Razón Pública

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Las elecciones del 03 de noviembre cambiaron el panorama político de Estados Unidos. Los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes y el Senado, ganaron gobernaciones y se impusieron en lugares donde los republicanos llevaban décadas ganando. Para Trump, fue una derrota que va más allá del Congreso. La pregunta ahora es si los votantes quisieron castigarlo o si están empezando a buscar otro rumbo para el país.

Las cifras siguen siendo provisionales, pero el cambio está confirmado. Los demócratas arrebataron al menos siete escaños del Senado a los republicanos, ganaron numerosos distritos de la Cámara y recuperaron cuatro gobernaciones: Texas, Georgia, Iowa y Ohio. Por primera vez desde 2010, tendrán la mayoría de los gobiernos estatales.

Lo extraordinario no fue solo la victoria demócrata, sino también su alcance geográfico. En Texas, James Talarico se convirtió en el primer demócrata elegido senador desde 1988, mientras que Gina Hinojosa derrotó al gobernador Greg Abbott y puso fin a 36 años sin victorias demócratas en ese cargo.

Kansas eligió a su primer senador demócrata desde 1932; Carolina del Sur, al primero desde el siglo XXI; e Iowa, a un senador demócrata después de 18 años. Son resultados especialmente significativos porque ocurrieron en estados en los que Trump ganó en las elecciones presidenciales de 2024.

Las elecciones también marcaron hitos en materia de representación. Keisha Lance Bottoms, elegida gobernadora de Georgia será la primera mujer afroamericana en ocupar la gobernación de un estado de Estados Unidos. Deb Haaland, de Nuevo México, será la primera mujer indígena en ser gobernadora, y Florida tendrá por primera vez un gobernador afroamericano. En Michigan, Abdul El-Sayed se convirtió en el primer musulmán elegido para el Senado de Estados Unidos.

Estas victorias muestran que ningún partido tiene asegurado el apoyo de los votantes. Pero una sola elección no basta para saber si ese cambio llegó para quedarse. Aunque las elecciones de mitad de mandato suelen castigar al partido del presidente, el avance demócrata deja abierta una pregunta: ¿el rechazo a Trump es pasajero o hay algo más? Para entenderlo, hay que ver qué preocupa a los votantes y si ambos partidos pueden conservar su apoyo.

El costo de vida, las políticas migratorias, la guerra con Irán y las controversias en torno al ejercicio del poder presidencial influyeron en la campaña. El resultado también plantea interrogantes sobre la capacidad de los candidatos republicanos para movilizar a la coalición de Trump cuando él no figura en la papeleta.

Sin embargo, sería apresurado anunciar el fin del trumpismo. El Partido Republicano ha experimentado una transformación ideológica profunda desde 2016: el nacionalismo económico, el proteccionismo, las restricciones migratorias y el conservadurismo cultural forman parte de una identidad política que no depende exclusivamente de una persona. La cuestión es si el partido puede mantener esa identidad y recuperar a los independientes y sectores suburbanos que se alejaron de sus candidatos.

Para Trump, las consecuencias son inmediatas. Aunque continuará en la presidencia hasta enero de 2029, enfrentará un Congreso opositor con capacidad para bloquear la legislación, rechazar nombramientos y promover investigaciones. Estados Unidos regresa así a un gobierno dividido, con mayores posibilidades de conflicto institucional y negociación obligatoria.

Para América Latina, un Congreso demócrata no implica automáticamente una política exterior diferente. El presidente conserva amplias competencias en diplomacia, seguridad nacional, inmigración y comercio. Sin embargo, las mayorías legislativas pueden examinar con mayor rigor los operativos militares en el Caribe, las deportaciones, el uso de sanciones económicas y los presupuestos de cooperación. También podrían reabrirse debates sobre derechos humanos, cambio climático, desarrollo y política antidrogas. Pero persisten consensos bipartidistas sobre la competencia con China, la seguridad fronteriza y el combate al crimen organizado. El desafío latinoamericano será evitar interpretar la derrota republicana como un cambio automático de las prioridades estadounidenses. Los gobiernos de la región deberán relacionarse simultáneamente con una Casa Blanca republicana y un Congreso demócrata.

Para Colombia, las consecuencias pueden ser especialmente importantes. Estados Unidos sigue siendo su principal socio comercial y un actor decisivo en materia de seguridad, migración y cooperación antidrogas. En 2025, el comercio bilateral de bienes y servicios superó los 54.000 millones de dólares. Una relación de esa magnitud no puede depender exclusivamente de las afinidades políticas entre presidentes. El nuevo Congreso podría abrir espacios para revisar la cooperación bilateral, el enfoque predominantemente represivo de la política antidrogas, las condiciones de la asistencia militar y los efectos de las medidas comerciales. Pero también podría aumentar el escrutinio sobre los derechos humanos, los resultados en materia de seguridad y el cumplimiento de los compromisos.

Colombia deberá fortalecer su interlocución con ambos partidos, las comisiones legislativas, los gobiernos estatales y los sectores empresariales, sin confundir una oportunidad diplomática con garantías de cambio.

En suma, las urnas cambiaron el equilibrio de poder, pero falta saber si cambiarán el rumbo. Para América Latina y Colombia, la apuesta no debe ser por un vencedor, sino por relaciones que sobrevivan a la próxima elección.

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Marcela Anzola

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Marcela Anzola

* Abogada de la Universidad Externado de Colombia, LL. M. de la Universidad de Heidelberg y de la Universidad de Miami, Lic. OEC. INT. de la Universidad de Konstanz, Ph. D en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, consultora independiente.

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Después de dos meses de licencia por asuntos personales, Viviane Morales regresó al Gobierno, esta vez en calidad de consejera comisionada de Paz y encargada de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. El presidente De la Espriella le encomendó una revisión exhaustiva de la implementación de los acuerdos, del cumplimiento de los compromisos y de la destinación de los recursos públicos.

El nombramiento de Viviane Morales es una buena noticia para la política de paz, pues, por fin, tiene una cabeza visible. Morales, además, es una persona con una experiencia importante en el sector público que podría ser aprovechada para fortalecer las políticas públicas que resultaron del Acuerdo. La mala noticia es que, sin haber comenzado la evaluación, el Gobierno parece conocer el resultado. Según se desprende del comunicado en el que se anunció el nombramiento de Viviane Morales, la política de paz es un instrumento de impunidad y privilegios políticos que ha obstaculizado la justicia, la reparación de las víctimas y la seguridad de los colombianos. En pocas palabras, de acuerdo con lo dicho por el presidente en varias oportunidades, se trata de una “falsa paz”.

La valoración del Gobierno parte de una lectura cuando menos parcial del Acuerdo de Paz, centrada en los líderes de la extinta guerrilla de las FARC. Según la perspectiva desde la que se mire, el Acuerdo si entregó algunos privilegios a los antiguos combatientes de la guerrilla. Por dos períodos consecutivos, las FARC tuvieron representación en el Congreso y su partido recibió financiación pública. También es comprensible que, para algunos sectores políticos, la justicia transicional sea equiparada a impunidad. Pero, a pesar de ser concesiones controvertidas, las FARC no se iban a desmovilizar para ir a la cárcel y sin la posibilidad de participar en política.

Hasta ahí, las críticas del Gobierno reflejan el descontento de las personas que votaron por el no en el plebiscito. Sin embargo, como estrategia política no son muy promisorias porque dividen aún más al país e impiden la construcción de consensos para problemas urgentes. Se centran en aspectos del Acuerdo, como la Jurisdicción Especial para la Paz, que están por fuera de la órbita del Ejecutivo, y otros inocuos, como resultó ser la participación política de las FARC. Además, con todas sus imperfecciones, las instituciones que integran el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición han conseguido avances importantes en el esclarecimiento de lo ocurrido durante el conflicto armado, el reconocimiento de las víctimas y la determinación de responsabilidades por graves violaciones de los derechos humanos.

En cualquier caso, cuando la valoración del Gobierno sobre el Acuerdo de Paz se centra en los beneficios jurídicos y políticos que recibieron las FARC, corre el riesgo de ignorar que la mayor parte del Acuerdo se centra en las víctimas y en la reparación de las regiones más afectadas por el conflicto armado. Peor aún, al prejuzgar la institucionalidad de paz, está perdiendo la posibilidad de aprovechar políticas y entidades que pueden aportar al objetivo del Gobierno de recuperar la autoridad y fortalecer la autonomía territorial.

En ese sentido, las evaluaciones de la implementación del Acuerdo de Paz muestran transformaciones positivas en regiones históricamente olvidadas y afectadas de manera desproporcionada por la violencia. Por ejemplo, un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, publicado en junio de 2024, encontró que en los territorios más afectados por el conflicto existe un respaldo importante a la paz negociada y una valoración creciente de la implementación del Acuerdo. En 2024, el 58 % de los encuestados manifestaba algún grado de satisfacción con la implementación del Acuerdo, mientras que el 53 % conservaba la expectativa de que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) transformaran sus regiones. Se encontró ademas, una relación positiva entre el aumento de bienes comunitarios y la probabilidad de percibir una mayor presencia del Estado.

Por su parte, en 2024, la Fundación Ideas para la Paz encontró que el 90 % de los líderes sociales consultados consideraba que los PDET debían convertirse en una política permanente de Estado, a pesar de reconocer las dificultades y limitaciones de su implementación. A ello se suma una transformación social significativa. Según las mediciones de pobreza multidimensional del DANE de julio de 2026, la proporción de habitantes de los municipios PDET que enfrentaban privaciones en educación, salud, trabajo y condiciones de vida pasó del 39,8 % en 2018 al 21,2 % en 2025.

A diez años de su implementación, ya contamos con un cúmulo de evidencia sobre los cambios positivos que se han producido en los territorios donde se ha implementado el Acuerdo. El Gobierno, por supuesto, tiene todo el derecho, incluso la responsabilidad, de realizar nuevas evaluaciones, pero preocupa que parta del supuesto de que se trata de una “falsa paz”. Sin duda, es posible mejorar la eficiencia y la efectividad de sus políticas, y es fundamental fortalecer la seguridad, como se ha propuesto el Gobierno. De hecho, los estudios realizados demuestran que para las personas que habitan los territorios PDET, la seguridad sigue siendo una asigntuatura pendiente.  Sin embargo, la seguridad nunca será sostenible sin las transformaciones sociales y políticas que persigue el Acuerdo de Paz de 2016.

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Juan Pablo Ossa

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Juan Pablo Ossa

*Politólogo e historiador de la Universidad de los Andes y MPhil en Ciencia Política de The New School. Ha trabajado en análisis político, políticas públicas, comunicación estratégica y evaluación de proyectos. Fue editor de la revista Colombia Internacional.

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El IVA del 19 % al mercado básico y la devolución que no llega

Recuerdo las sesiones de diciembre de 2016 en la Cámara de Representantes, cuando se discutía la reforma tributaria que elevó la tarifa general del IVA del 16 % al 19 %. Entonces varios congresistas advertimos que un impuesto al consumo recae con mayor peso sobre quienes menos tienen, y que cualquier aumento debía acompañarse de un mecanismo de compensación que efectivamente funcionara. Diez años después, el Gobierno nacional vuelve sobre el mismo impuesto con una propuesta que, lamentablemente, desconoce lo que la experiencia ya nos enseñó.

El IVA es, por su propia naturaleza, un impuesto regresivo, ya que no consulta la capacidad de pago de quien lo soporta. La señora que compra una libra de café en la tienda del barrio paga la misma tarifa que quien adquiere el mismo producto en un supermercado de lujo. Sin embargo, para ella ese impuesto representa una porción mucho mayor de su ingreso, porque destina casi todo lo que gana a comprar lo indispensable. El propio Departamento Nacional de Planeación estimó en 2020 que los hogares más pobres dedicaban cerca del 7,3 % de sus ingresos mensuales al pago del IVA, frente al 4,3 % de los hogares de mayores ingresos. Por esa razón el artículo 363 de la Constitución ordena que el sistema tributario se funde en los principios de equidad, eficiencia y progresividad, y el numeral 9 del artículo 95 dispone que la contribución al financiamiento del Estado se haga “dentro de conceptos de justicia y equidad”.

Con ese marco conviene examinar el Proyecto de Ley 477 de 2026, denominado “Ley de Rescate Económico”, que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, radicó el pasado 29 de octubre en la Cámara de Representantes. En materia de IVA, el proyecto elimina a partir del 1 de enero de 2028 la tarifa diferencial del 5 % y buena parte de las exclusiones vigentes, de modo que el café, el azúcar, los aceites, las pastas, el chocolate, las frutas, las hortalizas y los fertilizantes pasarían a pagar la tarifa general del 19 %. Para compensar, crea el mecanismo “EfectIVA”: cerca de 19 millones de personas de los deciles 1 a 3 recibirían la devolución total del impuesto, y otros 16,3 a 16,5 millones de los deciles 4 a 6 recibirían devoluciones parciales de entre el 30 % y el 50 %, calculadas con base en la factura electrónica. Según el Ministerio, un hogar de bajos recursos paga hoy en promedio $138.000 mensuales de IVA.

La comparación internacional ayuda a dimensionar la medida. En Suiza, uno de los países más ricos del mundo, la tarifa general del IVA es del 8,1 %, y los alimentos, los medicamentos y los libros tributan a una tarifa reducida del 2,6 %. Estados Unidos no tiene un IVA nacional; los impuestos a las ventas son estatales y locales, con una tarifa combinada promedio cercano al 7,5 %, y la mayoría de los estados exime los alimentos de ese gravamen. En América Latina, en cambio, las tarifas generales son elevadas: Uruguay cobra el 22 %, Argentina el 21 %, Chile el 19 %, Perú el 18 %, México el 16 %, Ecuador el 15 %, Bolivia y Costa Rica el 13 %, Guatemala el 12 %, Paraguay el 10 % y Panamá el 7 %. Aun dentro de una región que ya depende en exceso de los impuestos al consumo, Colombia se ubica en la franja alta, y el proyecto propone extender esa tarifa precisamente a la canasta básica, que es lo que los países desarrollados procuran proteger.

La propuesta resulta, por tanto, anacrónica. Pretende primero cobrar el impuesto a todos y luego devolverlo a los más pobres, en un país donde el Estado no ha logrado devolver el IVA ni siquiera a quienes cumplen todos los requisitos y cuentan con factura. Es el caso de los compradores de vehículos eléctricos e híbridos. La Ley 1715 de 2014 previó que esas compras estuvieran excluidas del IVA con certificación de la Unidad de Planeación Minero  Energética, y que quien lo hubiera pagado pudiera solicitar su devolución a la DIAN. Según el exsubdirector de la DIAN Christian Junot Quiñónez, cerca de 35.000 compradores que ya tienen su certificado enfrentan dificultades para obtener la devolución, ya que la entidad atiende estas solicitudes con citas presenciales limitadas a cinco ciudades, que se agotan rápidamente. 

Si la DIAN no ha podido atender oportunamente a algunas decenas de miles de ciudadanos con factura electrónica, certificado y capacidad para hacer el trámite, cabe preguntarse cómo podría devolver mes a mes el impuesto a más de 35 millones de personas, muchas de las cuales compran en la tienda de barrio, en la plaza de mercado o al vendedor informal, donde la factura electrónica es la excepción. Esas familias pagarán el IVA incorporado en el precio de los productos, pero difícilmente podrán demostrarlo. El proyecto prevé un monto mínimo por giro postal para quienes no tengan facturas, aunque no precisa cómo se calculará ni si guardará correspondencia con el impuesto efectivamente pagado.

Mientras la devolución no llegue, o llegue incompleta, serán los hogares vulnerables quienes estarán financiando al Estado. Ello resulta especialmente grave para los cerca de 16 millones de personas de los deciles 4 a 6, que según el proyecto recuperarían apenas una parte del impuesto y asumirían el resto con ingresos que no les alcanzan. Esas personas no tienen por qué financiar al Estado, empezando porque no cuentan con capacidad económica para hacerlo. Exigirles ese esfuerzo contradice el principio de progresividad que la Constitución impone al legislador.

A ello se suman los costos administrativos de mantener (aún sin estimar), de manera permanente, un sistema de devoluciones mensuales para más de 35 millones de personas, de las cuales más de 16 millones recibirían devoluciones parciales que deben calcularse una a una según su decil. Ese sistema exige cruzar mes a mes millones de facturas electrónicas con las bases de focalización, actualizar la clasificación de los hogares, contratar la dispersión de pagos con entidades financieras y operadores postales, atender las reclamaciones de quienes queden excluidos o reciban menos de lo debido, y controlar el fraude en la expedición de facturas. Cada uno de esos componentes tiene un costo que el proyecto no cuantifica y que se descontaría, en la práctica, del mismo recaudo que se pretende obtener. Resulta difícil justificar que el Estado cobre un impuesto a los más pobres para luego invertir recursos públicos en la tarea de devolvérselo.

Por lo anterior, procede al menos un llamado concreto al Gobierno nacional:

Retirar del proyecto la eliminación de la tarifa del 5 % y de las exclusiones sobre los alimentos de la canasta básica, y buscar el ajuste fiscal en fuentes que efectivamente consulten la capacidad de pago de los contribuyentes.

Al Congreso le corresponde, por su parte, ejercer con debida diligencia su función de control y no aprobar una promesa cuya ejecución el propio Estado no ha demostrado poder cumplir.

En aquellas sesiones de diciembre de 2016 la compensación para los más pobres quedó como un compromiso pendiente. Hoy el Gobierno la presenta como la justificación de un nuevo aumento del IVA sobre la mesa de los colombianos. Antes de cobrar más a quienes menos tienen, el Estado debería demostrar que es capaz de devolver lo que ya debe.

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Clara Rojas

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Clara Rojas

Abogada y Especialista en Derecho de la U del Rosario, Magister en Estudios Políticos, Representante a la Cámara por Bogotá 2014-2018, Consejera en la Unesco, docente universitaria, escritura varios libros, Cautiva -Testimonio de un Secuestro, Resiliencia Personal a Prueba de Fuego, Cartas a Emmanuel, De la Selva al Congreso, entrego otros. Actualmente, Speaker y en proceso preparación siguiente libro.

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POETAS COLOMBIANAS

Poetas colombianas. Maruja Vieira.

Esta semana Razón Pública y Diego Arboleda (@elrinconruso) presentan el segundo poema de este especial: “El nombre de antes”.

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Equipo Razón Pública

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Equipo Razón Pública

La Fundación Razón Pública impulsa análisis independientes y soluciones innovadoras para los desafíos del país. Con rigor, transparencia y enfoque ciudadano, transformamos la información en conocimiento que inspira decisiones informadas y un mejor futuro para Colombia.

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En cada reforma tributaria se abre un debate económico sobre el impacto que los nuevos impuestos pueden tener sobre la clase media. Existe una diferencia importante entre dejar de ser pobre y consolidarse como clase media. La primera es fácil de revisar porque es una foto fija de un momento específico, en el que observamos si los ingresos de un hogar superaron determinado umbral o no. La segunda, más compleja, debería contemplar variables como la estabilidad económica, la capacidad de ahorro, la acumulación de patrimonio y una probabilidad relativamente baja de regresar a la pobreza.

De acuerdo con datos del DANE de 2025, el 38 % de los colombianos pertenece a la clase media. Bajo su metodología, esto significa tener un ingreso mensual por persona entre $943.791 y $5.081.953. Este dato no es menor si tomamos en cuenta que en 2021 era el 27,9 %. Pero ¿Basta con incrementar los ingresos para consolidarse en la clase media?

Actualmente, después de que el Gobierno nacional presentara su ley de rescate, se han dado muchos debates alrededor del impacto que tiene esta sobre la clase media. Hay una distinción importante entre definir quién pertenece a ella y otra es establecer cuándo esa posición económica se consolida.

Tanto los políticos como los hacedores de política parecen poner siempre el foco en la primera parte. Brincan algunos diciendo que los nuevos impuestos golpearán el poder adquisitivo de estos -y es correcto- pero lo que deberíamos estar discutiendo es cuáles son esas políticas económicas que ayudarían a que los choques tributarios, si se dan, no impacten de forma tan brusca a esta población. Deberíamos estar viendo qué puede hacer realmente el Estado para asentar a estos hogares que han logrado dejar atrás la pobreza y evitar que, por su fragilidad económica, vuelvan a caer en ella.

¿Qué nos impide consolidar una clase media más amplia y estable? Hay cinco puntos que vale la pena revisar más allá de la medición por ingresos monetarios.

  1. La informalidad laboral

Más de la mitad de los trabajadores se encuentra en condiciones de informalidad. Una situación en la que se generan ingresos, pero se limita el acceso a protección laboral y social. Estas personas no necesariamente tienen ingresos bajos, pero sí una mayor exposición al riesgo de caer en condiciones de vulnerabilidad.

La ausencia de cotizaciones regulares al sistema pensional compromete la seguridad económica futura. Una clase media que depende exclusivamente de su capacidad de trabajar se enfrenta a la posibilidad de no poder sostener su bienestar durante la vejez.

  1. Distribución del crecimiento económico

La OCDE ha señalado que Colombia presenta una productividad baja y estancada, acompañada de grandes diferencias entre regiones. Esto afecta las condiciones para generar empleos bien remunerados de forma sostenible.  Es importante porque muchas veces se habla de cómo incrementar el PIB es una señal de mayores beneficios para la economía, pero el crecimiento de los ingresos beneficia de manera desigual a distintos grupos. El crecimiento económico no necesariamente se traduce en prosperidad para todos los sectores medios.

Consolidar la clase media requiere una economía capaz de generar mayor valor y oportunidades laborales, pero también condiciones para que los beneficios del crecimiento lleguen a más hogares.

  1. Las oportunidades siguen dependiendo del origen

En 2024, el Banco Mundial publicó el informe Trayectorias, en el que encontró que al menos el 30 % de la desigualdad de ingresos laborales en Colombia está asociado a circunstancias determinadas al nacer. Aunque esto parece obvio, la problemática está en qué tanto logran las políticas públicas reducir el peso de esas circunstancias sobre el futuro de las personas.

La sociología ha desarrollado ampliamente la diferencia entre mejorar los ingresos y transformar la posición que una persona ocupa en la estructura social. Una persona puede experimentar una mejora económica sin que necesariamente desaparezcan las barreras que condicionan sus oportunidades de progreso.

También existe una diferencia entre la movilidad que experimenta una persona durante su vida y la movilidad intergeneracional. Una sociedad con una clase media consolidada debería ser capaz de ofrecer mayores oportunidades de progreso independientemente del origen familiar. En Colombia, esas oportunidades siguen distribuidas de manera muy desigual.

  1. Tener ingresos no es lo mismo que tener patrimonio

Un hogar puede contar con ingresos suficientes para consumir, pagar sus obligaciones y mantener determinado nivel de vida, pero no necesariamente disponer de recursos para ahorrar o construir patrimonio.

La vivienda, los activos financieros y el ahorro funcionan como mecanismos de protección frente a situaciones inesperadas. Quienes carecen de ellos dependen mucho más de la continuidad de sus ingresos. Una discusión sobre la consolidación de la clase media debería incorporar preguntas sobre endeudamiento, capacidad de ahorro y acumulación de riqueza.

No es suficiente saber cuánto dinero reciben los hogares. También importa cuánto pueden conservar y qué seguridad económica logran construir con esos recursos. Nadie parece hacerse esas preguntas al momento de proponer reformas. No basta solo con no cobrarles más impuestos.

  1. Una política social que permita avanzar y permanecer

Aquí está el punto más importante sobre qué puede hacer el Estado. Hay que distinguir entre las políticas que permiten superar una situación de pobreza y aquellas que contribuyen a consolidar una posición económica más estable.

Estamos enfocados en aquellas que pueden mejorar el bienestar y evitar que una crisis se traduzca en privaciones mayores. Sin embargo, por sí solas no garantizan aumentos de productividad, empleos estables o acumulación de patrimonio. 

¿Qué se puede proponer para disminuir el costo de consolidarse?

La OCDE planteó una propuesta de reforma tributaria bajo esta lógica en su estudio económico de 2024. Se dividía en dos acciones. Primero, reducir gradualmente el umbral a partir del cual se paga impuesto de renta, acompañándolo de una tarifa inicial más baja. Segundo, disminuir las contribuciones a seguridad social de los trabajadores de menores ingresos para favorecer la formalización.

También sugirió considerar un crédito tributario asociado a los ingresos laborales, que permitiría apoyar a los trabajadores de remuneraciones bajas y estimular el empleo formal. Esta propuesta es interesante porque, si Colombia adoptara un crédito reembolsable, podría diseñarlo para que los trabajadores formales de menores ingresos lo reclamaran mediante la declaración de renta. Esto exigiría establecer expresamente esa posibilidad en la legislación y facilitar el trámite a personas que hoy no declaran.

La idea económica de fondo es que, en lugar de que el Estado únicamente transfiera recursos a personas que no trabajan, pueda también complementar los ingresos de quienes trabajan, pero todavía no ganan lo suficiente para alcanzar estabilidad económica. Ampliar el número de contribuyentes puede mejorar el recaudo, mientras que reducir ciertas cargas laborales puede favorecer la formalización y proteger los ingresos disponibles de trabajadores de menores remuneraciones.

Ahora bien, tanto el Banco Mundial como la CEPAL insisten en mejorar la oferta estatal de servicios sociales. La sostenibilidad de un sistema tributario también depende de la relación que los ciudadanos perciben entre sus contribuciones y los servicios que reciben.

Cuando los hogares de clase media perciben que los servicios públicos no satisfacen sus necesidades, pueden recurrir a educación, salud y otros servicios privados. Esto puede debilitar su disposición a financiar servicios públicos mediante impuestos, especialmente cuando consideran que reciben poco a cambio. Pero, además, impacta directamente su poder adquisitivo porque están pagando impuestos para financiar servicios que no usan y asumiendo una carga adicional en sus gastos para suplir esas necesidades. Es como pagar dos veces por los mismos servicios.

En el marco del debate actual, tal vez el Congreso, que ahora parece mucho más preocupado por la clase media que antes, debería pensar en estas propuestas más allá de aumentar o no los impuestos. Estoy de acuerdo con estas posturas, pero no podemos hablar de defender a la clase media mientras promovemos reducciones del Estado que terminan debilitando la oferta de servicios sociales. Reducir los costos del Estado no necesariamente significa prestar menos servicios, así como aumentar el gasto público tampoco garantiza mejores resultados. La discusión debería estar en cómo gastar mejor, eliminar ineficiencias y asegurar que los recursos se traduzcan en servicios de calidad.

Apostémosle a lograr combinar las apuestas para asegurar que las personas, que no cuentan con las mismas condiciones iniciales que la clase alta en Colombia, puedan apoyarse en los servicios que financian con sus impuestos. Esto les daría mayor libertad para destinar sus ingresos al ahorro, a su protección social y a la construcción de un patrimonio que permita consolidar su posición económica de manera intergeneracional.

Pensemos en un Estado más eficiente. Salgamos de la caja de Estado sí o no. Hay que combinar las formas para construir una sociedad más libre y equitativa.

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Laura León

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Laura León

* Economista de la Universidad Nacional, magíster en Economía y Política de la Educación de la Universidad Externado.

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Cuando se habla de la Universidad Nacional de Colombia, se suele pensar en su carácter público: la financiación del Estado, el acceso a la educación superior y, también, las protestas que ocupan los titulares de prensa. Pocas veces se piensa en lo nacional de la Nacional.

La Nacional no es solamente una universidad pública: es la universidad de la nación colombiana. Y la nación no es el Estado, y mucho menos el gobierno de turno. La nación es su gente, con su historia, sus memorias, sus saberes y sus contradicciones, y con las distintas formas en que hemos construido, y seguimos construyendo, algo en común.

En las últimas semanas, el Ministerio de Cultura retiró más de treinta piezas de las salas del Museo Nacional, y cuatro exdirectoras de la Biblioteca Nacional han advertido sobre la parálisis de sus programas. Ambas instituciones comparten un adjetivo con la Universidad y formaron parte de un proyecto común . ¿Qué significa lo nacional de estas instituciones? ¿Qué relación tienen con una nación que ha cambiado y que se ha reconocido de maneras distintas? ¿Y qué ocurre cuando un gobierno pretende definir qué memorias, expresiones o interpretaciones de nuestra historia pueden tener lugar en ellas?

La Universidad Nacional no es nacional solo porque tenga nueve sedes en distintas regiones del país, ni porque en ella estudien personas de orígenes diversos. Su carácter nacional trasciende a la comunidad que hoy la habita: estudiantes, profesores y trabajadores. La Nacional tiene una responsabilidad con esa comunidad, pero también con quienes quizá nunca la conozcan, con territorios donde no tiene sede, con memorias que todavía no ha recogido y con conocimientos que aún están por construirse. Es una responsabilidad con la nación entera: la de ayer y la que todavía no existe.

Lo nacional de la Nacional viene de su fundación, en 1867, bajo la Constitución de Rionegro, en plena época de federalismo y liberalismo radical. En aquel país, que entonces se llamaba Estados Unidos de Colombia y estaba formado por estados soberanos, se reconoció la necesidad de una universidad que no fuera de ninguno de ellos, sino de todos: la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. Su tarea era contribuir a la formación intelectual y científica de un proyecto común.

La Ley 66 de 1867 creó seis escuelas y vinculó a la Universidad la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional y el Observatorio Astronómico, que todavía hoy es parte de la Nacional. Lo nacional de la Nacional nació como un sistema articulado de formación, creación y conservación del conocimiento, articulado en distintas instituciones. 

En sus inicios, esa red respondía a un proyecto de nación amplio en libertades, pero estrecho en su definición: una ciudadanía masculina limitada y un ideal de progreso que miraba a Europa. Era una nación con mucha ambición y poco espacio.

Desde entonces, lo nacional de la Nacional no ha sido estático: ha atravesado proyectos políticos, transformaciones sociales y luchas por derechos, y se ha ensanchado con la nación diversa que reconoció la Constitución del 91. Hoy recoge historias, saberes y voces que no cabían en aquel proyecto decimonónico. Es un espacio para volver sobre el pasado y hacerle preguntas, sin una sola manera de comprender el país.

Defender esa misión no siempre ha sido fácil. En distintos momentos, ampliar las posibilidades del pensamiento ha sido visto como una amenaza, y cuando la Universidad ha dependido del criterio de los gobiernos, algunas voces han tenido que moderarse. La Constitución de 1991 consagró la autonomía universitaria como garantía frente a esas intervenciones.

Esa garantía, sin embargo, no cobija por igual al Museo y a la Biblioteca que dependen hoy del Ministerio de Cultura. Lo nacional no implica necesariamente autonomía institucional, pero sí exige respetar los criterios curatoriales, científicos y culturales que orientan su trabajo. Lo nacional no puede quedar a disposición de un gobierno: lo trasciende.

Defender la Universidad Nacional supone, sin duda, defender su autonomía y su financiación. Pero defender lo nacional de la Nacional -y del Museo y de la Biblioteca- va más allá de las instituciones: es defender la memoria y el acervo de la nación, con sus logros y contradicciones, y la libertad para investigar, discutir y crear, aun cuando de ella surjan debates incómodos o maneras distintas de comprender el país.

Como nación, también nos hemos construido en los acuerdos, los desacuerdos y las tensiones que han quedado expresados en libros, aulas, edificios, colecciones, descubrimientos científicos, creaciones artísticas, debates, aciertos y desaciertos. Hay que cuidar ese acervo en sus múltiples formas y permitir que siga creciendo. La Universidad es también un lugar donde la nación se expresa y encuentra cabida, con toda su diversidad y sus contradicciones. Defender lo nacional de la Nacional es procurar que esa construcción colectiva siga viva y transformándose con el país, sin que ningún gobierno decida qué cabe en ella.

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Marta Juanita Villaveces Nino

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Marta Juanita Villaveces Nino

Economista, MSc en Política Comparada y PhD en Estudios Políticos. Profesora Asociada, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia. Ex Decana de la FCE, Ex viceministra técnica de Hacienda.

Foto: Victoria Lula da Silva - Elecciones 25 noviembre 2026

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Una victoria histórica que deja lecciones: cómo la movilización popular, la organización digital y la reconexión entre los liderazgos políticos y la ciudadanía hicieron posible un vuelco electoral en defensa de la democracia.

La noche del 25 de octubre de 2026, en Brasil se obtuvo un resultado electoral que trascendió sus fronteras. Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido presidente con 64.256.232 votos (el 51,79% de los votos válidos), frente a los 59.826.041 de Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La diferencia fue de 4.430.191 votos. Por primera vez desde la redemocratización, un candidato que había quedado segundo en la primera vuelta consiguió revertir el resultado y ganar la segunda vuelta.

No fue una victoria holgada: Flávio Bolsonaro obtuvo el 48,21% de los votos válidos. El resultado importa tanto por lo que representa como por lo que evitó. La extrema derecha demostró que conserva una fuerza electoral considerable, aunque no todos los votos obtenidos por Flávio puedan interpretarse como una adhesión a ese proyecto político. Para una parte del electorado, el rechazo al PT y a Lula sigue siendo un factor decisivo que puede traducirse en el voto, incluso entre quienes no se identifican plenamente con la extrema derecha. Brasil no resolvió su polarización en las urnas; abrió una nueva disputa sobre cómo defender la democracia, comprender las razones de esa división y reconstruir la confianza en la política.

Una victoria construida entre las calles, las redes y la política

La victoria no puede explicarse exclusivamente por la movilización espontánea de la sociedad ni por los acuerdos entre dirigentes. Fue el resultado de la interacción entre distintos factores: organizaciones populares, movimientos sociales, jóvenes, militantes, sectores democráticos de diferentes orientaciones ideológicas y una campaña del Partido de los Trabajadores (PT) que necesitó escuchar críticas, reconocer insatisfacciones y ajustar su estrategia durante la segunda vuelta.

La convergencia no significó que todos compartieran el programa de Lula. Para muchos y muchas, la prioridad era impedir la llegada de Flávio Bolsonaro a la Presidencia. La consigna “derecha e izquierda juntas contra el bolsonarismo” expresaba esa preocupación común, sin eliminar las diferencias en materias de economía, derechos sociales o distribución del poder.

La capacidad de escucha fue central en esta dinámica. Las críticas provenientes de distintos sectores, las inquietudes de la juventud y las opiniones expresadas cotidianamente en las redes sociales pusieron de manifiesto los límites de las formas tradicionales de hacer campaña y de ejercer la política. 

El resultado mostró la necesidad de renovar estrategias, lenguajes y formas de relación con la ciudadanía, en sintonía con los nuevos tiempos y las demandas populares. 

No bastaba con movilizar a la militancia convencida ni con repetir los mensajes de siempre. Era necesario disputar el voto de quienes aún no habían decidido y movilizar a quienes podían abstenerse. La estrategia pareció dar resultados: la abstención cayó al 19,22% en la segunda vuelta, la menor registrada en la historia electoral brasileña.

La campaña necesitaba, por tanto, algo más que defender los logros de Lula y advertir sobre los riesgos de una Presidencia de Flávio Bolsonaro: debía responder a las críticas y a las preocupaciones concretas de la ciudadanía. Esa adaptación política, junto con la movilización social, contribuyó a convertir el rechazo a la extrema derecha en una mayoría electoral.

La presencia cotidiana de Lula en las calles, a sus ochenta años, fue una imagen significativa de ese esfuerzo. Su participación directa en la campaña ayudó a visibilizar el vínculo entre el liderazgo político y la movilización ciudadana. No se trataba solo de comunicar desde una candidatura, sino de estar presente, escuchar y disputar el espacio público.

De las redes digitales a la acción colectiva

Uno de los ejemplos más visibles fue el “Exército do Lula”, un canal de WhatsApp administrado por el diputado André Janones, que alcanzó diez millones de seguidores el 23 de octubre, dos días antes de la votación. El canal difundía contenidos de campaña y proponía tareas para que sus participantes compartieran mensajes y ampliaran su difusión. 

La cifra adquiere otra dimensión al compararla con el resultado electoral: Lula obtuvo aproximadamente diez millones de votos más en la segunda vuelta que en la primera. Esta proximidad numérica no implica una correspondencia directa entre seguidores y votos. Es probable, además, que una parte de quienes se incorporaron al canal ya apoyara su candidatura. Por eso, su relevancia no radica en equiparar ambas cifras, sino en dimensionar el alcance de una estructura de comunicación y de movilización digital en un momento decisivo de la campaña. 

Las redes sociales no explican por sí solas el resultado, pero muestran el alcance de la organización política al articular comunicación digital, participación ciudadana y acción colectiva. Su relevancia radicó en cómo personas y liderazgos organizados utilizaron estos espacios para disputar narrativas, compartir información y movilizar comunidades, en plataformas cuyas reglas y algoritmos también condicionan el debate público.

Una audiencia recibe mensajes; una comunidad establece vínculos; una organización coordina acciones. La experiencia del canal buscó articular estas dimensiones. No es posible atribuirle una cantidad determinada de votos, pero sí observar cómo la comunicación digital puede convertirse en una herramienta de participación cuando hay organización política detrás. En Brasil, las calles y las redes no fueron escenarios separados, sino espacios complementarios de una disputa política que también se libró en las conversaciones cotidianas.

Una elección reñida y una democracia bajo presión

El día de la segunda vuelta electoral estuvo marcado por denuncias de dificultades en el transporte público que podían obstaculizar el acceso a las urnas. A las 13:22, la campaña del Partido de los Trabajadores (PT) presentó ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) una solicitud de investigación sobre la oferta de transporte colectivo en Salvador, Feira de Santana y Lauro de Freitas, en el estado de Bahía. También acudió a la Corregedoria-Geral Electoral, la cual solicitó información al Tribunal Regional Electoral de Bahía (TRE-BA). Según las denuncias de la campaña, la reducción del servicio podía perjudicar al electorado de las zonas donde Lula contaba con mayor apoyo.

La controversia se amplió durante la tarde. Mientras el PT solicitaba extender el horario de votación en todo el país, la campaña de Flávio Bolsonaro presentó ante el TSE un pedido similar, alegando dificultades provocadas por lluvias, inundaciones, deslizamientos y cortes de energía en municipios de São Paulo, Paraná y Santa Catarina.

Ante la falta de respuesta del TSE, presidido por Kassio Nunes Marques —nombrado a propuesta de Jair Bolsonaro—, el PT recurrió al Supremo Tribunal Federal (STF). A las 15:46, solicitó extender la votación hasta las 19 horas en los tres municipios bahianos y, a las 16:29, amplió el pedido a todo el país. El caso fue asignado al ministro Cristiano Zanin, quien, poco después de las 17 horas, autorizó la prórroga, limitada a las secciones electorales que aún permanecían abiertas en el momento de la decisión. A las 17:49, Nunes Marques firmó un oficio para orientar a esas secciones.

La decisión fue posteriormente cuestionada por Flávio Bolsonaro en el marco de sus alegaciones sobre la legitimidad del resultado. Sin embargo, la controversia sobre el horario de votación no constituye, por sí misma, evidencia de fraude electoral. Según datos divulgados tras la elección, se contabilizaron alrededor de 34.000 votos a las 17 horas, frente a una diferencia final superior a 4,43 millones de votos. Esta comparación permite dimensionar el alcance numérico de la prórroga, pero no sustituye el análisis de las denuncias sobre el transporte ni determina, por sí sola, la regularidad de cada actuación institucional.

Con el 0,25% de las secciones escrutadas, Lula comenzó liderando la votación. Tras la suspensión temporal de la totalización y la divulgación de resultados, debido a la extensión del horario de votación, Flávio pasó al frente. A las 20:24, con el 47,24% de las secciones totalizadas, Lula recuperó la ventaja y la mantuvo hasta que su victoria matemática quedó definida, a las 21:08. El resultado final confirmó una diferencia de 3,58 puntos porcentuales.

Fuente: Tribunal superior Electoral de Brasil.

La comparación con 2022 también ofrece una clave: Lula pasó del 50,9% de los votos válidos en aquella elección al 51,79% en 2026, mientras que el candidato del campo bolsonarista pasó del 49,1% al 48,21%. La mejora nacional de Lula fue moderada, no una transformación radical del mapa electoral. El nordeste siguió siendo su principal bastión, mientras que el sur y el centro-oeste mantuvieron una inclinación favorable a Flávio. La victoria se produjo, por tanto, en una sociedad que continúa dividida.

La participación fue del 80,78% del electorado y la abstención, del 19,22%, por debajo del 21,08% registrado en la primera vuelta. Hubo 1,43 millones de votos en blanco y 2,72 millones de votos nulos. La democracia no se mide únicamente por quién gana: también importa que la ciudadanía pueda ejercer el voto en condiciones adecuadas.

La derrota y el rechazo a las reglas democráticas

La reacción de Flávio Bolsonaro añadió otra dimensión al escenario. El domingo se negó a reconocer el resultado; el lunes anunció que recurriría a la Justicia para intentar anular la elección; el martes salió de Brasil rumbo a Estados Unidos. El miércoles difundió una carta que, en su primera versión, lo presentaba como el “verdadero presidente electo”. Después, la formulación fue modificada por el “líder del Brasil”. También circularon versiones con cambios en el texto y un escudo que incluía la inscripción histórica “Estados Unidos do Brasil”. 

La secuencia fue más que una reacción retórica a la derrota. Cuando un candidato se atribuye una legitimidad que contradice el resultado electoral certificado y formula acusaciones de fraude sin presentar pruebas suficientes, pone en cuestión una regla fundamental de la democracia: la autoridad política debe derivarse de procedimientos verificables y aceptados.

El domingo, Flávio había jurado que no abandonaría Brasil. En los días siguientes, cuestionó el resultado electoral, anunció que lo impugnaría y se marchó del país. La contradicción entre sus declaraciones y sus acciones pasó a formar parte de la disputa pública. La democracia resistió electoralmente, pero su defensa no puede depender únicamente de la derrota de un candidato: requiere instituciones sólidas, responsabilidad política, respeto por las reglas comunes y una ciudadanía atenta, crítica y comprometida con los valores democráticos, capaz de reconocer las contradicciones entre los discursos políticos y la realidad, y de no dejarse persuadir por falsedades ni por frases de efecto que carecen de sustento fáctico.

Un giro histórico y el desafío de reconstruir la democracia

La victoria no garantiza una gobernabilidad sencilla. Ante quienes advertían que tendría dificultades para gobernar con un Congreso más conservador, Lula respondió que fue el pueblo quien eligió a ese Congreso y que sería con él —con el pueblo— con quien trabajaría para aprobar sus propuestas. 

La afirmación plantea una idea central: la gobernabilidad no se construye únicamente en los pasillos institucionales, sino también a partir de la legitimidad popular y de la participación ciudadana.

Lula prometió ampliar la participación del pueblo en las decisiones de su gobierno y dar más espacio a la comunicación digital. El reto será convertir la movilización que hizo posible su victoria en una participación sostenida, capaz de incidir en las decisiones públicas y reconstruir el vínculo entre política y sociedad.

La campaña también mostró la dimensión emocional y simbólica del voto. Cuando Flávio Bolsonaro llamó a Lula “nueve dedos”, aludió a la pérdida del dedo meñique de la mano izquierda, que Lula sufrió a los 17 años en un accidente laboral. El ataque trascendió el debate electoral y evocó, para muchos brasileños y brasileñas, la experiencia de un trabajador, poniendo en juego sentimientos de identificación y dignidad.

La política no se decide únicamente mediante cálculos racionales: también intervienen la memoria, las emociones y los símbolos. La proyección internacional del gesto de hacer la “L” con las manos es ilustrativa: en los días posteriores a las elecciones brasileñas, videos de líderes y manifestantes reproduciendo el gesto circularon en actos políticos de distintos países. Lo que nació como símbolo de apoyo a Lula comienza a adquirir un significado más amplio, asociado a la movilización contra la extrema derecha. Los movimientos políticos están llenos de símbolos porque estos condensan identidades, valores y proyectos colectivos.

La victoria de Lula constituye un giro histórico, pero no significa que la extrema derecha haya perdido su fuerza ni que la polarización esté superada. Su alcance trasciende Brasil: ofrece a América Latina y a otras democracias una experiencia relevante sobre cómo la movilización ciudadana, la organización política y la capacidad de escuchar pueden contribuir a contener el avance de la extrema derecha. No es una fórmula universal, sino una experiencia que merece ser estudiada.

Brasil protagonizó una experiencia histórica; el desafío ahora es convertir esa victoria en una defensa duradera de la democracia, en la ampliación de derechos y en la mejora de la calidad de vida de los brasileños y las brasileñas.

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Juliana Alice Fernandes Goncalves

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Juliana Alice Fernandes Goncalves

*Estudiante de Doctorado en Derecho en la Universidad Federal de Paraná, Brasil. Investigadora del Núcleo de Investigações Constitucionais y del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina @julianaalicefg

Foto: Elecciones Brasil

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La reelección de Lula confirma la fuerza electoral de la centroizquierda brasileña, pero el avance de la derecha en el Congreso, las restricciones fiscales y la necesidad de renovar sus liderazgos complicarán su cuarto mandato.

Una victoria con límites

Al asumir la Presidencia de Brasil por cuarta vez, Luiz Inácio Lula da Silva encontrará un país distinto del que deja al concluir su actual mandato y del que gobernó entre 2003 y 2010. La oposición, integrada por fuerzas de derecha, ganó más espacio en el Congreso Nacional, pero deberá reorganizarse tras el revés electoral del bolsonarismo.

La extrema derecha amplió su representación parlamentaria y su presencia en gobiernos estaduales y otros espacios de poder. La victoria del presidente impidió que un candidato bolsonarista volviese al Palacio de Planalto, pero no modificó la correlación de fuerzas en la política brasileña.

El precio de la gobernabilidad

El presidencialismo de coalición, vigente desde la redemocratización de 1985, seguirá exigiendo negociaciones. La distribución de ministerios, cargos y recursos presupuestarios continúa siendo necesaria, pero el Congreso está más fragmentado y las bancadas tienen mayor capacidad para imponer sus agendas.

El Partido Liberal (PL), de extrema derecha, tendrá las mayores bancadas de la Cámara y del Senado, y la federación liderada por el Partido de los Trabajadores (PT) necesitará el apoyo del “Centrão”, formado por partidos de derecha y centro que actúan de manera pragmática y seguirán siendo decisivos para formar mayorías.

La nueva legislatura mantendrá la influencia del Frente Parlamentario Agropecuario (FPA), que representa los intereses del agronegocio y reúne actualmente a casi 300 de los 513 diputados y cerca de 50 de los 81 senadores. Su peso parlamentario puede dificultar los avances del Ejecutivo en materia de regulación ambiental y política agraria.

La renovación del Supremo Tribunal Federal (STF) será otro desafío. En un contexto de cuestionamientos a la Corte y de mayor fuerza opositora en el Senado, cada nominación puede convertirse en un nuevo frente de negociación política. El diálogo con sindicatos y movimientos sociales también será necesario para atender demandas que el Congreso no recoge.

Brasil ilustra una cuestión relevante en América Latina: ¿puede una victoria de la centroizquierda convivir con un Congreso dominado por fuerzas conservadoras? 

El desafío de Lula será convertir su mandato en capacidad efectiva de gobierno, sin confundir la necesidad de negociar con la renuncia a sus prioridades.

La agenda social y la vida cotidiana

El fin de la jornada laboral de seis días de trabajo por uno de descanso, conocida como escala 6×1, es una de las principales demandas para mejorar las condiciones laborales y aliviar las cargas familiares. La reivindicación de dos días de descanso semanal ganó fuerza, especialmente entre jóvenes y trabajadores del sector servicios. Su aplicación comenzará en diciembre, con una reducción gradual de la jornada semanal de 44 a 40 horas, sin disminución salarial.

También se han prohibido, mediante una medida provisional, las apuestas de cuota fija, incluidas las deportivas y los juegos en línea. La decisión responde al endeudamiento de las familias y a los problemas asociados con el juego compulsivo, y está pendiente de aprobación por el Congreso.

El Gobierno también envió al Congreso una propuesta para financiar el transporte público gratuito durante los fines de semana y días festivos, utilizando parte de los recursos de las enmiendas parlamentarias obligatorias. La propuesta enfrentará resistencias de diputados y senadores.

A estas medidas se suma la reforma tributaria, cuya implementación reciente continuará de manera gradual durante los próximos años. El nuevo sistema prevé una tarifa del cero por ciento para los productos de la canasta básica nacional.

El presupuesto y el dilema fiscal

El presupuesto federal tiene una elevada rigidez debido al peso de los gastos obligatorios. En el presupuesto para 2027, estos gastos —incluidas las pensiones, la nómina del sector público y las prestaciones sociales— representan el 91,7 % del gasto primario. Esta proporción reduce el margen de decisión del Ejecutivo, aunque deja recursos para inversión. El reto será convertir las asignaciones previstas en políticas y obras.

Conviven dos preocupaciones. El Ministerio de Hacienda prioriza la disciplina fiscal y el control del gasto para preservar la estabilidad económica y la confianza de los mercados. Por su parte, los sectores desarrollistas y las bases sociales advierten que una política demasiado restrictiva puede limitar la inversión pública y la respuesta del Estado a las desigualdades.

El desafío será combinar el equilibrio fiscal con las políticas sociales sin comprometer el programa de gobierno.

Foto: Mapa electoral legislativas Brasil - Foto- El Orden Mundial

El desafío de la sucesión política

El nuevo mandato tendrá que convivir con la permanencia del bolsonarismo. La derrota electoral no eliminó la capacidad de articulación de la extrema derecha, que conserva una base electoral, fuerza parlamentaria y presencia social. El bolsonarismo seguirá siendo un actor central, más allá de Jair Bolsonaro y sus familiares.

A sus 81 años, Lula sigue siendo la principal figura electoral de la centroizquierda, pero su permanencia también pone de manifiesto las dificultades para renovar sus liderazgos. La sucesión exige construir una nueva generación de dirigentes con capacidad electoral, organización partidaria y presencia social.

Del discurso a la gobernabilidad

Tras conocerse el resultado, Lula celebró la participación popular y presentó la victoria como una derrota del negacionismo y la desinformación. Combinó un llamado a la conciliación con una postura firme frente a quienes cuestionan la legitimidad democrática.

Su aspiración declarada de hacer el mejor gobierno de su trayectoria dependerá de transformar el mensaje de pacificación en acuerdos políticos y mejoras para la población.

Brasil ofrece una experiencia distinta en una América Latina donde la derecha y la extrema derecha han conseguido importantes victorias, pero no constituye una excepción definitiva. La victoria de Lula demuestra el potencial de la centroizquierda, aunque por sí sola no garantiza una mayoría política capaz de sostener su proyecto.

Los próximos cuatro años pondrán a prueba su capacidad para gobernar, responder a las demandas sociales y renovar sus liderazgos. Tal vez el futuro de las fuerzas progresistas en la región dependa también de ese equilibrio.

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Mario Luis Grangeia

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Mario Luis Grangeia

Foto: Alejandro Ordoñez - Ministro del Interior

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La llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior parece anunciar más confrontación política que gestión legislativa. Su nombramiento plantea una pregunta sobre la estrategia del Gobierno: ¿quién toma las decisiones detrás del ruido mediático?

Un relevo que plantea preguntas

Por una combinación de factores, Rodrigo Lara, figura de la campaña de De la Espriella, dejó el Ministerio del Interior tras una gestión corta y deslucida. Esta estuvo marcada por una débil relación con el Congreso; por fracasos, merecidos o no, en asuntos estratégicos como la elección de la presidencia del Senado y de las comisiones o el hundimiento del presupuesto nacional, y por la sumisión de su cartera al giro punitivista en el manejo de la protesta social.

Tras su salida, la noticia ha sido la llegada al cargo del exprocurador Alejandro Ordóñez (2009-2016), formalizada por decreto el 31 de octubre. Su designación, cercana al final de la legislatura, así como su polémico pasado, marcado por una combinación de extremismo religioso y “manzanillismo”, dejan dudas sobre las intenciones detrás de su nombramiento.

Más allá de la polémica, el nombramiento es coherente con los perfiles elegidos por el Gobierno y, en especial, con la voluntad de la presente administración de combinar ruido mediático y opacidad administrativa como estrategia de gobernabilidad.

El pasado de Ordóñez

El pasado de Ordóñez preocupa a los sectores liberales y de izquierda. El exprocurador y exrepresentante de Colombia ante la OEA usó activamente sus cargos para promover sus convicciones morales y religiosas, así como para perseguir a los opositores de su proyecto social y político.

Su profunda convicción católica, tradicionalista y preconciliar —de la que en su natal Bucaramanga se recuerdan la teatral quema de libros y sus clases sobre Santo Tomás en la cátedra universitaria— se expresó sobre todo en la dedicación de sus mandatos a restringir y censurar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de la población LGBTIQ+, tanto en el país como en la región.

Al mismo tiempo, convirtió la Procuraduría en un tribunal inquisidor de la izquierda electoral y persiguió políticamente a importantes dirigentes de su tiempo, como Piedad Córdoba o Gustavo Petro. Estas actuaciones dieron lugar, como reacción, a desarrollos de la doctrina regional en defensa de los derechos políticos de la oposición. También sentaron, ante la pasividad de la rama judicial y de la clase política, un precedente sobre la falta de convicciones democráticas —a conveniencia— de la institucionalidad política.

Además, detrás de su figura religiosa, el exprocurador, como los viejos dirigentes de finales del Frente Nacional, supo construir amplias coaliciones legislativas mediante la distribución de cargos y el uso discrecional de la información para mantener el respaldo político.

Ese manejo derivó en la anulación de su reelección en 2016, pero también le permitió consolidar una base política mínima pero sólida, con la que participó en la coalición de gobierno de la administración Duque (2018-2022) y en la del actual mandatario.

En ese camino, logró volver a la OEA, espacio clave para restringir o perseguir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la región, y obtener el control del Ministerio de Educación, fundamental para limitar la educación en derechos sexuales y reproductivos.

Foto: Alejandro Ordoñez y la batalla cultural - Carlos Suárez

Confrontación en lugar de consensos

Más que anunciar un giro frente a los fracasos de Lara, su llegada al Ministerio del Interior parece augurar una profundización de la tendencia general: una débil relación con el Congreso y el uso de la cartera para polemizar sobre asuntos relacionados con la denominada “batalla cultural”.

El Ministerio del Interior tiene entre sus funciones principales la construcción de consensos, aunque en algunas ocasiones ha tenido un perfil confrontacional.

En el primer mandato de Uribe (2002-2006), fue inicialmente ocupado por Fernando Londoño (2002-2003), figura que terminaría su etapa pública dirigiendo un espacio radial de derecha denominado La Hora de la Verdad. Su papel era polemizar y radicalizar, mientras detrás de él los verdaderos protagonistas del momento, Uribe, Pardo y Santos, construían el proyecto unificador del partido de gobierno y las listas para las elecciones locales.

Pasada la etapa de mayor radicalismo, cuando volvió el tiempo de la política, llegó al cargo Sabas Pretel (2003-2006), quien condujo el trámite de la reelección presidencial, por el que más tarde sería condenado.

La política detrás del ruido

Ahora la estrategia parece semejante: radicalizar la agenda para, por debajo, reconfigurar el poder. Esta vez, ahogando a los partidos tradicionales y al Legislativo, y negociando con ventaja con los políticos locales de cara a las elecciones subnacionales de 2027.

Mientras tanto, los verdaderos poderes, ahora volcados al marketing de gobierno, aceleran la estrategia de corto plazo. Esto deja en suspenso el futuro de la agenda legislativa y anticipa el uso reiterado del decreto y de la urgencia legislativa como mecanismos presidenciales.

Aunque es imposible prever lo que significará la llegada de Ordóñez al cargo, es difícil esperar un escenario distinto de la confrontación y la débil gestión legislativa.

Más aún porque, si bien en su momento el acceso a información privilegiada le aseguraba el control del Legislativo, hoy, a más de diez años de su periodo como procurador, el Congreso se ha renovado de manera importante y los veteranos dirigentes partidarios —Cepeda, Gaviria, Petro o Toro— se encuentran más cerca del retiro de lo que están dispuestos a reconocer.

A su vez, con 71 años, Ordóñez supera el promedio de edad de los ministros que, desde Pretel, han ocupado el cargo, lo cual debe tenerse en cuenta para pensar la dirección que seguirá su dinámica confrontativa.

¿Autómata o demiurgo?

La metáfora del autómata y el demiurgo, tomada de Walter Benjamin, ayuda a entender el papel que podría desempeñar Ordóñez. El autómata es la figura visible que ejecuta los movimientos; el demiurgo es quien, desde atrás, los dirige. La pregunta es si el nuevo ministro tendrá capacidad para definir el rumbo político del Gobierno o si su función consistirá en protagonizar las controversias públicas mientras otros toman las decisiones fundamentales.

Su nombramiento parece apuntar a lo segundo. La administración utiliza la confrontación en lugar del consenso en su actuación pública, mientras entre bastidores negocia los intereses políticos centrales sin la presencia de las figuras visibles del gabinete. Esta combinación se acompaña del uso de una estrategia de infralegalismo autoritario, característica de gobiernos afines como el de Bolsonaro en Brasil (2019-2023) o el de Noboa en Ecuador (desde 2023).

Le recomendamos: El gobierno De la Espriella arranca con mayorías en el Congreso

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Camilo Cruz Merchan

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Camilo Cruz Merchan

*Politólogo de la Universidad Nacional, doctor en Ciencia Política de la UNAM, docente Programa de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, Universidad del Valle.

Foto: Bruce Mac Master - Expresidente de la ANDI

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La relación histórica entre los gremios, la economía política y la democracia colombianas ha sido sumamente compleja. Aunque la pax gremial haya existido en determinadas coyunturas cafeteras e industriales, siempre ha sido vulnerable a las decisiones de los gobiernos y a la propia competencia gremial.

Para algunos sectores de la opinión pública, el desenlace del nombramiento de Carolina Soto en la CCI, la salida de Bruce Mac Master de la ANDI y la salida de Adriana Guillén de Asocajas han supuesto la ruptura de una anhelada ‘pax gremial’ con el nuevo gobierno, luego de las tensiones precedentes durante el gobierno Petro (2022–2026). 

No ha caído bien la discordia. Es como si Humpty Dumpty se hubiese caído intempestivamente de lo alto del muro, se hubiese quebrado en mil pedazos y ahora existiese la necesidad de reconstruirlo. Pero, si examinamos algunos fragmentos, rápidamente nos daríamos cuenta de que la unidad gremial, la representación empresarial y las relaciones con los gobiernos de turno han distado de constituir un bloque monolítico o de remitirnos a un país de las maravillas. 

Entender la pax gremial como una condición natural –u ‘oligárquica’ y estable, dependiendo del pedigree académico– es un espejismo del presente. La capacidad de los gremios para actuar como interlocutores privilegiados de los gobiernos ha cambiado históricamente, con profundas consecuencias para el empresariado y para la sociedad colombiana. 

Los conflictos recientes, entonces, se entienden mejor cuando se suman a una larga y variada historia de acuerdos, rivalidades y enfrentamientos. 

A mi modo de ver, la historia de los gremios modernos empieza a principios del siglo XX. Algunos historiadores económicos se han remontado a los antiguos ‘gremios’ del período colonial, pero aquellas corporaciones dotadas de privilegios eran más afines a viejas fraternidades de maestros artesanos y discípulos, como lo han mostrado Annick Lempérière y otros académicos. 

El despunte de los gremios modernos en Colombia tuvo lugar a principios del siglo XX, con la consolidación de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) en 1906 –con precedentes desde 1871– y el surgimiento de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) en 1927. Durante el resto del siglo, la proliferación de asociaciones empresariales con personería jurídica fue notable, reflejo de la diversificación y la expansión de la industria, la banca y el comercio en el país. Lentamente, los gremios se transformaron en entidades formales y estructuradas cuyo principal objetivo ha sido defender los intereses de distintos sectores empresariales frente a otros poderes privados y públicos.

Su historia no ha sido lineal. La poderosa SAC, opuesta a distintos proyectos de reforma agraria (1936, 1961), e influyente en la formulación de políticas públicas, perdió influencia relativa entre 1950 y 1980, según Carlos Caballero Argáez. También es comúnmente aceptado que la FNC, que llegó a detentar un poder semipúblico inusual en América Latina, perdió gradualmente su extraordinaria influencia política debido a las transformaciones económicas del país a finales de la década de 1980, el colapso del sistema de cuotas del Acuerdo Internacional del Café en 1989, la apertura económica de 1990 y los cambios institucionales asociados a la independencia del Banco de la República en 1991. 

No todos los gremios han sido alumbrados bajo los mismos reflectores públicos que el presidente saliente de la ANDI. Algunos han mantenido un perfil bajo y local, mientras otros han logrado promover la identificación de la sociedad colombiana con su sector productivo, a veces con ambiciones continentales. 

El caso de Juan Valdez es ilustrativo. En 1962, la firma del Acuerdo Internacional de Café (ICA) estableció un sistema de cuotas de exportación que favoreció la posición de Colombia en el mercado de Estados Unidos, país temeroso de la expansión de la revolución cubana en América Latina. La FNC forjó la imagen ficticia de Juan Valdez (1960), un campesino del eje cafetero que representaba la supuesta estabilidad económica y política que la producción cafetera de pequeños propietarios había traído al país. 

El mito de la caficultura ‘igualitaria’ y ‘democrática’, difundido por la FNC e intelectuales antioqueños como Luis Eduardo Nieto Arteta, ha sido duramente criticado por Marco Palacios. Pero otros historiadores, como Eduardo Posada Carbó, no han dejado de reconocerle a la FNC un papel importante en promover la formación de hábitos asociativos y de una pequeña ‘clase media’ rural, aunque su extensión y su naturaleza sigan siendo discutibles.

Por otra parte, los gremios han contribuido a desarrollar capacidades técnicas y empresariales en distintos contextos. En ello tiene razón Roberto Junguito. Fedegán ha construido plantas de sales mineralizadas, centrales de radioteléfonos, y ha desarrollado diversos programas de venta de drogas e insumos agropecuarios en almacenes especializados del gremio, así como programas de formación técnica y convenios con el SENA. En 1972, el gremio contaba con 46 almacenes en el país.   

A estos hallazgos de Juan José Perfetti podemos sumar las cuantiosas inversiones de la FNC: acueductos, puertos, almacenes, una flota mercante, escuelas y carreteras que beneficiaron ampliamente a los caficultores asociados. Sus inversiones adicionales en otros sectores convirtieron a la FNC en uno de los grandes conglomerados colombianos del siglo XX. En un contexto menos rural, Asobancaria (1936), un gremio con similitudes importantes con las asociaciones empresariales de Estados Unidos, ha ofrecido otro ejemplo de provisión de servicios –e.g. central de información y mecanismos de seguridad bancaria para investigar fraudes y delitos– en lugar de limitarse a actuar como un grupo de presión convencional. 

Desde luego, algunos de estos bienes colectivos no habrían podido proporcionarse sin una relación especial con el Estado. Pero aquí tampoco hubo una pax gremial. La posición singular y privilegiada de la FNC –sus vínculos con la Caja Agraria y el Banco Cafetero, la administración del Fondo Nacional del Café y su asiento en la junta del Banco de la República hasta 1991– fue uno de los factores que propiciaron en 1944 la creación de la ANDI, una asociación eminentemente patronal y antioqueña en sus orígenes. Las tensiones con el gremio cafetero alrededor de la política cambiaria y las devaluaciones fueron bien conocidas hasta 1990. 

Esta competencia entre sectores también se ha manifestado entre los gremios y distintos gobiernos. Si bien ha habido toda clase de colaboraciones –regulaciones, apoyo legislativo, puertas giratorias, participación en negociaciones de paz, entre otras–, también se han producido conflictos profundos. Dos ejemplos son especialmente pertinentes para la coyuntura actual. 

Foto: Gremios y política - Desarrollo territorial

En 1974, luego de dos décadas exentas de episodios conflictivos, la ANDI se opuso al intento del presidente Alfonso López Michelsen (1974-1978) de abrir la economía a la competencia internacional. Para el gremio, aquellas políticas no resultaban convenientes para la industria nacional. En ese contexto, el gobierno liberal de López Michelsen presionó para obtener la renuncia del presidente de la ANDI, quien recibió el respaldo de su junta directiva: no podían ‘permitir que el presidente de la república sea quien cambie o ponga el presidente de la ANDI’. Bajo el gobierno de Julio César Turbay (1978-1982), también fueron célebres los enfrentamientos con el denominado ‘Frente Gremial’ –constituido por la Andi, Fenalco, Camacol y Fedemetal– desencantado con su proyecto de liberalizar las importaciones del país. 

Estos antecedentes revelan que la relación histórica entre los gremios, la economía política y la democracia colombianas ha sido sumamente compleja. Pero los gremios no han sido víctimas impotentes de los gobiernos de turno. En muchos casos, como el de Fedegán, han conseguido impulsar sus propias agendas, apoyados en la continuidad de sus dirigentes y en su capacidad de organización sectorial. También han contribuido a reorientar políticas públicas, como ocurrió con la coalición gremial que participó en el Pacto de Chicoral de 1972, decisivo para el declive de la reforma agraria. 

Sin embargo, la influencia de los gremios no se ha limitado a la orientación de las políticas económicas. También han intervenido de manera ostensible en disputas sobre la legitimidad y la continuidad de los gobiernos. La ANDI, por ejemplo, brindó apoyo a la toma del poder por parte del general Gustavo Rojas Pinilla en 1953. Cuatro años más tarde, el gremio contribuyó a su caída, luego de secundar un paro cívico que incluyó el cierre de algunas de sus empresas afiliadas. Este caso revela la naturaleza cambiante de algunas alianzas entre empresarios y un mismo gobierno.

Cuando se trató de la defensa de un orden político más duradero, la conducta de los gremios tampoco fue fácilmente predecible ni su comportamiento universalmente aceptado. En general, el apoyo de la ANDI a la conformación del Frente Nacional parece haber sido irrestricto, según Fernando Botero Herrera. Pero, aunque el gremio consideraba que su actuación había contribuido a la pacificación y al desarrollo industrial del país, varios grupos políticos de izquierda –y, en particular, de las guerrillas– interpretaron el Frente Nacional como un pacto oligárquico excluyente.

Décadas más tarde, los gremios pidieron la renuncia del presidente Ernesto Samper (1994-1998) durante el escándalo de los dineros ilícitos que financiaron su campaña. El Consejo Gremial Nacional, fundado en 1991, adquirió un protagonismo notable en medio de esta crisis y de la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos. El 29 de abril de 1996, como recuerda Angelika Rettberg, el Consejo Gremial circuló una comunicación en la que le pedía al presidente Samper retirarse del cargo para restablecer las bases de la ‘gobernabilidad’. 

Estos ejemplos demuestran que la capacidad política de los gremios no se limitó a la defensa de intereses sectoriales. Y no necesariamente hubo una contradicción entre todos estos comportamientos: respaldar inicialmente a un gobierno militar y contribuir posteriormente a su caída; defender un acuerdo de pacificación política aun cuando pudiera excluir a ciertos sectores políticos, y exigir la renuncia de un presidente en nombre de la gobernabilidad. Lo llamativo, en toda esta serie de casos, fueron las distintas concepciones del orden político, la estabilidad y la democracia que orientaron las actuaciones gremiales. 

Es difícil entender la política económica del país sin conceder un papel privilegiado a los gremios. Pero su historia ha sido compleja y cambiante. Y, aunque la pax gremial haya existido en determinadas coyunturas cafeteras e industriales, siempre ha sido vulnerable a las decisiones de los gobiernos y a la propia competencia gremial. 

Por ello, el paralelo con Humpty Dumpty resulta aleccionador: el personaje no apareció en Alicia en el país de las maravillas, sino en A través del espejo. En medio de tanta excepcionalidad noticiosa, a la sociedad colombiana le vendría bien mirarse en ese espejo –el de su propio pasado– para encontrar algunas respuestas a su presente.

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Luis Gabriel Galán Guerrero

Escrito por:

Luis Gabriel Galán Guerrero

* Profesor Asistente de la Facultad de Administración, Universidad de los Andes Doctor en Historia de la Universidad de Oxford.

ISSN 2145-0439

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