El fin del gobierno Santos: transiciones, incertidumbre e ingobernabilidad

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

Presidente Santos junto a Vargas Lleras.

Andrés DávilaTantos años de gobierno son suficientes para desgatar a un presidente. Pero Santos además debe enfrentar el mal estado de la economía, la resistencia al proceso de paz y- más de fondo- la inestabilidad en las reglas de juego que viene desde su antecesor.   

Andrés Dávila*

Un lánguido final

A poco más de un año de culminar su segundo período, el presidente  Santos y su equipo  atraviesan lo que podría considerarse como una larga secuencia de adversidades.

Algunas de estas adversidades se deben al agotamiento normal de cualquier gobernante después de casi ocho años en el poder, incluyendo el desgaste paulatino de la coalición de gobierno (que sin embargo, en el caso de Santos -y especialmente en los momentos críticos- ha sido consistente y leal, aunque bastante “en-mermelada”).

En un país poco acostumbrado a gobernantes de larga permanencia en el cargo, lo que le ocurre a Santos no difiere de la creciente pérdida de gobernabilidad que aquejó al hoy senador Uribe durante su último año. De hecho, el último año de gobierno es un período propicio para los escándalos y rupturas, y es usual que los altos cargos vayan quedando en cabeza de figuras de segundo orden porque los principales están dedicados a asegurar su futuro político.

Pero sí hay un rasgo claramente distinto en el caso de Santos: aun en esa última fase el hoy senador Uribe mantuvo altos índices de favorabilidad con los cuáles gobernó y ha podido hacer oposición. Por el contrario el presidente Santos debe lidiar con una favorabilidad cada vez más frágil y en caída libre.

Y si la comparación se hace entre Santos I y Santos II, es obvio el malestar de una sociedad que día a día se distancia del gobierno. Si en 2013 y 2014, con la economía a favor y cifras presentables, había críticas y rechazo al presidente,  hoy estas emociones se han intensificado. Y aquí han jugado al menos tres factores importantes:

  • Una incapacidad excepcional del presidente y su equipo para conectarse con la sociedad colombiana;
  • La imposibilidad crónica para comunicar creíblemente los logros del gobierno y la que podía considerarse una buena gestión, y
  • Una oposición de derecha capaz de cobrar sin cansancio las traiciones, los errores y los derroches del gobierno.  

Sin cifras favorables en lo social y con una economía que afronta problemas severos, ni siquiera la paz es un argumento válido. Muy al contrario, la paz es un motivo de críticas y oposición.

La innegable disminución de la violencia no parece influir sobre una opinión pública fragmentada entre quienes apoyan las negociaciones a ultranza, quienes la critican de manera implacable, quienes no perciben en el día a día los dividendos de la paz, quienes siempre han tenido demandas desatendidas por el Estado (maestros, camioneros…) y los militares que no han recibido la libertad condicionada o que ven con recelo la posible intervención de la Corte Penal Internacional. Pero independientemente del perfil de los actores lo que los une es la distancia con la gestión gubernamental.

Transición e incertidumbre

Expresidente Álvaro Uribe Vélez, mayor opositor del Gobierno Santos.
Expresidente Álvaro Uribe Vélez, mayor opositor del Gobierno Santos. 
Foto: Histórico Presidencia de la República 

En este contexto cabe preguntarse si en realidad hubo un tránsito de un buen gobierno a un mal gobierno, incapaz, lleno de promesas inconclusas y con un deterioro creciente.  Este  último año del gobierno de Santos podría compararse con las experiencias de dos gobiernos que en solo cuatro años hicieron suficiente para obtener un descrédito generalizado: el de Ernesto Samper y el de Andrés Pastrana.

Más allá de personalidades, equipos y circunstancias, es importante considerar algunos elementos contextuales. El desempeño de la economía y el leve retroceso en conquistas sociales ofrecen un panorama adverso, pero los escándalos de corrupción, los avatares de la paz y la fragmentación de fuerzas políticas y sociales completan un horizonte muy poco alentador. Para muchos analistas la razón de esta crisis está en la pérdida de legitimidad de las instituciones y, en últimas, en la demostración de la endeble calidad de nuestro arreglo democrático.

Sin que el panorama sea necesariamente alentador, vale la pena intentar otra explicación. Lo que vive Colombia hoy en términos políticos e institucionales es el resultado de una superposición de transiciones que arrancó con la reelección que el presidente Uribe hizo aprobar con ayuda del cohecho. Desde entonces, hace ya 13 años, y sin que la reforma que elimina la reelección se haya hecho sentir aún, las reglas de juego siguen siendo  inciertas.

Sin cifras favorables en lo social y con una economía que afronta problemas severos, ni siquiera la paz es un argumento válido. 

El desbarajuste en la justicia, los excesos y silencios de los órganos de control, la tendencia al reformismo constitucional y la creciente injerencia de las Altas Cortes son algunos de los indicios de la paulatina pérdida de claridad acerca de las reglas de juego.

En ese entramado ya complejo, a Santos le ha correspondido liderar varias reformas que se anuncia que serán de fondo, pero que se quedan en el limbo. Vargas Lleras como ministro del Interior fue un gran reformador de papel, como lo muestra la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT). Igualmente, la reforma a la Justicia que se cayó en 2012 y los restos de la reforma de equilibrio de poderes que eventualmente se podrían desarrollar son una muestra de una voluntad insuficiente, sin capacidad real.

Todo lo anterior a pesar de contar con una coalición aplastantemente mayoritaria. Por tanto y en definitiva el único logro real fue una mayor incertidumbre. Las reglas, como en las transiciones, están en entredicho. Y esto sin contar con las implicaciones de avanzar en la implementación del Acuerdo de paz. Se trata de una transición sobre otra transición, y con un gobierno en declive.

Tiempos de constituyente

Firma de los Acuerdos de Paz con las FARC.
Firma de los Acuerdos de Paz con las FARC.  
Foto: Presidencia de la República

Podría decirse que el actual sistema de partidos está en plena adolescencia. Nació casi al tiempo –pero al margen– con la reelección y logró darle algo de orden a un sistema político desbordado por una competencia desordenada y caótica.

Del histórico y tradicional bipartidismo pasamos al multipartidismo, pero se trata de un multipartidismo sin un partido predominante y sin una articulación clara entre lo nacional, lo regional y lo local. No obstante este sistema de  partidos recoge y ordena creíblemente la competencia política y electoral.

Desde su creación, este novísimo sistema de partidos se ha configurado en este entorno de transición. Tanto con Uribe como con Santos, las coaliciones mayoritarias de gobierno operaron cabalmente. Con una diferencia:

  • Uribe acudía más al contacto persona a persona, político a político y por esa vía aseguraba apoyos que alimentaba con recursos, prebendas, cargos, entidades;
  • Santos recurre un poco más a las instancias partidarias, y aunque internamente estas operan a base de intereses y fuerzas muy personalistas, el presidente se acoge en algún grado a las reglas internas del partido.

Y los partidos, con su representación en el Congreso, han aportado por medio de reformas constitucionales y leyes a regular esta superposición de reglas. Eso sí, le han hecho el quite a reformas fundamentales como la de la Justicia, o a aquellos asuntos que la Corte Constitucional ha terminado decidiendo.

El actual sistema de partidos está en plena adolescencia.

En estas circunstancias la Unidad Nacional afronta serios problemas para mantenerse. La cercanía de las elecciones de 2018 debilita las mayorías y para un gobierno en austeridad resulta más difícil asegurarlas. Por un lado, el tema de la corrupción produce un entorno particularmente enrarecido. Por otro, la agenda de paz, con temas en entredicho como el fast track y el exigente y complejo desarrollo del Acuerdo, crea un panorama complicado donde la incertidumbre está a flor de piel. Pero, paradójicamente, cada vez hay más acontecimientos que parecen llevar hacia la paz, como los relacionados con la desmovilización, el desarme y la reinserción.

Este panorama provoca desde inseguridad hasta pesimismo. No obstante, en la vida política del país se pueden rastrear dos tendencias llamativas:

  • Unas instituciones que en medio de estas circunstancias está presente, toma decisiones, fija parámetros, establece límites y condiciones, aunque con enormes falencias, demoras y vacíos en la implementación del Acuerdo; y
  • Una fragmentación en todos los sectores políticos de izquierda, centro y derecha.

Con esto último la sensación de incertidumbre, de estar en un angustioso momento de transición, de no saber cuál es el norte –o si en realidad hay un norte–, se extiende a todos los actores y sectores de la vida nacional.

Ahí estamos y ahora empiezan a delinearse todo tipo de coaliciones y alternativas mientras ningún candidato o partido puede todavía sentirse seguro. La situación es tan incierta que la idea de que el candidato al que apoye el senador Uribe será el ganador se quiere hacer pasar como una certeza. En realidad, lo que salta a la vista es que estamos en época de constituyente.

 

* Politólogo de la Universidad de los Andes, maestro y doctor en Ciencias Sociales de la FLACSO, México, profesor asociado y director del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.

 

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