Razón Pública

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Dominique Wolton en su texto “informar no es comunicar” hace la que, para mí, es la mejor definición sobre comunicación. Dice que es la construcción de relaciones entre personas, información y tecnologías para lograr la convivencia.  Pero también dice en ese texto que debido al exceso de información al que nos enfrentamos cada día el camino o el futuro es la incomunicación o dicho de manera más dramática, la imposibilidad de relacionarnos con el otro o de construir con el otro.  Nos muestra un mundo en el que nos sumimos en un estar encerrados en unas cámaras de resonancia en las que sólo nos quedamos mirándonos en espejos que nos muestren imágenes lo más cercanas posibles a las nuestras.

El resultado de algo así es que eso en lo que creemos que es el lugar desde donde nos construimos como ciudadanos se vuelva cada vez más radical, cada vez más lleno de miedo de lo diferente y en últimas cada vez más encerrado en la única posibilidad de vivir entre “iguales”.  Se dejan de lado las diferencias que son los espacios para ser creativos y en últimas también para ser empáticos y compasivos.  Un mundo con un espacio preponderante para atacar u odiar al que no está de acuerdo o va por caminos distintos.

En este espacio de “iguales” la comunicación (y sobre todo la política) nos está llevando a creer que existe un solo mundo y una sola historia en la que caben únicamente los que piensan igual. Esto está llevando a extremismos, a políticos que se reconocen como de ultra, a cerrar puertas, a discursos llenos de simplezas y al no reconocimiento del otro que es distinto.  Todo exacerbado por unas redes sociales que al poder micro segmentar hacen que cada nuevo candidato le pueda decir a cada uno lo que quiere oír sin pasar por ningún editor o control.  Unas sociedades polarizadas, violentas, irrespetuosas que no están reconociendo al otro y mucho menos sus diferencias.  Unas sociedades que no permiten la imaginación de otros mundos posibles y que se centran en el miedo y en el odio como emociones.

Todo esto se construye desde la deslegitimación del distinto, la aceptación de creencias de manera acrítica y basada en la pertenencia a una tribu que se caracteriza por una reactividad permanente hacia el discurso que sea distinto, tomando lo que se dice por el otro como algo que debe ser excluido y que al mismo tiempo es excluyente.  Todo esto en plataformas de comunicación que se convierten en lugares poblados por jueces o policías privados que deciden quién es culpable (el distinto) y quién es inocente (el igual).  Lugares donde la moderación por parte de expertos en el manejo de la información es mínima o es hecha por máquinas y en donde, además, las normas son impuestas desde un pequeño grupo de empresas con intereses meramente económicos que lleva a un aumento de la circulación falsa y de las teorías conspirativas.

Y, entonces, nace la pregunta sobre las relaciones y sobre cómo poner en circulación otros imaginarios para otros mundos posibles, para reconstruir nuevas formas de sociabilidad en términos de convivencia, de convivialidad y de cuidado que enriquezcan el ejercicio ciudadano se vuelve central y se puede mirar desde la comunicación de emociones como el amor y la esperanza que permitan dar el primer paso en el camino de permitirnos conocer y reconocer al otro, de dar el primer paso, de construir conexiones a partir de mostrarnos vulnerables, compasivos y con capacidad de escuchar con empatía.  En un momento en el que la comunicación se volvió, incluso, más importante que la política vale la pena volver a pensar en construir conversaciones, espacios de diálogo, espacios sin el celular, sin las redes sociales o sin la posibilidad de huir al miedo de estar presentes y dejarnos llevar por el disfrute de las personas, de los espacios, de las subjetividades.

Es importante encontrar(nos) con los que piensan igual, pero también escuchar a los que piensan diferente y construir nuevas relaciones de poder en donde el centro sea la coherencia y un continúo construir mensajes que lleven a que la información que circule sea la del amor y la esperanza en un mundo en el que estos sentimientos se han vuelto escasos en el sentido de que todo el tiempo priman el miedo, el odio, la ira o la tristeza.  Es hora de empezar a construir relaciones en las que los otros nos puedan ver, oír, tocar, sentir…

La invitación es simple, ¿qué tal si hoy la conversación empieza con preguntar(le) al otro cómo se siente y para esperar la respuesta dejamos a un lado o apagamos el celular?

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Liliana Gomez

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Liliana Gomez

*PhD. Directora de la Maestría en Comunicación, Tecnología y Sociedad de la Pontificia Universidad Javeriana.

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El reconocimiento que hizo el Presidente Petro del sombrero del excomandante del M-19 Carlos Pizarro Leongómez como “patrimonio cultural”, desató una polémica esta semana. Tanto que el Ministerio de Cultura tuvo que salir a aclarar que el sombrero no constituye como tal un “bien de interés cultural”, pero tiene “un valor simbólico como representación de la paz y objeto de memoria”.[1]

Esta no es la primera vez que el Presidente acude al uso de símbolos asociados a su pasado con el M-19.  Lo hizo el día de su posesión como Presidente, cuando ordenó llevar la espada de Bolívar a la Casa de Nariño, y más recientemente cuando decretó como día cívico el 19 de abril, fecha de la fundación del M-19, y ondeó su bandera en algunas demostraciones.[2]

Cabe recordar que el M-19 desapareció como grupo el 9 de marzo de 1990, cuando dejo las armas y firmó el Acuerdo Político Final con el gobierno colombiano, al cual se sumó un compromiso de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

Por tanto, cabe preguntarse, ¿qué busca el Presidente reviviendo la historia de un grupo que se ha diluido con el pasado de los años, bien porque algunos de sus integrantes fueron asesinados, o porque los que aún quedan han tomado diversos rumbos, algunos bastante lejanos del ideario político original?  La respuesta a estos interrogantes puede tener dos lecturas.

La primera puede estar alineada con la aclaración que hizo el Ministerio de Cultura sobre el reconocimiento del sombrero de Pizarro. Es decir, que se trata simplemente de un acto de reconocimiento y valoración del legado del grupo guerrillero en la historia política y social del país, sin implicar una apología al delito ni una exaltación de la violencia. Esta lectura se basa en la premisa de que el M-19 fue un actor relevante en el conflicto armado colombiano, que tuvo una propuesta política y social alternativa, y que contribuyó a la apertura democrática y a la reforma constitucional de 1991.

Esta lectura, sin embargo, para algunos, deja por fuera que el M-19 cometió graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que deberían ser investigadas, juzgadas y reparadas.

La segunda, un poco más críptica, puede estar asociada a la discusión que se ha venido dando alrededor de una asamblea constituyente como corolario de la firma del proceso de paz con las Farc. Donde el Presidente, mediante el uso de los símbolos del M-19, estaría haciendo un paralelo con lo ocurrido en ambos procesos de paz, equiparándolos para justificar su idea de convocar una posible asamblea constituyente por fuera de los canales constitucionales, pero con base en el acuerdo de paz.

No obstante, la posibilidad de un asamblea constituyente por esta vía plantea varios problemas, que se pueden resumir así:

  • Puede generar una crisis institucional al poner en riesgo la estabilidad y la vigencia de la Constitución de 1991, que ha sido considerada como un marco normativo garantista de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
  • Puede abrir la puerta a intereses particulares o sectarios que busquen modificar la estructura del Estado, el régimen político o el ordenamiento jurídico, sin tener en cuenta el consenso social y el pluralismo democrático.
  • Puede deslegitimar el papel del Congreso de la República como órgano representativo y legislativo, al relegarlo a un segundo plano o suplantarlo por una instancia provisional y transitoria.
  • Puede generar una polarización política y social mayor, al crear expectativas y demandas que no puedan ser satisfechas o que generen resistencias y rechazos de otros sectores de la sociedad.
  • Puede retrasar o entorpecer la implementación de los acuerdos de paz, al desviar la atención y los recursos hacia una reforma constitucional que no es necesariamente esencial para la consolidación de la paz.

Las anteriores, son solo algunos ejemplos, de las posibles lecturas que se le puede dar al uso de la simbología del M-19 por parte del Presidente, así como de las críticas y reacciones que pueden suscitar.  No debe dejarse de lado que el empleo de símbolos no es neutro.  Los símbolos son mucho más que imágenes o signos, son portadores de significados profundos, algunas veces escondidos en el inconsciente social de la ciudadanía, que trascienden el tiempo y el espacio. Pueden transmitir mensajes explícitos o implícitos, y pueden evocar emociones, actitudes o valores, pero también pueden provocar conflicto, rechazo o controversia, dependiendo de quien los interprete.

En un contexto de posconflicto, donde la sociedad está tratando de superar las heridas y las divisiones del pasado, hay que tener cuidado en el uso de símbolos políticos.  Los símbolos pueden ser una herramienta para promover la reconciliación, el reconocimiento y la inclusión, pero también pueden generar polarización, rencor y exclusión, si no se usan con responsabilidad y sensibilidad. Se debe evitar el uso de símbolos que puedan interpretarse como una apropiación indebida o una manipulación de la memoria histórica. En su lugar, se debe buscar el uso de símbolos que reflejen los valores democráticos, la diversidad y el respeto por los derechos humanos, y que contribuyan a la construcción de una cultura de paz.

[1] https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/aclaracion-sobre-el-reconocimiento-del-sombrero-de-carlos-pizarro.aspx

[2] https://www.infobae.com/colombia/2024/05/01/petro-saco-la-bandera-del-m-19-y-envio-contundente-mensaje-no-se-esconde-se-levanta/

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Marcela Anzola

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Marcela Anzola

* Abogada de la Universidad Externado de Colombia, LL. M. de la Universidad de Heidelberg y de la Universidad de Miami, Lic. OEC. INT. de la Universidad de Konstanz, Ph. D en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, consultora independiente.

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El mensaje de Kylian Mbappé que generó solidaridad, controversia y en algunos casos rechazo fue tan claro, pertinente y contundente. Francia se encuentra en un momento crítico de su historia, sólo comparable con la segunda vuelta de la elección presidencial de 2002. En ese momento y por primera vez en la historia contemporánea, la extrema derecha francesa tuvo la chance real de acceder al poder, con un agravante mayor pues se trata de uno de los centros del discurso europeo pro derechos humanos, pluralismo y multiculturalidad. Todos anti valores para una derecha nacionalista, xenófoba y cada vez más reaccionaria.

Como ahora, en ese entonces y ante el desconcierto por la llegada Jean-Marie Le Pen del entonces Frente Nacional (hoy Reagrupamiento Nacional) al balotaje en lugar del favorito Lionel Jospin (socialista), todo el país se unió alrededor de Jacques Chirac para evitar una catástrofe democrática. Con la sorpresiva decisión de Emmanuel Macron de adelantar la elección de la Asamblea Nacional, tras el mal resultado de su partido, el país vivirá uno de los comicios más relevantes y riesgosos de su historia. De acuerdo con el régimen semi-presidencial francés el partido que obtenga mayoría de la elección legislativa tendrá la potestad de ubicar un primer ministro. Por esta condición, Francia ha vivido tres “cohabitaciones” es decir premier y presidente de distintos colores políticos; entre 1986 y 1989 François Mitterrand del Partido Socialista con Jacques Chirac (Agrupación por la República de derecha); Mitterrand y Eduard Balladur (mismo partido de Chirac) entre 1993 y 1995 y Chirac y Leonel Jospin (Partido Socialista) entre 1997 y 2002.  Hasta ahora, sólo hemos observado la figura entre centro derecha e izquierda, por lo que de obtener una mayoría en las elecciones del 30 de junio y 7 de julio (primera y segunda vuelta respectivamente) el partido Reagrupamiento Nacional de extrema derecha, podría poner como primer ministro a Jordan Bardella, una ruptura con una extensa historia de republicanismo y el empoderamiento de un discurso anti-derechos con efectos nefastos sobre el discurso europeo.

Se trata de un momento crítico de la historia y reconocerlo no implica fatalismos ni catastrofismos sino la certeza de que, tras el Brexit en 2016, quedó claro que un sector en pleno crecimiento de la extrema derecha tiene la posibilidad de acabar con el proceso de construcción europea que ha tomado más de medio siglo y no puede darse por descontado. Las declaraciones de Kylian Mbappé no son de ninguna forma una atribución desbordada o un aprovechamiento ilegítimo para participar en política. Significan que todos los sectores de la sociedad están llamados a defender los valores democráticos y a entender que todas las posturas políticas son válidas, salvo aquéllas que ponen en riesgo la pluralidad (paradoja de la tolerancia de Karl Popper). En contraste al discurso valiente de Mbappé que recuerda las posturas de Sócrates, Tomasi, Ovelar, Maradona o Menotti, Unai Simón de la selección española refleja buena parte de la postura de una sociedad o bien clasista que no entiende que un deportista pueda opinar sobre un tema que se piensa monopolio de expertos; y negacionista pues no quiere ver los riesgos patentes por el ascenso de ideologías contrarias a los valores europeos.

Ha hecho lo correcto el futbolista de la selección francesa, con ello ha dado una lección de consistencia en especial a políticos del centro que confunden la mesura con la apatía. Ojalá cuando lo entiendan no sea tarde.

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Mauricio Jaramillo-Jassir

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Mauricio Jaramillo-Jassir

* Profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, autor del libro Anatomía heterodoxa del populismo. Editorial de la U. del Rosario.

Foto: Ministerio de Agricultura

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Fallo contra Chiquita Brands: valioso pero insuficiente

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ARTE Y CULTURA

TV or not to be: el legado de la televisión en Colombia

Lo que está por fuera está muy adentro: quienes hoy ven más televisión son las clases populares, pero quienes la producen son los privados y quienes tienen más privilegios. Aunque siempre fue así, no siempre fue igual. Expone Juan David Correa Ulloa

POETAS COLOMBIANAS

Poetas colombianas. Maruja Vieira.

Esta semana Razón Pública y Diego Arboleda (@elrinconruso) presentan el segundo poema de este especial: “El nombre de antes”.

De un viejo a otro

De un viejo a otro

Caricatura de @B&B

MEMES RAZÓN PÚBLICA

Día del padre

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RazonPublica

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RazonPublica

De un viejo a otro

Foto: Ministerio de Agricultura

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El fallo contra Chiquita Brands por haber financiado el paramilitarismo tiene un poder simbólico valioso, pero es insuficiente, excepcional y lejano.

Helber A. Noguera Sánchez*

Las 4 caras del fallo

El fallo judicial contra la multinacional bananera Chiquita Brands International, Inc. es valioso en tanto establece la responsabilidad civil de la empresa por haber financiado a grupos paramilitares en el Urabá. Es insuficiente porque apenas responde a las demandas de justicia de nueve familias, que lograron acceder a la administración de justicia estadounidense. 

Además, es excepcional porque representa un porcentaje exiguo de las víctimas de los crímenes perpetuados por los paramilitares, realizados gracias a la financiación de la empresa. 

Finalmente, es lejano en tanto es un fallo judicial proferido fuera de Colombia – como sucede con otros muchos casos (Vbr. Corte Interamericana de Derechos Humanos) -, que determina la responsabilidad de empresas en el financiamiento de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra líderes sociales, campesinos, indígenas y civiles, así como otras violaciones a los derechos humanos por parte de los grupos paramilitares.

El fallo

Los pagos no eran “por protección” sino en el marco de una colaboración periódica conocida por los directivos de la empresa estadounidense.

Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica - En 2007 admitió ante un tribunal federal haber pagado 1,7 millones de dólares a las AUC, alegando que fue para proteger a sus trabajadores.

Después de 17 años de litigio en EEUU y las múltiples estrategias de la empresa para desestimar los cargos, la justicia civil estadounidense estableció, mediante fallo judicial, que la multinacional pagó 1,7 millones de dólares al paramilitarismo, entre 1997 y 2004. 

Estableció que los pagos no eran “por protección” sino en el marco de una colaboración periódica conocida por los directivos de la empresa estadounidense. Los fiscales federales llegaron a expresar en el juicio que Chiquita Brands obtuvo USD 49,4 millones de beneficios de sus operaciones en Colombia entre 1997 y 2004.

Este fallo ordenó el pago de indemnizaciones de entre 2 y 2,7 millones, beneficiando a ocho de las nueve familias demandantes, que por ahora no recibirán el pago en tanto la empresa anunció la apelación de la decisión. No obstante, se esperan fallos similares en casos a juzgar en el devenir. Son cientos las familias demandantes contra la misma empresa en EE.UU.

El fallo no debería ser sorpresivo

No es menester ir hasta la masacre de las bananeras para soportar la relación de algunas empresas con las graves violaciones a los DDHH. El caso de Chiquita Brands (antigua United Fruit Company) no es excepcional. 

La lista es muy larga. Solamente en lo que tiene que ver con el proceso especial de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) hubo más 17 mil compulsas de copias a la Fiscalía General de la Nación, donde apenas tienen abiertas 2.300 investigaciones por las versiones de los paramilitares sobre las alianzas con empresas en todo el país. 

En 2007, la empresa bananera fue investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y admitió ante un tribunal federal haber pagado 1,7 millones de dólares a las AUC, alegando que fue para proteger a sus trabajadores. Las autoridades estadounidenses le impusieron una multa de 25 millones de dólares, pero este dinero no fue destinado a las víctimas.

Además de los procesos judiciales en Colombia y EEUU, son sendas las investigaciones académicas, denuncias de organizaciones de la sociedad civil, de las comunidades y víctimas que han documentado las alianzas entre empresas bananeras y palmicultoras – entre otras – con el paramilitarismo en Urabá y otras regiones del país. 

Un texto hito es “La economía de los paramilitares. Redes de corrupción, negocios y política”, escrito por Mauricio Romero Vidal y publicado por Editorial Debate en 2011. Más recientemente también han aparecido los informes de organizaciones como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

¿Y qué pasa con la justicia en Colombia?

En particular, frente a Chiquita Brands en materia penal, en Colombia se avanza muy lentamente en el juicio contra diez exdirectivos de C.I. Banadex, Banadex S.A. y Banacol S.A. 

Los representantes de las víctimas han expresado su preocupación por el alto riesgo de presentarse prescripciones a la acción penal que deriven en la impunidad de los casos. Respecto de directivos de otras empresas vinculadas con los hechos, los avances en las investigaciones son etéreos.

Se espera que con ocasión de la renovación y despolitización en la Fiscalía General de la Nación, se avance con casos igualmente graves, como aquellos contra multinacionales como la Drummond, Coca-Cola, empresas palmicultoras, ganaderas, reforestadoras y de la industria extractiva; estos últimos, principales opositores en los procesos de restitución de tierras. 

Como se mencionó supra, la Fiscalía debe impulsar las investigaciones con ocasión de las compulsas de copias de Justicia y Paz recaudando material probatorio y llevando a los jueces las acusaciones contra directivos, determinadores y máximos responsables.

En el marco de la justicia transicional penal, la JEP tiene competencia respecto de terceros cuando estos acuden de manera voluntaria. No obstante, en el marco del macrocaso 04, de la situación territorial de Urabá, el avance no se concreta en decisiones de fondo. 

La decisión contra Chiquita Brands exhorta en la necesidad de avanzar y movilizar la adopción del tratado vinculante sobre empresas y DDHH que se debate en la sede de la Organización de la Naciones Unidas.

A pesar del caudal probatorio recolectado y analizado, los representantes de las víctimas expresan ausencia de aportes y compromisos de los comparecientes voluntarios y de los integrantes de la fuerza pública y ausencia de decisiones de la magistratura para activar el régimen de condicionalidad o compulsar copias a la justicia ordinaria, entre otras. 

Por otra parte, no son pocas las demandas contra el Estado vía contencioso administrativo que se encuentran pendientes de fallo en el Consejo de Estado. Ello, a pesar de las décadas de espera de las víctimas para que se declare la responsabilidad de la administración por acción u omisión y se ordene la reparación integral a su favor.

Para Colombia, la decisión contra Chiquita Brands exhorta en la necesidad de avanzar y movilizar la adopción del tratado vinculante sobre empresas y DDHH que se debate en la sede de la Organización de la Naciones Unidas; y también, vía legislativa y reglamentaria, incorporar en la normatividad interna sus contenidos.

Además, el fallo implica y exhorta a las empresas a reconocer su responsabilidad en escenarios judiciales y extrajudiciales; expresar sus alianzas con funcionarios públicos, altos mandos militares y redes de apoyo transnacional; a revertir los actos y negocios jurídicos que se beneficiaron de apoyos y colaboraciones con grupos armados; a reparar a las víctimas de manera integral, abandonando prácticas en el litigio dilatorias y desgastantes; y potencializar su credibilidad en los mercados a partir de la verdad, la reparación integral y  las garantías de no repetición.

Por último, a pesar de que el fallo se circunscribe a hechos del pasado, el país no debe perder de vista la situación de Urabá hoy, con una paz por seguir construyendo con un movimiento social, campesino y étnico que se mantiene en la reivindicación de sus derechos territoriales. Además, hay que tener en cuenta la presencia y accionar del llamado Clan de Golfo – grupo armado sucesor del paramilitarismo – y los ejercicios de exploración con el Gobierno Nacional, en el marco de la política de paz total.

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Helber Noguera

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Helber Noguera

* Docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Santo Tomás en materia de justicia transicional y agraria.

Foto: Televisor

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Lo que está por fuera está muy adentro: quienes hoy ven más televisión son las clases populares, pero quienes la producen son los privados y quienes tienen más privilegios. Aunque siempre fue así, no siempre fue igual.

Juan David Correa Ulloa*

Televisando a una nación

La historia de la televisión en Colombia está ligada a lo público desde el 13 de junio de 1954, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla como presidente de la república emitió la primera señal y apareció en ella. Sin embargo, hoy, a setenta años de creada, podemos ver que no siempre fue así y quizá valga la pena pensar y discutir por qué debería seguir siendo como es actualmente.

En aquella década, como se recordará, a pesar del pacto de olvido que se cernió sobre la Violencia interpartidista, que ensombreció al país e inició el extravío nacional de guerra que aún no cesa, la radio y la televisión tejieron las primeras representaciones de unidad nacional al tenor de eventos como la Vuelta a Colombia en bicicleta y la época de oro del fútbol colombiano, o los reinados nacionales de belleza.

Todos estos eventos deportivos y culturales eran proyectados por locutores históricos como Carlos Arturo Rueda o Julio Arrastía, entre otros, quienes dictaban en vivo verdaderas cátedras de geografía y de culturas regionales desde los transmóviles que acompañaban a los pedalistas por los aún empedrados «premios de montaña» del país.

Los inicios de la televisión nos marcaron con programas tan icónicos como Yo y tú o Don Chinche, verdaderas representaciones tan artísticas como sociológicas sobre nuestras realidades familiares y vecinales; Naturalia, desde el cual Gloria Valencia de Castaño ilustró al país sobre el naciente concepto del medio ambiente; o Revivamos nuestra historia, entre muchos otros de humor y de folclor nacional.

También hubo empeños educativos y culturales que incluyeron emisiones sostenidas como las del Canal 3, cuyo primer eslogan fue «Capacitación popular: palanca del progreso», ya avanzados los años sesenta, cuando el presidente Carlos Lleras Restrepo dictó en vivo una clase sobre su política de integración popular, e inauguró una etapa de masificación educativa y cultural.

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De la televisión popular al mercado del entretenimiento

El montaje de la red alcanzó dimensiones épicas de encuentros entre técnicos, trabajadores, campesinos e indígenas como los de la Sierra Nevada de Santa Marta, cuyo cerro Kennedy aún encarna como un hito el recuerdo de ese empeño educativo y cultural público, como lo ha sido el cerro Manjui, cerca de Bogotá.

Foto: Ministerio de Cultura

Alrededor de dicha masificación concurrieron, entre muchos otros, actores como universidades, instituciones públicas como el SENA, sindicatos como Fecode, la ctc, la utc y hasta la Asociación Colombiana de Trabajadores de la Televisión (acotv), cuya huelga en 1973 se constituyó en un hito de fortalecimiento del Instituto Nacional de Radio y Televisión (Inravisión), y cuyos programas del primero de mayo hicieron historia durante la mayor parte de la década siguiente.

Esa concurrencia expresó de algún modo lo que se había configurado en la construcción de la red nacional de transmisión de televisión, constituida por antenas repetidoras en los principales picos andinos del país.

El montaje de la red alcanzó dimensiones épicas de encuentros entre técnicos, trabajadores, campesinos e indígenas como los de la Sierra Nevada de Santa Marta, cuyo cerro Kennedy aún encarna como un hito el recuerdo de ese empeño educativo y cultural público, como lo ha sido el cerro Manjui, cerca de Bogotá.

Con la adopción de la televisión a color, cuya producción se privatizó en los años setenta en medio de luchas sindicales y de los trabajadores de la televisión en defensa de lo público y de la cultura como un bien común, y la sustitución de aquella red nacional por la tv por satélite, también privatizada, empezó el desplazamiento de aquellas dimensiones educativas, culturales y de integración popular y nacional.

Ese lugar lo empezó a ocupar el mercado de lo que en su momento se llamó «enlatados», para denotar la forma física como circularon los primeros programas mercantiles y publicitarios que invadieron el país desde los grandes grupos mediáticos del mercado estadounidense, dejando atrás los programas culturales que aportaban las embajadas europeas y de otras latitudes, dentro de aquella concurrencia de inclusión social nacional.

De este modo, entre tensiones de mercado y de función pública, construcciones tecnológicas y luchas obreras sociales y culturales, la televisión en el país se abismó en el mundo de la sociedad de consumo, de la publicidad y de la acumulación capitalista, en cuya cima acabó sucumbiendo Inravisión, que había sido creado desde 1964, para ser finalmente liquidado en 2004.

Después de setenta años de televisión

Ya entrado el siglo xxi, se consolidó un proceso que, desde 1991     , el lúcido investigador del Canal 3, dirigente de acotv, Milcíades Vizcaíno, había anunciado como «los falsos dilemas de nuestra televisión. Una mirada tras la pantalla».

En su libro del mismo título, coeditado por el Centro de Estudios de Realidad Colombiana (Cerec) y el sindicato de Inravisión, explicó el inicio de la hegemonía neoliberal en torno al desmantelamiento de lo público que se instaló en el país desde entonces:

Todo esto lleva a concebir la televisión como una forma de entretenimiento más que de formación y de información, que debe ser prestado por un sector conformado por las organizaciones empresariales aliadas al Estado, en el supuesto de que solo ellas le aseguran su permanencia y le dan su legitimidad. Pero de paso está coartándose la presencia de otros sectores que podrían expresarse a través de un medio masivo y de hondas repercusiones en la sociedad. […] Bien decía Mario Laserna en una discusión sobre el manejo de la televisión por parte del Estado y sobre la introducción de la publicidad en el medio, desde inicios de los años sesenta: «El desarrollo tecnológico ha producido una nueva profesión muy lucrativa y muy peligrosa, por cierto: la de los manipuladores de los sentimientos, de los instintos, de las emociones de los demás. ¿Puede un Estado, debe un gobierno permitir que el instrumento más eficaz de persuasión, de influenciar a las personas, que hasta ahora se conoce, caiga en manos del gremio de cosificadores del hombre? ¿Que el Estado no sabe manejar la televisión? Pues cambiemos de Estado, pero no entreguemos el hombre a sus victimarios. ¿Que la propaganda comercial es necesaria para activar la vida económica? Muy bien. Pero que la vida económica, que el consumo estén al servicio del hombre, y no el hombre al servicio del consumo…»

Así, a setenta años de creada la televisión en el país, en la memoria histórica se conservan la valoración y la importancia de la dimensión pública del espectro electromagnético; de la construcción social de ese bien común que debe ser un instituto nacional de radio y televisión, y del acervo de conocimiento, saberes, formas culturales y de pensamiento crítico propios de quienes forjaron ese espacio público por excelencia que es el de la comunicación.

Se enfrentan, como todos, a ese dilema shakesperiano que, de modo ilustrativo, y si se quiere irónico, hemos propuesto al inicio de esta nota editorial: «tv or not to be».

*Este texto aparecerá pronto en la revista Gaceta, en una edición dedicada a los 70 años de la televisión en Colombia

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Juan David Correa Ulloa

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Juan David Correa Ulloa

*Ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia.

Foto: Parlamento Europeo

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No es verdad que la extrema derecha sea mayoría en el Parlamento Europeo, pero sí han ganado una importante relevancia política en las últimas elecciones, reforzando discursos que recuerdan al fascismo.

Andrea Arango Gutiérrez*

Elecciones en Europa

El fin de semana pasado, los europeos eligieron a sus 720 eurodiputados. En estas elecciones, la extrema derecha pasó de ser una fuerza marginal al obtener 180 diputados en el Parlamento Europeo.

Este hecho evidencia que estamos en una trayectoria ascendente que comenzó con el Brexit en el 2016 y que se está profundizando hasta ocupar cargos de poder y representación, transformando los valores occidentales y las realidades materiales de Europa y de las Américas. 

Si tenemos en cuenta que la pasada ola autocrática en occidente (1930-1945) dejó totalitarismos, fascismos, genocidios y la segunda guerra mundial, debemos estar alerta para identificar este fenómeno y prevenir su ascenso. Más ahora, cuando esta nueva ola autocrática apenas está creciendo y aún no ha llegado a su pico, por lo que no conocemos completamente su capacidad de despliegue.

Los Conservadores y Reformistas Europeos (CRE), el Partido de Identidad y Democracia (ID), junto con representantes no inscritos que se identifican con la extrema derecha, configuran el 47% del Parlamento Europeo

Estas fuerzas crecen con un discurso anti-europeísta y representa una amenaza para el modelo de integración continental que defiende los valores democrático-liberales y cosmopolitas de carácter progresista. 

Si bien es cierto que no han logrado la mayoría, ya que los europeístas juntos suman el 63% del parlamento y cuentan con un partido mayoritario de 186 eurodiputados agrupados en el Partido Popular Europeo de centro derecha, estas mayorías sí se ven cada vez más forzadas a tener en cuenta a la contraparte para negociar y poder tomar decisiones colectivas.

Lo que cambia para la extrema derecha

La extrema derecha, antes outsiders de la esfera pública en Europa, estaban obligados a usar la discreción para defender sus ideales, como lo advertía el fundador del Partido Vox, José Antonio Ortega, en su evento de Europa Viva ‘24 el domingo 19 de mayo. 

Estos liderazgos, que cuentan con un creciente apoyo electoral, son abiertamente anti-liberales, anti-izquierdistas, nativistas o nacionalistas, anti-islamistas o xenófobos.

Foto: Parlamento Europeo - El gran éxito de la extrema derecha, más que arrasar en las elecciones, lo que aún no ocurre, se mide por tres elementos.

Sin embargo, el triunfo electoral en los cargos de dirección en países como Hungría (2010), Estados Unidos (2016), Polonia (2017), Colombia (2018), Brasil (2018), El Salvador (2019), Reino Unido (2019), Italia (2022), Ecuador (2023) y Argentina (2023) les ha permitido empoderarse y aclarar públicamente sus posiciones ideológicas: las cuales son cada vez más cercanas al fascismo.

Estos liderazgos, que cuentan con un creciente apoyo electoral, son abiertamente anti-liberales, anti-izquierdistas, nativistas o nacionalistas, anti-islamistas o xenófobos; características propias del viejo fascismo (un argumento que ya desarrollé a profundidad en otro espacio). 

Así mismo, aunque no son abiertamente machistas, como los fascistas que defendían la dominación masculina, sí defienden los valores tradicionales de la familia, por lo que se oponen al aborto y al enfoque de género. 

En esa medida, las extremas derechas están en contra de la expansividad de los derechos sociales por los que lucha la izquierda y de la progresividad de derechos individuales que defienden los liberales. 

Aun cuando ese paquete de ideales es claramente de derecha y de extrema derecha, dividen a la sociedad en facciones en las que unas merecen más que otras, y en donde los migrantes musulmanes deben ser expulsados, como lo hizo el nazismo con los judíos en Alemania. 

Las extremas derechas han aprendido a usar estrategias discursivas propias del populismo para captar el caudal electoral de la izquierda, pero la ejecución de sus políticas no beneficia a los sectores populares, como lo anuncian en campaña. 

En la crítica a las élites globalistas “woke”, usan al pueblo para beneficiar a las multinacionales. Además, el trato de la burocracia transnacional como “relatores de la ONU” no es realmente una crítica al neoliberalismo ni al sistema capitalista, para que en efecto se atiendan las necesidades de las personas más empobrecidas. 

Esa crítica es mera demagogia en contra del paquete completo que es la globalización económica y la cultural con sus ideas progresistas. Esta estrategia discursiva aumenta la polarización en épocas electorales, de modo que les permite ganar en las urnas. 

Ya que la extrema derecha ha ocupado cargos de decisión y ha demostrado con su gestión pública resultados medibles, es evidente que la crítica a las élites globalistas no pretende disminuir las desigualdades materiales.

De hecho, contrastando a Trump con Obama, siendo este último un liberal demócrata, ni populista y menos fascista, Obama fue capaz de crear más empleos justo después de la crisis más grande del sistema capitalista, más que Trump antes de la pandemia. Lo mismo ocurre con Giorgia Meloni en Italia, quien habla en contra de las élites de la cual ella hace parte y a la que no pretende afectar con políticas fiscales. 

Todo esto da cuenta que la extrema derecha no es populista, pero sí es fascista. Aun así, sus cantos de sirena sí logran convencer a los votantes de izquierda inconformes con el sistema global capitalista. 

La derecha del presente y la del pasado

Sin embargo, no se puede decir que estas extremas derechas que configuran la nueva ola autocrática sean idénticas a las viejas derechas fascistas de la pasada ola. Hay mucha agua que ha corrido debajo del puente desde el fin de la segunda guerra mundial y hay elementos adicionales propios del contexto de la globalización y de la cuarta revolución industrial que aportan novedades tales como:  

  • El nacionalismo anti-inmigración como respuesta a la ola de migraciones desde países musulmanes; y con ello una reivindicación de los valores religiosos judeocristianos.
  • El uso de lenguaje emotivo y de “sentido común” a través de las redes sociales de forma creativa, ligera y de fácil acceso, para una población mundial que es analfabeta digital.
  • El uso de burbujas informativas y bots para radicalizar las diferencias en las redes sociales.
  • La espectacularización de la política y la rebeldía contra el establecimiento cosmopolita, lo que atrae mucho a la población joven.
  • La creación de noticias falsas y la negación de la evidencia científica y empírica (Por ejemplo, la negación del pasado histórico autocrático, del cambio climático y de las vacunas como forma de detener los virus).
  • El uso del concepto de “libertad” para criticar la estructura burocrática del Estado de Derecho, que es la garantía de los derechos civiles y sociales, y para criticar la expansión del Estado por cuenta de las políticas restaurativas y afirmativas que buscan corregir las injusticias contra grupos históricamente excluidos (Mujeres y minorías).  
  • La estrategia discursiva propia de la izquierda populista, que critica las élites globales y las castas políticas en favor de la clase trabajadora empobrecida. Discurso que promete beneficios económicos pero que no se traduce en políticas progresivas reales. 
  • La disputa cultural gramsciana, al servicio de la derecha, como una lucha contrahegemónica desde la sociedad para ir ganando terreno hasta ocupar los cargos de decisión pública e intentar convertirse de nuevo en fuerza hegemónica.

Así ganó terreno la extrema derecha

Todo lo que da licencia a lo políticamente incorrecto hasta convertirlo en aceptable, como dejar morir migrantes en el mar, separar familias y encarcelar personas sin el debido proceso.

El gran éxito de la extrema derecha, más que arrasar en las elecciones, lo que aún no ocurre, se mide por tres elementos: 

  1. Persuadir al centro, al centro izquierda y centro derecha de escucharles e incluir sus reclamos en la gestión de lo público. Tanto así, que han derrotado a la izquierda y han dejado vacío el centro político.
  2. Cooptar el electorado de izquierda, que se encuentra desilusionado con la gestión de sus representantes en los cargos de decisión, principalmente en Europa que sí han ocupado mayoritariamente cargos con incidencia (se elitizaron) y no han sido capaces de beneficiar a la izquierda popular económicamente. 
  3. Empoderar a las personas afectadas por las desigualdades propias del sistema capitalista en su fase financiera, para que dirijan sus inconformidades, no en contra de los principales generadores de esas desigualdades, sino en contra de personas aún más desfavorecidas que ellos: los migrantes o sus compatriotas pobres, para que sean expulsados o encarcelados. 

Todo lo que da licencia a lo políticamente incorrecto hasta convertirlo en aceptable, como dejar morir migrantes en el mar, separar familias y encarcelar personas sin el debido proceso. 

Esta licencia moral es un cambio cultural que no se queda en opiniones y votos, sino que se expresa en la calle en manifestaciones públicas cada vez más violentas, como las que vimos en la Norteamérica de Trump y ahora en Francia también.

Ha sido tan exitoso el auge de las agendas de la extrema derecha, no solo en Europa sino también en América Latina, en donde no tuvimos la experiencia fascista clásica, que políticos de izquierda y progresista están adoptando el discurso xenófobo anti-inmigración y contemplando salidas punitivistas, como las de El Salvador de Bukele, para seguir vigentes en las urnas: tal como lo está haciendo Evo Morales en Ecuador, Gabriel Boric en Chile y Claudia López en Colombia, para posicionarse en las elecciones del 2026.

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Andrea Arango Gutierrez

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Andrea Arango Gutierrez

*Docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, magíster en Ciencia Política de San Diego State University y politóloga de la Universidad de Antioquia.

Foto: Ministerio de Hacienda

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El Gobierno nacional enfrenta el enorme reto de recortar el gasto público. No se está logrando recaudar en impuestos lo proyectado en el Presupuesto General de la Nación para 2024. El ministro de Hacienda pretende recortar 20 billones de pesos para ajustar ingresos y gastos.

Diego Cortés Valencia*

¿Cómo se llegó a este punto?

Entre enero y abril de 2024, la DIAN ha recaudado 85,9 billones de pesos. En términos reales (teniendo en cuenta la inflación) esto significa una reducción del 16,3% con respecto a los mismos meses del año 2023.

No es el primer año con caída de recaudo durante estos meses. De hecho, se han observado caídas de recaudo en los años 2002, 2007, 2009, 2010, 2013, 2015, 2016 y 2020. Cada uno ha coincidido con crisis económicas nacionales e internacionales, caídas de precios internacionales del petróleo y la pandemia del año 2020. Sin embargo, ninguna caída en recaudo había sido tan fuerte como la observada en el año 2024.

Para mayo el recaudo de impuestos fue el más alto con respecto al PIB en la historia. Sin embargo, esto no es ningún mérito concreto.

Al detallar la información, las caídas más relevantes son en impuesto de renta (-25,5%), IVA externo (-28,2%) y aranceles (-21,9%) por menos importaciones, y retención de IVA nacional (-10,8%). Sin embargo, en términos de proporción sobre el total del recaudo, los más relevantes son renta (48% del total del recaudo en 2024) e IVA externo (12%).

El ex director de la DIAN y nuevo ministro de comercio dice que para mayo el recaudo de impuestos fue el más alto con respecto al PIB en la historia. Sin embargo, esto no es ningún mérito concreto. Venimos de dos reformas tributarias seguidas, una en el 2021 con el gobierno Duque y otra en 2022 con el gobierno Petro. Ambas reformas han subido los impuestos y, en proporción al PIB, siempre incrementarán. Por lo tanto, no es relevante esta comparación y menos en un contexto de crecimiento mediocre del PIB nacional.

Es posible notar que el impacto en el recaudo se encuentra en el bajo crecimiento económico del año 2023 y del primer trimestre de 2024. En los últimos 4 trimestres, el crecimiento anual del PIB ha sido en promedio 0,1% en términos reales. Estos resultados impactan en la renta y también explica la caída de recaudo en IVA y aranceles de las importaciones. 

Lo anterior se suma a que no fue posible recaudar lo esperado por litigios por falta de trámite en el Congreso del proyecto de ley. Esto debía ser impulsado por el ministro de Hacienda y no hubo un interés real en cabildear el proyecto. Además, en la Corte Constitucional, se han caído impuestos de la última reforma tributaria como la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta para empresas minero-energéticas, con impactos de cerca de 6,7 billones de pesos menos en impuestos, según el Ministerio de Hacienda.

Por cuenta de la Regla Fiscal y el límite del nivel de endeudamiento del país, no hay mayor intención de incrementar la deuda para cubrir el faltante del año 2024. Por esto, el ministro de Hacienda recurrió a un recorte general del 5,6% en todas las carteras del Presupuesto General de la Nación, para así lograr la meta de reducción del presupuesto en 20 billones de pesos. Será un recorte general a todos los sectores, sin diferenciar dónde puede impactar de manera más grave este recorte.

Los recortes

El presupuesto del año 2024 fue aprobado por un monto de 503,2 billones de pesos, que superó el presupuesto del año 2023 en un 13,2% (precios reales). Para lograr la reducción del presupuesto en 20 billones, se debe recortar en todos los sectores, excepto en el servicio de deuda nacional (equivalente a $61,5 billones de pesos).

Los recortes, según el gobierno, no tocarán el gasto social y tampoco pueden impactar costos fijos de funcionamiento, como los salarios de servidores públicos. El ministro Bonilla explicó que serán $11 billones de pesos en funcionamiento y $9 billones en inversión. En funcionamiento se impactará el número de contratistas, que representan una parte central de las y los trabajadores del Estado, además de la compra de bienes y servicios. El recorte en inversión pública limita las capacidades de ampliación del Estado para garantizar derechos como la salud y la educación.

Sectores que ya habían tenido una reducción de ingresos en 2024 tendrán un golpe aún mayor: las TIC (-27,7%), ambiente (-21,7%), planeación (-23,1%) y ciencia, tecnología e innovación (-25,8%). Otros sectores que tenían un aumento presupuestal bajo ahora tendrán reducción presupuestal: defensa y Policía (-1,9%), transporte (-5,6%) y relaciones exteriores (-1%).

Estos recortes impactarán mucho más sobre la inversión del país, que ha tenido caídas durante todo el año 2023 y el primer trimestre de 2024. En crecimiento anual, la inversión ha caído -23,8% en promedio durante 2023 y 2024 y el Estado no tiene herramientas para promover políticas contra cíclicas que permitan reactivar la economía.

La encrucijada

Limitar en 20 billones de pesos el gasto del gobierno es también reducir la capacidad de impacto del Estado para reactivar la inversión y el consumo en el país, que ya se encuentra altamente deteriorada.

El Gobierno ya decidió recortar el presupuesto de manera general. Esto es práctico porque es un recorte igual en todos los sectores. Sin embargo, es un error porque no todo gasto público es igual; existen sectores con mayor impacto en la generación de empleo y crecimiento económico que podrían priorizarse con una evaluación más detallada del ajuste.

Limitar en 20 billones de pesos el gasto del gobierno es también reducir la capacidad de impacto del Estado para reactivar la inversión y el consumo en el país, que ya se encuentra altamente deteriorada. El descontento social que se vive en el país, por razones como el servicio de salud del Magisterio, el incumplimiento a las y los campesinos que movilizará a la ANUC y las promesas sin cumplir en materia de educación inicial, básica, media y superior, no podrá ser atendido por incapacidad material de falta de recursos.

Se hicieron promesas en campaña que no son posibles de cumplir sin reformar aspectos centrales de la economía, como la Regla Fiscal. El Gobierno no ha podido avanzar en esta materia y, por el contrario, se han caído en la Corte Constitucional artículos de su última reforma tributaria. Es un grave panorama en medio de un descontento generalizado por el incumplimiento del Gobierno nacional.

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Diego Cortes Valencia

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Diego Cortes Valencia

*Economista y Magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.

Foto: Instituto Distrital de Turismo

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El turismo es clave en la diversificación económica y la transición energética en Colombia. Conozca su potencial en la reducción de las desigualdades regionales, entre otras problemáticas.

Fernando Guerra Rincón*

El turismo y la economía global

Viajar siempre ha estado ligado a la experiencia humana sobre la tierra. La curiosidad por conocer ha llevado al hombre a explorar desde lo más profundo de los mares hasta los puntos más recónditos del cosmos. Jamás dejaremos de viajar.

Aunque las máquinas, en apariencia, han configurado un mundo mucho más libre, el turismo ha sido crucial para satisfacer nuestra necesidad por conocer diversas culturas. En consecuencia, la actividad turística se convirtió en un instrumento de desarrollo económico y promoción social a nivel global. Un país como Colombia, a pesar de sus dificultades, tiene allí una gran oportunidad. 

De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), el turismo es “un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios”. 

Además, es un indicador económico del nivel de vida de una sociedad, una importante fuente de ingresos para las economías, un motor del crecimiento regional y un instrumento fundamental para reducir las desigualdades entre el centro y la periferia.

En 2023, la actividad turística contribuyó con 9 billones de dólares a la economía mundial. Francia, el principal destino de turismo internacional, recibió 89 millones de visitantes. España atrajo a 84 millones y Estados Unidos a 79 millones, de los cuales 56 millones visitaron solo Nueva York. Por su parte, México recibió 49 millones de turistas.

En Colombia, el turismo ha cobrado importancia en la economía nacional y en diversas regiones con atractivos turísticos. Sin embargo, enfrenta desafíos como la percepción de inseguridad, la falta de infraestructura, vías terciarias deficientes y una baja competitividad.

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 2002, el número de turistas internacionales fue de 1,1 millones. En 2009 alcanzó los 2,5 millones, lo que representa un incremento del 127% en menos de una década. Durante el mismo período, la entrada de divisas aumentó de 1,2 a 2,6 mil millones de dólares.

También, la tasa de ocupación hotelera promedio y la oferta de cuartos han aumentado constantemente: 52,7% en 2010; 58,3% en 2011; 60,1% en 2012 (COTELCO, 2015). En los últimos ocho años, la llegada de turistas extranjeros al país creció en un 62%.

Según el Banco de la República, los ingresos de divisas al país por concepto de transporte aéreo fueron de 9.000 millones de dólares en 2023, lo que representa un incremento del 22,4% en comparación con 2022. En 2023, Colombia recibió 5.869.869 visitantes no residentes, una cifra que supera en un 173% la de 2021.

Para 2024, se espera la llegada de 6,02 millones de personas, un 4,3% más que el año anterior, lo que representaría ingresos por 19.200 millones de dólares, un aumento del 14,5% en comparación con los niveles de 2019. Para 2034, se proyectan ingresos de 26.000 millones de dólares, equivalentes al 5,3% del PIB nacional.

Interdependencias regionales

En 2023, 1,75 millones de colombianos optaron por explorar los encantos nacionales, generando un aumento del 25% en el turismo respecto al año anterior. Bogotá recibió 998,910 turistas extranjeros durante ese año, casi el doble de los visitantes que recibieron Antioquia (589,606) y Bolívar (565,357).

Según el Instituto Distrital de Turismo, la capital de Colombia atrajo a 12,347,876 visitantes en 2023, un incremento del 10% comparado con 2022. La ciudad cuenta con una amplia infraestructura que incluye más de 15,000 restaurantes, 10,000 bares y establecimientos nocturnos, y 700 hoteles. Estas cifras destacan la magnitud del sector y sus efectos multiplicadores.

Estas cifras señalan el gran potencial de crecimiento de la actividad turística, así como el papel crucial del sector en la diversificación de la economía y en la transición energética promovida por el gobierno. No debemos olvidar que, una vez que el turismo se establece en una región, se generan cambios en las actividades económicas, en la forma en que se gestionan los recursos naturales y en el modo en que percibimos otras expresiones culturales. 

Los viajes entre regiones han ganado mayor relevancia económica en los últimos años. El turismo nacional sigue un patrón centro-periferia, ya que buena parte de los viajeros urbanos provienen de la capital o de los departamentos que rodean las grandes urbes. A partir de esta relación, se espera un efecto eficiente de transferencias desde las áreas centrales hacia la periferia.

Foto: Alcaldía de Santa Marta - Los viajes entre regiones del país han ganado una mayor relevancia económica en los últimos años.

Las interdependencias regionales y sectoriales permiten que el consumo turístico de los hogares sea un canal eficiente para reducir las desigualdades en el país.

En el ámbito local, las actividades económicas alrededor del turismo dependen de la demanda externa, pues los visitantes foráneos invierten en paquetes turísticos. Para que estos beneficios se concreten, los gobiernos locales deberán apoyar el fortalecimiento del turismo y, por ende, el empleo y la entrada de nuevos ingresos.

Las interdependencias regionales y sectoriales permiten que el consumo turístico de los hogares sea un canal eficiente para reducir las desigualdades en el país. La distribución de estos ingresos depende de factores culturales, estructurales y de ubicación. Por este motivo, la magnitud de los multiplicadores es clave para el potencial de beneficios: las desigualdades regionales podrían reducirse si se fomenta el turismo como estrategia de desarrollo local.

La industria turística genera mucho trabajo, y, por esta razón, sus promotores deben propiciar su potencial para generar más ingresos locales. Al estar conectado con varias industrias como alojamiento, transporte, entretenimiento, agencias de viaje, administración, finanzas, salud y viajes interregionales e intrarregionales, el turismo puede impactar directa o indirectamente sobre la producción bruta, el valor agregado y el empleo.

Por otro lado, la actividad turística es vital para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio a 2030, específicamente en áreas como pobreza, hambre cero, salud, bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente, crecimiento económico, innovación e infraestructura, reducción de la desigualdad, comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, entre otras.

Gracias al carácter intersectorial del turismo, es posible reforzar las asociaciones público-privadas e involucrar a múltiples agentes (internacionales, nacionales, regionales y locales) para alcanzar los objetivos descritos con anterioridad.

Desafíos y Oportunidades

El desarrollo turístico es una prioridad para el gobierno tal y como está consignado en el Plan Nacional de Desarrollo: “Los territorios desarrollarán sus capacidades para el aprovechamiento sostenible de su riqueza natural y cultural, vinculándola efectivamente a la oferta turística de tal manera que se impulse la cadena de valor del sector”. 

El gobierno, con el apoyo de las entidades territoriales y los diferentes actores públicos, privados y comunitarios, deberá adelantar los proyectos estratégicos de turismo.  Igualmente, promover la creación de empresas turísticas, mediante el ajuste del pago de la tarifa de parafiscalidad durante los primeros años de funcionamiento de estas unidades productivas. 

Este tipo de actividades contribuirán a la paz y al posicionamiento de Colombia como un destino donde el turismo se hace en armonía con la vida, en línea con el Plan Sectorial de Turismo. 

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Fernando Guerra

Escrito por:

Fernando Guerra

*Economista, magíster en Estudios Políticos y Económicos de la Universidad del Norte. Profesor universitario y autor de varios libros, entre ellos, La geopolítica del petróleo y el cambio climático (Universidad de Antioquia, 2010).

ISSN 2145-0439

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