Razón Pública

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Poder constituyente vs poder constituido

El escenario de la segunda parte del gobierno Petro puede definirse con lo que ocurra frente a la intención del presidente de transformar la Constitución. Acá le explicamos en qué va este proceso. Expone Jorge Iván Cuervo

¿Mermelada por la paz o así se gobierna?

La intervención del presidente Petro en Naciones Unidas sobre el Acuerdo de Paz abre debate nacional sobre el ‘fast track’, junto al papel estratégico de Juan Fernando Cristo en el Ministerio del Interior. Analiza Adrián Restrepo Parra

Una decisión anunciada: El caso de South32 – Cerro Matoso contra Colombia

El tribunal de arbitraje de inversión ha llegado a una decisión en el caso South32 contra Colombia. Le contamos cómo la Contraloría queda entre ojos y por qué esta situación revela que estos procesos judiciales se han complejizado, favoreciendo a las empresas y en detrimento de los Estados. Explican Enrique Prieto-Rios y Juan Pablo Coy Jaramillo

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La parálisis de la Universidad Nacional, y el irregular nombramiento del rector, obligan a repensar el significado de la autonomía universitaria desde el poder intrínseco del conocimiento científico.  Expone Edna Bonilla Sebá* y Jorge Iván González

Desafíos de la pobreza: análisis de la pobreza multidimensional en Colombia en el año 2020

El análisis del Índice de Pobreza Multidimensional en Colombia revela profundas desigualdades regionales y destaca la urgencia de políticas efectivas para abordar la pobreza en múltiples dimensiones, como educación y empleo. Descubra lo que dicen los datos y a que problemas hay que ponerle la lupa. Analiza Estefanía Torres Romero

RAZÓN PÚBLICA EN LA FILBO

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De viajeros a turistas: la humanidad en movimiento

El turismo y el viaje ha acompañado el desarrollo de la humanidad desde hace cientos de años. Este se ha transformado así como ha cambiado nuestra civilización. ¿Cuál es el panorama actual?. Presenta Mateo Giraldo B.

POETAS COLOMBIANAS

Poetas colombianas. Maruja Vieira.

Esta semana Razón Pública y Diego Arboleda (@elrinconruso) presentan el segundo poema de este especial: “El nombre de antes”.

Trump elecciones atentado

El atentado de Trump

Caricatura de @B&B

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El escenario de la segunda parte del gobierno Petro puede definirse con lo que ocurra frente a la intención del presidente de transformar la Constitución. Acá le explicamos en qué va este proceso.

Jorge Iván Cuervo R.*

Los resultados de Petro

El presidente Gustavo Petro ha convocado al poder constituyente como recurso retórico para impulsar la segunda parte de su mandato, en la que aspira a dejar un país diferente materializando el cambio para el cual fue elegido.

Los resultados de sus primeros dos años, en términos de leyes aprobadas, transformaciones institucionales y realizaciones de gobierno, han estado por debajo de las expectativas, tanto de los suyos como de sus opositores: 

  • Una reforma tributaria sobre la cual todavía se discute su impacto en el crecimiento económico y en la equidad tributaria. 
  • Un plan de desarrollo con grandes ideas y enunciados pero pocas metas, indicadores y cursos de acción. 
  • Una reforma pensional insuficiente en términos de su sostenibilidad financiera en función de los cambios demográficos y la informalidad laboral.
  • Dos reformas, la de salud y la laboral, que siguen su tránsito en el Congreso sin los consensos suficientes, y la de educación que tiene que empezar a volver a discutirse. 

Reformas típicas de un gobierno liberal tímidamente social demócrata, si tuviéramos que calificarlo en el espectro de los gobiernos reformistas.

No son reformas precisamente revolucionarias ni que estén transformando a fondo la estructura política, económica y social del país. El presidente ha dicho entonces que las transformaciones no han sido más profundas porque los poderes establecidos se lo han impedido. 

Estos habrían sido el Congreso de la República; las Cortes; los partidos políticos tradicionales, quienes lo han acompañado en las reformas bajo la lógica transaccional que caracteriza al sistema político y que este gobierno no se esforzó en cambiar; y los medios de comunicación, a quienes el presidente ha considerado sus verdaderos interlocutores políticos, justamente ante la ausencia en el campo político de interlocutores de peso.

Una idea para cambiar el estado de las cosas

La idea del poder constituyente inicialmente fue planteada como la necesidad de convocar a una asamblea constituyente para reformar algunos temas que no pueden ser tramitados por el Congreso, bien porque no son de su competencia -como algunos temas del diseño institucional de la justicia- o bien porque el presidente considera que no lo van a apoyar. Por eso es mejor que el pueblo decida

Pero en Colombia, el poder constituyente está subordinado al poder constituido. Para convocar una asamblea constituyente se necesita aprobación del Congreso y visto bueno de la Corte Constitucional antes de que el pueblo se pronuncie sobre si convoca o no. Los votos que no ha conseguido para hacer aprobar las reformas son los mismos que necesita para que se apruebe el trámite constituyente. 

Una vía alternativa es un decreto de conmoción interior -en realidad de Estado de sitio- como el que dio origen a la Asamblea Constituyente de 1990. Sin embargo, este se encontrará seguramente con el rechazo del mundo político y luego la objeción constitucional de la Corte.

La idea de la Constituyente se ha ido diluyendo y ahí es donde entra en juego la idea de poder constituyente desarrollada entre otros, por el filósofo italiano Antonio Negri.  El nombramiento de Juan Fernando Cristo, un político tradicional de la línea transaccional, estuvo precedido de un mandato, el de concretar el poder constituyente. 

Sería toda una paradoja que un gobierno de izquierda progresista, cuyo presidente hizo parte del grupo que una vez desmovilizado fue el arquitecto de la Constitución, la deje debilitada.

Foto: Cancillería

Cristo, viejo zorro de la política, ha interpretado ese mandato como una forma de iniciar conversaciones con distintas fuerzas políticas para definir aquellos temas que exigen una constituyente y dejar andando una asamblea, proyecto que se concretaría cuando el presidente Petro ya no esté en el poder. Es decir, cuando ya no tenga control del proceso y seguramente sea tomada por fuerzas políticas tradicionales que pueden aprovechar esa ventana de oportunidad para incluir retrocesos considerables. 

El momento o el poder constituyente

Sería toda una paradoja que un gobierno de izquierda progresista, cuyo presidente hizo parte del grupo que una vez desmovilizado fue el arquitecto de la Constitución, la deje debilitada, solo por no entender algo que es fundamental a la hora de meterse en un proceso constituyente. 

Esto es si existe, lo que los expertos han llamado, el momento constituyente. Algo que por ejemplo no se tuvo recientemente en Chile, lo cual explica el fracaso de dos intentos de reforma constitucional por esta vía y terminó siendo una dura derrota política para el presidente Gabriel Boric.

Nos queda entonces el recurso retórico del poder constituyente. Siguiendo a Negri, el presidente considera que se trata de una fuerza capaz de enfrentar al poder establecido y producir los cambios necesarios a los que este se opone. 

Se trataría de una movilización permanente, en la plaza pública, en escenarios de participación contenidos en la ley, tales como cabildos abiertos u otras formas no formales de participación, como asambleas populares. Desde la teoría democrática, el paradigma de la democracia radical de autores como Chantal Mouffe o Ernesto Laclau, han dado contenido a esa idea negriniana de poder constituyente. 

Movilización y deliberación permanente, en asambleas populares y otros espacios de participación, como telón de fondo de la deliberación política en el Congreso y para hacer ver la insuficiencia de los cambios que permite el poder constituido de cara a la necesaria agenda de transformación que el presidente se ha planteado y le ha planteado al país.

El presidente ha planteado entonces dos agendas diferentes. La que propuso que pudiesen ser objeto de una constituyente. Los temas de esta que publicó en un trino del 4 de julio son:

  1. Garantía inmediata al derecho universal a la educación, la salud y las pensiones. 
  2. Nuevo ordenamiento territorial.
  3. El desarrollo económico y social de los territorios excluidos.
  4. La reforma agraria.
  5. La adaptación a la crisis climática.
  6. La reforma a la justicia.
  7. La reforma política. 
  8. El pacto por una economía productiva. 

9 la verdad judicial y el perdón social para una paz definitiva.

Lo primero que debería hacerse es un amplia discusión sobre cuáles de estos temas exigen, necesariamente, una asamblea constituyente, ya que un trámite vía Congreso de la República sustituye la Constitución, en los términos que ha establecido la Corte Constitucional. 

De esta primera lista de temas, lo relacionado con el ordenamiento territorial y algunos cambios al gobierno judicial exigirían asamblea constituyente, los demás pueden tramitarse con reformas constitucionales (actos legislativos) o leyes en el Congreso y, sobre todo, políticas públicas que deben ser diseñadas por el gobierno, si se quiere, en diálogo permanente con la ciudadanía, con el poder constituyente en escenarios de deliberación, como los que ha propuesto Frank Fischer.

En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el presidente Petro presentó otra agenda relacionada con la implementación del Acuerdo de Paz: 

  • Modificación de las normas de las vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo que nos permita financiar la inclusión territorial al desarrollo, priorizando la inversión en los territorios.
  • Cambio en la distribución del Sistema General de Participaciones que permita dirigir recursos a las zonas PDET para financiar sus proyectos de infraestructura e inversión.
  • Excarcelar al campesinado productor de hoja de coca.
  • Optimización y nuevas inversiones forzosas de cara a la sustitución productiva de economías ilícitas y un camino a la agroindustrialización.
  • Creación de la figura de la concesión hereditaria en las zonas selváticas de la ley segunda.
  • Una reforma agraria que contenga la modificación de las normas actuales para la compra administrativa express de tierras, asimismo una transformación de la Agencia Nacional de Tierras en una entidad estructuradora de proyectos productivos con acceso a crédito y una formalización de títulos con mecanismos especiales.
  • Sistema único de verdad, justicia y reparación y reconciliación para todos los actores del conflicto.
  • Ampliar el plazo de implementación del Acuerdo por 7 años más y las zonas PDET.

Muchas de estas propuestas coinciden con la primera agenda, y en su gran mayoría no precisan de reformas constitucionales, y mucho menos por vía de asamblea constituyente. También le queda una ruta, la de sacar adelante el plan de desarrollo, la verdadera hoja de ruta de su gobierno, a la cual le tiene poca fe. Mucha política poca política pública.

El camino que le queda a Petro

En el fondo, la preocupación de Petro parece ser el desequilibrio que existe en el poder que tienen los poderes establecidos institucionales y los poderes fácticos, empresarios y medios de comunicación, y el que tiene el pueblo, el poder constituyente.

El artículo 3 de la Constitución plantea un dilema complejo que está en el fondo de esta discusión. Allí se señala que “La Soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo lo ejerce en forma directa [negrillas nuestras], o por medio de sus representantes (los poderes establecidos), en los términos que la Constitución establece”. 

Es decir, en los términos del artículo 376 de la Constitución, esto es mediante autorización del poder constituido al poder constituyente, una especie de antinomia que bloquea todo intento de reformas estructurales, de aquellas que buscan cambiar la relación entre los gobernantes y los ciudadanos, entre el poder constituido y el poder constituyente. 

Al gobierno le quedan dos años y cada vez menos capital político. Cristo llega a recomponer la relación entre el ejecutivo y el legislativo, entre el presidente y el sistema político, con el propósito de lograr reformas institucionales importantes.

Lo cierto es que en la Constitución no se sienta un mecanismo de activación autónoma del poder constituyente, lo cual le da, de alguna manera, la razón al presidente de convocarlo, lo que no se sabe es muy bien cómo, con qué propósito y para lograr qué tipos de cambios. 

Una posible salida sería la convocatoria de un referendo en los términos del artículo 378 constitucional, sobre un paquete de reformas previamente definidas en escenarios de participación y deliberación populares, pero que también exige una ley aprobada en el Congreso. Algo similar propuso en su momento el presidente Álvaro – Uribe sin deliberación popular-, y fue derrotado en las urnas al no alcanzar el umbral exigido.

Al gobierno le quedan dos años y cada vez menos capital político. Cristo llega a recomponer la relación entre el ejecutivo y el legislativo, entre el presidente y el sistema político, con el propósito de lograr reformas institucionales importantes. 

Pero para el presidente Petro esa es una apuesta muy baja, el proceso de negociación es complejo y lo que se puede lograr es poco en relación con sus expectativas de cambio. Él quiere dejar sentadas las bases para activar un proceso constituyente, un cambio que termine la subordinación de este a los poderes constituidos. Esa sería su apuesta fundamental, el verdadero legado. 

La realidad política es más prosaica, en un momento tendrá que decidirse qué ruta seguir, porque probablemente no pueda ser exitoso en ambos escenarios.

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Jorge Iván Cuervo

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Jorge Iván Cuervo

* Profesor e investigador de la universidad Externado de Colombia, columnista y autor de numerosas publicaciones @cuervoji.

Foto: Fondo Colombia en Paz

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La intervención del presidente Petro en Naciones Unidas sobre el Acuerdo de Paz abre debate nacional sobre el ‘fast track’, junto al papel estratégico de Juan Fernando Cristo en el Ministerio del Interior.

Adrián Restrepo Parra*

Intervención de Petro en Naciones Unidas 

El presidente Petro asistió el 11 de julio a la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Allí participó de la presentación del informe trimestral expuesto por el secretario general sobre la Misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia, que sigue la implementación del Acuerdo de Paz entre FARC y el Estado colombiano.

La intervención del presidente Petro fue diferente respecto de lo que en principio había anunciado: que el Estado colombiano estaba incumpliendo el acuerdo. Declaración que en su momento produjo muchas críticas porque el jefe del Estado es el presidente, en otras palabras, él. Denunciar los incumplimientos era, a la vez, una especie de autoincriminación. Al parecer, la asesoría de su equipo hizo que la intervención ante la ONU se centrara en contenidos y procedimientos para superar las dificultades que han impedido la implementación del acuerdo.

El «fast track»

La propuesta realizada por el presidente, en ese escenario internacional, desató una discusión en Colombia. El eje principal de debate, por el momento, es el procedimiento para lograr concretar los resultados del Acuerdo de Paz: fast track, un medio que abrevia los cursos normales que deben transitar las propuestas que son llevadas al Congreso de la República. Este procedimiento fue utilizado bajo el segundo gobierno de Juan Manuel Santos para avanzar justamente en la implementación del Acuerdo de Paz.

Que sea rápido no significa, de por sí, que todo sea posible y lograble. Que pueda ganarse tiempo en los trámites de leyes que recogen los proyectos de cambio propuestos por el presidente contribuye a tener logros legislativos antes de acabar su periodo. Con ello, reforzaría la idea de la necesidad de un gobierno progresista que debe renovarse por varios años para poder hacer los cambios que el país necesita y que aparecerían ahora bajo la figura de leyes aprobadas, pero con necesidad de ejecución.

El fast track aplica para el Congreso. Ese procedimiento lo puede proponer el presidente, pero solo puede entrar en rigor si el Congreso lo aprueba.

Esta intención nuevamente encuentra institucionalmente al Congreso de la República como uno de los principales sujetos para concretar las aspiraciones del presidente. Todo lo que el presidente propone hacer: modificación de las vigencias futuras y del marco de mediano plazo para dar prioridad a las obras de la inclusión territorial; cambio en el sistema general de participaciones para destinar recursos a los PDET; excarcelar a los productores de hoja de coca; optimización y nuevas inversiones forzosas para los programas colectivos del PNIS; conversión de los títulos hereditarios en las zonas selváticas; compra administrativa exprés de la tierra para la reforma agraria; sistema único para que todos los sujetos del conflicto armado tengan un solo tribunal de cierre; ampliar el tiempo de implementación por 7 años más. Todos estos asuntos deben pasar por el Congreso de la República, el mismo con que el presidente gana en unas y en otras no. 

El fast track aplica para el Congreso. Ese procedimiento lo puede proponer el presidente, pero solo puede entrar en rigor si el Congreso lo aprueba. Que eventualmente el nuevo ministro del interior logré tal propósito, como data su experiencia con el gobierno de Santos, no supone que el Congreso aprobaría todo lo que el gobierno presente como parte de las reformas necesarias para ejecutar el Acuerdo de paz. 

Foto: Cancillería - El presidente con su equipo y aliados en esta legislatura pondrán en marcha lograr la aprobación de los proyectos que den cuenta de lo anunciado en la ONU, empezando por el fast track.

El papel de Juan Fernando Cristo 

He ahí parte de la agenda del ministro del Interior Cristo; a saber, lograr que el Congreso apruebe dicho mecanismo con todo lo que implica: un trámite más rápido de asuntos considerados centrales para lograr la paz y, por supuesto, lograr que termine con saldo a favor del gobierno, que el Congreso apruebe rápido todos los proyectos sin mayores modificaciones.

Si el nuevo ministro del Interior logra que el Congreso apruebe el procedimiento rápido y todo lo que con él viene, tendrá que esperar el control de la Corte Constitucional. El mismo mecanismo del fast track, como suele suceder con todo trámite legislativo, pasa por un control de constitucionalidad. Por ejemplo, el presidente justifica la necesidad de este segundo uso del mecanismo porque en la primera versión permitió la aprobación de proyectos de las fases iniciales del acuerdo y ahora sería necesario para lograr “los productos de ese acuerdo”. ¿Aceptará la Corte esta justificación del nuevo fast track por la paz?

El trámite del procedimiento tiene que seguir unos tiempos procedimentales, empezando por el comienzo de la legislatura del Congreso que instalará el presidente el próximo 20 de julio. El presidente con su equipo y aliados en esta legislatura tendrán como meta la aprobación de los proyectos que den cuenta de lo anunciado en la ONU, empezando por el fast track, que puede tomar todo su trámite un año.

En esa perspectiva, el ministro del interior tiene entre sus labores lograr el acuerdo nacional que conduzca a que el Congreso acepté estas propuestas del ejecutivo. Sin embargo, debe considerarse, por el perfil mismo de Cristo, que sin acuerdo nacional también podría lograr mayorías en el Congreso. 

Cristo es un negociador, ya estuvo en el cargo y en una situación similar. En el gobierno de Santos, la “Unidad Nacional” jugó el papel cohesionador que ahora busca Petro con el acuerdo nacional. Cristo, siendo ministro de Santos, no logró la unidad nacional, pero sí logró mayorías en el Congreso para aprobar leyes en el marco del fast track por la paz.

Parece que el pragmatismo gana cada vez más fuerza en el gobierno de Petro porque recurrir a Cristo como ministro es también recurrir a sus prácticas de negociación en el Congreso, las cuales para un sector que cree en el cambio son cuestionables. La negociación burocrática sigue siendo castigada por la opinión que considera que no debería existir una negociación de este tipo porque cree que es politiquera, sino de la que se espera de un acuerdo nacional: una negociación de un horizonte compartido como nación, lo básico que nos junte.

Política, mérito y mermelada

Es indudable que, en ese escenario nacional, como en los subnacionales, la negociación estratégica de propósitos y futuro de sociedad (programática) se acompasa o resuelve con la negociación del reparto burocrático que da acceso a recursos. No es inusual oír hablar de un ministerio, secretaria u otra dependencia como perteneciente al partido o al político x. Esta práctica fue calificada peyorativamente en el país como “la mermelada”.

La llegada de Cristo contradice la idea misma del gobierno del cambio de modificar las prácticas políticas de este país.

La práctica de la mermelada tomó fuerza con el gobierno de Santos, luego, a pesar de las críticas de Duque a su antecesor, apareció también dicha práctica en su gobierno; y tal parece que retorna a escena con el gobierno de Petro, quien también la criticó.

El Acuerdo de Paz entre FARC y el Estado no fue la Unidad Nacional, pero las negociaciones adelantadas por Cristo en ese momento lograron mayorías en el Congreso. De hecho, se instaló la hipótesis que el gobierno Santos no pudo ejecutar más el Acuerdo de Paz porque el tiempo y los recursos se le agotaron para seguir la negociación con los congresistas. 

Por eso, para algunos sectores progresistas, la llegada de Cristo contradice la idea misma del gobierno del cambio de modificar las prácticas políticas de este país. Pero después de estos dos años de ejercer el poder, parece que el presidente Petro aceptó que la llamada mermelada, más que un problema, es un rasgo del ejercicio de poder gubernamental. “Así se gobierna”, que sin reparto burocrático no hay ni acuerdos mínimos ni mucho menos un acuerdo nacional. Que la realidad de conformar un gobierno de unidad pasa por ceder cargos de distinto tipo a bancadas y políticos de otra orientación política, como el mismo Cristo.

¿Qué es lo censurable de esta práctica política? ¿es una forma de corrupción? Es compatible ser excelente servidor público y hacer parte de un partido político, pero la formula no siempre funciona a la inversa: un excelente político no siempre es un buen servidor público, si prima el vínculo político para poder ser servidor público empieza la discusión del mérito, la transparencia para elegir a la burocracia estatal y la calidad del trabajo de estos funcionarios. 

No son pocos los casos de servidores públicos ineptos cuyo único “mérito” es conseguir votos. Que al contribuir a ganar las elecciones, de determinadas bancadas, se revierten en ser empleados como servidores públicos con los beneficios que esto trae. Para la muestra un botón: el tristemente célebre secretario de cultura de Medellín, Manuel Córdoba, quien públicamente dijo que de cultura no sabía nada, pero que “Fico” le había pedido que le hiciera el favor de administrar esa secretaria. Tanta “sinceridad” llevó al alcalde a cambiar de secretario. 

Si prima el vínculo político sobre la capacidad profesional para elegir la burocracia estatal esto conduce, entre otros aspectos, a la creación de cargos para pagar favores o fidelidades políticas y, por esta vía, a la prestación de pésimos servicios públicos. Una práctica que el mismo presidente ha denunciado y rechazado por ser corrupta.

Que el reparto burocrático no se convierta en ineficiencia y en el reparto privado del erario público en aras de adoptar el Acuerdo de Paz dependerá de las “líneas rojas” que el presidente Petro establezca como margen de negociación para la labor de su ministro Cristo y, por supuesto, en el control que el presidente debe tener sobre sus funcionarios.

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Adrian Restrepo

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Adrian Restrepo

*Profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, miembro de los grupos de investigación Hegemonía, Guerras y Conflictos (A) del Instituto de Estudios Políticos y RERDSA (A1) del INER.

Foto: Ministerio de Minas y Energías

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El tribunal de arbitraje de inversión ha llegado a una decisión en el caso South32 contra Colombia. Le contamos cómo la Contraloría queda entre ojos y por qué esta situación revela que estos procesos judiciales se han complejizado, favoreciendo a las empresas y en detrimento de los Estados.

Enrique Prieto-Rios*
Juan Pablo Coy Jaramillo**

El caso de South32: un recorderis

Nuestros queridos lectores recordarán cuando en junio del 2020, en medio de la pandemia, escribimos en este portal sobre la demanda presentada por la compañía minera South32 en contra de Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)

La principal razón que llevó a la empresa minera Británica a iniciar esta acción fue por el proceso de responsabilidad fiscal que la Contraloría General de la República abrió el 18 de febrero de ese año, por regalías que presuntamente se dejaron de pagar entre 1982 y 2012. Según la empresa, la decisión de la Contraloría es injustificada y atenta contra la seguridad jurídica de los inversionistas.

Recordemos que Cerro Matoso es la mina de ferroníquel a cielo abierto más grande de América Latina y alberga la reserva más grande de níquel en Colombia, operada a través de dos contratos de concesión y de exploración y explotación que datan de los años 60. 

Precisamente debido a esa antigüedad, la controversia sobre las formas de liquidación llevó a la Contraloría a reliquidar las regalías y posteriormente iniciar el proceso de responsabilidad fiscal, procedimientos centrales de la disputa.

Hace cuatro años señalamos que era altamente probable que la multinacional South32 pudiera obtener un resultado favorable a sus pretensiones, teniendo en cuenta el análisis de otro tribunal de inversión en otra demanda contra Colombia en el caso de Glencore vs. Colombia. En esa ocasión señalamos lo siguiente:

“Al igual que en este caso, la Contraloría había iniciado un proceso de responsabilidad fiscal contra Glencore y Prodeco, por la falta de pago de unas regalías. Estas regalías eran producto del octavo otrosí que la compañía firmó en 2016 y por el cual la Contraloría estimó que Prodeco se había beneficiado maliciosamente por el cambio en el cálculo de lo que debía pagar por la explotación de carbón. Como consecuencia, la Contraloría le ordenó a Prodeco pagarle al Estado 60 billones de pesos.

En respuesta a esta sanción, Glencore demandó al Estado colombiano ante el CIADI. Y en septiembre del año pasado, el tribunal de arbitraje le dio la razón a la minera y le ordenó al Estado devolver 19,1 millones de dólares.

Si bien esta decisión no es un precedente que obligue al tribunal a condenar al Estado en la disputa iniciada por South32, es posible que el caso se tenga en cuenta y que se llegue a la misma conclusión.”

La decisión del Tribunal

Pues bien, el tribunal de arbitraje de inversión emitió el laudo final el 7 de junio de este año condenando al Estado colombiano a pagarle a la multinacional South32 una suma de 9,5 millones de dólares. 

No deja de generar preocupación que Colombia siga siendo condenada por tribunales de arbitraje de inversión por sumas muy cuantiosas.

Esta decisión se suma a los laudos de procesos en contra de Colombia por demandas interpuestas por multinacionales extranjeras fundamentados en Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs), Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) o en Capítulos de Protección de Inversión en Tratados de Libre Comercio (TLCs), como el de Canadá. 

Aunque los resultados de la defensa de Colombia en estos escenarios han sido relativamente positivos, gracias a los esfuerzos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), no deja de generar preocupación que Colombia siga siendo condenada por tribunales de arbitraje de inversión por sumas muy cuantiosas. 

En este caso, el Tribunal concluyó que las actuaciones de la Agencia Nacional de Minas y de la Contraloría General de la República no fueron coherentes y violaron varios de los estándares del TBI entre el Reino Unido y Colombia, incluyendo el Trato Justo y Equitativo (TJE). Estas violaciones se debieron a la aplicación retroactiva de la ley, la revalorización del pago de regalías y la sanción impuesta por la Contraloría a la empresa multinacional. Específicamente, el tribunal describió las actuaciones de estas dos entidades de la siguiente manera: 

  • “Actuaciones abiertamente incongruentes;
  • Actuaciones carentes de soporte en los parámetros aplicables;
  • Actuaciones manifiestamente contradictorias o con motivación contradictoria;
  • Actuaciones resultantes en procesos judiciales y/o administrativos sin una justificación razonable respecto a la temporaneidad de las pretensiones incoadas.”

“Estas actuaciones derivaron en:

  • Comportamientos discrecionales y caprichosos;
  • Inseguridad jurídica;
  • Indefensión y vulneración del debido proceso;
  • Reclamaciones abusivas;”

El Tribunal entendió que estos comportamientos resultaron en una conducta estatal global que atentó contra la noción de corrección jurídica y, por ende, cumple con los requisitos exigidos para que una conducta de un Estado alcance el umbral para ser considerada un ilícito internacional, criterios que son aceptados por Colombia, tal y como lo refiere el Tribunal. 

De esa forma, el Tribunal concluye que Colombia violó el artículo II.3 del APPRI, en el que se comprometió a dispensar un trato justo y equitativo a los inversores del Reino Unido.

Un sesgo contra Colombia

El Tribunal, de manera simplista y superficial, falla al no identificar que la práctica de fórum shopping es amplia y generalmente usada por compañías multinacionales de diversos tamaños con el fin de poder demandar a Estados receptores de la inversión.

Foto: Función Pública - Aunque los resultados de la defensa de Colombia en estos escenarios han sido relativamente positivos, gracias a los esfuerzos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), no deja de generar preocupación que Colombia siga siendo condenada por tribunales de arbitraje de inversión por sumas muy cuantiosas.

Uno de los aspectos que llaman la atención del análisis hecho por parte del Tribunal tiene que ver con el sesgo favorable hacia la compañía y contrario al Estado. Específicamente, el Tribunal actuó de una forma peyorativa e irrespetuosa con el Estado Colombiano al señalar que sería imposible que una empresa como BPH Billiton pudiera incurrir en la práctica generalizada de Forum Shopping. El tribunal señaló lo siguiente:

“la Demandante ha presentado prueba suficiente de que la adquisición de CMSA por parte de South32 SA Investments Limited se produjo como consecuencia de una decisión corporativa de escisión de activos a nivel global, dentro de la cual CMSA no era más que uno de otros tantos activos considerados secundarios. Difícilmente un grupo empresarial como BPH Billiton – uno de los mayores grupos mineros a nivel mundial, con empresas cotizadas sometidas a estricta supervisión bursátil – se embarcaría en una operación de reestructuración societaria global a cuenta de una posible disputa por un activo situado en Colombia, cifrada en aquel entonces en unos USD 155 millones [“M”]”

Como segunda objeción, Colombia recuerda que todas las medidas cuestionadas por la Demandante han sido objeto de litigio ante los juzgados colombianos, con idénticas pretensiones a las de este arbitraje; de hecho, la Demandante ha cosechado un considerable grado de éxito, pues hay medidas que ya han sido anuladas y los daños causados, compensados”.

El Tribunal, de manera simplista y superficial, falla al no identificar que la práctica de fórum shopping es amplia y generalmente usada por compañías multinacionales de diversos tamaños con el fin de poder demandar a Estados receptores de la inversión. 

Y para reforzar ese análisis, al rechazar la objeción de la aplicación de la cláusula Fork in the road presentada por Colombia, el Tribunal no consideró debidamente que las medidas litigadas en los juzgados colombianos son el reflejo de una estrategia común entre las multinacionales para elegir foros más favorables a sus intereses, pese a que como lo entendió el Tribunal, las medidas en este caso a nivel nacional fuera iniciadas por las organizaciones locales y no el inversionista extranjero.

Otro aspecto interesante de estudiar en este caso es el análisis que hace el tribunal desestimando el argumento de Colombia que afirmaba que es necesario que exista un daño real para que el Estado sea condenado internacionalmente, lo cual no se había causado en tanto que están cursando dos procesos judiciales en Colombia por los mismos hechos. Al respecto el Tribunal en el laudo señala lo siguiente: 

“La discusión planteada es, hasta cierto punto, fútil, pues la Demandante ha presentado en este arbitraje una reclamación de daños. Pero, en todo caso, el Tribunal Arbitral no considera que el APPRI requiera explícitamente la acreditación del daño para poder plantear un reclamo, como sostiene la Demandada.

Dicho lo anterior, el Tribunal Arbitral comprende la crítica vertida por la Demandada, pero no considera que tenga la relevancia pretendida; en el contexto del texto del Tratado la inexistencia de daño parece cobrar mayor representatividad en el análisis de una compensación, que a la hora de determinar la competencia del Tribunal Arbitral”.

Recordemos que los principios básicos del Derecho Internacional Público y a la Costumbre Internacional—que ha sido compilada en los artículos sobre Responsabilidad de los Estados por Hechos Internacionalmente Ilícitos—establece dos elementos para determinar que existe hecho ilícito internacional, a saber: 

Hay hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando un comportamiento consistente

en una acción u omisión:

  1. a) Es atribuible al Estado según el derecho internacional; y
  2. b) Constituye una violación de una obligación internacional del Estado. 

Para resolver la dicotomía entre el tribunal y la posición colombiana en casos como el presente y otros de naturaleza similar, es fundamental analizar profundamente el origen específico de la presunta violación de la cláusula de TJE. 

Si se argumenta que la obligación de pagar derivada de los procesos de responsabilidad fiscal constituye el acto que vulnera la cláusula, pues la conclusión es que el daño, a fin de cuentas, sí es el elemento esencial para la configuración de la violación a la obligación internacional.  Y, así, mientras que el pago se encuentre en disputa no necesariamente constituiría una violación en sí misma del TBI en cuestión.

Por otro lado, si se sostiene que la vulneración de la cláusula TJE se origina simplemente con la apertura del procedimiento administrativo o judicial, entonces la posición adoptada por el Tribunal en este caso podría ser válida. 

Esto subraya la importancia de considerar no solo los resultados finales de tales procesos, sino también los efectos potenciales de los procedimientos en sí mismos sobre la percepción de los inversores extranjeros y la estabilidad del ambiente de inversión.

Desglosando la decisión: implicaciones para Colombia

Lo que salta a la vista para nosotros es que es preocupante llegar a este nivel de detalle y especificidad para determinar los alcances y límites de la protección otorgada por los TBIs. Este nivel de análisis no solo refleja la complejidad creciente de los litigios bajo estas cláusulas, sino también plantea interrogantes sobre los posibles efectos de enfriamiento regulatorio que pueden traer estas interpretaciones, como bien lo adelantábamos hace cuatro años. 

Lo anterior no es menor, pues para el caso de South32, al igual que ocurrió en el laudo de Glencore, se realiza un cuestionamiento al procedimiento administrativo que realiza la Contraloría y la posibilidad de imponer sanciones a empresas privadas. 

Aunque el Tribunal no aborda de forma concreta la competencia de la Contraloría sí queda claro que el proceder de la entidad es causante de que Colombia sea declarado responsable internacionalmente. El Tribunal señaló lo siguiente:

El Tribunal Arbitral no ve necesario pronunciarse sobre la competencia de la Contraloría para iniciar una acción contra CMSA, debido a que, en todo caso, como se ha visto supra, las actuaciones de la Contraloría traídas a este arbitraje muestran en su contenido irregularidades significativas que permitirán apreciar la concurrencia de un ilícito internacional.

Al respecto, vale la pena preguntarse si se debería revisar el procedimiento que se adelanta ante la Contraloría en cuanto a oportunidad, etapas y opciones de defensa. Asimismo, debe analizarse la legalidad de imponer sanciones de responsabilidad fiscal contra particulares de acuerdo con los estándares internacionales.

Para concluir, es crucial que el Gobierno de Gustavo Petro defina y lidere una política preventiva del Estado colombiano que no implique un enfriamiento regulatorio. Hasta ahora, es evidente que el gobierno no le ha puesto el hombro a este asunto tan importante. La implementación de medidas claras y efectivas será fundamental para prevenir futuros conflictos internacionales y garantizar la seguridad jurídica para las inversiones extranjeras en Colombia.

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Enrique Prieto-Ríos* y Juan Pablo Coy Jaramillo**

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Enrique Prieto-Ríos* y Juan Pablo Coy Jaramillo**

*Profesor Asociado Facultad de Jurisprudencia Universidad del Rosario, Doctor en Derecho de Birkbeck, University of London, máster en Derecho Internacional y abogado de la Universidad del Rosario **Abogado con profundización en Derecho Penal y Política Criminal. Especialista en Derecho Internacional y Candidato a Magister en Derecho Internacional por la Universidad del Rosario. Profesor de Derecho Internacional Público.

Foto: Agencia Nacional de Tierras

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El presidente Petro avivó la discusión sobre la legalización de las drogas al afirmar que legalizar la cocaína acabaría la guerra en Colombia. Sin embargo, su propuesta ignora realidades complejas, globales y locales.

Francisco E. Thoumi*

El 11 de julio, varios medios informaron que el presidente Petro había encendido la polémica sobre la legalización de las drogas en la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, cuando afirmó que “Si mañana Naciones Unidas dijera ‘la cocaína es legal’, mañana se acaba la guerra en Colombia”. 

Sin duda, esta es una afirmación desafiante, pero es concordante con la creencia común en Colombia. Por eso, no sorprende que muchos de los periodistas más importantes del país hayan sostenido que el problema de las drogas tiene dos soluciones: o que en los países consumidores se deje de consumir, o que legalicen el consumo.

Para continuar quiero afirmar que no soy ni he sido antipretista. Conocí a Gustavo Petro hace más de veinte años cuando compartí con él un panel sobre las drogas ilegales organizado por Luis Sandoval en la Casa María Cano. Allí, el joven Petro me impresionó como alguien que tenía una visión coherente de los problemas del país, pero con quien no pude tener un diálogo después del panel. Lamentablemente, nunca tuve la oportunidad de volver a interactuar con él.

El mercado de drogas 

El desacuerdo con las afirmaciones de Petro en la ONU se basa en dos hechos demostrados sobre los mercados de drogas, incluyendo el de la cocaína. Primero, que muchos países que podrían cultivar coca y exportar cocaína no lo hacen, y otros que lo hicieron cuando la cocaína era legal, tampoco lo hacen. 

Segundo, que la violencia en los mercados de drogas ilegales alrededor del mundo es mucho menor que la padecida por Colombia y por algunas regiones de México. Además, la violencia durante la prohibición del alcohol en Estados Unidos, magnificada por los periódicos y las películas, también es incomparable con la que Colombia y México han experimentado. En otras palabras, para la mayoría de los países, las enormes ganancias en los mercados de cocaína de los países ricos no han sido irresistibles como en Colombia.

El propósito de la política de drogas debe aceptar que el país debe dejar de producir cocaína y que el argumento de que no hay otro producto que le dé al campesinado cocalero un ingreso similar simplemente no convence a “la comunidad internacional”

Foto: Cancillería

Lo anterior demuestra, primero, que el argumento tradicional exculpatorio y justificativo de que cuando hay demanda hay oferta deja de ser válido cuando se observa que una serie de países en los que se podría cultivar coca y exportar cocaína no lo hacen. Y segundo, que los factores que han determinado el desarrollo de la industria de la cocaína en Colombia son primordialmente internos. 

En otras palabras, que, si bien la geopolítica externa puede ser injusta y difícil de manejar, la interna ha sido igualmente injusta y difícil de manejar. Por eso, el propósito de la política de drogas debe aceptar que el país debe dejar de producir cocaína y que el argumento de que no hay otro producto que le dé al campesinado cocalero un ingreso similar simplemente no convence a “la comunidad internacional”. Esta no se considera culpable y no entiende por qué tendría que compensar a Colombia por los efectos que la industria de la cocaína ha tenido en el país.

La solicitud del presidente

En lo que concierne a la solicitud del presidente a las Naciones Unidas, debo afirmar que esta desconoce tanto la estructura como el papel y el poder de las Naciones Unidas. La ONU no es un gobierno mundial; solamente proporciona mecanismos para discutir conflictos entre países y foros para discutir ideas, además de promover políticas que mejoren la calidad de vida de la gente. La ONU ha sido mucho más efectiva resolviendo algunos conflictos sobre las fronteras de los países que forzando a los países a cambiar tradiciones culturales y patrones de consumo y comportamiento.

La ONU no puede legalizar la cocaína en el mundo como dice Petro. Solamente podría, previo acuerdo con los países parte de las Convenciones de Drogas, sacar la coca y la cocaína de las listas de sustancias controladas por estas últimas. Pero no puede forzar a ningún país a permitir dentro de su territorio la importación y consumo de cocaína o coca.

En otras palabras, si la ONU sacara de las listas de sustancias controladas la cocaína, dejaría abierta a los países la posibilidad de legalizar estas sustancias, pero no podría impedir que los países individualmente la prohíban. Por esta razón, no se acabaría con el negocio ilegal. Esto aplica a cualquier otro artículo o servicio. Por ejemplo, si los porcicultores de Iowa argumentaran que la prohibición al consumo de cerdo en Israel y en el mundo musulmán es una guerra contra la producción y consumo de cerdo, la ONU ni la Organización Mundial del Comercio podrían hacer nada al respecto.

Las agencias de drogas de la ONU están asociadas en su imaginario colectivo con la prohibición, pero durante los últimos 10 años estas han cambiado su narrativa y hoy insisten en que para cumplir con las Convenciones no se necesita tener políticas de “guerra contra las drogas”; que la pena de muerte no se debe aplicar a delitos de producción, mercado o consumo de drogas; y que las políticas de drogas deben respetar los derechos humanos de los productores, consumidores, adictos y encarcelados por delitos relacionados con drogas. Además, que las políticas deben tener en cuenta diversos aspectos, como sus efectos sobre las madres cabeza de familia involucradas en las actividades del narcotráfico.

La prohibición

Sobre el argumento de que la prohibición a las drogas ha sido impuesta, hay que aclarar que ningún gobierno colombiano se opuso a las convenciones de drogas, como sí lo hizo Bolivia, que firmó dos convenciones con reservas para proteger los usos tradicionales de la coca. 

La prohibición per se no es sinónimo de guerra contra las drogas.

Además, en Colombia, las organizaciones religiosas, la mayoría de las asociaciones de padres de familia y los padres de familia mismos apoyan la prohibición. Igualmente ocurre con la mayoría de los miembros del sector salud, que han hecho el juramento hipocrático por el que se comprometen a no recetar o dar a sus pacientes drogas que los coloquen en riesgo de adicciones graves.

Otro punto que se debe mencionar es que la prohibición per se no es sinónimo de guerra contra las drogas. Por ejemplo, Estados Unidos prohibió la importación, mercadeo y consumo de cocaína y heroína en la Ley de Harrison de 1914. El término “guerra contra las drogas” fue resultado de cambios profundos en la sociedad estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y la década siguiente a ella:

  • Los afro-estadounidenses regresaron de la guerra donde pelearon por la democracia, que les fue negada a su regreso.
  • Las mujeres se incorporaron a la fuerza de trabajo paga, lo que les dio independencia-
  • La guerra en Vietnam despertó a la juventud a una realidad de un país hipócrita, lo que la llevó a rechazar valores tradicionales. 

Esto causó una demanda por lo prohibido y un aumento en el uso de drogas psicoactivas, lo que produjo una reacción muy fuerte dentro del grupo de poder dominante en la sociedad. Como resultado, el presidente Nixon declaró a las drogas “el enemigo público número uno”. Por eso, la “guerra contra las drogas” fue una guerra interna en Estados Unidos.

El problema para Colombia fue que un grupo de colombianos decidió producir y exportar marihuana y luego cocaína al “insaciable” mercado estadounidense. Algunos periodistas, académicos y pensadores consideran estas actividades como una respuesta a un mundo injusto en el que las exportaciones tradicionales del país han padecido bonanzas y fracasos sucesivos. El resto de la sociedad disfrutó de una abundancia de divisas que nunca había tenido. Esto cambió a Colombia como ninguna bonanza lo había hecho.

La necesidad de definición

Como conclusión, debo afirmar que la política de drogas de este y cualquier otro gobierno colombiano debe empezar por definir cuál es el problema de las drogas para Colombia. Colombia tiene varios problemas graves:

  • La gran producción y exportación de drogas ilegales (parecería que el país tiene casi una patente para producir cocaína).
  • Una corrupción y tendencia al enriquecimiento extractivo.
  • Niveles de violencia altos a través de su historia.
  • Es el segundo país en el mundo en el número de organizaciones armadas no gubernamentales que controlan territorios.

Todos estos problemas están interrelacionados y su solución no vendrá del exterior. Durante más de 200 años, el país no ha creado una sociedad pacífica que pueda disfrutar de las bondades de su territorio. La creación de esa sociedad es el principal desafío de cualquier gobierno.

La política de drogas fundamental para Colombia debe empezar reconociendo que Colombia debe aprender a vivir en un mundo en el que la cocaína es ilegal y que seguirá siéndolo en el futuro, a menos que el gobierno colombiano demuestre al mundo que es posible tener un sistema que permita usos regulados de la cocaína diseñados para evitar los temidos problemas de su consumo.

Insistir en que las ganancias en los mercados ilegales son la causa de la violencia en Colombia y en que el mundo debe cambiar porque nosotros somos humanos y no podemos resistir frente a las ganancias de la cocaína, no conduce a nada excepto a hacernos sentir frustrados e inferiores a (¿colonizados por?) los países poderosos.

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Francisco Thoumi

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Francisco Thoumi

*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor haga clic en este enlac.e.

Foto: Sur del Líbano, autoría David González

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Las tensiones del frente entre Israel y Hezbollah aumentan debido a la cruenta guerra entre Israel y Hamás. Conozca algunas de las consecuencias geopolíticas del escalamiento del conflicto.

David González M.*

Un peligroso escalamiento

Un video hecho por drones sobre la ciudad de Haifa, al norte de Israel, prendió las alarmas en este país. El material, publicado por la organización político-militar chiita Hezbollah, mostraba lugares clave de la ciudad portuaria, ubicada a 27 kilómetros al sur de la frontera entre Líbano e Israel. El video hacía evidente que Hezbollah era capaz de atravesar las famosas defensas antiaéreas israelíes.

La respuesta no se hizo esperar: el gobierno de Israel, en cabeza de Israel Katz, su ministro de relaciones exteriores, dijo en X que un “régimen que amenaza destrucción merece la destrucción”. El tono de los discursos ha escalado desde el comienzo de la operación militar en Gaza. Mientras tanto, las potencias que respaldan a cada parte mueven sus fichas con calma, sabiendo que, si estalla el frente norte de Israel, será inevitable una guerra de proporciones no vistas este siglo en la región.

No es solo el discurso: los ataques han aumentado mes tras mes. Para Hezbollah, organización político-militar respaldada por Irán y partido político en el Líbano, es urgente mantener la presión sobre las fuerzas militares israelíes para tratar de dar un respiro a los militantes de Hamás que combaten en Gaza.

Por su parte, las fuerzas de Israel, respaldadas con altibajos por Estados Unidos y la OTAN, no logran cumplir sus objetivos militares en Gaza y ven cómo su frente norte se sale de control. Miles de personas, tanto en el Líbano como en los pueblos judíos fronterizos de Israel, han sido desplazadas.

La organización ACLED, encargada de monitorear el conflicto, evidenció el paulatino crecimiento de los choques, específicamente las operaciones aéreas de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) en el sur del Líbano y en territorio sirio, y los ataques a distancia de Hezbollah en suelo israelí.

Un panorama desalentador 

Mientras se mantenga la operación militar israelí en Gaza, que Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para Palestina, no duda en denominar como genocidio, la tensión en el norte no va a disminuir. 

Por su parte, las potencias que miden sus fuerzas en la región observan con nerviosismo el aumento de los choques al sur del Líbano y el número de palestinos muertos en Gaza, que asciende a más de 33 mil. No hay que olvidar que los procesos de la Corte Penal Internacional contra los altos mandos israelíes avanzan como nunca antes. 

Tras el asesinato de Abu Nimah, un importante comandante de Hezbollah, la semana pasada, la respuesta ha sido más intensa. En las últimas 24 horas (04 de julio), fuentes cercanas a la organización libanesa hablan de 17 operaciones militares ejecutadas en la frontera sur.

Si estalla el conflicto de manera directa al sur del Líbano, Israel enfrentaría una guerra muy distinta a la que adelanta en Gaza. Militarmente no es claro para nadie cuál puede ser el resultado.

Poco a poco, crecen las voces en Israel sobre la necesidad de enfrentar directamente a Hezbollah en una guerra abierta e invadir el sur del Líbano. Estados Unidos ha ofrecido garantías a Israel si la guerra estalla. Los voceros norteamericanos han dicho públicamente que respaldarán militarmente a su aliado en Medio Oriente.

Sin embargo, Hezbollah no está solo. Cuenta con el apoyo de Irán desde su misma génesis y, además, posee un importante arsenal militar que servicios de inteligencia israelíes contabilizan en alrededor de 60,000 misiles. Otras fuentes cercanas a Irán hablan de casi un millón.

Si estalla el conflicto de manera directa al sur del Líbano, Israel enfrentaría una guerra muy distinta a la que adelanta en Gaza. Militarmente no es claro para nadie cuál puede ser el resultado. Voceros militares israelíes han advertido sobre los riesgos de abrir ese frente mientras se combate con pocos resultados en Gaza. Por ejemplo, Daniel Hagari dijo el pasado miércoles: “La idea de que podemos destruir a Hamás o hacer desaparecer a Hamás es engañosa para la ciudadanía”.

Irán, que el pasado 13 de abril atacó con éxito objetivos militares por primera vez sobre el suelo de Israel, advirtió que si escala el conflicto con Hezbollah se verá obligado a entrar a una “destructiva guerra”.

Las alarmas encendidas

Más allá de la conflictiva relación entre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente demócrata, Joe Biden, lo cierto es que Estados Unidos mantiene el apoyo militar, el envío de armas y el respaldo político a Israel.

El analista geopolítico y profesor de Ciencia Política de la Universidad de Chicago, John Mearsheimer, dice que desde el lobby israelí en Estados Unidos aumenta la presión para permitir el ataque contra Hezbollah. Una situación que sería, según el analista, un tiro en el pie para Israel.

“A pesar de que no han resuelto la guerra con Hamás, Netanyahu ha dicho que está dispuesto a mover la guerra con Hezbollah e invadir el sur del Líbano”, dijo el analista. No obstante, cree que esto es improbable porque: “los israelíes fueron al Líbano en 1982 y en 2006 y ambos fueron fallas colosales. No veo un plan que me pueda decir que el IDF tiene la capacidad de borrar a Hezbollah como un problema. Empezando porque Hezbollah tiene una fuerza de combate mucho más formidable que la de Hamás”.

Por este motivo, Mearsheimer, con una influencia creciente en los círculos conservadores, no cree que Estados Unidos impulse la invasión de Israel al Líbano. Escalar el conflicto contra una fuerza militar mayor parece lejano porque podría abrir la posibilidad del ingreso directo a la guerra de Irán, Siria y sus aliados.

Foto: Naciones Unidas - Francesca Albanese no duda en llamar genocidio a la operación israelí en Gaza.

Si Irán entra a la guerra, no lo haría solo. En estos momentos de reconfiguración del nuevo orden mundial, las potencias militares emergentes como Rusia, que vive su propio escenario en el este de Europa, no podría darse el lujo de permitir la derrota de Irán, un firme aliado en su creciente poder en Medio Oriente.

Asimismo, el analista explicó que “si Israel entra al Líbano, esa guerra probablemente se esparcirá hacia Siria, como ocurrió en el pasado, porque estos dos países son vecinos. Y se puede dar el escenario en que Rusia se involucre contra Israel en Siria. No es probable, pero es una posibilidad”.

Si Irán entra a la guerra, no lo haría solo. En estos momentos de reconfiguración del nuevo orden mundial, las potencias militares emergentes como Rusia, que vive su propio escenario en el este de Europa, no podría darse el lujo de permitir la derrota de Irán, un firme aliado en su creciente poder en Medio Oriente.

¿Qué es Hezbollah?

Hezbollah es un grupo insurgente que nació a mediados de los ochenta. Hoy en día es un partido político, con una importante ala militar, que inició sus operaciones tácticas de guerrilla durante la cruenta guerra del Líbano.

Judith Palmer Harik, profesora de la Universidad Americana en Beirut, en Hezbollah, The Changing Face of Terrorism, explica cómo la milicia clandestina que combatió la ocupación israelí al sur del Líbano en 1985 se transformó en un partido político moderado y hegemónico. Aunque para algunos en Occidente es un grupo terrorista, para muchos en el Medio Oriente es una fuerza de resistencia de enorme reputación.

Fue Hezbollah en 2006 quien combatió a Israel y logró sacarlo del territorio del sur del Líbano, donde crece y tiene su base social. Esta situación reforzó su reputación entre los llamados “ejes de resistencia” cercanos a Irán en el Medio Oriente.

El partido chiita, Hezbollah o “Partido de Dios”, además ha desarrollado un importante departamento mediático y ha contado con líderes pragmáticos que adaptaron su organización a las tradiciones políticas del Líbano, un país con un amplio porcentaje de población cristiana que prefiere mirar hacia Occidente.

Al igual que otras milicias cercanas a Irán, Hezbollah ve a Israel como la manifestación del imperialismo de Occidente en el Medio Oriente y como un usurpador de tierras santas musulmanas. Desde el comienzo de la guerra en Gaza, Naciones Unidas ha alertado el aumento de los asentamientos israelíes en las tierras de Cisjordania. Actualmente, hay 700,000 colonos sionistas en tierras palestinas reconocidas por la ONU.

Los líderes fundadores de Hezbollah, según el libro de Harik, se formaron bajo un impacto profundo de la revolución islámica iraní. Abrazaron sus objetivos: luchar contra el secularismo y la opresión de intervenciones extranjeras como Israel. Los principales líderes de Hezbollah eran estudiantes del mismo seminario en Najaf, Irak, donde Jomeini, figura de la revolución islámica de Irán, había estudiado.

A mediados de los ochenta, Hezbollah tenía 7,000 hombres, vistos como mujahid en sus comienzos más fundamentalistas. Hoy, según su líder Hasan Nasrallah, son alrededor de 100,000 combatientes veteranos de victorias militares como la guerra en Siria y entrenados desde su comienzo por la Guardia Revolucionaria de Irán.

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David Gonzalez

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David Gonzalez

*Periodista. Profesor de Análisis Geopolítico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes.

Foto: Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

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Las elecciones presidenciales en Estados Unidos han tomado el protagonismo mediático recientemente, pero el sistema internacional sigue siendo mucho más complejo. Aquí le contamos lo más importante de la última cumbre de la OTAN y las reflexiones que deja para el futuro.

Lucas d’Auria*

Durante la última semana se ha celebrado uno de los eventos más importantes del multilateralismo a nivel internacional. La cumbre de la OTAN, llevada a cabo en Washington, causó mucha expectativa y los medios de comunicación a nivel global pusieron el ojo sobre el desempeño físico y mental de Joe Biden después de su alarmante comportamiento en el más reciente debate público contra Donald Trump. 

Se ha hecho un énfasis desmesurado sobre Biden y sobre qué hará ahora Estados Unidos, y ese énfasis contribuye a que la población que se informa a través de medios tradicionales se lleve la impresión de que estamos ante una dinámica de bloques como en la Guerra Fría.

Estoy de acuerdo con que el espectro de las elecciones presidenciales en Estados Unidos es de importancia vital para la operatividad de la OTAN y, naturalmente, para la ayuda que Ucrania necesita desesperadamente para detener (esperemos que pronto) el ataque de Rusia. 

Sin embargo, creo que se ha hecho un énfasis desmesurado sobre Biden y sobre qué hará ahora Estados Unidos, y ese énfasis contribuye a que la población que se informa a través de medios tradicionales (y análisis malos en redes sociales) se lleve la impresión de que estamos ante una dinámica de bloques como en la Guerra Fría. Ese argumento es fácil de vender porque es simple, pero omite muchas variables.

En este texto, quiero llamar la atención sobre otros elementos y actores de la sociedad internacional. En particular, quisiera dedicar más tiempo a la Unión Europea, pues su ya conocida falta de coordinación está directamente relacionada con un nuevo auge de la derecha euroescéptica y con lo que la ciencia política conoce como democratic backsliding (retroceso democrático). 

En segundo lugar, dedicaré un breve espacio al rol de China en el conflicto en Ucrania. Por último, hablaré de qué puede suceder con la OTAN en caso de que Trump gane las elecciones en Estados Unidos en noviembre de este año.

Foto: U.S Department of Defense - Biden mismo llamó la atención sobre esto en la conferencia de clausura de la cumbre de la OTAN del jueves.

La OTAN y el euroescepticismo

Los episodios de confusión por los que Joe Biden ha pasado recientemente en el debate con Trump y en las últimas conferencias de prensa en el marco de la cumbre de la OTAN tienen que leerse en relación con el auge de la derecha en Europa. 

Por años, los partidos de la derecha extrema en varios países europeos han ido ganando terreno en las elecciones locales y su (ahora más oculto) euroescepticismo pone en riesgo la estabilidad de la OTAN también. 

La Unión Europea (UE) no tiene un ejército europeo ni un mecanismo realmente eficiente de toma de decisiones de política exterior en asuntos de seguridad y defensa. Esas decisiones, además, no son ni siquiera de competencia supranacional de la UE, sino que las toman los estados miembros de forma intergubernamental y, generalmente, por medio de votaciones que requieren unanimidad.

En este contexto, la OTAN ha sido desde su fundación casi la única forma que los países de Europa tienen de poderse defender ante amenazas militares como la invasión rusa a Ucrania. 

El declive progresivo de Joe Biden pone a Donald Trump en una posición de ventaja muy grande: si Trump fuese efectivamente elegido por segunda vez, existe una alta probabilidad de que la OTAN pierda apoyo de su miembro más poderoso. 

Estados Unidos no solo es uno de los países miembros que más aporta a la organización junto con Alemania, sino que su capacidad de respuesta es muchísimo más grande y ágil por dos motivos: 

  1. Primero, los países de Europa, desde hace muchos años, habían dejado de invertir porcentajes considerables de su PIB en el sector de defensa, aunque hay que reconocer que la invasión de Crimea en el 2014 les empujó a incrementar considerablemente su gasto en este sector. 
  2. Segundo, el mecanismo de toma de decisiones de la UE no es apto para responder a crisis de este tipo porque los estados miembros tienen problemas internos o intereses propios que dificultan su coordinación. 

El caso de Alemania es bastante diciente en este sentido, pues varios políticos poderosos son accionistas de oleoductos y gasoductos rusos y, naturalmente, ejercen presión para que el gobierno alemán no apoye a Ucrania proporcionándole los recursos que solicita (como las baterías de misiles antiaéreos o los misiles de largo alcance).

A esto se le suma el hecho de que los líderes de las derechas europeas, como Marine Le Pen en Francia y Viktor Orbán en Hungría (quien en este momento ostenta la Presidencia del Consejo de la Unión Europea) representan un peligro para la estabilidad regional. 

Le Pen, por ejemplo, ha declarado en varias ocasiones su desconfianza hacia la OTAN y ha dicho que, si ella llegase a la presidencia, retrocedería en las posiciones de seguridad y defensa que hasta ahora se han mantenido con Macron. 

Le Pen no debería ser subestimada: su partido es ahora la tercera fuerza política más grande de Francia y, aunque ha perdido las elecciones legislativas contra la coalición de izquierda, ha ganado 53 escaños en la Asamblea Nacional (pasando de 89 a 142).

Por el otro lado, Orbán tiene una relación muy cercana con Putin, con Trump y con Xi Jinping. De hecho, decidió visitar primero a Putin en Moscú antes de participar en la cumbre de la OTAN en Washington, y justo después de la cumbre visitó a Donald Trump en su residencia en Mar a Lago para unas “conversaciones de paz”; bloqueó el envío de ayuda a Ucrania en diciembre; y es actualmente el mandatario europeo con vínculos más estrechos con China. 

Trump no parece estar particularmente comprometido con la OTAN, pues vimos que cuando fue presidente hizo todo lo posible por forzar a los otros miembros a incrementar su gasto en defensa. 

Hace pocos días, también dijo que alentaría a Rusia a “hacer lo que le dé la gana” con otros miembros del grupo que no paguen lo suficiente, de nuevo alimentando la falsa percepción de que la OTAN funciona como un sistema de pagos y deudas.

China como habilitador de la invasión rusa

Lo más crucial de la posición de China es que, sin duda alguna, es un punto de apoyo en la sociedad internacional para Rusia y para varios líderes que, como Orbán, se pintan a sí mismos como los perdedores de la globalización occidental. 

En el caso de la guerra en Ucrania, China se ha convertido en el principal proveedor de insumos para la fabricación de armas que Rusia tiene a su disposición. De hecho, Biden mismo llamó la atención sobre esto en la conferencia de clausura de la cumbre de la OTAN del jueves. 

De acuerdo con los datos del Atlantic Council, aunque China no ha estado dando apoyo letal directo a Rusia, sus exportaciones de insumos como semiconductores y circuitos integrados han aumentado a más del doble con respecto al 2021, y algo parecido sucede con los soportes de metal necesarios para la construcción de tanques, y con los camiones pesados para el transporte de otros bienes. 

Así las cosas, es evidente que Rusia se vería en grandes aprietos si China no fuese su más grande socio comercial para ese tipo de insumos. Sin embargo, y pese a la dura advertencia hecha por Joe Biden—la cual causó una respuesta fúrica por parte de los diplomáticos chinos—es difícil que dichas exportaciones puedan ser completamente detenidas. 

Una gran cantidad de los soportes metálicos usados por Rusia están llegando primero al mercado de Kyrguistán, que ha visto un incremento de más del 2000% en importaciones de ese producto desde 2021. 

Esto indica que el gobierno ruso se ha vuelto muy hábil en usar a otros actores de la sociedad internacional para lograr sus objetivos, lo cual implica que algunas sanciones directas a Rusia pueden ser efectivamente eludidas. Un esfuerzo más grande en este sentido necesitaría un verdadero sistema de sanciones “en red” que se aplica a múltiples actores a la vez. 

Si a todo esto sumamos la presencia de actores que impiden la toma de decisiones que favorezcan a Ucrania, como es el caso de Hungría y de los (cada vez más fuertes) partidos de derecha euroescépticos como el Rassemblement National de Le Pen en Francia, las sanciones en bloque se vuelven difíciles de imponer.

Las elecciones en Estados Unidos

Por último, si Trump gana las elecciones en Estados Unidos, cualquier iniciativa que tome contra el funcionamiento de la OTAN encontrará, preocupantemente, mucho eco. 

Una eventual victoria de Trump sí representaría una cierta amenaza para la estabilidad de la organización y de la situación de defensa en Europa.

Trump ha declarado en público su relativa simpatía por mandatarios autoritarios y sus buenas relaciones con ellos. La conjunción entre la guerra en Ucrania y la retórica adversarial hacia la OTAN por parte de Trump han forzado a los demás miembros del grupo a incrementar considerablemente su gasto en defensa. 

Sin embargo, una eventual victoria de Trump sí representaría una cierta amenaza para la estabilidad de la organización y de la situación de defensa en Europa. 

Primero, implicaría una retórica aún más combativa contra los intereses de la OTAN pese a ser su más poderoso integrante. Segundo, las relaciones con y dentro de la UE se resquebrajarían, pues Trump ha mostrado que quiere desmarcarse de los asuntos europeos y esto le cae de perlas a los euroescépticos como Marine Le Pen y Geert Wilders, quienes abogan por una Unión más débil y una mayor “autonomía estratégica” de los estados miembros.

Por lo pronto, el sistema de toma de decisiones por unanimidad en la UE sigue representando un problema para tomar iniciativas militares, de modo que la ayuda americana sigue siendo necesaria. El aislacionismo de Trump, que es muy clásico en la política exterior estadounidense, nos hace pensar en el problema perenne de la Unión Europa: Cuando llamas a Europa, ¿a quién llamas?

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Lucas dAuria

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Lucas dAuria

*Profesor Asistente de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle (Bogotá), magister en Teoría de las Relaciones Internacionales de la London School of Economics.

Foto: X: DANE

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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual del 0,32% donde: Educación, Alojamiento y Transporte Impulsan el Incremento del IPC en junio 2024. Acá le explicamos lo que esto significa.

Tatiana Polania*

La inflación

El reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio de 2024 destaca un aumento del 0,32% en comparación con el mes anterior; acumulando una variación del 4,12% en lo que va del año y del 7,18% en términos anuales.  

Este incremento refleja variaciones significativas en varias divisiones de gasto esenciales para los hogares colombianos. En particular, los sectores de educación, alojamiento y transporte han sido los principales impulsores de esta tendencia inflacionaria, lo que subraya la necesidad de prestar atención a estos costos en un corto y mediano plazo.

La inflación afecta de manera diferente a los hogares según su nivel de ingresos. Los hogares de menores ingresos suelen dedicar una mayor proporción de su presupuesto a bienes esenciales como alimentos, energía y vivienda, categorías que han experimentado incrementos significativos. 

Según estudios recientes, la inflación golpea prolongadamente a los hogares de ingresos bajos porque gastan una mayor parte de su presupuesto en necesidades básicas, dejando menos margen para ajustes o ahorros. Además, estos hogares tienen menos capacidad para amortiguar los aumentos en el costo de vida mediante ahorros o endeudamiento, lo que agrava su vulnerabilidad ante la inflación.

La inflación mensual del 0,32% en junio sugiere una estabilidad relativa en los precios, con incrementos moderados en diversos sectores de la economía.

En este contexto, los incrementos en sectores como educación y transporte, que son cruciales para el bienestar y la movilidad social, podrían tener efectos duraderos en la estructura socioeconómica del país. La necesidad de políticas que aborden las desigualdades y mitiguen el impacto de la inflación sobre los sectores más vulnerables se hace cada vez más evidente. Estas políticas podrían incluir subsidios focalizados, ajustes en salarios mínimos y programas de apoyo a los hogares de bajos ingresos para garantizar que los incrementos de precios no perpetúen las desigualdades existentes.

El dato de junio

La inflación mensual del 0,32% en junio sugiere una estabilidad relativa en los precios, con incrementos moderados en diversos sectores de la economía. Uno de los factores más notables ha sido el precio de los combustibles, que continúa ejerciendo una presión significativa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este aumento en los precios de los combustibles afecta directamente al sector transporte, elevando los costos de operación y, por ende, repercutiendo en el precio final de muchos productos y servicios que dependen de la logística y el transporte para su distribución.

Por otro lado, mientras que los combustibles experimentan estos incrementos, los precios de los alimentos han mostrado una tendencia a la baja. Productos como la papa y las frutas han registrado descensos significativos, lo que ha ayudado a moderar el impacto global en el IPC. La reducción en los precios de estos alimentos puede atribuirse a factores estacionales, mejoras en la producción agrícola o variaciones en la oferta y demanda que han permitido una disminución en sus costos.

En lo que respecta a las divisiones de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; salud; y restaurantes y hoteles, estas registraron incrementos por encima del promedio nacional. Específicamente, la división de alojamiento y servicios básicos contribuyó con un 0,18 punto porcentual al total, reflejando un aumento del 0,58% respecto al mes anterior.

Por otro lado, el comportamiento de la variación mensual del IPC según subclases en junio de 2024 mostró que algunos productos específicos tuvieron un impacto notable en el índice general. Entre los productos que más contribuyeron al aumento del IPC se encuentran la papa, con una variación del 13,17%, la cebolla, que aumentó un 24,10%, y el chocolate y productos a base de chocolate, con un incremento del 11,87%. En contraste, algunos productos mostraron disminuciones significativas en sus precios, como el tomate (-14,94%), las moras (-10,76%) y las frutas frescas (-5,92%).

Foto: Alcaldía de Bogotá - Aunque se ha observado una reducción reciente en los precios de ciertos alimentos como la papa y las frutas, estas disminuciones podrían ser temporales y sujetas a cambios debido a las condiciones climáticas adversas,

Los incrementos en los precios afectan de manera desproporcionada a los hogares con menores ingresos, exacerbando las desigualdades económicas existentes.

Estos resultados reflejan una dinámica compleja en el comportamiento de los precios, donde factores como la estacionalidad y las condiciones del mercado influyen en la variabilidad de los costos de productos básicos y servicios. Además, los sectores de arriendo, tanto imputado como efectivo, mostraron incrementos del 0,48% y 0,47% respectivamente, lo cual también contribuyó de manera importante al alza del IPC.

En lo que respecta al análisis por nivel de ingresos, la variación mensual del IPC fue mayor en los hogares de ingresos bajos (0,39%), seguidos por los hogares vulnerables (0,36%), la clase media (0,32%) y los hogares de ingresos altos (0,30%). Esta diferencia en la variación sugiere que los incrementos en los precios afectan de manera desproporcionada a los hogares con menores ingresos, exacerbando las desigualdades económicas existentes.

¿Se sugiere un estancamiento de la inflación?

La tendencia a la estabilización de la inflación puede interpretarse como un indicio de que las políticas económicas implementadas están comenzando a tener efecto. Sin embargo, la inflación todavía se encuentra por encima del rango meta del Banco de la República, que es del 2% al 4%. La persistencia de factores como los altos precios de la gasolina y los efectos del fenómeno de El Niño sobre las cosechas sugiere que la inflación podría enfrentar nuevos desafíos en los próximos meses. Aunque se ha observado una reducción reciente en los precios de ciertos alimentos como la papa y las frutas, estas disminuciones podrían ser temporales y sujetas a cambios debido a las condiciones climáticas adversas, lo que sugiere que aún existen desafíos por enfrentar.

Aunque la estabilización observada en la inflación mensual es un signo positivo, persisten riesgos significativos que podrían afectar su comportamiento futuro. Es fundamental mantener un enfoque flexible y vigilante para adaptarse a las condiciones cambiantes y asegurar que la inflación se alinee con los objetivos económicos a largo plazo.

Panorama de la primera mitad del 2024

En los primeros seis meses del año, la inflación mostró una tendencia a la baja en comparación con el mismo período del año anterior. La variación anual del IPC hasta junio fue del 7,18%, una reducción significativa en comparación con los picos de inflación registrados en 2023 del 9,28%. 

Factores como la disminución en los precios de alimentos básicos han contribuido a esta tendencia positiva. No obstante, sectores como el transporte y los servicios de restaurantes y hoteles continúan presentando inflaciones elevadas, lo que indica que aún hay presiones inflacionarias en ciertos segmentos de la economía.

Significado del comportamiento inflacionario

La desaceleración de la inflación tiene implicaciones positivas para la economía colombiana, tales como una mayor estabilidad económica y una posible reducción en las tasas de interés por parte del Banco de la República en el futuro cercano. Esto podría estimular el crecimiento económico y mejorar la confianza de los consumidores y empresarios.

Es importante resaltar que el dato de inflación de junio sugiere una moderación en el incremento de precios, aún persisten desafíos que podrían afectar el comportamiento inflacionario en lo que resta del año. Es esencial continuar monitoreando factores como los precios del combustible y las condiciones climáticas, que podrían tener un impacto significativo en la economía colombiana.

Conclusión

El aumento del IPC en junio de 2024 pone de manifiesto la creciente presión sobre los hogares colombianos debido a los incrementos en sectores esenciales como la educación y el alojamiento. Estos datos subrayan la necesidad de implementar medidas para mitigar el impacto de la inflación en la economía familiar y mantener un seguimiento constante de los precios en estos sectores críticos.

Esta dinámica contrastante entre los sectores muestra cómo diferentes componentes del IPC pueden balancearse entre sí, permitiendo que la inflación general se mantenga en niveles moderados. Entender estos movimientos es crucial para prever tendencias futuras y tomar decisiones informadas tanto a nivel gubernamental como en la planificación económica de los hogares.

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Tatiana Polania

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Tatiana Polania

* Docente del programa de Economía de la Universidad de la Salle.

Foto: Radio Nacional de Venezuela

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Tensión política en Venezuela: ¿ha llegado el fin del chavismo? La oposición desafía estrategias de control con María Corina Machado liderando el cambio frente a un Maduro aislado.

Lewis Pereira*

Tensión política en Venezuela: ¿ha llegado el fin del chavismo?

La situación en Venezuela parece ser la siguiente: la oposición venezolana ha logrado sortear las trampas ya conocidas del manual chavista para la división y anulación de opositores. Se ha reinventado para capitalizar las expectativas de la desesperada población, muy deseosa del cambio, luego de más de 10 años de inflación, la mitad de ellos de hiperinflación, y una migración masiva de los venezolanos, como nunca se había visto: de más de 8 millones según las estimaciones de las Naciones Unidas. 

La situación incluye a un gobierno, con Nicolás Maduro a la cabeza, que ha perdido las calles por completo. Justo en estos días, cuando la campaña electoral ha comenzado, el heredero de Chávez se queja de la falta de seguidores. 

Recientemente, en una visita al Estado Táchira, que tiene frontera con Colombia, se quejó con su gobernador, Freddy Bernal, de no haber más que cámaras y micrófonos. Los bailes con reguetón en las tarimas no parecen estar dando resultados.

Chavismo: las estrategias de siempre

La estrategia del chavismo de obligar a sus seguidores a conseguir diez personas y llevarlas a los centros de votación (el denominado 1 x 10); la distribución de dinero de forma masiva en las “tarjetas de la patria”; el arresto de líderes opositores, su persecución, tortura y la compra de los más débiles entre ellos, no parece estar dando resultados. 

No todos lo saben, pero el chavismo carnetiza a su gente con una tarjeta bancaria que funciona a la vez como un carnet de afiliación política. El presidente, cada vez que lo considera conveniente, envía dinero, entre ellos el famoso “Bono de Guerra” (de la guerra económica que se supone que él mantiene con los Estados Unidos), para garantizar la lealtad de sus seguidores. 

Como se trata de dinero digital, que nace en los computadores, no hay necesidad de imprimir billetes, el costo es cero. La campaña electoral ha significado un crecimiento notable de esto, hasta el punto de que, como lo señalan algunos, en los últimos tres meses ha tenido como consecuencia un aumento de la liquidez en 11,97%. 

Los intentos de comprar conciencias han elevado el circulante a 118.000 millones de bolívares, algo así como 3.000 millones de dólares, en la reducida economía venezolana, antiguamente floreciente. Claro está, esto se paga con devaluaciones masivas de la moneda y los consabidos incrementos de la inflación que, en el último año, se había logrado estabilizar. 

Por ello, el Banco central ha tenido que redoblar los esfuerzos de inyección de dólares al mercado para evitar esa devaluación; se busca elevar la oferta para que el precio de la moneda norteamericana se mantenga , algo así como poner la enfermedad para luego administrar el remedio. Y si los problemas de inyectar de forma masiva dinero inorgánico a la economía no han sido mayores, es porque la economía venezolana ya está dolarizada, y lo único que circula en las calles son dólares. Esto antes, junto con el control de precios, ha pulverizado el poder adquisitivo. 

No es una camarilla de militares que prohíben las bancadas políticas, sino una camarilla de civiles en el poder que controlan las fuerzas armadas y judicializan a todo el mundo para impedir que se constituyan como líderes de oposición.

Foto: X: Edmundo González - Edmundo, como candidato opositor, ha dicho que puede llegar a mantener relaciones normales con China y no excluirla.

Además, se reparten bolsas de comida cada mes a la empobrecida población, que allá se conocen como “cajas del CLAP”, con la misma condición que los carnets, a saber: pertenecer al partido de gobierno. Si las personas no cumplen este requisito, o se convierten en opositores declarados, aparecen presiones de todo tipo, que incluyen suspender este beneficio. 

Los opositores tienen que lidiar con las estrategias propias de las nuevas dictaduras del siglo XXI que ya no son como las de antes, sino mucho más inteligentes. No es una camarilla de militares que prohíben las bancadas políticas, sino una camarilla de civiles en el poder que controlan las fuerzas armadas y judicializan a todo el mundo para impedir que se constituyan como líderes de oposición. Si tienen que recurrir a la agresión física no dudan en hacerlo, sin que parezca tortura. 

Son muchos los casos y la misma líder que ahora capitaliza todo el descontento de la población, la figura central de estas elecciones, fue golpeada salvajemente hace años, mientras era diputada, con la complacencia de los líderes que se reían mientras esto sucedía. Le dieron patadas en el piso y le fracturaron el tabique nasal.

 De esa historia proviene María Corina Machado, que ha logrado capitalizar casi toda la voluntad de voto de la población haciendo gala de una astucia política impresionante. Ya se la conoce como la dama de hierro. 

María Corina Machado: la sorpresa de la política venezolana

María Corina pertenece a la nueva derecha latinoamericana, mucho más práctica que la de antes, y dispuesta a dar la batalla cultural que antes había ganado la izquierda. La sorpresa para los chavistas fue mayor porque se suponía que como la habían judicializado con 15 años de inhabilitación para postularse a cargos de elección popular, no representaba ningún problema (no podía presentarse como candidata), y como en el imaginario de los herederos de Chávez pertenecía a la “burguesía” (forma parte de las familias más ricas de Venezuela), no tendría posibilidad de conectar con las masas, y menos con el pueblo pobre. 

Lo que no contaban es que la población venezolana anda desesperada y que esta señora sí tenía el talento político necesario. No contaban con su olfato político refinado y habilidades para la comunicación, sobre todo para transmitir seguridad a una población que ha sido decepcionada muchas veces, incluso por la misma oposición. 

Hay que recordar la decepción sufrida con Leopoldo López, que tuvo que huir del país, junto con toda su familia, para desaparecer del panorama nacional; a Enrique Capriles, que convocó a las personas para defender el voto y declarar el fraude en las elecciones de 2013 cuando enfrentó como candidato a Nicolás Maduro, y luego se retractó, aceptando el resultado de las elecciones; y finalmente, a Juan Guaidó, que huyó hacia EE. UU. desapareciendo del escenario nacional.

A diferencia de todos ellos, María Corina Machado nunca se marchó y, de hecho, los chavistas la subestimaron tanto que le prohibieron salir del país.

Fue así como ella se dedicó a recorrer el país animando a las personas a que se organizaran y a convencerlos de que un cambio sí era posible. En el camino logró conectar con el sentimiento popular tanto que, a estas alturas, a donde quiera que va la gente llora desconsoladamente y le pide que libere a Venezuela. 

Como no la dejaron postularse como candidata buscó a otra mujer para que la representara y fuese su voz. Intentó inscribirla en el Consejo Nacional Electoral pero no la dejaron, por lo cual optó por contactar a uno de los que ya se encontraban inscritos y esta vez sí funcionó.

La emergencia del nuevo liderazgo

La situación es la de una figura que aglutina casi todas las voluntades, un país que se encuentra eufórico con la posibilidad de que ahora sí todo va a cambiar, con intenciones de voto a favor que rondan el 70% o más, con un chavismo disminuido, que no es ni la sombra del que sostuvo Chávez, con una figura de fachada, de nombre Edmundo González, representante de María Corina, y con una mujer recorriendo el país con el compromiso de visitar cada uno de los pueblos, no importa qué tan alejado esté. 

En cuanto a las grandes relaciones de poder, la impresión que da es que Maduro se ha quedado solo: Putin no le puede dar el apoyo de antes porque se encuentra muy ocupado con Ucrania (aunque tiene inversiones, algunos aviones e inteligencia militar en el sitio), y China únicamente está pendiente de las deudas y del petróleo. 

El gran coloso asiático necesita petróleo y Maduro se lo ofreció como forma de pago, como pago en especie; sólo que el tiempo ha demostrado que no es capaz de cumplir con ese compromiso. Esto ha significado un punto de inflexión muy interesante en las relaciones con China: de los 3,5 millones de barriles diarios que producía Venezuela a la llegada de Chávez al poder, la nación suramericana apenas alcanza a producir unos 700 mil barriles (a veces 500 mil) —que se deben repartir entre todos sus socios comerciales e ideológicos, entre los cuales se encuentra Cuba.

A Putin se le paga con oro, pero a China debe ser con petróleo. En todo caso, ya Edmundo, como candidato opositor, ha dicho que puede llegar a mantener relaciones normales con China y no excluirla. Así las cosas, dadas las torpezas de Maduro, China está haciendo grandes inversiones y da para pensar que quienes pueden entregar el petróleo sean Edmundo y María Corina porque es un problema de tecnología y gerencia. 

Cuando PDVSA quebró durante el conocido “paro petrolero” de finales de 2002 y comienzos del 2003, Chávez desestimó el factor “capacitación del talento humano” y se dedicó a meter personas de los barrios pobres pertenecientes a los Consejos Comunales, adscritos al partido de gobierno, creando problemas que perduran hasta el día de hoy. Todos los que se encontraban cualificados se marcharon. El despido fue de más de 17 mil trabajadores. Los accidentes en la industria petrolera hoy son de todos los días, es decir, no hay quien sepa operar las instalaciones. 

El panorama para las elecciones del 28 de julio es sombrío por una razón de orden estratégico: la cooptación que ha hecho el chavismo del sistema electoral en cuanto a su funcionamiento operativo.

Así, el nuevo liderazgo se encuentra pensando en una transición, consciente de las limitaciones a las que se enfrenta. No se quiere pelear con China y ha logrado una conexión inmejorable con la Venezuela pobre. 

Fraude Electoral: panorama sombrío y un desafío en las elecciones

El panorama, de todos modos, para las elecciones del 28 de julio es sombrío por una razón de orden estratégico: la cooptación que ha hecho el chavismo del sistema electoral en cuanto a su funcionamiento operativo. 

En 2017 Maduro creó una Asamblea Nacional Constituyente que se convirtió en un parlamento paralelo para combatir el parlamento legalmente constituido que había ganado la oposición. La empresa que daba soporte al sistema electoral tuvo que huir del país al denunciar ella misma fraude, y sus directivos se marcharon a Londres. 

Estando allá dijeron que se había anunciado, en el boletín final, la totalización de dos (2) millones de votos que no habían pasado por las máquinas, es decir, que las máquinas habían contado una cosa y el CNE había anunciado otra. 

En un reciente referéndum que tenía como propósito consultar si la población venezolana estaba de acuerdo con anexar al país el territorio que hoy pertenece a Guyana, el CNE anunció que habían participado más de 10 millones de personas, pero el día de la consulta las calles permanecieron vacías. Es decir, el gobierno viene cometiendo fraude de forma sistemática. 

Hay que recordar que en 2018 Nicolás Maduro declaró ganar la presidencia con el 50,6%, algo poco creíble, y que el rector que dirige el CNE es Elvis Amoroso, quien ha sido siempre un chavista declarado, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) desde 1998 hasta el 2015, y que pertenece al círculo más íntimo de la elite gobernante.

Los testimonios de exagentes de inteligencia del gobierno, que luego desertaron, indican que lo que hace el gobierno, aparte de anunciar resultados fraudulentos, es introducir cédulas falsas en el sistema. La estimación es de 4 millones de cédulas falsas. Lo que hace el gobierno, según parece, cuando quiere suministrar datos auténticos, es acomodar en varios millones los resultados. 

Es decir, lo que tiene por delante la oposición y la población venezolana, es un posible fraude en toda la regla. Esa es la razón por la que, para combatir este terrible panorama, la oposición se ha trazado la meta de vigilar los votos en cada centro de votación para que los recibos o comprobantes que emiten las máquinas no se pierdan y poder hacer una totalización manual. Como la ventaja del candidato opositor es tan grande, esto debería funcionar porque desbordaría la estrategia del gobierno, y aunque declaren otra cosa en las actas de totalización, la gente tendría los votos en la mano. 

Lo que parece ahora nuevo en la trágica historia venezolana es esto: por primera vez la oposición tiene una estrategia que podría funcionar y tiene el líder correcto en las calles. El chavismo cometió un error de cálculo, pues Maduro no debió ser el candidato. Esta conjunción de factores antes no se había producido, no se había puesto todo junto, por lo que si se comete fraude y Maduro se declara ganador, lo que se espera es una crisis política y social monumental. 

La magnitud de lo que se espera, cualquier sea el escenario, es trascendente. La población venezolana anda contando que ahora sí van a sacar a Maduro, pero habrá que ver si esto no termina en tragedia. 

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Lewis Pereira

Escrito por:

Lewis Pereira

*Profesor de la Corporación Universitaria del Caribe (Sincelejo); Ph. D. en antropología/sociología, Universidad de los Andes (Mérida).

ISSN 2145-0439

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