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Putumayo, Colombia.

Julian BarbosaAlejandra CiroLa violencia no surgió del abandono del Estado, sino de la relación que el Estado construyó con la región entregándola al juego de intereses privados, negocios ilícitos y grupos armados ilegales. No habrá paz si este estado de cosas no se cambia.

Julián Barbosa* - Alejandra Ciro**

La violencia que persiste

Para lograr el éxito del post-acuerdo es necesario pensar su aplicación en clave territorial. Más allá de la ya habitual referencia a la paz territorial, la construcción de la paz “estable y duradera” depende de resolver los conflictos en los territorios, particularmente en aquellos que se consideran como abandonados por el Estado. Putumayo forma parte de este grupo.

¿Qué pasará una vez que las FARC hayan abandonado las armas? ¿Cuáles son los retos y las oportunidades de este departamento durante el post-acuerdo?

Para empezar- y ya casi a seis meses de la firma del Acuerdo final- la situación del Putumayo sigue siendo muy difícil. Pese a la disminución en el número de víctimas  que resultó de la tregua unilateral decretada por las FARC durante el proceso de negociación y de su posterior concentración en la zona veredal de La Carmelita, en Puerto Asís, todavía son múltiples los actores armados que amenazan a las comunidades en este territorio.

Según  las cifras de Medicina Legal, entre el comienzo de las negociaciones y el final de 2015, las tasas de muertes violentas en el departamento estuvieron por encima del total nacional. Y aunque según los informes de la Unidad de Víctimas, la violencia habría disminuido desde que comenzó la negociación, no ha ocurrido lo mismo con las tasas de muertes violentas de Medicina Legal. Al contrario, ha habido picos escandalosos como el de 2014, cuando Putumayo tuvo una tasa de 83 frente a la tasa nacional de 52. Puerto Asís, la ciudad más poblada del departamento, ha tenido regularmente tasas superiores a 100, y en 2014 llegó a 179,7. Sin embargo los datos de 2015 (que son los más recientes) muestran una caída histórica, con una tasa de 33 para Putumayo y de 78 para Puerto Asís.

Tomadas en su conjunto, de las cifras anteriores podría inferirse que:

  1. El proceso de paz con las FARC no se traduce necesariamente en una disminución de los muertes violentas en el territorio, y
  2. Las alzas y las bajas en la tasa de muertes violentas no son obra del azar: hay una lógica detrás de la violencia, y así  lo muestra la caída abrupta de esa tasa entre  2014 y 2015.

Hoy en el Putumayo hacen presencia varios “grupos armados posdesmovilización” (GAPD), como han sido llamados en el más reciente informe del Centro Nacional de Memoria Histórica:  

  • Tras la precaria desmovilización del Bloque Sur Putumayo en 2006, parte de esta organización dedicada al narcotráfico se mantuvo activa.
  • En 2007 ya había presencia de los Rastrojos, una banda  criminal vinculada con el Cartel del Norte del Valle con fronteras fluidas con las FARC en el control territorial y del narcotráfico.
  • También hay presencia de los Urabeños y de organizaciones como la Constru, grupos armados que mantienen control sobre la economía local (contrabando de combustibles, extorsiones, seguridad privada y juegos de azar, entre otros).

Dentro de ese contexto se han mantenido los asesinatos y amenazas de líderes campesinos e indígenas, según ha denunciado la Marcha Patriótica.

La relación con el Estado

Firma de los Acuerdos de Paz. ¿En qué quedará Putumayo?
Firma de los Acuerdos de Paz. ¿En qué quedará Putumayo? 
Foto: Presidencia de la República

Para entender los desafíos y oportunidades del Putumayo tras la desmovilización de las FARC hay que comprender el funcionamiento de la violencia en la región.

Para lograr el éxito del post-acuerdo es necesario pensar su aplicación en clave territorial.

En contravía de lo que suele decirse, la violencia en Putumayo no es endémica ni es resultado de un supuesto abandono del Estado. El conflicto y su desarrollo han respondido más bien a la relación que el Estado ha establecido con la región y que se expresa en dos contextos principales: el del petróleo y el de la coca. Esta incidencia es evidente si se observa que los municipios con más violencia son los del Bajo Putumayo (Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, Valle del Guamuez, San Miguel), donde aquellos dos negocios han confluido.

La explotación petrolera en Putumayo ha estado entrelazada con la producción de coca. Entre 1963 y 1981 funcionó en el departamento la Texas Petroleum. El bajo nivel de precios petroleros entre finales de los ochenta y principios de los noventa coincidió con el aumento de los cultivos ilícitos, hasta que resurgió la actividad petrolera entre 2000 y 2013. Este resurgimiento coincidió con el declive de la coca bajo el Plan Colombia.

Como explica el sociólogo Edinso Culma, esta relación con el territorio implicó que el Estado delegara su poder a las empresas, quienes explotaban petróleo y violaban los derechos laborales, ambientales y de propiedad en medio de la feroz (pero reprimida) protesta de las comunidades. A partir de 2000 la reactivada explotación petrolera ha agudizado el conflicto con las comunidades y actualmente hay exploración, explotación y presencia de oleoductos en Orito, Colón, San Miguel y Valle del Guamuez.

En medio de la crisis de la colonización y de la dificultad que enfrentaban los campesinos para insertarse en el mercado legal por la ausencia de vías, créditos y asistencia técnica, la coca se convirtió en una posibilidad de subsistencia. El cultivo de coca les permitió  articular su economía con el mercado internacional como no lo hizo el Estado.

Durante los años noventa Putumayo se convirtió en el departamento con la mayor área  en  cultivos ilícitos. Los municipios del Bajo Putumayo han concentrado el 87 por ciento de los cultivos del departamento y Putumayo el 40 por ciento de los cultivos del país.

Lo que muestran la explotación petrolera y la experiencia de la coca en Putumayo es el tipo de relación que ha establecido el Estado colombiano con el territorio. Y es esta relación la que ha traído el conflicto. Si se revisan las cifras de victimización en el departamento  puede observarse que esta ha estado asociada con la lucha contra las droga -más que con  el cultivo de la coca-. El Plan Colombia y la política represiva contra el pequeño cultivador coinciden con los momentos de más severas  crisis humanitarias en el Putumayo.

¿Qué viene ahora?

Narcotráfico en Putumayo, un problema preocupante en el camino a la paz
Narcotráfico en Putumayo, un problema preocupante en el camino a la paz  
Foto: Policía Nacional de Colombia

Los GAPD se nutren de las condiciones que caracterizan a la economía petrolera y de la coca en Putumayo. Y la población teme que estos grupos armados operen al servicio de las empresas petroleras ofreciéndoles seguridad privada y mediando de forma violenta en los conflictos socio-ambientales en un contexto donde el Estado ha dado libertad a las empresas y no ha intervenido a favor de las comunidades.

Por la misma línea, la política antinarcóticos ha perjudicado al campesino, pero no ha hecho menos rentable el negocio de la coca. La fumigación con glifosato acaba con cultivos lícitos y no logra afectar el negocio del narcotráfico que se desplaza al compás de las zonas fumigadas. Hay que recordar que Putumayo se convirtió en el departamento con mayor área de cultivos después de las aspersiones en Caquetá y Guaviare durante los años noventa, y que la crisis en el Pacífico es resultado de la ejecución del Plan Colombia en Putumayo.

Las FARC se han comprometido a cortar sus vínculos con el narcotráfico y a aportar en la lucha contra las drogas. Sin embargo, si se sigue atacando este problema con el mismo modelo antinarcótico, el Acuerdo de La Habana no va a tener un efecto real en el territorio.

El proceso de paz con las FARC no se traduce necesariamente en una disminución de las muertes violentas  en el territorio.

La posibilidad de salir del conflicto armado depende de que en estos territorios se acabe la espiral de violencia, y las cifras muestran que debe enfocarse la intervención en municipios específicos. No obstante, en el fondo, y como está consignado en el Acuerdo, la construcción de la paz territorial pasa por cambiar la relación que ha construido el Estado con las comunidades.

En Putumayo debe cambiarse la política antinarcóticos, los cultivadores de coca deben ser tratados como campesinos, y debe llevarse a cabo una política integral que invierta en infraestructura, servicios de salud y educación para las comunidades. Los conflictos socio-ambientales deben manejarse para permitir la participación de las comunidades e impedir que la presencia de las empresas alimente la violencia en la región.

Además, la experiencia en el campo de la ilegalidad que tienen los guerrilleros concentrados en La Carmelita los convierte en mano de obra deseable para los GAPD. El gobierno debe tomarse en serio la implementación del Acuerdo para impedir que empiece un cambio de brazalete y, con él, un nuevo ciclo de violencia.

 

* Historiador y politólogo de la Universidad de los Andes, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional, docente e investigador de la Universidad de San Buenaventura, investigador y cofundador del centro de pensamiento AlaOrilladelRío.

** Historiadora de la Universidad de los Andes, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional, investigadora del Centro de pensamiento AlaOrilladelRío, de la Corporación Educativa Jean Piaget, Florencia-Caquetá.

 

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