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El peligro que corren los reincorporados de las FARC

Escrito por Alejandro Jiménez González

Alejandro JimenezDespués de casi tres años de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, la violencia selectiva contra los integrantes de la antigua guerrilla y hoy partido político no da tregua. ¿De dónde vienen los ataques y cómo evitarlos?

Alejandro Jiménez*

Los siguen matando

El pasado 29 de agosto se oficializó el rearme de algunos excomandantes de las FARC y, poco tiempo después, se dio la primera participación del partido FARC en elecciones locales y regionales en medio de una oleada de violencia electoral.

Del 24 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de este año la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) ha registrado el asesinato de 116 personas en proceso de reincorporación y de 26 de sus familiares.

La última víctima fue Alexander Parra, en Mesetas, Meta, en el primer asesinato que sucede en un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), poblados custodiados por unidades de la Fuerza Pública.

Las regiones que representan un riesgo alarmante para las personas en proceso de reincorporación son el suroriente: Caquetá, Guaviare y Sur del Meta, el Bajo Atrato, Bajo Cauca, Catatumbo; y el suroccidente: Nariño, Cauca y Putumayo. En estas zonas hoy se desarrollan actividades económicas ilícitas ligadas, sobre todo, al narcotráfico.

En esos lugares hay presencia activa de grupos armados ilegales, como:

  • Disidencias de las FARC-EP,
  • Las Autodefensas Gaitanistas,
  • El Ejército de Liberación Nacional (ELN),
  • El Ejército Popular de Liberación,
  • Los Pelusos.

Muerte en zonas de paz

Muchos de estos homicidios se han dado en regiones donde alguna vez las FARC hicieron presencia como guerrilla armada, y donde ahora están desarrollando sus actividades de reincorporación económica, política y social: los veinticuatro ETCR vigentes y las más de noventa Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) rurales y urbanas.

Según la información registrada por Pares, los asesinatos se dieron en 81 municipios. Entre estos, el 45 por ciento coinciden con zonas de ejercicio de reincorporación colectiva (ETCR y NAR).

Además, diez reincorporados fueron asesinados en ciudades capitales de departamento, lugares que están cobrando gran relevancia en esta etapa de transición. Esto ha llevado a la ubicación de un número considerable de militantes en las NAR urbanas existentes en Medellín, Cali, Bogotá, Ibagué, Quibdó y Popayán.

Fuente: SIPARES. Datos entre 24.11.2016 y 01.11.2019

Rearme de altos mandos

Como se sabe, el 29 de agosto el exjefe negociador en La Habana, Iván Márquez, reapareció en un video acompañado de Jesús Santrich y Óscar Mondragón alias El Paisa, entre otros excomandantes, en el que leían un comunicado que justificaba su regreso a la lucha armada.

Bajo las banderas de la “segunda Marquetalia” invitaron a las demás disidencias de las FARC-EP a hacer parte de este proyecto, en un intento de crear una nueva plataforma que justifique el uso de la violencia armada como manera de hacer política ante los incumplimientos del Acuerdo de Paz y la falta de garantías de seguridad para quienes se acogieron a él.

Por acción y omisión se siguen vulnerando la vida, integridad y seguridad de los y las excombatientes.

Estos grupos armados posfarc, liderados en su mayoría por disidentes y desertores del Acuerdo, son algunos de los autores materiales de las agresiones y asesinatos de antiguos miembros de la extinta guerrilla. Esto se explica porque, en aras de potenciar el poder bélico y la capacidad de “hacer la guerra” de estos grupos ilegales, las personas en procesos de reincorporación podrían ser objeto de intimidaciones y agresiones para que retomen la “lucha armada”.

Esta última es una de las hipótesis planteadas para explicar el fenómeno violento contra excombatientes y sus familiares. Además, se podría sumar el interés en sabotear el avance de los antiguos compañeros y compañeras en su tránsito a la vida civil.

Le recomendamos: Entre la tentación del fusil y la lealtad a la paz

Fogueo electoral

Con avales a 308 candidatos y candidatas, militantes y excombatientes, las elecciones de octubre de 2019 fueron para la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, su segundo ejercicio de participación política y sus primeros comicios para cargos de elección local y departamental.

Sin embargo, en la Alerta Temprana 035, emitida en agosto de 2019, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el alto nivel de vulnerabilidad de los desmovilizados que buscaban ejercer los derechos políticos otorgados por el Acuerdo de Paz. Estas agresiones, según la Defensoría, podían darse por la estigmatización sufrida por culpa de los grupos armados ilegales y otros sectores políticos.

Por su parte, en el cuarto Informe de Violencia electoral, Pares advirtió que la competencia por los cargos de elección popular (sobre todo los locales) estaba mediada por la violencia contratada y/o ejercida por candidatos para dejar por fuera de la contienda a sus competidores.

Según el informe en las elecciones hubo más de 177 atentados contra candidatos de distintas fuerzas políticas, con un saldo de 230 víctimas, en 28 departamentos y 136 municipios del país. Y 11 fueron cometidos contra integrantes del partido FARC.

Entre estos actos contra el partido FARC se encuentran:

  • Amenazas y atentados a candidatos,
  • Sabotaje a la sede de campaña de Bogotá, y
  • Retención y quema del vehículo de Emiro del Carmen Ropero, mejor conocido como Rubén Zamora, por parte de la disidencia del Frente 33 en el Catatumbo.

Hay que recordar que, durante las pasadas elecciones al Congreso de la República, militantes de FARC y sus sedes de campaña en Cali y Quibdó también fueron objeto de ataques violentos, amenazas y sabotajes.

Lea en Razón Pública: La FARC, las muertes y las elecciones

Un nuevo enfoque de seguridad

Si bien las Naciones Unidas habían indicado que solo cinco incidentes de inseguridad se habían producido en entornos cercanos a los ETCR, el asesinato de Alexander Parra en el espacio de reincorporación Mariana Páez demostró las limitaciones del perímetro de protección de la Fuerza Pública, infiltrado por los individuos que cometieron el crimen.

En una entrevista, Luz Marina Giraldo, la esposa de Parra, reveló que días antes del asesinato los funcionarios de la ARN que trabajan en esa zona recibieron una amenaza. Esto hizo que suspendieran labores tras su traslado y, al mismo tiempo, se dio un cambio en el batallón del Ejército que brindaba seguridad al ETCR.

Por otra parte, el asesinato de Dimar Torres hizo mucho ruido al revelarse información sobre la planeación y consumación de este por parte de unidades del Ejército. Este caso sería una ejecución extrajudicial que demostraría que no se han podido controlar las escaramuzas de la Fuerza Pública contra los reincorporados. Por acción y omisión se siguen vulnerando la vida, integridad y seguridad de los y las excombatientes.

Por todo lo anterior se hace preciso buscar alternativas eficaces de seguridad y protección para los integrantes de la FARC que vayan más allá del “esquema” de seguridad provisto por la UNP y por la Fuerza Pública. Hay que hacer un cambio en el enfoque de lo que se entiende por seguridad.

Es necesario adoptar sistemas de monitoreo del partido y de las más de 9138 personas reportadas por la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) que residen fuera de los ETCR, para avizorar los niveles de riesgo según la zona y de esta manera ejecutar acciones de prevención y autoprotección.

Puede leer: Violencia contra los reincorporados de las FARC: otro reto para la seguridad

De igual manera, se deben adoptar protocolos de protección que permitan activar las redes de protección con instituciones del Estado y otras organizaciones de la sociedad civil, para dar respuesta a las situaciones de crisis que pongan en riesgo la integridad de los militantes de FARC y de las personas en proceso de reincorporación. Hay que mitigar los riesgos para proteger la vida de quienes están cumpliendo el Acuerdo de Paz.

Politólogo de la Universidad Nacional, especialista en Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública e Investigador de la Línea Conflicto, Paz y Posconflicto de la Fundación Paz & Reconciliación. 

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