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El blindaje de la paz

Hernando GómezExplicación y análisis de los cuatro seguros que adoptaron las partes en La Habana: acuerdo especial de DIH, incorporar el Acuerdo a la Constitución, espaldarazo de la ONU y vía exprés en el Congreso y en la Corte. ¿Son eficaces? ¿Son convenientes?    

Hernando Gómez Buendía*

 

Delegaciones de Paz del Gobierno Nacional y de las Farc

Alta cirugía

En su comunicado del 12 de mayo, el gobierno y las FARC anunciaron los siguientes pasos para darle seguridad jurídica a su acuerdo final:

  1. Añadir en el penúltimo debate sobre el Acto Legislativo para la Paz un nuevo artículo que le daría el carácter de “Acuerdo Especial” humanitario y haría de él un parámetro obligatorio para todas las normas referentes al proceso de paz (y en efecto el artículo ya se aprobó en penúltimo debate).  
  2. La ley que aprobaría el contenido de ese “Acuerdo Especial” necesita la 2/3 partes de los votos de los congresistas, pero estos no podrán modificar su redacción.
  3. Una vez que esta ley sea expedida, el gobierno impulsará otra reforma que incorpore íntegramente a la Constitución el acuerdo final.
  4. Todas las leyes o reformas atinentes al proceso de paz tendrán dos prerrogativas: la  de un trámite “exprés” en el Congreso, y la de estar sujetas al control “automático y único” de la Corte Constitucional.   
  5. El Acuerdo será inscrito ante el Consejo Federal Suizo en su carácter de depositario de las Convenciones de Ginebra, y
  6. El presidente pedirá al Consejo de Seguridad de la ONU que anexe el texto del Acuerdo a su reciente Resolución sobre Colombia.

Se trata entonces de utilizar no solo uno sino los cuatro seguros que venían ventilándose:

  • El del acuerdo especial de DIH (pasos 1, 2 y 5)
  • El de incorporarlo expresamente a la Constitución (paso 3),
  • El de facilitar su conversión en leyes o reformas constitucionales (paso 4), y
  • El del Consejo de Seguridad de la ONU (paso 5).

El  primer seguro quiere dar validez internacional y doméstica al Acuerdo, en tanto “los convenios sobre derechos humanos prevalecen en el orden interno” (artículo 93 de la Constitución). El segundo es el máximo seguro concebible dentro del orden jurídico colombiano. El tercero permite que el Acuerdo se plasme fácilmente en leyes o reformas. Y el cuarto es la convalidación mundial más elevada que puede recibir la salida negociada de un conflicto armado no internacional.

Los delegados del gobierno y las FARC echaron mano de todos los seguros porque estaban inseguros.

El acuerdo de blindaje fue redactado entonces por juristas avisados que trataron de “blindarse” contra los muchos obstáculos que podrían frustrar los seis pasos mencionados. Pero la sumatoria de cuatro fórmulas distintas, complejas y controversiales da pie a duplicaciones o inconsistencias, se presta a interpretaciones diversas y a debates confusos, implica riesgos y conlleva consecuencias negativas o imprevistas desde los puntos de vista jurídico y político.

Problemas con los seguros 

Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una misión especial para los diálogos de paz.
Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una misión especial para los diálogos de paz. 
Foto: Presidencia de la República

Los delegados del gobierno y las FARC echaron mano de todos los seguros porque estaban inseguros, porque saben que cada uno de ellos tiene problemas, limitaciones o implicaciones que podrían hacerlos fracasar. Por eso -y sin negar que son cuatro seguros muy potentes- es preciso recordar sus respectivos puntos débiles.

1. El acuerdo especial de DIH  

Según el ya famoso artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, “las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio”. Tomado en un sentido literal y amplísimo cabría decir que cualquier cosa que conste en un acuerdo de paz entra en la órbita de los Convenios de Ginebra y por lo tanto puede ser objeto de un acuerdo especial.

Pero en efecto esos Convenios no se refieren a la paz sino al ejercicio de la guerra para tratar de humanizarla  (por eso son el “Derecho Humanitario”). Una reforma agraria o incluso una amnistía para los guerrilleros no caben bajo el Derecho de Ginebra, que en cambio versa sobre el tratamiento de prisioneros de guerra, soldados heridos o protección de los no combatientes. Por eso casi todos los acuerdos especiales en conflictos internos (Yemen, 1962; Nigeria, 1967; Salvador, 1990; Bosnia, 1992; Tayikistán, 1995; Filipinas, 1998…) han sido propiamente humanitarios (facilidades específicas para la Cruz Roja, tratamiento de rehenes que Ginebra no definió como “prisioneros de guerra”…), aunque en casos como los de Camboya (1991) o Irlanda (1998) se añadieran asuntos extra-humanitarios (por ejemplo sobre garantías políticas).  

Que yo sepa estas cláusulas “extra-humanitarias” no han sido objeto de controversias ante las cortes internacionales, de modo que su validez jurídica no ha sido establecida. Pero volviendo a Colombia queda la pregunta de si basta con que nuestra Constitución declare que lo pactado en La Habana es un “acuerdo humanitario” para que sea en efecto humanitario, o si estamos más bien ante un mero artilugio semántico para incorporarlo al “bloque de constitucionalidad” y darle así vigencia en el orden interno. 

No sería ésta la primera vez que los negociadores apelan al truco de cambiar el significado de las palabras: así lo hicieron a lo largo de las 63 páginas del acuerdo sobre justicia transicional y así, sin ir más lejos, lo hace el gobierno al bautizar como “plebiscito” lo que en realidad es una serie larguísima de referendos.   

Más todavía: la interpretación amplia del “acuerdo especial” añade fuerza al argumento de que no podía incorporarse en el penúltimo debate del Acto Legislativo para la Paz porque versa sobre asuntos – como el régimen agrario o la política de drogas- que no fueron discutidos con anterioridad.

2. El “articulito” de la Constitución  

Parece inverosímil y por eso trascribo aquí la fórmula de este segundo seguro:

“IV.- Una vez aprobado en el Congreso el Acuerdo Final firmado como Acuerdo Especial…, el Gobierno Nacional, mediante el procedimiento legislativo especial para la paz, impulsará inmediatamente un Acto Legislativo en el que se incorporará íntegramente a la Constitución Política el Acuerdo Final en un artículo transitorio, en el que tendrá que constar expresamente el Acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz…”.

Es el súper-seguro. Pero es un esperpento porque de pupitrazo o por la vía exprés le monta a la Constitución un acuerdo más largo que la Constitución, que no fue concebido como Constitución, que mezcla normas abstractas con acuerdos puntuales, mandamientos con anuncios de intención, explicaciones con resoluciones, que por supuesto no ha sido armonizado con los 380 artículos restantes de la Constitución y que será por ende el paraíso de los rábulas.

Hay una sola nota de pudor en ese párrafo: que el artículo en cuestión sea “transitorio”.  Pero esto implicaría una fecha precisa para que se hagan realidad todas los ideales del Acuerdo – o bien que las reformas no sean o no tengan efectos permanentes-.

Y hay también una nota de impudor adicional: la justicia transicional será el único punto a incluir expresamente en la Constitución, o sea que la seguridad de los victimarios importa más que la de las víctimas y campesinos que dizque eran “el centro” del Acuerdo.

3. La vía exprés

Familiares de víctimas y desaparecidos en Trujillo, Valle del Cauca.
Familiares de víctimas y desaparecidos en Trujillo, Valle del Cauca.
Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica

El acuerdo de blindaje reitera y hasta suaviza el procedimiento “abreviado” que el Acto Legislativo para la Paz  adoptaría como trámite de las leyes o reformas constitucionales que implementen los pactos de la Habana. Por eso en este punto me remito al análisis de Juan Carlos Palau en Razón Publica sobre “los peligros del afán” (deliberación insuficiente,  abuso del poder presidencial…).

Es el súper-seguro. Pero es un esperpento

La novedad consiste en añadir que todas esas leyes o reformas estarán sujetas al control “automático y único” de la Corte Constitucional vale decir, que la Corte conocerá ex oficio de estas normas y que no habrá lugar para otras acciones de inconstitucionalidad:

-Lo del control “automático” sin duda evita que las leyes cambien o se caigan después de haber producido sus efectos, como ocurrió con la de “Justicia y Paz” (975 de 2005), que la Corte Constitucional condicionó en 2006.

-En cambio con el control “único” se está rompiendo el sistema “difuso” que ahora existe en Colombia y que permite a cualquier juez o autoridad aplicar “las disposiciones constitucionales…en caso de incompatibilidad entre (ellas) y la ley o cualquier otra norma jurídica” (artículo 4 de la Carta del 91).

De ahora en adelante tendremos pues leyes de primera y leyes de segunda. El  congresista  o ministro inteligente dirá que su proyecto “implementa” algún párrafo o frase del Acuerdo para que pase por la vía exprés y sea inexpugnable una vez que la Corte lo revise. Es un re-aseguro poderoso pero caótico - y que de paso implica que los exguerrilleros tengan más  garantías jurídicas que los demás ciudadanos-.  

4. La ONU  

Por resolución 2261 de este año el Consejo de Seguridad había aprobado la  "misión política" que ayudará a "vigilar y verificar el cese el fuego y de las hostilidades” en Colombia. La idea ahora es anexar a esa resolución el texto de La Habana mediante la solicitud unilateral del Estado colombiano, o sea que la ONU “saludaría” y avalaría el acuerdo en su totalidad.

Este seguro formaliza lo pactado entre el gobierno y las FARC pero tiene dos problemas. Que un próximo presidente puede revocar esa declaración unilateral. Y que entretanto las resoluciones del Consejo suelen ser anodinas o que – al revés- autorizan intervenciones de terceros países, de modo que con el farragoso Acuerdo de La Habana estaríamos abriendo una caja de pandora ante las cortes, los gobiernos y los organismos internacionales.

En conclusión -y si se miran con rigor-

  • El seguro del “acuerdo especial” cuando más serviría para blindar un pedazo pequeño del Acuerdo.
  • El de la vía exprés reduce pero no elimina el riesgo de que el Congreso, la Corte o un futuro gobierno se nieguen a tramitar, validar o mantener las normas que implementen el Acuerdo.
  • El de la ONU compromete al Estado pero podría revocarse.
  • Y el seguro más seguro sería el de un “articulito” con sabor al “golpe de Estado” que anticipa Uribe. Sería paradójico que este esfuerzo ingenioso para blindar el acuerdo que concluye una guerra civil convirtiera la “resistencia civil” del uribismo en la antesala de otra guerra civil.

     

*Director y editor general de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga click en este enlace.

 

El debate de la droga: una discusión de sordos

Francisco E. ThoumiLos argumentos básicos en pro y en contra de la legalización tienen los mismos problemas lógicos y son igualmente débiles. Por eso esta controversia no lleva a ninguna parte. Más todavía: así nunca tendremos políticas eficaces.   

Francisco E. Thoumi*

 

Planta de cannabis sativa legalmente cultivada en el Estado de Colorado, Estados Unidos.

Dos argumentos análogos

Las discusiones sobre las políticas de drogas psicoactivas tienden a ser muy emocionales. Es natural entonces que muchos argumentos que se esgrimen en esta controversia estén cargados de emotividad y que  por eso no resistan un examen riguroso.

Para ilustrar este asunto comienzo por  describir las dos posiciones básicas:

  • Muchos médicos y funcionarios que se dedican a tratar adictos argumentan que ellos sí saben cuán dañinos son los efectos de la droga sobre la mente y el cuerpo humanos porque han trabajado con sus víctimas o porque han vivido la adicción en carne propia. De esta experiencia personal infieren que las drogas deben prohibirse.
  • Por otro lado muchos colombianos que han sufrido la violencia asociada con el narcotráfico argumentan que ellos sí saben cuán traumática y dañina resulta ser la prohibición de las drogas. De su experiencia concluyen que las drogas deben legalizarse.

Aunque parecen opuestos, estos dos argumentos tienen varias características en común:

-Primero, no se limitan a recomendar una política para su propia sociedad, sino que las generalizan a todo el mundo. Como muchas de las drogas se comercian internacionalmente, quienes quieren prohibirlas exigen que otros países no las produzcan y exporten, y quienes las quieren legalizar pretenden que otros países permitan su importación.

-Segundo, son expresados por personas totalmente convencidas de la validez de su argumento e intransigentes al respecto. Por eso mismo no tienen la capacidad de ponerse en la situación de sus contradictores y simplemente consideran que se trata de personas poco inteligentes, que no  entienden el problema o -peor aún- que actúan a sabiendas de que su argumento esconde otros intereses, o sea que proceden de mala fe.

La posición de cada quien es moralmente superior a la del contrario.

De aquí se sigue que la posición de cada quien es moralmente superior a la del contrario. Y así, desde la perspectiva de los partidarios de la legalización, la prohibición es inmoral porque da pie a la violencia, a la corrupción, al crimen organizado y a otros males sociales. Pero desde la perspectiva prohibicionista, la legalización es inmoral porque las drogas destruyen las vidas de los adictos y de sus familias y acarrea grandes costos sociales. 

-Tercero y en consecuencia, la posición contraria viene a ser explicada sobre la base de características o de presuntos intereses del país donde viven los contradictores. Los siguientes son algunos ejemplos de afirmaciones comunes en Colombia y algunos países latinoamericanos:

  • “Las políticas de drogas han sido instrumentos de dominación de minorías y de pueblos, especialmente los latinoamericanos”,
  • “Las políticas represivas contra las drogas son un pretexto de Estados Unidos para tener presencia en América Latina y controlar a sus gobiernos y a sus recursos naturales”,
  • “Los bancos de los Estados Unidos se quedan con un 95 por ciento de las ganancias y Colombia pone los muertos”,
  • “Las grandes empresas químicas promueven el prohibicionismo para aumentar sus ganancias vendiendo insumos para refinar cocaína o para erradicar coca”,
  • “Estados Unidos prohíben la cocaína porque no pueden producir coca y quedarse con el negocio”.

Y estos son algunos ejemplos desde la otra orilla:

Uruguay aprobó la regulación legal del cannabis en el año 2013.
Uruguay aprobó la regulación legal del cannabis en el año 2013.
Foto: Gonzalo G. Useta
  • “La cocaína está corrompiendo nuestra juventud y por eso hay que acabar los cultivos de coca”,
  • “Las drogas son tan importantes en Colombia que su economía depende de ellas”,
  • “La corrupción de los países productores de coca y cocaína es lo que les permite hacerlo”,
  • “Las guerrillas comunistas son el mayor cartel de la cocaína en el mundo y deben ser atacadas”,
  • “Las exportaciones de cocaína permitieron que Colombia no padeciera la crisis de la deuda externa durante la década perdida para el desarrollo latinoamericano durante los años ochenta”.

Todos estos argumentos presentan a los países productores de cocaína como víctimas de los países consumidores o viceversa. Como todos son víctimas, los otros deben cambiar sus comportamientos: la solución para los consumidores debe ser que los productores dejen de producir, y la solución para los productores que los consumidores dejen de consumir.

-Cuarto, aunque ambos bandos pretenden explicar el fenómeno de las drogas, ninguno de los dos se basa en estudios rigurosos sobre la etiología del consumo, producción y tráfico de drogas y ninguno reconoce el carácter circular de los males sociales.  Por ejemplo aquello de que “las drogas causan la violencia”

  • En primer lugar no es una afirmación estadísticamente válida porque la gran mayoría del tiempo, en la gran mayoría de los países o lugares donde se producen, trafican y consumen drogas, no se ha experimentado violencia notable o comparable a la que padeció Colombia durante la década de 1980.
  • Y en segundo lugar, aunque es verdad que las drogas aumentan la probabilidad de que surja la violencia (y la corrupción,), éstas a su vez aumentan la probabilidad de que surjan las drogas. Las relaciones entre estos fenómenos son circulares y no unidireccionales, de modo que  para resolver estos problemas se necesitan cambios sociales mucho más profundos que las simples políticas de prohibición o la legalización de las drogas.

Algo semejante ocurre con el consumo. La disponibilidad de drogas (oferta) sin duda aumenta la probabilidad de que surja la adicción en una sociedad, pero la misma existencia de adictos aumenta la probabilidad de que surja la oferta. En efecto, el uso y abuso de drogas varía enormemente en el tiempo y en el espacio, y muchas sociedades con disponibilidad semejante de drogas tienen niveles de consumo bajos, mientras hay otras con niveles altos, que requieren también grandes cambios  para resolver los problemas que las han hecho vulnerables a las drogas.

Dos argumentos débiles

Cultivo de coca en el municipio de El Tambo en Nariño.
Cultivo de coca en el municipio de El Tambo en Nariño.
Foto: Alcaldía de El Tambo - Nariño

No obstante su trasfondo emocional y sus falacias, los dos bandos arguyen que sus posiciones están basadas en la evidencia empírica y la ciencia, o sea que no dependen de emociones, intuiciones o creencias pre-formadas. Sin embargo – y al igual que en cualquier otra materia de importancia en la vida de la gente - las creencias e intuiciones basadas en la personalidad individual, en la experiencia de vida y en la cultura de cada quien tienen un peso importante. Como se ha demostrado en muchos experimentos (por ejemplo, el excelente Pensar Rápido, Pensar Despacio  de Daniel Kahneman), la razón simplemente viene a confirmar aquellos preconceptos.  

La experiencia personal puede ser un obstáculo para entender el fenómeno que interesa a la persona.

La experiencia personal sin duda es importante en la formación de creencias pero para no ir muy lejos y según el Diccionario de la RAE, conocimiento científico es aquel que “se obtiene mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente”. Esto implica que de las muchas creencias personales, apenas una fracción  tiene real validez científica. Cuando alguien deriva una creencia acerca de la sociedad a partir de su propia experiencia personal corre un riesgo muy alto de estar equivocado – un riesgo  similar  al de quien mira un árbol y de ahí concluye cómo es el bosque entero-.

Como bien se ha demostrado en los estudios sobre el conocimiento, la experiencia personal puede ser un obstáculo para entender el fenómeno que interesa a la persona. Este obstáculo es  una barrera psicológica que todos experimentamos cuando creemos algo pero no estamos dispuestos a poner en tela de juicio nuestra creencia.

Dado ese hecho – hoy confirmado hasta la saciedad- las experiencias personales deben ser utilizadas como una motivación para investigar el tema, pero no como una base o (mucho menos), como una demostración de la verdad. Las personas afectadas por la droga tienen pues un incentivo legítimo para estudiar el problema, pero deben guardarse de saltar de su propia experiencia a cualquier conclusión. Lo anterior implica revisar los ángulos desde los cuales se han llevado a cabo trabajos académicos rigurosos, evaluar toda la evidencia empírica - y no solo la que apoya las creencias de quien investiga-.

Así, si los adictos y quienes los tratan (que han padecido las drogas) o los colombianos (que han padecido la violencia asociada con el narcotráfico) realmente quisieran aprender sobre el  consumo, adicción, producción y tráfico de drogas, tendrían que estudiar la etiología de esos fenómenos antes de saltar a conclusiones directas desde sus experiencias. En otras palabras, tendrían que investigar por qué la experiencia que han tenido no es generalizable a toda la humanidad y unos tratarían primero de aprender por qué ellos o sus pacientes cayeron en la adicción y los otros por qué en su país el narcotráfico ha sido tan violento.

Mientras quienes debatan políticas de drogas no busquen responder preguntas como estas y se limiten a sentirse víctimas de fenómenos que su país no puede controlar – de modo que otros gobiernos son quienes deban cambiar sus políticas- los diálogos o debates seguirán siendo choques entre personas intransigentes y seguras de su verdad. Y por este camino no será posible diseñar políticas que de verdad resuelvan los problemas sociales asociados con las drogas psicoactivas adictivas.

 

* Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga click en este enlace.

 

¿Qué podrá significar la “resistencia civil” del Uribismo?

Álvaro VillarragaEsta forma de acción ciudadana es de larga tradición, pero no es claro que un partido como el Centro Democrático pueda apelar a ella, ni menos aún que se asuma contra los acuerdos de paz de La Habana. ¿Confrontación democrática u oposición desleal?  

Álvaro Villarraga S.*

 

El Senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez

 

Un llamado sorprendente

Ante la proximidad del Acuerdo Final entre el gobierno y las FARC, el ex presidente Uribe ha llamado a conformar un movimiento de “resistencia civil” en su contra, lo cual indujo al presidente Santos a pedir la movilización ciudadana en favor de la paz. El mecanismo popular para la refrendación de los acuerdos podría resolver esta crucial divergencia política.

Pero antes de eso existen dudas sobre el carácter del movimiento que está siendo convocado por el Centro Democrático, y en todo caso resulta sorprendente que sus promotores se declaren en “resistencia” cuando no les han sido negados sus derechos y cuando ejercen –además- una nada despreciable cuota del poder parlamentario, burocrático y mediático.

La “resistencia civil” ha sido un método de lucha contra la opresión, el colonialismo, el racismo, la discriminación y las aventuras bélicas. 

El llamado del Centro Democrático desconcierta aún más si se recuerda que los proyectos políticos encabezados por el hoy senador Álvaro Uribe han tenido estrechas relaciones con sectores y personas provenientes de élites de poder tradicional o emergente, personas que controlan redes clientelares o que inclusive han sido sindicadas de delitos comunes, de corrupción, o de vinculaciones con el paramilitarismo y el narcotráfico.

El desconcierto se agrava al observar que un ex presidente con tanto poder apele al concepto de “resistencia civil”, cuando ésta ha sido utilizada en demanda de derechos de colectividades subordinadas, excluidas o victimizadas y en medio de la falta de garantías para su actuación.   

Una noble tradición

La delegación de paz de las Farc en La Habana, Cuba.
La delegación de paz de las Farc en La Habana, Cuba.
Foto: Facebook Delegación de Paz FARC-EP

En efecto, la “resistencia civil” ha sido un método de lucha política, social, poblacional y ciudadana contra la opresión, el desconocimiento de los derechos humanos, el colonialismo, el racismo, la discriminación y las aventuras bélicas. Por regla general se ha tratado de movimientos civilistas y pacíficos que apelan a convocatorias amplias y se expresan a través de marchas, manifestaciones u otras acciones simbólicas desde sectores subalternos.

- Con su influyente ensayo publicado en 1946 “Del Deber de la Desobediencia Civil”, Henry David Thoreau fue uno de los pioneros de este modo de acción ciudadana. Contra la participación de Estados Unidos en la II guerra mundial, Thoureau acuñó el concepto de “democracia radical” que inspiró un movimiento de “desobediencia civil” o de no colaboración con las medidas del gobierno que se consideraban arbitrarias. Sus seguidores apelaron a la objeción de conciencia al servicio militar y a la objeción fiscal ante los impuestos de guerra.

-Ghandi pasó a la historia como el gran símbolo de la “resistencia civil”, pues logró la  independencia de la India a base de marchas, recuperación de símbolos nacionales y populares, resistencia masiva directa y pacífica ante la agresión oficial, negativa al pago de impuestos y huelgas de hambre, todo bajo el concepto de no-violencia.

-Martin Luter King, líder moral y político de la población negra de Estados Unidos, encabezó un vigoroso movimiento de desobediencia de las leyes de discriminación y de resistencia pacífica contra las prácticas injustas de las autoridades.

Experiencias en Colombia

Como muestro en la compilación titulada Exigencias humanitarias de la población civil y como muestra también el Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica Basta Ya!, durante las últimas décadas se han registrado en Colombia muchas expresiones de resistencia ciudadana contra la exclusión, la arbitrariedad y la violencia. Entre estas experiencias sobresalen:

  • La resistencia de los pueblos originarios o indígenas en demanda de derechos y de respeto a su autonomía, territorios, cultura y autoridades tradicionales.
  • Las mujeres con sus redes, movilizaciones y demandas de no discriminación, diálogo, paz y no violencia en ámbitos públicos y privados.
  • Expresiones comunitarias y sociales diversas contra la guerra y por la paz que han dado lugar a grandes movilizaciones y a declaratorias de territorios y comunidades de paz o a figuras constituyentes informales de alta representación y legitimidad.
  • La resistencia de las víctimas ante ataques producidos por los diversos agentes de la violencia político-social y del conflicto armado.
  • Los movimientos juveniles especialmente notorios en zonas gravemente afectadas por la violencia, con figuras como la objeción de conciencia al servicio militar oficial y a toda forma de reclutamiento por parte de los grupos armados, o la expresión cultural y artística en contra de la violencia.
  • Las corrientes políticas altamente victimizadas como decir  partidos de oposición de izquierda, ONG de derechos humanos y movimientos sociales que persisten en su actuación bajo altos riesgos, recurriendo a medidas de protección como el acompañamiento internacional o la exigencia de compromisos humanitarios a las partes del conflicto.

Como concluye Esperanza Hernández en Intervenir antes de que Anochezca: “Las resistencias para la paz de Colombia evidencian valores y posturas de culturas milenarias, capacidades insospechadas para construir paz desde la no-violencia, procesos y acciones colectivas identificadas por sus protagonistas como ‘fuerza vital’, ‘ejercicio de autonomía’, autodeterminación o ´neutralidad activa´ (…) esencialmente poderes pacifistas transformadores…”.

Dos visiones de la paz

El líder del movimiento de independencia indio Mahatma Gandhi.
El líder del movimiento de independencia indio Mahatma Gandhi.
Foto: Wikimedia Commons

Con apoyo de su partido el Centro Democrático, el senador Uribe llama ahora a la “resistencia civil” frente a los acuerdos convenidos con las FARC.

Se trata según él de una forma de ejercer la oposición en el marco de la legalidad, para evitar que los graves delitos de ésta guerrilla queden impunes, que sus jefes puedan participar abiertamente en la política, que sus víctimas no sean reparadas y que se adopten las que estima oscuras reformas convenidas entre Santos y aquella organización “castro-chavista”. Más aún, conocido el último acuerdo sobre los mecanismos para blindar el proceso de La Habana, Uribe declaró que nos hallamos ante “un golpe de Estado a la democracia” e incluso ante  una “entrega del país a las FARC”.

Pero el gobierno y todos quienes dentro o fuera de Colombia respaldamos los acuerdos de paz tenemos una mirada diametralmente distinta de la del uribismo. Para nosotros se trata de una negociación de paz que por lo mismo implica concesiones de ambas partes: las guerrillas dejan de serlo y pasan a la política legal con garantías, a cambio de concederles una agenda de asuntos políticos, sociales e institucionales tocantes al origen, circunstancias y procesos actuales de conflictividad social y la violencia política. Lo contrario de la negociación fue la estrategia de guerra que el presidente Uribe utilizó en su intento de obligar las guerrillas a que se concentraran, desarmaran, identificaran, sometieran a la justicia y pasaran pasivamente a la legalidad - a la manera de una derrota militar que no se produjo-.

En cuanto a los acuerdos de La Habana, estos incluyen mecanismos de justicia transicional pero no de impunidad, porque conceden ciertos beneficios penales razonables a condición de compromisos con los derechos de las víctimas. Las reformas políticas y sociales convenidas se proponen ampliar la democracia, extender los beneficios sociales y atender en especial las regiones afectadas y derechos de las víctimas.

En todo caso, los compromisos de La Habana deben ser ratificados por el pueblo

Pero además y en todo caso, los compromisos de La Habana deben ser ratificados por el pueblo y han de plasmarse en proyectos legislativos u otras medidas de Estado, lo cual implica la actuación soberana de las distintas ramas del poder público.

Por todo eso carece de sentido declarar que los acuerdos le otorgan el poder a las FARC, máxime cuando se trata de que deje de existir esta guerrilla. Igual que sucedería con el ELN, los exguerrilleros amnistiados entrarían a aceptar las mismas reglas que valen para cualquier ciudadano. Como ha ocurrido con los pactos de paz en Colombia y en otros países, este proceso de reincorporación requiere garantías políticas para los excombatientes y apoyos para reintegrarse a la vida civil.

El Centro Democrático no está excluido de derechos, cuenta con representación parlamentaria, con alcaldías y con gobernaciones, no ha sido objeto de persecuciones y las autoridades no le han negado ninguna garantía para su expresión o sus actuaciones. Buena parte de sus dirigentes han sido objeto de condenas judiciales o están sujetos a investigaciones de vieja data por su presunta responsabilidad en hechos de paramilitarismo, narcotráfico, violación de los derechos humanos y delitos comunes -incluida la corrupción-; pero no puede decirse que hayan tenido menos garantías procesales que los demás ciudadanos de Colombia. Por tanto no podría pregonarse con legitimidad una acción de resistencia contra los actos en derecho de las autoridades judiciales respectivas.

Dos escenarios

En conclusión podría decirse  que al apelar a la “resistencia civil”, el Centro Democrático pone a Colombia ante uno de dos escenarios posibles:

  • Uno optimista: el movimiento ciudadano contra los acuerdos de paz entre el gobierno y las guerrillas, pacífico, dentro de la legalidad, con garantías, que vendría a constituir una sana competencia democrática al promover el “no” en el plebiscito o en las instancias respectivas de refrendación y desarrollo jurídico de los acuerdos.
  • Uno pesimista: un movimiento contra los acuerdos de paz acompañado de falsos señalamientos, estigmatizaciones, continuidad de sabotajes y ataques como homicidios, atentados y amenazas contra defensores de los acuerdos con las guerrillas.

Confiemos en que se hará verdad la primera hipótesis, pese a que se asoman síntomas serios de que podríamos ir al segundo escenario.  

 

* Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica, catedrático.

 

Análisis

(Tiempo estimado: 7 - 14 minutos)

M1chael_REED Están a punto de adoptarse grandes decisiones irreflexivas, desordenadas e incoherentes sobre una materia explosiva: cárceles, política criminal y Código Penitenciario y Carcelario. Una llamada a la sensatez.

Michael Reed Hurtado

Diagnóstico de las cárceles: de mal en peor

El sistema de prisiones en Colombia se derrumba y las reformas adoptadas y propuestas por el gobierno no hacen frente a los problemas crónicos:

  • el 85 por ciento de las prisiones tienen sobrepoblación;
  • sólo hay 22 prisiones de las 142 administradas por el INPEC que no presentan hacinamiento.
  • el 67 por ciento de los presos vive en condiciones de hacinamiento crítico [1] (superior al 20 por ciento); y
  • aproximadamente 27.000 personas están viviendo en prisiones que doblan su capacidad de reclusión, es decir, están expuestas a tratos crueles, inhumanos y degradantes (ver gráfica).

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Fuente: INPEC, Oficina Asesora de Planeación.

La sobrepoblación hace que el sistema opere en condiciones de riesgo y peligro constantes. El hacinamiento genera inseguridad, impide el cumplimiento de la finalidad de la pena, daña a las personas, e introduce ilegitimidad en cualquier medida privativa de la libertad.

Como están las cosas, la curva ascendente de la población carcelaria no se detiene: por estos días, se pasó la marca de los 100.000 presos y la población presenta un aumento neto de 1.100 presos por mes.

Apagando incendios

La respuesta del Estado es simple y genera crisis cíclicas: la construcción de más cárceles. Si realmente quiere resolver el problema es hora de pensar en cómo frenar la inflación punitiva.

La crisis carcelaria se deriva de la orientación que se le da a la política criminal en Colombia, que hasta ahora ha sido irreflexiva y reactiva. No se estructura a partir de un diagnóstico oficial de la conflictividad social y no explora alternativas distintas a la respuesta punitiva.

El derecho penal es sólo una de las herramientas disponibles para encarar las conductas sociales que generan conflicto y, de hecho, debería ser una de las últimas respuestas. Un efecto nefasto de la sobre-criminalización de conductas es el encarcelamiento creciente de población vulnerable y de escasos recursos.

Al no abordar la crisis carcelaria a partir de las definiciones de política criminal, la respuesta estatal en materia de prisiones seguirá siendo coyuntural y desorganizada. El gobierno no hace sino apagar incendios y continúa alimentando el sentimiento de crisis, habilitando más cupos para el encierro penal.

La respuesta actual del gobierno a la situación inhumana y degradante que existe en la mayoría de las prisiones se puede plasmar en tres líneas de intervención:

  1. Concesión a agentes privados de la construcción y la administración de las prisiones;
  2. Reestructuración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y creación de una nueva dirección administrativa en el ministerio de Justicia para apoyar al INPEC; y
  3. Promoción de un nuevo Código Penitenciario y Carcelario.

Ninguna de las tres medidas resolverá el problema. Abordaré las primeras dos, de manera sucinta y, en razón de la coyuntura política, me concentro en la tercera medida, puesto que estamos a tiempo para darle un giro.

La privatización no es la respuesta

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo (artículo 194 de la ley 1450 de 2011), el gobierno Santos adoptó medidas que le permiten avanzar en la privatización de las prisiones. La respuesta no es innovadora; más bien, es una manifestación de desesperación.

Al verse acosado por la sobrepoblación carcelaria y tener presente el crecimiento proyectado de presos, el gobierno opta por la solución eterna: prometer la construcción de más plazas.

Como no tiene el presupuesto para hacerlo, decide convertirlo en negocio y atraer inversionistas. El factor secreto de esta ecuación es que el sector privado se mueve exclusivamente bajo parámetros de rentabilidad.

La experiencia en otras naciones desaconseja la privatización. En 2009, Elías Carranza publicó un estudio que da cuenta de la experiencia de la privatización de las prisiones en América Latina y su balance es preocupante [2]. El negocio trajo impactos negativos en los pocos países – Chile, Costa Rica y Paraguay – que optaron por la privatización.

Las empresas ofrecen las obras y sus servicios con paquete de financiación incluido “pero con intereses más altos y condiciones más gravosas que si los países tomaran ellos mismos los créditos o construyeran por su propia cuenta” [3]. La promesa de menores gastos no se ha cumplido ni en América Latina ni en Estados Unidos.

El modelo chileno, expuesto como la solución para Colombia, no genera buenas expectativas. Carranza manifiesta que, bajo el modelo público-privado de cárceles bajo concesión, los costos de operación por plaza subieron, se registró un incremento en suicidios, y hoy todos los proyectos funcionan a máxima capacidad [4]. Aunque la promesa oficial fue la disminución del hacinamiento, según Carranza, el sistema chileno tiene la tasa de sobrepoblación carcelaria más alta del Cono Sur.

En contra de la sana crítica, el gobierno colombiano quiere poner el parque penitenciario en venta. La solución a la crisis dependerá de la lógica del mercado. La decisión de privatizar las cárceles es un error.

De no modificarse, la sanción penal estará regida por el “business” y no por la justicia. Comerciar con el sufrimiento de seres humanos es insensato... e inhumano.

La reestructuración del INPEC está por verse

El gobierno expidió, bajo facultades extraordinarias, dos decretos sobre la institucionalidad que regirá el sistema penitenciario:

  • el decreto 4150 de 2011, mediante el cual crea una nueva unidad administrativa especial en el ministerio de Justicia, llamada Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios;
  • el decreto 4151 de 2011, mediante el cual reestructura el INPEC. 

Lo más novedoso de este paquete de reformas es la creación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios en el ministerio. Aunque no es explícito, el motivo de su creación responde a la desconfianza de éste hacia el INPEC, que curiosamente está bajo su órbita, pero parece no poder controlarlo.

En lugar de generar un revolcón en el INPEC, el gobierno optó por crear una unidad nueva –para que no exista duda sobre el régimen de lealtades– orientada a asesorar, apoyar y vigilar al INPEC, con énfasis en la infraestructura [5].

Además de la desconfianza institucional, la unidad parece haber sido creada para operar en consonancia con la decisión de concesionar y privatizar la construcción y los servicios carcelarios.

Ésta supervisará todos los contratos y tendrá a su cargo “promover, negociar, celebrar, administrar y hacer seguimiento a contratos de asociaciones público-privadas o de concesión, o cualquier tipo de contrato que se suscriba que tengan por objeto la construcción, rehabilitación, mantenimiento, operación y prestación de servicios asociados a la infraestructura carcelaria y penitenciaria”. La Unidad está hecha a la medida del “negocio penitenciario”.

Por su lado, la reestructuración del INPEC, en el papel, no es revolucionaria. Le quita algunas funciones y modifica un poco la estructura, pero –en general– lo deja más o menos igual.

Ambos decretos presentan un régimen de transición de seis meses para su implementación y, por lo tanto, es demasiado temprano para medir sus efectos. De cualquier modo, más allá de lo que quedó en el papel, las reformas institucionales dependen de dinámicas y de personas.

Los factores que harán toda la diferencia son:

  • la selección de personal idóneo y competente para orientar el servicio de prisiones;
  • la recuperación de la razón pública en el régimen de privación de libertad; y
  • la toma de decisiones informadas, motivadas y transparentes.


El proceso está por verse. Por el momento, existe el riesgo de “que todo cambie para que todo siga igual”.

¿Un nuevo código? Primero hay que saber para qué

Las razones para adoptar un nuevo Código penitenciario y carcelario no son claras y el proyecto que fue aprobado en la Comisión Primera de la Cámara es incoherente (proyecto de ley No. 210 de 2011 de la Cámara). El gobierno puede retirar el proyecto de ley e iniciar un ejercicio legislativo serio.

Germán Vargas Lleras, como ministro del Interior y de Justicia, radicó un proyecto de ley que no responde a la lógica de cambio planificado. No hay estudios técnicos de respaldo que evidencien la necesidad del cambio e ilustren qué está mal del código vigente (ley 65 de 1993). Las definiciones de política criminal que orientarían la adopción de un nuevo régimen tampoco son explícitas.

No soy defensor acérrimo del Código vigente, pero antes de derogarlo y adoptar uno nuevo, es necesario saber qué no funciona del marco legal actual y para dónde queremos ir. Son preguntas básicas; si no son respondidas, sencillamente es muy difícil avanzar en un ejercicio legislativo reflexivo.

El proyecto de Código fue radicado y discutido en la Comisión Primera de Cámara antes de que reviviera el ministerio de Justicia. Los representantes aprobaron irreflexivamente un texto que contiene serias incoherencias y ambigüedades. Por ejemplo:

  • El amplio catálogo de principios de defensa de los derechos humanos no se traduce en normas operativas. De hecho, muchas de las disposiciones propuestas ponen en riesgo la vigencia de los derechos de los presos.
  • El proyecto profundiza la “administrativización” de la prisión, en contravía de los fallos de constitucionalidad y de tutela proferidos por la Corte Constitucional durante las últimas dos décadas. Los derechos de los presos quedan sometidos al criterio de la autoridad penitenciaria. Como quedó el texto aprobado en primer debate pareciera que el régimen administrativo de las prisiones “mata” Constitución.
  • Acudiendo a la ambivalencia, el diseño propuesto mantiene la figura de los jueces de ejecución de penas, pero los somete a la autoridad penitenciaria. Este es un retroceso y un desconocimiento de la facultad del poder judicial de supervisión de la ejecución penal. Además, va en contravía del régimen penal vigente (artículo 38 de la ley 906 que otorga funciones a los jueces de ejecución penal).
  • El proyecto de ley introduce de manera confusa un régimen de descentralización en la ejecución de la detención preventiva. Contiene la noción del “interno de orden territorial” y, de manera bastante general, parece imponer responsabilidades a los municipios y los departamentos (artículos 3 y 44) en la ejecución de la detención preventiva. El esquema no se desarrolla, pero parece indicar que se decidió que los departamentos y los municipios también encarcelarán.
  • El proyecto no atiende la crisis del servicio de salud en las prisiones. En vez de considerar la creación de un régimen especial de atención (ampliamente justificado por médicos e, inclusive, por las entidades prestadoras del servicio), propone que la solución sea la vinculación de los presos al sistema general de seguridad social (artículos 4, 16 y 29).
  • El proyecto de ley enuncia la privatización y la concesión a privados, pero no la desarrolla. Introduce disposiciones ambiguas que serán objeto de mucha controversia.
  • No hay desarrollo del enfoque diferencial en relación con poblaciones que habitan las prisiones: mujeres, niños menores de tres años, adultos mayores, y personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas.
  • El proyecto no desarrolla de manera adecuada la resocialización de los presos y tan sólo enuncia un servicio para post penados (artículos 80 y 114 B).

Este proyecto de ley es el clásico ejemplo de cómo se fabrican las leyes en Colombia: se reúne un grupo de abogados que no conocen muy bien el tema y empiezan a escribir. El resultado es una colcha de retazos y la generación de cambios que no tienen sentido. Además, como no se tomaron decisiones básicas –como el rol de los jueces de ejecución de penas– reina la ambivalencia.

Llamada a la sensatez

El proceso legislativo de una reforma de esta envergadura debería incluir:

  • la realización de estudios empíricos que documenten la necesidad del cambio;
  • la identificación de las opciones para lograr el cambio deseado;
  • la definición clara y explícita de los objetivos de la reforma;
  • la identificación de factores adversos y favorables a la reforma;
  • la definición de un marco de acción para conseguir el cambio deseado, incluyendo elementos distintos a los normativos. 

Si no damos estos pasos, una vez aprobado el Código propuesto, estaremos igual de mal o peor que como estamos actualmente. La dinámica en las prisiones –y no sólo en las colombianas – está determinada por prácticas más que por derecho. La situación actual de las prisiones no es resultado del Código vigente; es la que es por las prácticas manifiestas y subrepticias que rigen la prisión colombiana, ambas teñidas por la ilegalidad.

 

Con nuevo ministerio de Justicia, la reestructuración del INPEC y la creación de la nueva Unidad de Servicios Penitenciarios – que, además, tiene funciones de asesoría y la realización de estudios – es hora de retirar el proyecto del Congreso y regresar a un ejercicio reflexivo sobre el Código carcelario y penitenciario que necesitamos y queremos. La movida debería ser una iniciativa decidida del ministro Esguerra.

Socio fundador e investigador de la Corporación Punto de Vista
@mreedhurtado

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Comentarios  

Pedro Del Carpio
+1 # Pedro Del Carpio 21-11-2011 20:14
A lo comentado se debe puntualizar que a los programas de Educación y trabajo dentro de los establecimiento s penales se debe poner mayor énfasis con especialistas. Así como en la vida extramural el educando adulto con sus ideas previas emprende un nuevo conocimiento, antes de aprender algo nuevo, primero tiene que DESAPRENDER lo vetusto; de igual forma toda persona condenada que responde a la justicia con la privación de la libertad; debe tener la oportunidad en desaprender sus malos hábitos y forjarse un nuevo camino con la educación y trabajo penitenciario. Se debe tener la oportunidad de aprender algún oficio y que se le otorgue el certificado de lo aprendido conforme a ley y además debe plasmase convenios con entidades privadas que acepten contratar las personas egresadas de los recintos penales y dicha remuneración sirva también para que se termine de pagar el monto indemnizatorio resuelto en la sentencia.....A bogado ( PERU)
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MAURICIO
0 # MAURICIO 23-11-2011 00:38
DEFINITIVAMENTE EL ANALISIS QUE HACE MICHAEL ES ATERRIZADOI A UNA REALIDAD EN DONDE EL ESTADO SE HA HECHO EL CIEGO POR MAS DE CINCUENTA AÑOS, ESTE PROBLEMA NO SE SOLUCIONA CON PRISION, Y MENOS AL ALEJARSE EL PENITENCIARISMO DEL DERECHO PENAL, LA POBREZA Y LA FALTA DE OPORTUNIDADES INVADE A COLOMBIA, Y EL ESTADO SOLO PIENSA EN ENCERRAR A MAS GENTE SIN RECURSOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA EFECTIVA RESOCIALIZACION .
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DAMARIS
0 # DAMARIS 22-03-2013 19:37
EL ESTADO NO HA TENIDO IMPORTANCIA POR CREAR UNA POLITICA PUBLICA.Ó HAY POLITICAS PÚBLICAS?
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