Aunque estén desdibujados en el plano nacional, los dos partidos tradicionales y sus variantes o disidencias siguen vigentes en el plano local. Así, la Mesa de Unidad Nacional se proyectó con fuerza en Bogotá y logró la mayoría en el Concejo Distrital. Pero Petro está empeñado en cumplir su programa y está pisando los primeros callos: ha comenzado el pulso.

Cómo debería ser

La semana pasada la prensa nacional destacó “la primera derrota política del alcalde Petro en el Concejo de Bogotá” como una noticia central.

Pues bien: al instalarse las sesiones del Concejo recién elegido, es apenas natural que se definan coaliciones para sumar la mayoría que elegirá la mesa directiva, integrará las comisiones permanentes y – sobre todo– escogerá a los próximos Personero y Contralor del Distrito Capital.

Dada la importancia de estos cargos y el peso de la mayoría al tramitar las iniciativas del gobierno distrital, es normal que la Administración intente asegurar que esa mayoría esté comprometida con las principales propuestas del Alcalde durante su campaña electoral, propuestas que constituyen la base para el Plan de Desarrollo y para diseñar las políticas en los distintos frentes de actividad.

En una democracia sólida, construida sobre la base de partidos políticos disciplinados, con claras definiciones ideológicas, el proceso de conformar mayorías resultaría relativamente sencillo y transparente:

• El Alcalde, por intermedio de su Secretario de Gobierno y con el apoyo de los miembros de su propia bancada, buscaría acercamientos con las bancadas de los otros partidos para llegar a acuerdos programáticos que sienten las bases de una gobernabilidad sin tropiezos.
• Cuando el apoyo de una determinada bancada, por su número o por otra circunstancia, resulte particularmente importante, tales acuerdos podrían incluir el ingreso al gobierno de uno o varios representantes del partido o de los partidos que contribuyen a integrar la mayoría. Lo normal sería que el cargo ofrecido corresponda a un sector del gobierno que resulte de interés estratégico para dicho partido en función de su agenda.
• El desempeño de los representantes de los partidos en el gobierno de la ciudad conlleva responsabilidades políticas, exigibles por parte de una ciudadanía informada y participativa que premia o castiga a través del voto y de otras muestras de apoyo o desafecto político.

En cierta forma, esta fue la propuesta que hizo el alcalde Petro cuando habló de las formas de relación que podrían existir entre su gobierno y el Concejo de la ciudad. Y fue también la propuesta que, de manera más bien confusa e inoportuna, reiteró el Secretario de Gobierno Antonio Navarro en su afán por evitar una catástrofe que ya se anunciaba.

Por qué esta vez no funcionó

En el Concejo de Bogotá la coalición que respalda al alcalde Gustavo Petro está en minoría.

Pero los colombianos sabemos bien que así no suceden las cosas. Como se dice en el lenguaje popular, “una cosa es Dinamarca, y otra Cundinamarca”.

Nuestro sistema político se ha caracterizado por el predominio que desde el siglo XIX han tenido los partidos tradicionales, Liberal y Conservador. Este bipartidismo se ha traducido en que, salvo breves interrupciones en el orden constitucional, liberales y conservadores monopolizaran el ejercicio del poder, relevándose en el control del Estado en un contexto caracterizado por guerras civiles, hegemonías de partido y alianzas “consocionales” que permitieron estabilizar el sistema en momentos críticos.

Ese modelo sufrió un cambio importante a partir de la Constitución de 1991, que propició la modificación del sistema de partidos y facilitó la aparición y paulatina consolidación de otras fuerzas políticas, algunas de ellas producto de disidencias en los partidos tradicionales, otras auténticamente independientes.

Sin embargo los partidos tradicionales han reafirmado su vigencia en el escenario político contemporáneo — especialmente a nivel local — algo que resulta difícil de comprender desde una perspectiva analítica, dada su carencia tanto de una base doctrinaria o programática consistente que les imprima identidad, como de una estructura organizacional permanente.

Parte de la respuesta al acertijo radica en la capacidad de los partidos para reinventarse, como lo ha demostrado recientemente el Partido Liberal — con su agenda sobre la reparación de las víctimas y la restitución de tierras — cuyas banderas fueron rápidamente adoptadas por el gobierno de Unidad Nacional, en medio de un conflicto interno que está lejos aún de resolverse.

A la supervivencia del juego político “tradicional” contribuye además la flexibilidad que existe dentro de cada uno de los partidos históricos y de sus disidencias, flexibilidad que les permite brindar apoyo a plataformas que van desde la extrema derecha hasta una tímida social-democracia.

Y, por supuesto no debe ignorarse la capacidad de los partidos colombianos para reproducirse mediante prácticas clientelistas que abarcan la captura de rentas, el nombramiento de funcionarios y la contratación de servidores sobre la base de la “milimetría” de cuotas.

Tampoco, claro está, podría ignorarse la corrupción administrativa que no solo se presenta en Bogotá, aunque fue aquí precisamente donde el reflector fue enfocado en los últimos tiempos.

Los mismos ¿con las mismas?

Este es el trasfondo del forcejeo que se presentó entre el Alcalde y la coalición mayoritaria en el Concejo, integrada por 29 Concejales que representan a los partidos tradicionales, a sus disidencias transitorias de “Cambio Radical” y la “U” y al Partido Verde, cuyo perfil ideológico está aún en proceso de definición.

Esta coalición es, en buena medida, una proyección sobre el plano distrital de la “Mesa de Unidad Nacional” que acompaña al presidente Santos.

En medio del debate en el Concejo Distrital se señaló -y conviene recordarlo- que las fuerzas hoy integrantes de la coalición mayoritaria no distan mucho de las que acompañaron las iniciativas del alcalde Samuel Moreno y tuvieron amplia representación en su gobierno –por debajo de la mesa–.

Y si se observan detenidamente los nombres de quienes integran dicha mayoría, se descubrirán algunos de quienes han figurado en las denuncias formuladas o en las investigaciones que se adelantan por el denominado “cartel de la contratación” en Bogotá.

Se cumple porque se cumple

Pero el asunto va más allá de la pequeña política, una política en minúsculas. El tema tiene también que ver con la Política con mayúscula.

Aunque errático en algunas de sus declaraciones — fruto quizás de la inexperiencia y de las angustias del momento — el alcalde Petro ha sido vertical en su intención de convertir en realidad las líneas básicas del programa que sometió – y que aprobó– el electorado:

• Se han dado ya algunos pasos hacia la operación integrada de las empresas de servicios públicos.
• En el frente fiscal, ligado al de movilidad, Petro ha insistido en cobrar cargos por congestión para que los usuarios de vehículos particulares contribuyan a financiar la ampliación y el mantenimiento de las vías que sirven al transporte público.
• El Secretario de Educación ha hecho declaraciones sobre la importancia de los sindicatos de maestros en la definición de la política educativa, que no se oirían en boca de personas como la ex Secretaria y ex Ministra Cecilia María Vélez.
• En materia de usos del suelo y de vivienda, su gobierno ha insistido en estimular la producción de vivienda de interés social en lo que los expertos llaman la ciudad construida, esto es, en revitalizar las zonas que ya cuentan con la infraestructura de vías y servicios públicos pero hoy están en proceso de franco deterioro.

Pisando callos

En el nombramiento del gabinete distrital el alcalde se la jugó por expertos independientes de los partidos políticos.

Y es precisamente en este último terreno, tanto en el sentido figurado como en el literal, donde se están viendo las primeras consecuencias de la nueva situación política de la ciudad.

La prensa ha puesto de presente hasta qué punto el futuro de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) — a cuya construcción se ha opuesto Petro desde su campaña — está en el centro del enfrentamiento entre los partidos que hacen parte de la Mesa de Unidad Nacional y un gobierno distrital que empieza a sentir en carne propia el peso de los intereses de todo orden que se esconden detrás de las grandes decisiones políticas y administrativas de Bogotá.

El estatuto orgánico de la ciudad brinda poderosas herramientas al Alcalde para llevar a cabo su programa. Ya lo demostró Mockus en el pasado, un ejemplo al que ha acudido Petro para explicar su estrategia frente a la un tanto inesperada situación surgida del enfrentamiento con la mayoría que ahora controla el Concejo de la ciudad.

A los ciudadanos y ciudadanas les corresponde mantenerse vigilantes para impedir que en su afán por mover los hilos de poderes espurios o de frenar el avance de una fuerza política renovadora, la vieja política tradicional termine por afectar a todos los bogotanos en sus derechos y en su calidad de vida.

* Abogado. Especialista en Derecho Administrativo. Magister en Ciencia Administrativa y Problemas del Desarrollo Económico y Social, Doctor (PhD) en Ciencia Política de la Universidad de York, Inglaterra. Consultor Internacional en materia de Hacienda Pública y Seguridad Social. Fue Subsecretario de Hacienda, Subsecretario de Asuntos Legales y Subsecretario de Hábitat en el Distrito Capital. Profesor universitario.