El costo del éxito de la Seguridad Democrática desplazó el conflicto hacia la periferia, incluyendo esta frontera donde se juegan cosas decisivas para los dos países. Qué está pasando, por qué está pasando, qué han hecho y qué no han hecho los gobiernos, qué falta por hacer, este es el análisis de un prestigioso centro internacional*.

Corredores de violencia

Durante los últimos 15 años, las regiones periféricas de Colombia se han convertido en escenarios centrales del conflicto armado. Una de ellas —la frontera colombo-venezolana — podría verse aún más afectada con la reciente designación de Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”, como comandante de las FARC.

La sospecha de que el nuevo líder se desplaza libremente por esa frontera podría entorpecer la luna de miel entre los presidentes Santos y Chávez. También podría agudizar la violencia que ya está presente en los territorios fronterizos.

En su última reunión en Caracas, los presidentes renovaron su compromiso de cooperación. Ahora hace falta que las agendas internas y la binacional den respuesta a los graves retos humanitarios en la frontera y que ofrezcan mejores oportunidades para aquellos que se ven atrapados en las economías ilegales o informales.

El conflicto se desplaza

Las fronteras de Colombia, en particular aquellas compartidas con Venezuela y Ecuador, han pagado el costo de la política de seguridad democrática del ex presidente Uribe. Enfocándose en la seguridad de los grandes centros productivos, la actuación del Estado empujó a los grupos armados ilegales aún más hacia las periferias, donde se benefician de abundantes ventajas estratégicas.

En el caso de Venezuela, la inevitable porosidad de los 2.219 kilómetros de frontera facilita el florecimiento de economías ilícitas, lo que a su vez afecta los propios intereses regionales:

• Las diferencias de precios para alimentos básicos y algunos otros bienes esenciales aseguran enormes ganancias para el contrabando, una práctica de larga data que involucra a distintos sectores sociales, pero que muchas veces se encuentra en manos de grupos ilegales.
• Estos se desplazan a ambos lados de la frontera, utilizando las posibilidades de refugio en el país vecino.
• En diversos lugares persiste una baja capacidad de los gobiernos locales para proporcionar servicios adecuados, y prevalecen la impunidad y la infiltración criminal.
• Es precisamente en estos lugares en donde se presentan los más bajos indicadores de respeto a los derechos humanos y eficacia en la gestión pública en el país.

Si bien en puntos específicos de la frontera estos actores actúan de diversas maneras, lo cierto es que el Estado no logra establecer el control sobre la violencia en partes de lugares como la Guajira, Norte de Santander y Arauca, como también en algunos puntos del territorio venezolano. Además, los recientes procesos judiciales seguidos contra funcionarios públicos en estas zonas ponen en evidencia el apoyo y la complicidad con los grupos ilegales de algunos sectores de las autoridades y las élites locales.

Emergencia humanitaria

Estos hechos han generado en los últimos años una emergencia humanitaria. Los índices de violencia y de desplazamientos se han mantenido por encima del promedio nacional, con víctimas a ambos lados de la frontera:

• Por ejemplo, los habitantes del municipio venezolano de San Antonio, ubicado sobre la línea limítrofe a pocos kilómetros de Cúcuta, han denunciado actos de “limpieza social” por parte de grupos armados provenientes de Colombia.
• Las comunidades indígenas y campesinas que habitan en la frontera sufren de manera desproporcionada los efectos de la violencia. Son víctimas de masacres, asesinatos de líderes, desplazamiento forzado y violencia sexual.
• Las minas antipersonales, junto con la presencia de los grupos armados ilegales, no solo restringen la movilidad, sino que ponen en riesgo la existencia de muchas comunidades, que viven de la recolección y de la caza.
• Las pequeñas ciudades a lo largo de la frontera también sufren estos problemas a diferentes escalas.

Una población estimada de 200.000 colombianos en necesidad de protección internacional en Venezuela, frente al número muy limitado de solicitudes de refugio aceptadas (menos de 3.000) demuestra las secuelas que produce el conflicto en las fronteras.

Lo militar no es suficiente

Llevar seguridad y desarrollo a la periferia del país figura entre las promesas del gobierno de Santos a las comunidades fronterizas. El Plan Fronteras para la Prosperidad, liderado por la cancillería, apoyará proyectos en trece subregiones del país. Seis de ellas se encuentran en la frontera con Venezuela. La región del Catatumbo es una de las zonas prioritarias para desarrollar la Política de Consolidación. La exitosa y pragmática reconstrucción de los lazos diplomáticos con Venezuela y una amplia agenda de cooperación prometen dividendos para el desarrollo y seguridad de las regiones fronterizas.

Sin embargo, un año después de que los dos presidentes hicieran las paces, y pocos días después de una productiva cumbre en Caracas, la dinámica del conflicto en estas localidades no parece haber cambiado de manera sustancial.

Los pobladores de estas regiones perciben que la respuesta predominante del Estado sigue siendo militar, mediante el despliegue de un mayor número de tropas. Sin embargo, la militarización de estas áreas, no solo no ha producido resultados claros y sostenibles en materia de seguridad, sino que muchas veces también ha expuesto a la población local a nuevos riesgos, como las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de la fuerza pública.

La sospecha de que el nuevo comandante de las FARC se desplaza en la frontera con Venezuela probablemente producirá una intensificación del conflicto y un aumento de la presencia militar.

Esta situación hará aún más urgente la tarea de complementar la dimensión militar de la intervención estatal con esfuerzos para fortalecer la legitimidad del Estado en estas zonas, así como también de proteger y atender a las víctimas potenciales y reales del conflicto. Estas tareas no pueden adelantarse en forma unilateral, sino que piden acciones coordinadas entre los dos vecinos.

No tocar lo espinoso

La hasta ahora exitosa estrategia del presidente Santos y de su canciller en cuanto a Venezuela ha consistido en construir confianza y en suscribir acuerdos específicos. Han evitado abordar temas sensibles, pese a la presión interna, principalmente por parte del ex presidente Uribe y su círculo cercano, así como de algunos sectores de la oposición venezolana.

Los gobiernos en Bogotá y en Caracas están mostrando que por ahora están dispuestos a anteponer la relación con el vecino a otros intereses, pero con la llegada de “Timochenko”, las decisiones difíciles están aún por venir.

A eso se agregan las dudas sobre la capacidad de las autoridades venezolanas de actuar eficazmente contra los grupos armados ilegales, incluso si hubiera instrucciones claras para hacerlo, dados el nivel de deterioro institucional y las complicidades de la fuerza pública. La volátil situación política representa otro factor de incertidumbre.

No obstante es de esperar que los gobiernos no se desviarán de la ruta trazada y trabajarán juntos en busca de esquemas de seguridad compartidos, ya que el cierre de los canales de comunicación como consecuencia de una nueva crisis diplomática solo beneficiaría a los negocios ilícitos.

La gestión local

La cooperación en materia de seguridad, sin embargo, no será suficiente. Para ser sostenible y ofrecer vías efectivas de atención a los problemas fronterizos que logren superar la politización que éstas sufrieron en años anteriores, la agenda bilateral tendrá que superar dos grandes retos:

• El primero de ellos tiene que ver con la protección de las comunidades locales y con la construcción de la legitimidad del Estado. Estos deben ser ejes estratégicos en la acción de ambos países. Parte de ello es el desarrollo de estrategias efectivas de lucha contra la profunda corrupción, que ha convertido a estos espacios en lugares estratégicos para actores violentos.
• En segundo lugar, la relación bilateral sólo podrá ser sostenible en el tiempo y, por ende, más autónoma de los vaivenes de la diplomacia, si concibe a las autoridades y comunidades fronterizas como pilares claves de la agenda bilateral, involucrándolas efectivamente en el desarrollo y la implementación de la misma.

* International Crisis Group publicó el 31 de octubre pasado un informe titulado “Más allá de las ganancias fáciles: las Fronteras de Colombia” ; el informe profundiza sobre algunos de los temas tratados en este artículo y ofrece una mirada general sobre la situación en las fronteras colombianas.

** Profesor de “Dinámicas de la Espacialidad y el Poder”, Becario Asistente Docente, en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Politólogo de la Universidad del Rosario. Estudiante de la Maestría en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia.

*** Directora para Colombia/Andes del International Crisis Group.

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