2025 el año para el movimiento estudiantil

Superada la mitad del gobierno Petro las universidades públicas siguen padeciendo la crisis financiera causada por la Ley 30 de 1992, la perspectiva para el 2025 no es alentadora. Se hacen necesarias acciones de las distintas ramas del poder para salvar a estas instituciones, pero sobre todo, se requiere la activación del movimiento estudiantil.

La crisis financiera es seria. Para no ir más lejos, por falta de recursos varias facultades de la Universidad de Antioquia, en la práctica, nunca iniciaron clases durante el segundo semestre del año a pesar de tener estudiantes matriculados. Al menos una cohorte de bachilleres no pudo iniciar su sueño y otras de universitarios quedaron en el limbo. Tampoco hay certeza de cómo y cuándo empezará el primer semestre de 2025.

¿Cómo llegamos a esta situación? Con la Ley 30 de 1992 se creó un modelo financiero para transferir recursos anuales del gobierno a las universidades públicas. Se fijó un piso presupuestal que debía crecer año a año al menos en lo que correspondía al índice de precios al consumidor (IPC).

La fórmula fracasó frente a las necesidades de las universidades y hoy la rama ejecutiva debe a éstas 17,8 billones de pesos a 2018 -23 billones en valores actuales. La razón del fracaso se explica, por una parte, porque los gobiernos se conformaron con ajustar siempre el IPC, sin proyectar nuevas partidas.

Por otra parte, el IPC nunca fue un índice apropiado, porque la variación de los costos de la educación técnicamente no se miden con IPC sino con el índice de precios de la educación superior (ICES), puesto que el costo de innovación tecnológica, crecimiento de la población estudiantil, mano de obra altamente cualificada se comporta de manera distinta al precio de otros bienes y servicios de consumo ordinario.

Al menos desde 2011 el movimiento estudiantil colombiano encontró una solución al problema de la desfinanciación estructural de la educación pública: modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 para apropiar mayores recursos que cierren la deuda histórica, las brechas regionales y financie adecuadamente a la educación superior.

Esa solución se convirtió en proyecto de ley gracias a la iniciativa de los congresistas Jennifer Pedraza, Gabriel Becerra y Ariel Ávila, estos últimos dos de la bancada gobiernista. Sin embargo, el gobierno de Petro no priorizó dicha reforma y se cayó por falta de trámite. Aunque en 2024 se volvió a presentar el proyecto, esta vez con bombos y platillos del Ministerio de Educación, pareciera que el entusiasmo se quedó en la presentación, hoy la propuesta está en riesgo de volver a ser archivada.

El gobierno no sólo le ha fallado al movimiento universitario en su máxima exigencia, también a la juventud que sueña con matricularse y terminar la carrera. En el presupuesto propuesto por Petro y el Ministerio de Hacienda para el 2025 se redujo en 47% el recurso para el Departamento Nacional de Planeación, castigando programas como Renta Joven -subsidios para evitar la deserción-.

Cabe aclarar que este recorte nada tiene que ver con la no aprobación de la Ley de Financiamiento e incluso, de haberse aprobado, se mantendría la eliminación de la mitad de Renta Joven.

Con el Icetex pasa algo semejante. Aunque en el movimiento estudiantil existen múltiples visiones sobre esta entidad, en los momentos de consolidación programática se ha concluido que antes de acabarla, debe reformarse estructuralmente, eliminando la capitalización de intereses y la usura del Banco Mundial sobre los ingresos de las familias colombianas.

La anterior conclusión fue incorporada por Petro en su programa presidencial pero ha quedado en el olvido.

Sin reforma y con grandes ajustes presupuestales, el Icetex reducirá el otorgamiento de alrededor de 60 mil créditos. 60 mil jóvenes que no pueden acceder a la universidad pública desfinanciada -y sin reforma- y que tampoco tendrán soporte estatal para pagar costosas matrículas en universidades privadas.

La urgencia de la reactivación del movimiento estudiantil no sólo debe responder a las omisiones del gobierno. También urge hacerle frente a la narrativa neoliberal enemiga del Estado.

La Senadora Paloma Valencia pregona la supuesta estatización de la educación ante el recorte presupuestal del Icetex, utilizando este hecho como excusa para soportar su elucubración ideológica. Su discurso oculta que las instituciones públicas llevan 30 años en crisis, en buena medida por el traslado de recursos públicos a universidades privadas por la vía de fortalecer el endeudamiento.

La necesidad de recursos y los incumplimientos del gobierno de fortalecer la educación pública se traducen en un llamado que el movimiento estudiantil ya está acogiendo. A pesar de seguir en vacaciones varios jóvenes universitarios ya se preparan para defender sus reivindicaciones, se han formado grupos de WhatsApp y se esperan asambleas para orientar la ruta de acción.

En los momentos coyunturales el movimiento estudiantil se ha caracterizado por su alto nivel de discusión, cualificación técnica en los debates gremiales y activismo político, todo de la mano de la independencia frente a los gobierno de turno. Este año no puede ser la excepción.