La aplicación de la Carta Democrática en Venezuela: ¿una medida útil?

(Tiempo estimado: 6 - 11 minutos)

Manifestaciones en Venezuela por crisis humanitaria.

Nastassja RojasLa OEA está debatiendo sancionar al gobierno de Maduro por la ruptura del orden democrático. ¿Cuáles serían las razones, las respuestas de Maduro, cuáles serían las sanciones y qué efectos traerían?

Nastassja Rojas Silva*

Almagro contra Maduro

En 2015, Venezuela celebraba la designación de Luis Almagro como secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Pero la alegría duró muy poco porque el nuevo secretario empezó a denunciar el deterioro de la democracia venezolana, que se expresaba

  • en la crisis humanitaria debida a la escasez de alimentos y medicinas,
  • en la parálisis de los poderes públicos debida a su enfrentamiento, y
  • en la situación de derechos humanos de los presos políticos.

En 2016, por solicitud formal de la Asamblea Nacional de Venezuela- donde la oposición tiene mayoría-, Luis Almagro invocó la Carta Democrática de la OEA y convocó a una reunión urgente de los Estados miembros de la organización para tomar medidas sobre ese país.

El gobierno de Maduro tomó esta decisión como una amenaza a su soberanía. Pero   Almagro siguió levantando su voz frente a la crisis política, hasta anunciar esta semana que si en los treinta días próximos no se convocan elecciones en Venezuela, hará lo necesario para activar la Carta Democrática y excluir a ese país del Sistema Interamericano como consecuencia de la ruptura del orden democrático.

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, respondió que su gobierno percibe la aplicación de la Carta Democrática como un intento de Estados Unidos de imponer un nuevo Consenso de Washington y como un acto de intervención inaceptable. La oposición, por su parte, apoyó la decisión.

Ante esta situación es importante tener claro en qué consiste la Carta Democrática Interamericana y cuáles son los alcances reales de su aplicación a la crisis venezolana.

La Carta

Canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. 
Foto: Radio Nacional de Venezuela

Mediante la Resolución 1080 de 1991 y el Protocolo de Washington de 1992, la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó la democracia como su piedra angular y acordó que fortalecer este principio sería una de sus tareas principales. Estos documentos indicaban cómo proceder en el caso de que en un país miembro dejara de prevalecer la democracia representativa como consecuencia de un golpe de Estado.

La activación de la Carta Democrática no implica ningún tipo de intervención extranjera.

No obstante lo ocurrido en el Perú a raíz de la elección de Fujimori para un tercer mandato en el 2000 demostró la incapacidad de la OEA para actuar como organización y la llevó a reevaluar su concepto de ruptura democrática. De esta manera el 11 de septiembre de 2001 se firmó la Carta Democrática Interamericana, un nuevo instrumento de la organización donde la “ruptura democrática”  dejó de referirse exclusivamente a los golpes militares.

Este documento es un hito en la concepción de la democracia que tiene la OEA. En él se ordena la protección a las personas frente a sus propios Estados, previendo la posibilidad de que sean estos mismos quienes violen los compromisos que garantizan la dignidad humana. En este sentido, las directrices que impone la Carta son:

  • el respeto a los derechos humanos;
  • la celebración de elecciones periódicas, libres y justas sobre la base del sufragio universal y secreto, y
  • la separación e independencia de los poderes públicos.

De acuerdo con los principios de la Carta y con la Declaración de Quebec, la ruptura del orden democrático o una alteración grave del orden constitucional en un Estado miembro es un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en la organización. No obstante, la suspensión no abre la posibilidad al incumplimiento de sus obligaciones como miembro, especialmente en materia de derechos humanos. Este último es un punto crucial en relación con la situación actual de Venezuela, pese a la denuncia que hizo este país de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 2012.

Con lo anterior queda claro que el principio rector de la OEA es el sostenimiento de la democracia, que se fortalece con la protección de los derechos humanos. Sin embargo, la no intervención en los países vecinos sigue siendo un fundamento de las relaciones en la región.

Pocos dientes

En estas condiciones, el único recurso de la OEA es suspender la participación de países miembros como medida de presión para que restablezcan el orden constitucional.

La organización y la Carta de ninguna manera autorizan la intervención por razones humanitarias, pese a lo establecido por Naciones Unidas. Por este motivo, la activación de la Carta Democrática no implica ningún tipo de intervención extranjera.

Podría decirse entonces que la OEA ha desarrollado su capacidad preventiva pero no su capacidad correctiva. Esto es más evidente si se tiene en cuenta que la organización enfrenta muchas limitaciones, pues para realizar cualquier tipo de acción debe tener el consentimiento previo del Estado que se vería afectado.

En estas circunstancias, la organización es criticada por su limitada capacidad de acción en un escenario regional que parece disputarse con UNASUR y por su aparente inoperancia en la resolución de conflictos. Y por este motivo atraviesa, desde hace varios años, una crisis de legitimidad en toda la región.

Mediar en el restablecimiento de las condiciones democráticas en Venezuela es una oportunidad para demostrar su vigencia en la región, especialmente ahora cuando su financiación se ve amenazada por los cambios en la política exterior de Estados Unidos. Con su actuación en la crisis política de Venezuela, la OEA se está jugando su propia subsistencia.

Venezuela y la OEA

Desde lo tiempos de la  Guerra Fría, Venezuela ha tenido una participación activa en los asuntos de la OEA. Un ejemplo de ello fue la Doctrina Betancourt, según la cual este país solicitaría cooperación para excluir de la OEA a los “gobiernos dictatoriales”. No obstante, desde la llegada de la Revolución Bolivariana la OEA se ha convertido en una organización incómoda para el régimen.

Con su actuación en la crisis política de Venezuela, la OEA se está jugando su propia subsistencia.

A pesar de eso, en 2001, Hugo Chávez promovió la firma de la Carta Democrática y expresó su complacencia por su entrada en vigencia en abril de 2002. Después, ante la ruptura del orden constitucional en el país y pese a la grave situación que se afrontaba, la OEA no vio causa alguna para suspender la participación de Venezuela en la organización y solo instó al gobierno y a la oposición a encontrar una salida a la situación política de ese momento.

La llegada de Nicolás Maduro a la presidencia en 2013 se ha relacionado directamente con el agravamiento de la crisis interna del país. Maduro ha sido acusado de violaciones al orden constitucional y a los derechos humanos.

Como respuesta a esta situación y como dije antes, por solicitud de los diputados opositores de la Asamblea Nacional, en 2016 el secretario general de la OEA invocó la Carta Democrática y convocó a todos los Estados miembros para que expusieran sus apreciaciones sobre la situación política de Venezuela.

Lo que viene

Luis Almagro, Secretario General de la OEA.
Luis Almagro, Secretario General de la OEA. 
Foto: Cauca

El secretario Almagro pidió a los países de la OEA dar el ultimátum de treinta días al gobierno de Maduro para convocar las elecciones.

Este pronunciamiento fue respaldado por la oposición venezolana, que el pasado 21 de marzo aprobó un acuerdo de apoyo a la aplicación de la Carta Democrática a su país.  

El gobierno Maduro afirmó que este acto constituye traición a la patria, porque los diputados solicitan la intervención extranjera en el país. Con este argumento impuso un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), recurso que seguramente prosperará, pues el TSJ se ha convertido en un apéndice del poder Ejecutivo. De esta manera es evidente el riesgo de lesionar aún más la democracia venezolana.

Por otra parte, son muchas las reservas o las críticas sobre los efectos reales de la aplicación de la Carta, que se ve solo como un instrumento de presión. No obstante, este mecanismo sirve para recordarle al régimen que para mantener la normalidad de sus relaciones económicas y políticas debe retornar al orden constitucional y que, aunque Venezuela pretenda “auto-aislarse”, ir en contra del sistema interamericano entorpecerá su participación política en la región.

A pesar de esto, debe tenerse en cuenta que algunos países, como Estados Unidos y Perú, han manifestado que por el momento no están de acuerdo con suspender a Venezuela de la OEA, ya que esto dejaría al país por fuera del margen de acción de la organización, como ocurrió con Cuba.

Al respecto, también es importante recordar que la Carta plantea un sistema progresivo de aplicación que propone tomar medidas diplomáticas de mayor intensidad para el restablecimiento de la institucionalidad democrática antes de suspender a un país miembro de la organización.

Por su parte, el gobierno de Venezuela –además de contar con la determinación del ministro de Defensa de defender militarmente la soberanía del país ante una posible intervención– ha emprendido acciones diplomáticas de conciliación y búsqueda de aliados. Por ello no es extraño el silencio del régimen ante el anuncio del secretario general de Naciones Unidas de enviar el proceso sobre el Esequibo a la Corte Internacional de Justicia.

Por lo pronto, la suspensión de Venezuela de la OEA parece bastante lejana. Y aunque fuera aplicada, esta sanción no va a provocar la caída del régimen ni va a producir una modificación radical de sus políticas. Tampoco va a lograr el restablecimiento de la democracia, aunque podría ejercer presión gracias a la desestabilización de las relaciones políticas y comerciales de Venezuela. Lo que lograría es dejar un Estado venezolano al margen del sistema interamericano, aún más difícil de vigilar.

A pesar de esto, no se puede olvidar la voz de la oposición venezolana, que exhorta a la comunidad internacional a demostrar una legitima preocupación por la grave situación que afronta el país.

 

* Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la  Universidad Javeriana, candidata a doctora en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

 

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