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2023: incertidumbre y moderación

Escrito por Jacobo Campo - Juan Camilo Villar

Este es el panorama económico, financiero y laboral para el año que comienza. Un año de incertidumbre y de dilemas delicados para los hogares, los empresarios y en especial para el gobierno nacional.

Juan Camilo Villar Otálora* y Jacobo Alberto Campo Robledo**

La inflación no da tregua

El panorama económico internacional para 2023 es poco alentador. Esto se debe a la desaceleración en Estados Unidos, China y la Unión Europea (UE), los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania y las decisiones de los bancos centrales para frenar la creciente inflación.

En Colombia el 2023 será un año de bajo crecimiento, debido más que todo a la moderación del consumo privado. Las proyecciones oscilan en el rango de 0,8 % a 1,5 % de aumento en el PIB, bien por debajo del 10,7 % del 2021 y del 7,2 % u 8,1 % estimados para 2022.

Desde marzo de 1999, cuando la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 13,51 %, Colombia no había tenido una inflación tan elevada como la del último año: un aumento de los precios de 13,2% acumulado hasta diciembre pasado.

Esto implica un reto extraordinario para el gobierno que proyecta una inflación de entre el 7,2 % y el 7,5 % al acabar el año. Por eso importa preguntarse por el costo que los agentes económicos tendrían que asumir para lograr esa reducción de por lo menos 5,6% en la inflación. ¿Cuáles son las estrategias que el gobierno tendría que adoptar para bajar la inflación sin agravar la desaceleración de economía?

Sector financiero: entre la iliquidez y el riesgo crediticio

Este año empieza con niveles históricos de endeudamiento de los hogares, con grandes reducciones en el ahorro bruto, una tasa de usura de 43,26 % y una tasa de intervención de política monetaria de 12 %.

Adicionalmente, los riesgos de crédito y liquidez aumentaron en 2022, lo cual a su vez aumentará la carga financiera de los hogares durante el año en curso. Por lo tanto, se espera un menor crecimiento del crédito de consumo durante el primer semestre de 2023.

El panorama para los hogares colombianos es complicado. Además del menor acceso y el mayor costo del crédito de consumo, tendrán que hacerle frente al aumento de los precios de bienes y servicios impulsados por el ajuste del salario mínimo.

Por eso importa que los hogares manejen sus ingresos con cuidado y cumplan sus obligaciones financieras, manteniendo un estricto control sobre el endeudamiento para evitar pagos desmesurados de intereses.

Dada la gran importancia de mantener la solvencia del sector financiero, la incógnita consiste en hasta dónde y cómo el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República concertarán sus acciones durante estos meses

Mercado cambiario

El año pasado fue muy volátil para el peso colombiano (COP) y la situación no parece estar cambiando, pues en los dos días finales de la primera semana de 2023, el dólar estadounidense (USD) volvió a romper la barrera de los 5.000 COP, principalmente como respuesta a la publicación del dato de inflación de 2022 por el DANE.

Recordemos que durante 2022 el USD llegó a máximos históricos de 5.061,21 COP, haciendo del peso colombiano la tercera moneda más devaluada (20,9%) de los países emergentes. Según proyecciones, durante este año el dólar fluctuaría en el rango entre 4.523 y 5.000 COP.

Peor todavía, el panorama parece aún más incierto que del año pasado, no solo por la reforma tributaria que entrará a operar, sino por la inestabilidad económica internacional causada por las crecientes tensiones geopolíticas una posible recesión en Estados Unidos, China y varios países miembros de la UE. ¿Qué hará entonces el Banco de la República en relación con el mercado cambiario, para aliviar, además, la presión inflacionaria?

Mercado laboral: aumento previsible del desempleo

La tasa de desempleo disminuyó durante el año pasado, hasta el 9,5 % al final de noviembre, lo cual era un reflejo natural de la recuperación de pospandemia. Pero si se descuenta el efecto estacional de corto plazo, la recuperación parece estar llegando a su fin: la tasa desestacionalizada no habría sido 9,5% sino 10,8 %, muy similar a las de noviembre de 2018 y 2019.

Además, hay factores internos como la reducción de la jornada laboral —Ley 2101 de 2021—, y los nuevos lineamientos en cuanto a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Estos factores se suman a la reforma tributaria, el ajuste del salario mínimo, la volatilidad cambiaria y el fin de los subsidios a las empresas en tiempos de la pandemia. Y se suman además a la probabilidad creciente de una recesión mundial.

De todo lo anterior resultaría un nuevo aumento en el nivel de desempleo, que se ha estimado en el rango entre 11,5 % y 12,3 % para este año.

Ante este panorama desalentador, el gobierno debería ser muy cuidadoso en sus propuestas de reforma laboral.

Protección del empleo público

En cuanto al cambio de los lineamientos sobre contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, conviene analizar la Circular Conjunta No. 100-005 -2022 emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), así como la Circular Conjunta No. 01 de 2023 difundida por Colombia Compra Eficiente (CCE) y el DAFP.

Estos documentos se proponen sentar las bases del Plan Nacional para la Formalización del Empleo Público en Equidad – lo cual es una prioridad para el nuevo gobierno- pero corren el riesgo de producir el efecto contrario:

  • La creación de plantas temporales supone un gasto adicional para las entidades estatales;
  • No hay garantía de que sean los actuales contratistas quienes ocupen las mencionadas plantas;
  • Es imposible que las entidades realicen los estudios necesarios de cargas y modificaciones normativas en los cuatro meses que faltan para las elecciones regionales.
  • Ni el DAFP ni el CCE, pueden imponer condiciones contractuales no contempladas por la ley a los ordenadores del gasto-

Aunque las buenas intenciones son loables, la aplicación de este tipo de medidas pondría en riesgo el funcionamiento de la administración pública al afectar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión que realizan miles de contratistas.

En efecto: esas medidas serían costosas para las entidades estatales, irían en contra de los principios de eficiencia y de igualdad al obligar la suscripción de contratos por apenas cuatro meses, y causarían inseguridad económica para los servidores públicos empleados bajo esta modalidad, toda vez que no tienen prelación para ser renganchados.

Qué hacer y qué no hacer

Sin duda alguna, 2023 es un año de retos económicos y políticos donde la resiliencia y la moderación se muestran como la mejor alternativa para el gobierno y los agentes económicos.

Foto: Banco de la República - El futuro económico del país dependerá de la articulación de las políticas adoptadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República y el comportamiento de las entidades que conforman el sistema financiero.

Por un lado, el gobierno nacional debe apoyar las medidas que adopte el Banco de la República como autoridad monetaria y cambiaria. Asimismo, debe adoptar políticas orientadas a la estabilidad macroeconómica en el mediano plazo, conjugando la búsqueda de crecimiento sostenido y el aumento del empleo con la del equilibrio en el mercado cambiario, en la balanza de pagos y en las finanzas públicas.

Por otro lado, hay cosas que el gobierno no debería hacer – aunque a veces parece quererlo o en algunos casos ya lo ha hecho-: imponer controles de precios o de la tasa de cambio, establecer nuevos aranceles y subsidios, aumentar la burocracia y expedir normas que, sin el debido sustento técnico, atentan contra el empleo, la estabilidad y las funciones del sector público y del privado.

Finalmente, y no menos importante, se debe evitar caer en cualquier tipo de sesgos, prevenir la improvisación y descoordinación entre las instituciones, así como la refutación y/o crítica a las decisiones de política económica sin criterio técnico alguno.

* Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.

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