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Caso de corrupción de Otto Bula por negociaciones ilícitas con Odebrecht.

Sara PiñerosTodos los días se sabe más sobre la enorme red de corrupción en la que se ha convertido la contratación pública. ¿Es esto un síntoma de que el problema se ha agravado o de que hay mejores controles? ¿Qué se puede hacer para combatir el flagelo?

Sara Piñeros*

De la indignación a la acción

La corrupción es el tema de moda, sobre todo ahora que se viene la contienda presidencial de 2018. Algunos de los candidatos han tratado con seriedad este problema desde hace varios años, formulando propuestas claras para combatirlo, y otros lo han hecho de manera oportunista.

Sin embargo la corrupción está lejos de ser una moda, como lo demuestran los indicadores  de Colombia en los escalafones de entidades como Transparencia Internacional y el Foro Económico Mundial, donde el país suele ocupar lugares desfavorables: por ejemplo en las últimas mediciones Colombia ocupa respectivamente los puestos 90 entre 176, y 126 entre 140.

Pero debemos pasar de la indignación y a las acciones concretas, tanto en el sector público como en el privado.

Odebrecht y los pagos por contratos

Iniciativas contra la Corrupción
Iniciativas contra la Corrupción
Foto:  Procuraduría General de la Nación

Con el escándalo de los sobornos realizados por Odebrecht, la firma constructora y de ingeniería más grande de América Latina y con presencia en veinte países en el mundo, las cosas se han puesto al rojo vivo en Brasil, Perú y Colombia.  

Brasil y Perú ya han visto afectadas sus proyecciones de crecimiento económico, y en el caso de Colombia podrían establecerse precedentes negativos que dificultarían el cierre financiero de la segunda y tercera ola de las concesiones de cuarta generación (4G). Además – y dependiendo de los resultados de las investigaciones en curso- es posible que se produzcan brotes de inestabilidad política en el estilo de los que han sacudido a Brasil.  

En 2015 pocos vislumbraron que los casos de corrupción que empezaron a conocerse en Brasil y que estaban relacionados con el pago a funcionarios de la petrolera estatal Petrobras para obtener contratos sobrefacturados serían el inicio de un vendaval que ahora estremece a la región.

Esta coyuntura puede replicarse en países como Argentina, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá y Venezuela, donde Odebrecht utilizó el mismo sistema de pagos (sobornos) a cambio de contratos de obras públicas.

La corrupción se suele percibir como uno de los principales problemas de las economías más grandes de América Latina. 

Se sabe que América Latina se caracteriza por la desigualdad de ingresos, riqueza y oportunidades, y la corrupción es un fenómeno que tiende a profundizar esta situación, limitando el alcance e impacto de las medidas para combatir la desigualdad, lo que crea un círculo vicioso.

Las pruebas y decisiones judiciales que se han presentado hasta el momento parecen indicar que los recursos pagados por Odebrecht para obtener contratos con el sector público llegaron no solo a funcionarios de nivel medio sino a los más altos representantes de los Estados, lo cual pone en evidencia la dimensión y profundidad del problema.

El sector de infraestructura es donde hoy se manifiesta más claramente que el tamaño de una entidad (medido principalmente por el volumen de su patrimonio) no solo es un indicador de capacidad financiera, sino también uno de concentración de poder y, por ende, de potencial de abuso para distorsionar las leyes del “mercado”.

El sistema de licitaciones, que consiste en adjudicar las obras públicas a la entidad o conjunto de empresas que ofrecen las mejores condiciones, no es precisamente el ejemplo de un mercado en acción. Sin embargo este sistema se ha presentado como la mejor herramienta para fomentar la competencia y la eficiencia en la contratación pública.

Los problemas aparecen cuando las instituciones, el Estado y la justicia son tan débiles que los agentes privados pueden coludir o infiltrarlos a su conveniencia. El sistema deja de funcionar en ausencia de mecanismos que eviten la colusión o el favoritismo de ciertos proponentes y que garanticen parámetros totalmente técnicos y objetivos.

Los escándalos de corrupción

La salida a la luz pública de los casos de corrupción provoca un renovado rechazo hacia la clase política, mina la credibilidad de las instituciones y debilita la confianza de los ciudadanos en lo público, que es la base del principio de representación del cual depende la legitimidad de la democracia.

A raíz de esto se produce un estado de desilusión, de baja participación y compromiso ciudadano, así como un pesimismo generalizado, lo cual debilita uno de los componentes más importantes del gasto agregado: la inversión. No cabe duda de que el conocimiento público de los escándalos de corrupción tiene graves repercusiones, aun sin tener en cuenta el efecto directo del desvío de los recursos que se canalizan para suplir las necesidades de la población, pero que acaban por beneficiar indebidamente a los particulares.

De hecho, en las diferentes encuestas entre los funcionarios públicos, los ciudadanos, el sector empresarial y los analistas, la corrupción se suele percibir como uno de los principales problemas de las economías más grandes de América Latina. Y esta percepción socava la cultura de cumplimiento dentro de una sociedad, un factor esencial dentro de un universo basada en los contratos.

Sin embargo, también existe una visión optimista según la cual los escándalos son necesarios para empezar a fortalecer el sistema, es decir, son un costo necesario para poder poner la casa en orden. Así entendidos, los escándalos son una señal de que es posible detectar esquemas de corrupción que antes pasaban desapercibidos e iniciar nuevos hallazgos en las investigaciones.

Lo anterior puede ser cierto. No obstante, más allá del aprendizaje que deja la experiencia, la oportunidad y el momento hacen aquí toda la diferencia. Por ende, debe pasarse de un sistema reactivo como el actual a uno preventivo basado en alertas tempranas, para lo cual es fundamental hacer seguimiento a las variables relacionadas con la corrupción.

Colombia cuenta con el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y con la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 de 2014). No obstante, el problema de la corrupción va más allá de las leyes y requiere un abordaje que tenga en cuenta al sector privado y su interacción con lo público.

Las preguntas y las tareas pendientes

Debate contra la corrupción en el país.
Debate contra la corrupción en el país.  
Foto: Urna de Cristal

Entre las preguntas para responder están:

  • ¿Cómo consiguen ser tan rentables las prácticas corruptas?
  • ¿Son tan amplios los márgenes de rentabilidad en las concesiones que permiten asumir el alto costo de los pagos por corrupción?
  • ¿Cuáles son los escenarios y las áreas de lo público más propicias para la corrupción?

Responder estas dudas exige un gran trabajo entre el sector público y privado, así como la acción decidida para cerrar los escenarios de favoritismo, soborno y clientelismo. Y este es el mayor activo que se puede construir para la sociedad.

Está en las manos de todos limpiar de una vez por todas la casa.

En este sentido son bastante adecuadas las recomendaciones del Consejo Privado de Competitividad en el Informe Nacional de Competitividad 2016-2017, las cuales consisten principalmente en adoptar las tecnologías para lograr las prácticas de gobierno abierto y de transparencia en la gestión del gasto fiscal tanto a escala nacional como territorial, así como en desarrollar plataformas para que el proceso de contratación pública se realice en línea.

Por otro lado se propone modificar el Estatuto de Contratación (Ley 80 de 1993) para que sea obligatorio el uso de pliegos-tipo, es decir, de condiciones estandarizadas que no puedan modificarse o adecuarse para favorecer directamente a ninguno de los participantes de las licitaciones públicas.

Por su parte, en el sector privado se necesita despertar la conciencia de que con la corrupción pierde toda la sociedad, incluidas las empresas. Para ello debe fomentarse la competencia en la adopción de las mejores prácticas anticorrupción, así como en entenderlas como un mecanismo de diferenciación entre los distintos sectores productivos. También es importante fortalecer los canales de denuncias de corrupción dentro de las empresas.

La sociedad en su conjunto debe pasar de la indignación a la acción propositiva, innovadora y constructiva. Es natural que ante los escándalos de corrupción la reacción inmediata sea de desaprobación y desconfianza, pero está en las manos de todos limpiar de una vez por todas la casa, sin perder de vista que es una labor de largo aliento.

 

* Economista y Máster en Finanzas Corporativas. Profesora Universitaria.

twitter1-1@sari_pc

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Comentarios  

Alfonso Sanchez
0 # La cosa es con los ciudadanosAlfonso Sanchez 13-02-2017 17:58
Como los actores actuales no tienen incentivos para auto reformarse y cambiar un sistema que les funciona, no se pude esperar una reforma desde la cúspide sino desde la base. Tiene todo que empezar como un movimiento ciudadano para que no nos roben ni nos robemos más entre nosotros. Es de abajo hacia arriba. Hay que concretar a los candidatos del 2018 y exigirles que digan qué van a hacer y cómo, pedirles a los que salgan elegidos que rindan cuentas periódicamente y realmente castigar con el voto a los mentirosos. Si la ciudadanía y la opinión pública no se apropian del tema y presionan desde abajo nada cambiará.
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