El escándalo: ​ ​De cortesanos y cortes sanas - Razón Pública
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El escándalo: ​ ​De cortesanos y cortes sanas

Escrito por Andrés Dávila
Imagen del contacto

Imagen del contactoEl politólogo explica porqué el diseño institucional para “dignificar la justicia” en 1991 se juntó con el “articulito” de la reelección presidencial en 2004 para llevarnos al despeñadero. 

                                                                                              Andrés Dávila L. *

Como para borrón y cuenta nueva

De un día para otro el rumor sobre tutelas negociadas en las más altas cortes se hizo realidad o, al menos, se convirtió en una denuncia, presentada por el magistrado de la Corte Constitucional Mauricio González ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, instancia encargada de la investigación de los aforados de más alto rango: presidente, vicepresidente, magistrados.

Como era de esperarse, la noticia se convirtió en un escándalo mediático y político de gran magnitud que ha producido varios efectos, entre ellos la división de la Corte Constitucional entre quienes apoyan y quienes critican a su presidente, Jorge Pretelt, recientemente elegido. 

Este escándalo no es un evento extraño, sino el clímax de la descomposición paulatina del arreglo institucional que la Constitución de 1991 había establecido para revitalizar el aparato judicial, y que ahora toca al órgano que encarna -o encarnaba- la suprema dignidad de la justicia.

Algunas de las reformas más significativas de 1991 son las protagonistas de los sucesos que ahora conmocionan a la justicia

El hecho de que el escándalo afecte al más alto tribunal, al guardián de la Constitución de 1991, indica la magnitud y complejidad del problema. No en vano algunas voces, hasta hoy relativamente aisladas, han sugerido la necesidad de hacer un “borrón y cuenta nueva”, semejante al que se efectuó en el tránsito de la dictadura al Frente Nacional.

Esto implicaría volver a barajar las cartas en dos sentidos: revisar el diseño institucional y los arreglos previstos para su funcionamiento; y dar cabida a una nueva élite judicial, distinta y distante de lo que paulatinamente ha ido copando, cooptando y permeando a las altas cortes en la última década.

El diseño institucional

Es importante señalar que en la Constitución de 1991 se introdujeron algunas reformas  que fijaron un derrotero sobre el cual de manera paulatina hemos venido construyendo y concretando el necesario “pacto sobre lo fundamental”.

Paradójicamente, algunas de las reformas más significativas de 1991 son las protagonistas de los sucesos que ahora conmocionan a la justicia: la conformación de una Rama Judicial autónoma e independiente, la creación del recurso de tutela para hacer prevalecer los derechos, el debilitamiento relativo del presidencialismo, el esfuerzo por reinventar una Rama Legislativa capaz de ejercer el control político y la redefinición de los órganos de control como instancias no dependientes del Ejecutivo. Veamos algunos de los cambios introducidos por la Constitución de 1991 que ahora están en el ojo del huracán.

Palacio de Justicia.
Palacio de Justicia.
Foto: Iván Erre Jota
  • En la Rama Judicial se introdujeron cuatro grandes transformaciones: (1) el Consejo Superior de la Judicatura para la administración de justicia en lo presupuestal y en lo disciplinario; (2) la Fiscalía General de la Nación, hoy convertida en una entidad gigantesca y cuya cúpula goza de un enorme poder; (3) la Corte Constitucional para defender y preservar la integridad de la Carta, que está sujeta todavía a las tensiones de ser primus inter pares junto a la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado,  y (4) el reemplazo de la cooptación como mecanismo para  seleccionar los magistrados por un sistema de pesos y contrapesos plasmado en instancias y funciones diferentes para postular o elegir a sus miembros o a otros altos funcionarios. Además, se propuso otra transformación, que hasta ahora se ha quedado en promesa: la autonomía presupuestal.
     
  • La acción de tutela fue el principal (y hasta único) mecanismo expedito y exitoso para la protección de los derechos ciudadanos y llegó a sustituir (por su eficacia) a los fallidos mecanismos de la democracia participativa. Se convirtió en el pilar de la promesa garantista de la nueva Carta y del Estado Social de Derecho. Ha sido tal su éxito que se le ha usado, incluso, para obligar a operar sistemas deficientes, como el de la salud. Precisamente, porque la Corte Constitucional entendió su importancia, empezó a usarla como forma de activismo e influencia en políticas públicas y lograr que este alto tribunal decidiera sobre ciertas acciones de tutela se convirtió en un privilegio apetecido.
     
  • Acotamiento del presidencialismo. Desde 1991 el presidente ya no tiene bajo su control lo territorial (que ahora está descentralizado), ni los estados de excepción (que ahora se establecen con severos controles y restricciones temporales), ni la máquina de hacer billetes (ahora en manos de una muy independiente Junta del Banco de la República), e incluso se puede decir que tampoco controla completamente su propio gobierno (ahora delimitado por el Congreso y la Constitución) ni puede decidir en temas de paz, pues ya no puede amnistiar ni indultar a gusto.
     
  • Congreso reformado. Peor que la ingeniería de nuestras grandes carreteras fue la “ingeniería institucional” para superar el bipartidismo, desterrar el clientelismo y saltar (con mucho voluntarismo) a este híbrido entre representación y participación que nos puso en la vanguardia democrática de América Latina.

Ahora bien, ¿por qué si el problema está en la Corte Constitucional, hay que mencionar al menos estas cuatro reformas de la Constitución del 91? Porque la corrupción parece haber llegado al proceso de selección de las tutelas que revisa la Corte Constitucional y al mecanismo alfabético de asignación del magistrado que elabora la ponencia. Es allí donde, por lo que se ha sabido, se cobran altas sumas de dinero, se hace que lo azaroso opere en favor de unos afortunados y se toman decisiones no según la guarda de la Constitución, sino de los muy bien aceitados intereses de algunos.

De instituciones e individuos

En sus inicios, los magistrados de la Corte Constitucional eran reconocidos como juristas  impolutos, ricos en saber y en experiencia, duchos en decencia aunque con intereses personales y políticos. Hasta que un presidente de la República, ávido de poder y control, hizo lo que pudo por superar su debilidad constitucional y en lugar de postular personas capaces y probas para las Cortes, hizo mezclas y avaló a muchos de los protagonistas de los escándalos recientes en las altas Cortes.

Por esa vía ayudó también a consolidar prácticas de politización judicial y de redes clientelares y de corrupción, amparadas en grandes poderes de personas, regiones y hasta universidades, que hoy son dueñas de un órgano de control o de una entidad de la Rama.

Ante este panorama, dan ganas de decir “apague y vámonos”. Sin embargo, no es posible.

El presidente pudo hacer todo esto porque cambió un articulito de la Constitución y se quedó ocho años, rompiendo los equilibrios, los pesos y contrapesos previstos de manera teórica en una Carta sin reelección presidencial. Entonces, por entre los intersticios de un diseño institucional complejo pero bien intencionado, se fueron colando y afianzando las peores prácticas y los peores personajes, ávidos de poder y riqueza.

El Senador y ex-presidente Álvaro Uribe.
El Senador y ex-presidente Álvaro Uribe.
Foto: Congreso de la República

Apague y vámonos

Ahora el Congreso tiene que sacar adelante las decisiones para resolver los entuertos que le han llegado, sin pedirlo pero habiendo sido partícipe por acción u omisión a cada paso de este proceso accidentado. En su seno está la Comisión de Acusaciones, única con atribuciones para decidir sobre denuncias contra y entre magistrados de la Corte Constitucional. Además, en sus manos está la reforma al equilibrio de poderes, un dechado de iniciativas improvisadas pero con un solo fin inmediato: eliminar la reelección.

También en el Congreso vimos cómo se logró que una pomposa reforma a la justicia (impulsada con vehemencia por nuestro ingeniero de reformas, el hoy vicepresidente de la República), acabara obligando al presidente a hacer una parada en el país, a torcerle el cuello a la Constitución  y a impedir (y en eso lo apoyamos muchos) que esa torcida “reforma a la justicia” viera la luz.

Ante este panorama, dan ganas de decir “apague y vámonos”. Sin embargo, no es posible. En el futuro inmediato quedan algunas pocas opciones:

  • rezar para que por una vez en lo que le queda de existencia la Comisión de Acusaciones funcione;
     
  • confiar en que la reforma de equilibrio de poderes elimine la reelección y ayude a poner en orden los desechos del paulatino derrumbe del diseño institucional;
     
  • o esperar a que varios de los implicados depongan sus ambiciosos intereses y, en aras de salvar al menos los trastes del negocio, lleguen a alguna solución en clave de democracia.

Pero, en general, el panorama no es para nada esperanzador.
 

* Politólogo de la Universidad de los Andes, maestro y doctor en Ciencias Sociales de la FLACSO, México, profesor asociado y director del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la  Universidad Javeriana.

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