión más detallada aparece en el cuadro siguiente.

Además, si se tienen en cuenta es posible vincular los productos anteriores con sectores impulsores o dinamizadores mediante las tecnologías identificadas.

La selección concertada de productos también debe considerar las barreras de entrada y el posible uso de tecnologías contaminantes, con participación activa del Estado, la academia, el empresariado y la sociedad civil.

Las tecnologías de ciclo corto

Haré primero una alusión general a las tecnologías de ciclo corto (TCC) y después una aproximación al caso colombiano.

Es importante estudiar y hacer seguimiento permanente del ciclo temporal de las tecnologías, medido por el tiempo promedio transcurrido desde la concesión de las patentes citadas en una clase tecnológica.

Se ha demostrado que la utilización de tecnologías de ciclo corto por parte de países y empresas, en una fase intermedia del desarrollo. Estas tecnologías se basan en innovaciones anteriores cercanas en el tiempo, tienen menores barreras de entrada e impactan positivamente la productividad.

El cuadro 3 presenta algunas clases tecnológicas mundiales y sus respectivos ciclos temporales, que oscilan entre 11,2 años para las tecnologías de ciclo corto y 23,2 años para las tecnologías de ciclo largo (TCL). Se trata de un ejercicio demostrativo para este artículo (ver nota al pie 1)².

Colombia: electrónica y semiconductores

La electrónica y los semiconductores constituyen un ejemplo de tecnologías de ciclo corto.

Aunque todavía no existe un diagnóstico completo ni una línea de base de la industria electrónica colombiana, la información disponible registra 1.268 empresas, de las cuales el 55 % son microempresas. También existen programas de educación superior universitaria, técnica y tecnológica, y grupos de investigación, pero se observa una desconexión entre la formación y la inserción laboral.

Debe tenerse en cuenta que detrás de las plataformas digitales, los sistemas automatizados y la inteligencia artificial existe: sensores, tarjetas de circuito impreso, sistemas embebidos, equipos de comunicación, dispositivos de potencia y circuitos integrados.

La electrónica es una tecnología habilitadora que sustenta innovaciones en salud, educación, agroindustria, agricultura, tecnologías de información y comunicaciones, seguridad, industria y servicios. Se trata de un sector que apuntala la soberanía tecnológica, la transformación productiva profunda, el crecimiento económico y el desarrollo social.

La cadena de valor de la industria electrónica y de semiconductores incluye investigación y desarrollo, diseño de hardware, diseño de software, prototipado, fabricación en masa, logística y distribución, y servicios de posventa y soporte técnico.

Una hoja de ruta para fortalecer esta industria debe identificar y justificar los segmentos o eslabones de la cadena de valor en los cuales debe participar Colombia. Entre ellos deben evaluarse el diseño electrónico, los sistemas embebidos, las empresas fabless (dedicadas al diseño de chips sin fabricarlos directamente), la manufactura e integración de tarjetas, las pruebas y certificaciones y la electrónica aplicada.

Se espera la sanción presidencial del proyecto ya conciliado, que abre un espacio para impulsar esta industria.

Investigación e innovación en Colombia

Una vez identificadas las tecnologías requeridas por los productos prioritarios —entre ellas las de ciclo corto—, es preciso comparar esta demanda de conocimientos con la oferta actual y potencial de los centros autónomos de investigación y las universidades, e identificar posibles canales de transferencia nacional e internacional de tecnología.

Para ello se propone un ejercicio similar al de vínculos algorítmicos con probabilidades, que busca correspondencias entre las tecnologías identificadas y los proyectos realizados entre 2009 y 2021.

El propósito es identificar la demanda de conocimientos para la transformación productiva y social y confrontarla con la oferta actual de servicios de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y de investigación-creación (I/C).

De esta comparación se desprenden las fortalezas y los desafíos de las universidades y los centros autónomos de investigación, públicos y privados. Estos resultados servirán de base para renovar sus portafolios de servicios de I+D+i e I/C.

Cambios en la Gobernanza y en las políticas públicas

Insisto en que los resultados de estos trabajos técnicos deben contrastarse y validarse con otras fuentes de conocimiento y con los diversos y legítimos intereses políticos y sociales, con miras a concertar los caminos para la transformación productiva y social sostenibles.

Debido a la heterogeneidad de las distintas dimensiones del desarrollo latinoamericano, propongo delimitar varios espacios de concertación y decisión que deben estar estrechamente articulados mediante una hoja de ruta nacional e internacional. Para cada uno mencionaré estrategias de impulso a la diversificación y la innovación, además de algunas estrategias transversales.

El primer espacio comprende la economía popular, la economía campesina y una parte importante de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Estas requieren, en una primera etapa, la creación de un sistema de propiedad industrial basado en modelos de utilidad y marcas, que contribuya al incremento de la productividad y a la innovación imitativa para el mercado nacional.

Las empresas grandes y medianas requieren apoyo público para ampliar y fortalecer sus capacidades de investigación, desarrollo e innovación, acumular experiencia en inversión extranjera directa (IED) y aprovechar la transferencia internacional de tecnología.

Las políticas de desarrollo productivo y de ciencia, tecnología e innovación (CTeI) deben ser activas e incluir, entre otras, las siguientes estrategias e instrumentos: impulsar y experimentar con las compras públicas con innovación nacional para estimular su demanda, y aprovechar la información de  dominio público contenida en las patentes de todo el mundo para extender rápidamente la innovación a empresas de todos los tamaños y sectores.

La atracción de inversión nacional y extranjera directa es otro medio para fortalecer las empresas, teniendo en cuenta las oportunidades y limitaciones del nearshoring, es decir, la proyección de actividades productivas nacionales hacia mercados cercanos, como Estados Unidos, Brasil o México.

La gran debilidad de la actual gobernanza de CTeI, frente al potencial de desarrollo productivo y social del país, justifica su reforma mediante políticas de Estado, el fortalecimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación —en lugar de su fusión con el Ministerio de Educación Nacional— y la descentralización territorial de la gestión de CTeI.

Esta reforma debe facilitar vínculos con una coordinación regional latinoamericana de Políticas de Desarrollo Productivo, flexible en sus participantes, tiempos y agenda.

Dicha coordinación cumpliría una función de intermediación de información, recopilando datos sobre las preferencias y capacidades de los países participantes y ofreciendo escenarios de especialización orientados a reducir duplicidades e identificar carencias en las cadenas de suministro.

Generar riqueza y distribuirla con justicia

Permítanme insistir en que los temas tratados corresponden a problemas reales y se apoyan en argumentos concretos, diferentes a las  polarizaciones falsificadas que ha examinado en profundidad Hernando Gómez Buendía. 

El propósito de una redistribución justa y efectiva de la riqueza exige generarla en mayor cuantía y distribuirla con justicia social. Este dilema puede superarse mediante una transformación productiva y social concertada.

Asumir estos desafíos requiere un amplio y estratégico espacio político que incluya a los progresismos, el centro y la centroderecha.

Le recomendamos: ¿Cómo generar más riqueza y distribuirla con justicia y efectividad? (primera parte).

¹ La plataforma presenta para cada uno de los tres escenarios, 50 productos ordenados según los criterios y ponderación de cada uno: https://atlas.hks.harvard.edu/countries/170/growth-opportunities 
² Este es un procesamiento de este indicador para el presente trabajo, con base en la información del banco de patentes de la USPTO, para el año 2024.

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Iván Montenegro

Escrito por:

Iván Montenegro

* Ingeniero industrial y magíster en Estudios Latinoamericanos, consultor, investigador y docente universitario. imontenegrotrujillo@gmail.com

Foto: Expedientes arrumados en un juzgado, el resumen visual de la congestión de la justicia en Colombia.

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A propósito de la congestión de la justicia en Colombia.

Un pagaré dice con exactitud el día en que vence. Ningún documento en Colombia dice el día en que un juez obligará a pagarlo. Entre esas dos fechas el derecho sigue intacto en el papel, pero su valor empieza a cambiar, y cambia según quién lo tenga.

El informe Doing Business que el Banco Mundial publicó en 2020 estimó que hacer cumplir un contrato comercial ante un juzgado de Bogotá tomaba 1.288 días y consumía el 45.8 % de lo reclamado, más del doble que en la OCDE. La cifra es vieja, pero nadie la ha reemplazado: la Rama Judicial cuenta los expedientes que entran y salen de cada despacho, pero no publica cuánto dura un proceso.

La ley castiga la mora con intereses, pero los intereses valen solo si al final hay de dónde cobrarlos, y en tres años y medio un patrimonio puede cambiar de manos y una empresa puede quebrar. Mientras tanto, el acreedor tiene que financiarse por otro lado. Un banco puede absorber esa espera; la pequeña empresa que vendió a crédito rara vez puede. Así, la demora inclina la negociación hacia quien aguanta más tiempo, y el viejo consejo de los abogados, más vale un mal arreglo que un buen pleito, deja de ser prudencia y se vuelve la única salida sensata para muchos. El descuento que acepta el acreedor apurado es el impuesto que paga por tener la razón.

Una fila que crece con menos jueces

Según la Rama Judicial, en 2000 llegaron a los juzgados 1.7 millones de procesos y en 2025, 3.5 millones. Desde 2015 quedan sin resolver cada año entre 15 y 25 de cada 100 casos, y el sobrante suma hoy 2.246.705 expedientes, según la Judicatura. En el mismo periodo, la proporción de jueces bajó: según la Corporación Excelencia en la Justicia, pasó de 13.4 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 11.9 en 2025.

Donde más se nota es en los juzgados de pequeñas causas, los de las deudas de menor cuantía. Entre 2015 y 2025 sus procesos nuevos pasaron de 76.969 a 442.430, y su inventario, de 51.671 a 304.956 expedientes. Es la justicia del arrendador, del tendero y del pequeño proveedor, es decir, de quienes menos pueden esperar.

El problema tampoco pesa igual en todo el territorio. En Barranquilla, la Sala Laboral del Tribunal Superior carga un inventario 62 % superior al promedio nacional. En las ciudades pequeñas, del Caribe y del resto del país, funcionan juzgados promiscuos que atienden en la misma semana un hurto, una sucesión y una disputa de propiedad industrial. Quien litiga lejos de Bogotá tiene muchas menos probabilidades de encontrar un juez versado en la materia de su pleito, y el acceso a una justicia especializada termina dependiendo de la ciudad donde uno vive.

Lo que rodea al juez

Colombia tiene prácticamente los mismos jueces por habitante que España, que según el Consejo de Europa tiene 11.92, por debajo de la mediana europea de 17.43. La diferencia está alrededor del juez: allí cada uno trabaja con 8.7 funcionarios de apoyo, mientras aquí es frecuente que el mismo juez sustancie, archive y estudie solo la prueba técnica.

Más jueces ayudan, pero el número por sí solo no descongestiona. Importa cómo se organiza el trabajo de cada uno. Entre 2017 y 2025, las salas de descongestión laboral de la Corte Suprema dictaron más de 27.000 sentencias. Sacaron el atraso acumulado, pero eran transitorias y no cambiaron la forma en que llegan ni el orden en que se atienden los casos: en el primer semestre de 2026, un año después de su cierre, la Sala Laboral resolvió 42 de cada 100 asuntos que recibió.

El orden de atención, justamente, puede rendir tanto como contratar. En Roma, un estudio publicado en 2016 siguió a seis jueces laborales que cambiaron el orden en que tramitaban sus expedientes, sin recibir un solo funcionario adicional. Redujeron 12 % la duración de sus procesos frente a 44 colegas que siguieron trabajando igual.

La lección de afuera está en la medición. Utah publica cada trimestre, tribunal por tribunal, cuántos casos resuelve frente a los que recibe. Nueva Jersey redujo sus casos atrasados de 97.032 en 2021 a 36.396 en 2025, mientras llenaba vacantes de jueces y fijaba prioridades por tipo de caso. Ambos saben, a tiempo, dónde se acumula la espera.

El problema tampoco pesa igual en todo el territorio. En Barranquilla, la Sala Laboral del Tribunal Superior carga un inventario 62 % superior al promedio nacional. En las ciudades pequeñas, del Caribe y del resto del país, funcionan juzgados promiscuos que atienden en la misma semana un hurto, una sucesión y una disputa de propiedad industrial.

Plata y papel

A la justicia se le asigna menos de lo que pide desde hace varios gobiernos. Según la Judicatura, la brecha entre lo solicitado y lo asignado pasó del 20 % en 2022 al 32 % en 2026, y el proyecto para 2027 contempla 11.4 billones de pesos frente a 17.5 solicitados. Cerrar esa brecha es necesario, pero sin saber cuánto cuesta resolver un proceso en cada despacho ni cuánto lleva cada expediente detenido, el dinero adicional se reparte a ciegas. Medir no invade la independencia judicial si la medición considera la complejidad de cada asunto y la calidad de las decisiones, y no solo la velocidad.

La Rama se propuso trabajar con expedientes totalmente electrónicos desde 2025. Como litigante que recorre despachos en distintas regiones, puedo dar fe de que en muchos siguen los anaqueles repletos de carpetas físicas, polvorientas y con telarañas. Y aún un expediente digital puede quedarse detenido si el sistema no permite ver qué actuación falta y cuánto lleva pendiente.

Lo que ya está escrito

El artículo 121 del Código General del Proceso le da al juez civil un año para fallar en primera instancia y seis meses en segunda. La Ley 2540 de 2025 creó el arbitraje ejecutivo, vigente desde febrero de 2026, que permite tramitar cobros fuera de los juzgados cuando las partes lo pactan. La ley ordenó al Ministerio de Justicia fijar las tarifas, pero esa reglamentación no existía cuando la norma entró en vigor. Aun bien reglamentado, el arbitraje no resolverá los procesos que ya cursan en los juzgados ni los contratos que no incluyan el pacto.

La tarea, entonces, es de ejecución. Publicar cada trimestre la duración y la antigüedad de los procesos por despacho permitiría asignar personal donde se acumula la espera. Volver permanente el apoyo que hoy se presta por temporadas evitaría que cada alivio se deshaga al terminar. Y un equipo técnico compartido por circuito daría a los juzgados promiscuos lo que hoy solo tienen las partes: alguien capaz de leer la prueba especializada.

Mientras esas decisiones no se tomen, cada derecho que reconoce la ley colombiana seguirá trayendo una cláusula que ningún legislador ni constituyente escribió: vale lo que su titular pueda esperar. Y cuando el acceso a la justicia depende de cuánto pueda esperar cada quién, deja de ser igual para todos.

Le recomendamos: 

*Una versión de este texto se publicó en Contexto Media el 05 de noviembre de 2026. 

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Gian Carlo Celia

Escrito por:

Gian Carlo Celia

*Abogado de la Universidad de los Andes y especialista en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Litigante en propiedad intelectual, competencia desleal, protección al consumidor y nuevas tecnologías, con trayectoria en firmas líderes del país.

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Del tema de seguridad del actual gobierno hay que reconocer que el presidente asumió con liderazgo, desde el primer día de gobierno, como Comandante y Jefe de la Fuerza Pública, ordenó traslados de presos, reactivó las extradiciones, continuó con los bombardeos que ya venían desde el anterior gobierno, ordenó la fumigación de 1.000 hectáreas en Putumayo, hoy suspendidas por orden un juez, presentó los proyectos de ley de sometimiento y del estatuto antiterrorista, lidera intervenciones de seguridad en varias ciudades del país y ha ordenado la militarización de algunas de ellas; acciones todas que cualquier gobierno que quisiera recuperar la seguridad tendría que haberlas tenido en cuenta, seguramente con énfasis distintos. 

Se pueden tener diferencias respecto a las acciones, los contenidos, los resultados y formas de comunicación, pero también hay que reconocer que el presidente Abelardo de la Espriella está haciendo lo que prometió en campaña y sus copartidarios y otros tantos ciudadanos lo apoyan, porque se venía de un gobierno donde el tema de seguridad desapareció, el presidente Gustavo Petro no asumió como Comandante y Jefe de la Fuerza Pública y concentró todos los esfuerzos en la Paz Total, que resultó un fracaso total, afectando la seguridad de los ciudadanos y de los territorios.

No comparto algunas cosas de las acciones desarrolladas hasta ahora, en especial las formas de comunicar y poner en escena pública los temas de seguridad, como es el caso de: Primero, exhibir los cadáveres de las personas “dadas de baja”, en la medida en que los cuerpos conservan una dignidad intrínseca que prohíbe su ultraje, exhibición o maltrato. Hay que reconocer que la muerte no extingue los derechos fundamentales, ni la condición humana de los individuos que merecen respeto, independientemente de su condición.

Segundo, el porte visible de su arma de fuego. Seguramente el presidente tiene permiso de porte, pero este permiso, cuando lo entrega el Ministerio de Defensa, tiene como condición no exhibirla, debe portarse de forma encubierta, discreta y sin intimidar a la ciudadanía. El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, sanciona este comportamiento con la incautación del arma y hasta la posible cancelación del permiso.

Tercero, encarar a los delincuentes. Cuando se es servidor público el problema de inseguridad no es un problema personal que se resuelve retando a los delincuentes, como el viejo oeste. La seguridad es un asunto estatal que debe ser manejado y resuelto en el marco del Estado de derecho, con las instituciones que fueron formadas y tienen las funciones de seguridad y justicia. El presidente ordena y la Fuerza Pública, en coordinación con la justicia, los alcaldes y gobernadores, disponen lo necesario para cumplir la orden.

Cuarto, los resultados. Aquí, más que críticas, surgen varios interrogantes. ¿Del gran número de presuntos delincuentes hasta ahora detenidos, cuántos quedaron con medida privativa de la libertad y con altas posibilidades de ser juzgados y condenados? ¿Los esfuerzos para detener o dar de baja a objetivos de alto valor, se van complementar con otras acciones para desarticular la estructura criminal completa y afectar la renta criminal que sostiene estas organizaciones y propicia su reproducción inmediata? 

En términos de esfuerzos y resultados, en Bogotá participaron más de 2.000 uniformados, además de personal de la Fiscalía General de la Nación y se realizaron 114 allanamientos ¿Por qué tan bajos resultados en materia de incautaciones: 11 armas de fuego, 3 granadas, 72 cartuchos, 34 celulares, tres proveedores de armas, 2.270 gramos de marihuana, 130 gramos de cocaína, 2.250 gramos de bazuco y 250 papeletas de tusi?

En Bogotá, ¿Son San Bernardo, Santa Fe y algunos barrios de Ciudad Bolívar intervenidos en la Operación Kratos, donde se manejan las grandes rentas criminales o donde viven o permanecen los grandes criminales que manejan el narcotráfico, la trata de personas, el comercio de armas, el robo, la comercialización y exportación de celulares y otras rentas criminales en la ciudad? ¿Qué pasó con Santa Marta después de la militarización? ¿Se redujo la capacidad criminal de Los Pachenca o siguen controlando parte de la ciudad, de Magdalena y la Guajira ¿De verdad con todo esto se está atacando y debilitando el crimen organizado que existe o apenas mandos medios y la base de estas organizaciones?   

¿Cómo se van a medir los resultados de estos operativos en materia de seguridad ciudadana? ¿Con las cifras de dados de baja, las detenciones, las incautaciones, los reportes de denuncias que maneja la Policía y/o con encuestas de victimización, percepción de seguridad, victimización y confianza ciudadana en las instituciones responsables de la seguridad y la justicia?

En materia de violencia homicida ¿Se van a seguir manejando y presentado las cifras de la Policía que excluye tres tipos de homicidios o las de Medicina Legal que contabiliza todos los casos? Estas dos fuentes tienen grandes diferencias como se puede ver en los siguientes cuadros que muestran los resultados del mes de agosto y el acumulado del año de este año, comparados con los mismos periodo del año anterior:

Finalmente, se ha promovido la militarización de algunas ciudades y territorios y se ha prometido el aumento de policías a algunos alcaldes, pero hoy tenemos menos policías que hace 12 años y menos militares que hace 24 años por cada 100.000 habitantes, como se puede ver en los siguientes cuadros:

La pregunta que surge con estas cifras es ¿Cómo se va a hacer para aumentar el pie de fuerza de la Policía y de las Fuerzas Militares o se va a desarrollar una estrategia distinta para garantizar la seguridad de los ciudadanos y recuperar y mantener el control estatal de los territorios, hoy en manos de las organizaciones criminales?  

Hasta aquí están bien los operativos, pero se necesita que sean parte de una estrategia de seguridad integral que involucre a todos los gobernadores, alcaldes, comunidades y ciudadanos de los territorios intervenidos.

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Hugo Acero

Escrito por:

Hugo Acero

*Sociólogo de la Universidad Nacional, asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional 1993-1995, Exsubsecretario de seguridad de Bogotá 1995, 2003 y Secretario de Seguridad de Bogotá 2021-2022, experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis.

ISSN 2145-0439

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