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La paz está herida pero la guerra está muerta

Hernando Llano AngelLa responsabilidad de hacer la paz recaerá sobre todos los colombianos. Comencemos  por reconocer que las banderas morales que esgrimieron tanto la guerrilla como el Estado deberán olvidarse para que la política le ponga punto final a esta guerra degradada. 

Hernando Llano Ángel*

Procesión de víctimas de la Masacre de Bojayá en el departamento de Chocó.

No hay paz perfecta

Como bien dijo el senador Álvaro Uribe en su mensaje a la opinión de esta semana, “la paz está herida: por eso mismo depende de todos los colombianos que la paz sane y que recobre plenamente la vida.

Sin embargo el anuncio del presidente Santos y de las FARC desde La Habana es todavía más importante: la guerra está moribunda.

Depende fundamentalmente de nosotros y de nuestro compromiso (no tanto de Santos, ni de Uribe, ni de las FARC, ni de la comunidad internacional) que la paz recobre su salud y fecunde generosamente sus frutos en nuestra tierra para beneficio de todos. Esto dependerá de si somos capaces de sepultar rápidamente la guerra y permitirle que descanse en paz, eternamente, sin prolongar artificialmente su vida.

El mayor peligro que en este momento nos acecha es la búsqueda de una paz perfecta, pues esta no existe en este mundo, que siempre estará lleno de conflictos y rencillas por resolver. Esto sería como hacer depender la paz de una justicia perfecta o de una discutible e incierta igualdad social. Si nos empecinamos en estos elementos, estaremos condenados a prolongar eternamente la guerra, con su secuela inacabable de dolor, degradación y víctimas.

Ya es hora de abandonar esos espejismos fatales, pues todos conocemos sus resultados: más de 220.000 víctimas mortales, de las cuales el 81,5 por ciento fueron civiles, y el mayor número de desplazados internos del mundo, cerca de 7 millones de compatriotas que han perdido sus parcelas y sus derechos vitales.

Además, ¿quién tiene el derecho a definir lo que significa una “paz perfecta” o una “justicia perfecta”? ¿Un Estado? ¿Un líder político? ¿Un partido o una guerrilla? La respuesta es simple: nadie. Por eso es responsabilidad de todos y todas que esta tragedia no se siga repitiendo en suelo colombiano.

Hoy tenemos una valiosa oportunidad política y una inmensa responsabilidad ética. Ningún ciudadano o ciudadana puede eximirse. Nos llegó la hora de la verdad. Para tomar una decisión tan trascendental vale la pena reflexionar sobre nuestra responsabilidad frente al pasado, el presente y el futuro.

Un pasado ignominioso

El Presidente Santos y Rodrigo Londoño luego de la firma del acuerdo de Cese al Fuego.
El Presidente Santos y Rodrigo Londoño luego de la firma del acuerdo de Cese al Fuego.
Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Sobre el pasado, lo primero que tendríamos que reconocer es que este nos deja un vergonzoso saldo en rojo y una deuda de humanidad con cientos de miles de víctimas que tenemos que honrar. Y la primera y mejor manera de hacerlo es impedir que la guerra cobre más víctimas.

La segunda consiste en que los protagonistas de la guerra reconozcan sin ambages que en su obsesión por vencer al enemigo incurrieron en numerosas acciones degradantes e inhumanas, moralmente injustificables y políticamente ilegítimas. Ellos son los primeros que deben contar toda la verdad, para empezar a reparar a las víctimas.

¿quién tiene el derecho a definir lo que significa una “paz perfecta” o una “justicia perfecta”?

La primera verdad que deberían reconocer es su desvarío y soberbia, que todavía hoy ocultan bajo valores, principios, políticas y consignas que mancillaron y arruinaron con la sangre de sus víctimas.

En nombre de supuestos valores como “democracia”, principios como “Estado de derecho”, políticas como “seguridad democrática” y consignas como “revolución” o “justicia social” cometieron masacres, asesinatos, desapariciones, secuestros, “falsos positivos” y desplazamientos masivos.

Ni uno solo de los anteriores crímenes puede ser justificado ni legitimado ante las víctimas y sus sobrevivientes. Tampoco ante la conciencia ciudadana. Si esta los acepta estaría perpetuando eternamente la revancha y la venganza de nuevas generaciones, que más adelante, en nombre de la “justicia”, la “verdad” o las “instituciones democráticas”, tratarán de ajustar cuentas con los victimarios victoriosos.

La justicia transicional

En este contexto, la justicia transicional es imprescindible pues la degradación en que incurrieron todos los responsables directos de la guerra impide objetiva y legalmente declararlos inocentes plenos o culpables absolutos. Todos son responsables, según su mando y papel, de los actos cometidos o de las omisiones consentidas.

Estos actores deberían asumir explícitamente su responsabilidad para empezar a reparar a sus víctimas y honrar a sus familiares sobrevivientes, contando toda la verdad, sin refugiarse en ideologías o en dignidades gubernamentales. Ya pasó la hora de los comandantes y los héroes impunes; también la de los gobernantes inmunes. A todos les llegó la hora de las verdades y las responsabilidades históricas. Deben hacerlo para dejar de reclamar una dignidad y una identidad que ya perdieron, bien como revolucionarios o como estadistas, al ordenar, consentir o tolerar crímenes tan crueles y degradantes.

El dolor de las víctimas es igual, sin importar la legalidad o ilegalidad de su victimario. Ni el estadista ni el comandante revolucionario pueden reclamar  superioridad moral después de medio siglo de atrocidades. Por eso todos deben someterse a una justicia excepcional, que es la transicional, donde la culpabilidad es desplazada por la responsabilidad de la verdad, el castigo por la reparación a las víctimas, y la condena por la reconciliación con el enemigo de ayer, para permitir que la paz sea un ejercicio de la política y no siga siendo un botín disputado y arruinado por la guerra.

Se trata de construir la paz en serio, justamente entre los que ayer hicieron la guerra y cometieron los crímenes más repudiables creyendo obrar en defensa de valores y convicciones superiores. Quien aspire a ver a su enemigo de ayer tras las rejas implícitamente dice que él es moralmente superior a su adversario, cuando en realidad ambos comparten una responsabilidad similar por lo acontecido, ya sea por su acción o por  omisión como comandante guerrillero, como jefe de Estado o como líder político.

En estos casos la justicia no cede ante la paz, sino que la política se impone sobre la guerra, pues solo quienes aspiran a vencer en un campo de batalla pueden recluir a los vencidos en cárceles y negarles todo derecho a seguir existiendo políticamente.

¿Será esa la paz sin impunidad que pregona el Centro Democrático? De ser así nos esperan muchos años más de guerra e ignominia en la búsqueda irresponsable y moralmente criminal de una “justicia sin impunidad”, con el costo inadmisible e insufrible de la paz perfecta de las tumbas y las fosas comunes.

El presente y el futuro

El Ex-presidente y Senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.
El Ex-presidente y Senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.
Foto: Congreso de la República de Colombia

En lugar de ese futuro de vengadores implacables y gobernantes irresponsables e impunes, los ciudadanos tenemos frente a nosotros un presente de responsabilidad y un futuro de reconciliación.

Ni el estadista ni el comandante revolucionario pueden reclamar  superioridad moral después de medio siglo de atrocidades.

Tenemos la responsabilidad de valorar lúcida y sensiblemente el dolor de las miles de víctimas de esta guerra, más allá de las pasiones y los maniqueísmos viscerales que pretenden eximir a unos de toda responsabilidad y darle a otros toda la culpa.

Los ciudadanos deberíamos reconocer que no estamos dispuestos a vivir más en una sociedad dividida eternamente entre víctimas y victimarios, vencidos y vencedores, y comprometernos ética y políticamente a construir una sociedad reconciliada, por fin democrática, donde todos tengamos iguales derechos y oportunidades. Sin concederle a nadie, por ninguna razón, la potestad para disponer de la vida de sus semejantes en aras de absolutos inalcanzables como la “paz perfecta” o la “justicia perfecta”.

Esa es la inmensa responsabilidad que debemos asumir si se convoca el plebiscito: sustituir para siempre las tumbas por las urnas, la guerra por la política, las víctimas y los victimarios por la ciudadanía y por fin construir y vivir en un Estado democrático, que haga imposible para siempre la simbiosis mortal de la política con las armas.

 

* Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, profesor Asociado en la Javeriana de Cali, socio de la Fundación Foro por Colombia, Capítulo Valle del Cauca. Publica en el blog: calicantopinion.blogspot.com. 

@HernandoLlano

Lo que se acordó (y lo que no se acordó) en La Habana

Juan Carlos PalouEl anuncio de tres acuerdos importantes entre el gobierno y las FAR produjo mucha  alegría y despertó grandes expectativas. Pero este no es el final del proceso: ¿cuál es el alcance real de los acuerdos?

Juan Carlos Palou*

El Presidente Santos y el comandante de las FARC Rodrigo Londoño suscriben el acuerdo para el Cese al Fuego.

Sin cantar victoria

Muchos colombianos vimos con emoción la ceremonia de firma de los tres acuerdos entre el gobierno y las FARC sobre cese al fuego, garantías de seguridad y refrendación respectivamente.

Sin embargo la alegría no debe hacernos olvidar que todavía hay una evidente indiferencia de algunos sectores del país sobre el tema, y que la necia oposición del Centro Democrático a los avances de la paz se ha mantenido incólume. Necesitamos una dosis de sano realismo para ver que aún queda mucho trecho antes de festejar el Acuerdo Final, debidamente refrendado.

La del jueves 23 de junio fue la segunda ceremonia de firma de acuerdos parciales entre el gobierno y la guerrilla en La Habana ante la opinión pública nacional e internacional. La primera se realizó al suscribirse el acuerdo sobre el Sistema Especial de Justicia. Pero en aquella oportunidad quedaron varias preguntas sobre los verdaderos alcances del acuerdo.

Es comprensible que un proceso de negociación que ha durado tanto como este apele a  celebraciones públicas cuando se superan los escollos más difíciles. Estos actos tratan de insuflar optimismo a la opinión, o por lo menos de contrarrestar el escepticismo que se apodera de la gente cuando no percibe avances en el diálogo.

Pero este modelo de estimulación parece agotado y la opinión pública quiere ver el resultado definitivo, es decir, el Acuerdo Final. El presidente Santos dijo que la firma de este se hará en Bogotá, aunque al mismo tiempo nos recordó que tal decisión no puede ser unilateral sino acordada por las partes en La Habana.

Esperemos que se pueda lograr prontamente esta concertación, después de que se evacúen los temas pendientes. En ese momento sí se podrá iniciar completamente un proceso de construcción de paz, estable y duradera.

Las zonas de transición

Proceso de Paz del Caguán en 1988.
Proceso de Paz del Caguán en 1988.
Foto: Centro de Memoria Paz y Reconciliación

El acuerdo de cese al fuego tiene gran importancia política y una alta calidad técnica. Lo primero queda comprobado por la trascendental decisión de  poner punto final a la violencia entre el Estado y las FARC, después de 50 años de guerra.

La calidad técnica del acuerdo resulta de haber recogido los aprendizajes de la comunidad internacional en procesos de desmovilización de fuerzas armadas irregulares, así como las lecciones derivadas de otros procesos de paz en Colombia. Para constatar esta calidad tecina bastaría con notar la diferencia entre la llamada Zona de Despeje del Caguán en 1998 y las Zonas Veredales Transitorias de Normalización del presente acuerdo. La primera fue una concesión incondicional otorgada al inicio de las conversaciones, sin límites de tiempo ni reglas distintas de la de excluir a las autoridades estatales del territorio despejado. Las segundas son zonas delimitadas en el espacio y el tiempo, con tres propósitos específicos:

  1. Verificar el cese al fuego,
  2. Hacer posible la dejación de armas,
  3. Iniciar los procesos de reincorporación a la vida civil de la tropa guerrillera.

Durante su vigencia, las autoridades civiles desarmadas del Estado seguirán ejerciendo sus funciones y la Policía Nacional podrá ingresar en ellas cuando sea necesario (aunque cumpliendo los protocolos de la misión política internacional). Además, estas zonas no podrán durar más de seis meses, contados desde el día de la firma del Acuerdo Final.

Aún queda mucho trecho antes de festejar el Acuerdo Final.

En la definición de las reglas de juego de estas Zonas participaron tanto el conservatismo como el Centro Democrático, partido que propuso limitaciones dentro del debate parlamentario sobre la Ley de Orden Público. Por eso no tiene sentido que dos expresidentes digan ahora que la firma de estos tres acuerdos “pasó sobre el cadáver de los principios más elementales de la Constitución”(Pastrana) o que la “paz está herida” (Uribe), cuando, en su momento, ellos crearon caprichosa y unilateralmente las zonas de despeje del Caguán y de Santa Fe de Ralito.

Pastrana regaló la institucionalidad y Uribe la distorsionó. Y ambos, despóticamente, evitaron discutir cualquier norma para regular esos espacios supuestamente creados para la paz.

La dejación de armas

En un artículo reciente, el exguerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos dijo que si “para firmar la paz se hubiesen tomado en serio los informes de inteligencia, tanto la guerrilla como el gobierno salvadoreño jamás habrían firmado el acuerdo que acabó con la guerra civil de El Salvador en 1992”.

También en Colombia, frente al tema de la dejación de las armas, muchos sectores parecen tener una mentalidad de sabuesos de inteligencia para advertir sobre todas las posibilidades de la trampa: que las FARC no van a entregar todas las armas, que seguirán haciendo proselitismo armado, que las venderán en el mercado negro al mejor postor, etc. Todo esto es posible, pero no dejan de ser hipótesis o riesgos que necesitan las debidas precauciones. Hay que confiar en la pericia y la experiencia de Naciones Unidas en este tipo de procesos.

El proceso que acaba de anunciarse implica el “registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final”. Por eso, los métodos que se adopten deben minimizar el riesgo de que las armas en poder de las FARC sigan circulando en Colombia o en cualquier otro país, o queden disponibles para reiniciar la rebelión. 

Las garantías de seguridad

El Presidente Santos junto al Secretario General de la ONU Ban Ki-moon.
El Presidente Santos junto al Secretario General de la ONU Ban Ki-moon.
Foto: Presidencia de la República

Este segundo acuerdo tiene también varias virtudes destacables:

  • Primeramente propone una concepción amplia de seguridad que no se reduce a los miembros de las FARC sino que cubre a todos los habitantes, con atención particular a los integrantes de colectividades, movimientos sociales y defensores de derechos humanos.
  • Igualmente reconoce que la mayor amenaza para la paz son los grupos armados ilegales- las bacrim, los neoparamilitares o las guerrillas-.
  • Desde luego, para evitar un genocidio similar al de la UP, parte de las medidas de protección se refieren específicamente a los miembros del movimiento político que conformarán las FARC y a los excombatientes de esta guerrilla que opten por la reintegración.

Este acuerdo incluye un componente de construcción de Estado que puede verse en tres de los principios sobre las garantías de seguridad: 

  1. Asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio,
  2. Fortalecer la administración de justicia, y
  3. Asegurar el monopolio de los tributos para la hacienda pública.

Estos son rasgos esenciales de un aparato estatal que no han podido ser cumplidos por Colombia en la mayor parte de los territorios donde hacen presencia las FARC u otros grupos armados ilegales. Es pertinente y necesario aprovechar la futura implementación de los acuerdos para crear el Estado donde haga falta y fortalecerlo y democratizarlo donde ya tiene algún grado de efectividad.

Por otra parte, hasta el momento poco se ha comentado sobre el compromiso que enuncia el acuerdo para promover un “pacto político nacional y desde las regiones (…) para que nunca más se utilicen las armas en la política ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica”. Este compromiso se conecta directamente con el propósito de “contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política” y “trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional (…) en torno a los valores democráticos”.

La refrendación

En este punto no se diluyó del todo la incertidumbre, pues se acordó atender la decisión que adopte la Corte Constitucional sobre la ley de plebiscito presentada por el gobierno. Pero la Corte podría rechazar el sistema de refrendación que intenta el gobierno y no proponer uno nuevo.sae la ley de rabateria, aunqie.

El acuerdo de cese al fuego tiene gran importancia política y una alta calidad técnica.

No obstante y como han dicho varios analistas, este compromiso es importante porque demuestra el reconocimiento por parte de las FARC de un órgano del Estado cuya legitimidad han rechazado durante 50 años. Esta nueva posición contrasta claramente con las posturas que el grupo guerrillero sostuvo hasta hace muy poco.  

La comunidad internacional

La participación de la comunidad internacional en los procesos de paz de Colombia tiene el importante antecedente de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, cuyo mandato comenzó con la desmovilización de las AUC y se ha venido ampliando con intervenciones en otras políticas estatales de construcción de paz.

Esta vez Naciones Unidas tiene un papel protagónico en el proceso de desmovilización y dejación de armas de las FARC. No sobra señalar que tal intervención no hace imposible el incumplimiento de alguna de las dos partes. Pero esta veeduría, junto con las otras medidas, sin duda contribuirá a crear las condiciones para el éxito del proceso.

 

​* Consultor independiente

“Nueva economía”, pero con los errores de antes

Jorge Iván GonzálezEn vez de la locomotora energética, el gobierno quiere apostarle a la agricultura, la industria y el turismo, pero su insistencia en la austeridad y en las tasas de interés altas perjudica a estos sectores. La solución son las medidas contra-cíclicas.

Jorge Iván González*

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría.

Nueva economía y viejas prácticas

Esta semana el gobierno dio a conocer sus nuevas proyecciones sobre el futuro de la economía, así como los instrumentos que se propone utilizar para consolidar el crecimiento, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. La “nueva economía” se basará en el impulso de la industria, la agricultura y el turismo.

Este proyecto significa un cambio de perspectiva radical con respecto a las opciones anteriores. Atrás quedaron las locomotoras del petróleo y de la minería. El nuevo énfasis de la política económica es por supuesto adecuado, y sin duda necesitamos instrumentos que permitan consolidar la industria, la agricultura y el turismo. Pero las medidas tienen que inscribirse en el marco de una muy decidida política contra-cíclica.

En medio de una coyuntura recesiva como la actual, no debería dudarse de las bondades de los instrumentos contra-cíclicos. Si quiere avanzar en esta dirección, el gobierno tiene dos factores a su favor: la devaluación del peso y los excedentes que quedaron de las bonanzas petrolera y minera.

Sin embargo en lugar de aprovecharlos, el propio gobierno le ha metido dos palos a la rueda: la austeridad, reflejada en una disminución del gasto público, y el aumento de la tasa de interés. Estas dos medidas impiden que la política económica opera en contra de la recesión des decir, que sea contra-cíclica.

El camino adecuado sería remover los dos obstáculos (austeridad y aumento de las tasas de interés), y potenciar las dos ventajas (devaluación y excedentes de la bonanza anterior).

No a la austeridad

Sede principal del Banco de la República en Bogotá.
Sede principal del Banco de la República en Bogotá.
Foto: momentcaptured1

Este no es el momento para la austeridad. Ni siquiera para la “austeridad inteligente” que predica el ministro de Hacienda. La reducción del déficit fiscal no tiene que ser inmediata y, además, no debería realizarse exclusivamente a través del recorte del gasto.

Es posible buscar otros caminos. Por ejemplo una reforma tributaria progresiva, que pondría el mayor peso de los impuestos sobre el 1 por ciento más rico de la población, no golpearía la demanda y contribuiría al cierre de la brecha fiscal.

Atrás quedaron las locomotoras del petróleo y de la minería.

El gasto público (funcionamiento e inversión) tiene un efecto multiplicador importante. En 2015 el PIB que más creció fue el de obras civiles, que aumentó un 5,4 por ciento, a un ritmo muy superior al del PIB global, que fue de 3,1 por ciento. El dinamismo de las obras civiles está directamente relacionado con la inversión pública en infraestructura, y por tanto no conviene disminuir un gasto que tiene una clara incidencia positiva sobre el PIB.

Los recortes al gasto público anunciados por el gobierno van en contra de la recuperación de la economía.

No al aumento de las tasas de interés

Esta semana el Banco de la República aumentó la tasa de interés de referencia al 7,5 por ciento. Esta tasa jalona hacia arriba los intereses sobre todos los créditos. La decisión, dice el Banco, obedece a la necesidad de frenar las tendencias inflacionarias. Pero este argumento tiene dos debilidades.

  1. Desconoce las causas estructurales de la inflación.
  2. Obstaculiza la recuperación de la industria, la agricultura y el turismo, que se han propuesto como los sectores líderes de la “nueva economía”.

Índice de precios al consumidor (IPC) por componentes (%) - Dic. 2014, dic. 2015, mar. 2016

Fuente: Ministerio de Hacienda, Marco Fiscal de Mediano Plazo, p. 36.

La inflación actual tiene causas estructurales profundas. La más notoria es la destrucción del aparato productivo que se dio en la agricultura. Colombia está importando 10,5 millones de toneladas de alimentos y, con la devaluación, los precios de estos han aumentado bastante.

Como se observa en el cuadro anterior, hasta marzo de 2016 la inflación promedio fue de 7,98 por ciento, mientras que la de alimentos fue de 12,35 por ciento, y la de perecederos llegó al 32,64 por ciento. Es evidente, entonces, que el mejor remedio contra la inflación es el estímulo a la producción agropecuaria nacional. Y el aumento de las tasas de interés no toca las causas estructurales del aumento de los precios.

En cambio, las elevadas tasas de interés, que no son el remedio para la inflación, sí suben los costos de los créditos y esto tiene efectos negativos sobre la productividad y la competitividad.

En Estados Unidos los bonos del Tesoro pagan 0,5 por ciento al año. Con esta tasa de referencia tan baja, los bancos comerciales prestan al 3 o 4 por ciento. Los inversionistas colombianos, en cambio, se tienen que endeudar al 12 o 13 por ciento al año. Esta diferencia tan alta pone a los empresarios nacionales en una clara desventaja frente a sus competidores internacionales.

Sí a la devaluación

Consejo del Gabinete Ministerial presidida por el Presidente Santos.
Consejo del Gabinete Ministerial presidida por el Presidente Santos.
Foto: Presidencia de la República

En las actuales condiciones de la economía colombiana la devaluación del peso es conveniente porque es un estímulo a la producción nacional. El 20 de mayo el Banco de la República tuvo una intervención fallida que buscaba reducir la devaluación. Quiso vender 500 millones de dólares de las reservas, pero finalmente solo se subastaron 411 millones.

El mejor remedio contra la inflación es el estímulo a la producción agropecuaria nacional. 

Estos recursos, que equivalen a 1.300 millones de pesos, se perdieron porque el impacto que tuvo esta intervención sobre la tasa de cambio fue mínimo. La subasta de estos dólares, que no consiguió el objetivo buscado, más bien favoreció a unos pocos especuladores privados, y se desperdiciaron recursos que hubieran podido aprovecharse para contruir o mejorar la infraestructura (colegios, hospitales, vías).

El Banco no debe pretender luchar contra la devaluación porque no puede modificar la tasa de cambio. El valor del dólar depende de las decisiones de la política monetaria de Estados Unidos y no de las intervenciones del Banco de la República de Colombia. En lugar de querer modificar el nivel actual de la tasa de cambio, el Banco debería buscar los mecanismos que permitan que la devaluación favorezca la competitividad de la producción nacional.

Sí al uso de excedentes

El Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) se creó con el propósito de ahorrar en la época de bonanza y gastar en las coyunturas recesivas, es decir, se concibió como un mecanismo contra-cíclico.

Ahorro acumulado. Fondo de Ahorro y Estabilización, FAE. Millones de dólares (2012-2015)

Fuente: Ministerio de Hacienda., Marco Fiscal de Mediano Plazo, p. 119.

Actualmente, el FAE tiene 3.090 millones de dólares. Es decir, más de 9 billones de pesos. Estos recursos son cuantiosos y deberían contribuir a la consolidación de la “nueva economía”. El reto consiste en aprovechar de manera adecuada estos dineros.

Hasta ahora los excedentes de las regalías se han administrado mal. Entre otras razones, porque se han dispersado en numerosos proyectos (más de 10.000), muy pequeños y sin impactos regionales y estratégicos. La propia Contraloría General de la República  ha realizado una evaluación muy crítica, mostrando que la dispersión de la regalías no ha sido conveniente.

Si los más de 9 billones de pesos disponibles se distribuyen de a poquitos no se podrán utilizar los recursos de manera contra-cíclica. Para que se haga un buen uso de las reservas se requiere un claro liderazgo del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Los excedentes disponibles en el FAE deberían contribuir a consolidar la “nueva economía”. Pero para poder fortalecer la industria, la agricultura y el turismo, es indispensable que los proyectos sean estratégicos y de amplia cobertura.

La lógica de la piñata (de a poquito para muchos) que ha guiado la distribución de las regalías ha sido perversa y debería modificarse. Todavía no se han dado cuenta de que el placer de la mermelada es débil y transitorio.

 

* Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace. eijorgeivangonzalez29@gmail.com

Análisis

(Tiempo estimado: 7 - 14 minutos)

M1chael_REED Están a punto de adoptarse grandes decisiones irreflexivas, desordenadas e incoherentes sobre una materia explosiva: cárceles, política criminal y Código Penitenciario y Carcelario. Una llamada a la sensatez.

Michael Reed Hurtado

Diagnóstico de las cárceles: de mal en peor

El sistema de prisiones en Colombia se derrumba y las reformas adoptadas y propuestas por el gobierno no hacen frente a los problemas crónicos:

  • el 85 por ciento de las prisiones tienen sobrepoblación;
  • sólo hay 22 prisiones de las 142 administradas por el INPEC que no presentan hacinamiento.
  • el 67 por ciento de los presos vive en condiciones de hacinamiento crítico [1] (superior al 20 por ciento); y
  • aproximadamente 27.000 personas están viviendo en prisiones que doblan su capacidad de reclusión, es decir, están expuestas a tratos crueles, inhumanos y degradantes (ver gráfica).

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Fuente: INPEC, Oficina Asesora de Planeación.

La sobrepoblación hace que el sistema opere en condiciones de riesgo y peligro constantes. El hacinamiento genera inseguridad, impide el cumplimiento de la finalidad de la pena, daña a las personas, e introduce ilegitimidad en cualquier medida privativa de la libertad.

Como están las cosas, la curva ascendente de la población carcelaria no se detiene: por estos días, se pasó la marca de los 100.000 presos y la población presenta un aumento neto de 1.100 presos por mes.

Apagando incendios

La respuesta del Estado es simple y genera crisis cíclicas: la construcción de más cárceles. Si realmente quiere resolver el problema es hora de pensar en cómo frenar la inflación punitiva.

La crisis carcelaria se deriva de la orientación que se le da a la política criminal en Colombia, que hasta ahora ha sido irreflexiva y reactiva. No se estructura a partir de un diagnóstico oficial de la conflictividad social y no explora alternativas distintas a la respuesta punitiva.

El derecho penal es sólo una de las herramientas disponibles para encarar las conductas sociales que generan conflicto y, de hecho, debería ser una de las últimas respuestas. Un efecto nefasto de la sobre-criminalización de conductas es el encarcelamiento creciente de población vulnerable y de escasos recursos.

Al no abordar la crisis carcelaria a partir de las definiciones de política criminal, la respuesta estatal en materia de prisiones seguirá siendo coyuntural y desorganizada. El gobierno no hace sino apagar incendios y continúa alimentando el sentimiento de crisis, habilitando más cupos para el encierro penal.

La respuesta actual del gobierno a la situación inhumana y degradante que existe en la mayoría de las prisiones se puede plasmar en tres líneas de intervención:

  1. Concesión a agentes privados de la construcción y la administración de las prisiones;
  2. Reestructuración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y creación de una nueva dirección administrativa en el ministerio de Justicia para apoyar al INPEC; y
  3. Promoción de un nuevo Código Penitenciario y Carcelario.

Ninguna de las tres medidas resolverá el problema. Abordaré las primeras dos, de manera sucinta y, en razón de la coyuntura política, me concentro en la tercera medida, puesto que estamos a tiempo para darle un giro.

La privatización no es la respuesta

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo (artículo 194 de la ley 1450 de 2011), el gobierno Santos adoptó medidas que le permiten avanzar en la privatización de las prisiones. La respuesta no es innovadora; más bien, es una manifestación de desesperación.

Al verse acosado por la sobrepoblación carcelaria y tener presente el crecimiento proyectado de presos, el gobierno opta por la solución eterna: prometer la construcción de más plazas.

Como no tiene el presupuesto para hacerlo, decide convertirlo en negocio y atraer inversionistas. El factor secreto de esta ecuación es que el sector privado se mueve exclusivamente bajo parámetros de rentabilidad.

La experiencia en otras naciones desaconseja la privatización. En 2009, Elías Carranza publicó un estudio que da cuenta de la experiencia de la privatización de las prisiones en América Latina y su balance es preocupante [2]. El negocio trajo impactos negativos en los pocos países – Chile, Costa Rica y Paraguay – que optaron por la privatización.

Las empresas ofrecen las obras y sus servicios con paquete de financiación incluido “pero con intereses más altos y condiciones más gravosas que si los países tomaran ellos mismos los créditos o construyeran por su propia cuenta” [3]. La promesa de menores gastos no se ha cumplido ni en América Latina ni en Estados Unidos.

El modelo chileno, expuesto como la solución para Colombia, no genera buenas expectativas. Carranza manifiesta que, bajo el modelo público-privado de cárceles bajo concesión, los costos de operación por plaza subieron, se registró un incremento en suicidios, y hoy todos los proyectos funcionan a máxima capacidad [4]. Aunque la promesa oficial fue la disminución del hacinamiento, según Carranza, el sistema chileno tiene la tasa de sobrepoblación carcelaria más alta del Cono Sur.

En contra de la sana crítica, el gobierno colombiano quiere poner el parque penitenciario en venta. La solución a la crisis dependerá de la lógica del mercado. La decisión de privatizar las cárceles es un error.

De no modificarse, la sanción penal estará regida por el “business” y no por la justicia. Comerciar con el sufrimiento de seres humanos es insensato... e inhumano.

La reestructuración del INPEC está por verse

El gobierno expidió, bajo facultades extraordinarias, dos decretos sobre la institucionalidad que regirá el sistema penitenciario:

  • el decreto 4150 de 2011, mediante el cual crea una nueva unidad administrativa especial en el ministerio de Justicia, llamada Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios;
  • el decreto 4151 de 2011, mediante el cual reestructura el INPEC. 

Lo más novedoso de este paquete de reformas es la creación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios en el ministerio. Aunque no es explícito, el motivo de su creación responde a la desconfianza de éste hacia el INPEC, que curiosamente está bajo su órbita, pero parece no poder controlarlo.

En lugar de generar un revolcón en el INPEC, el gobierno optó por crear una unidad nueva –para que no exista duda sobre el régimen de lealtades– orientada a asesorar, apoyar y vigilar al INPEC, con énfasis en la infraestructura [5].

Además de la desconfianza institucional, la unidad parece haber sido creada para operar en consonancia con la decisión de concesionar y privatizar la construcción y los servicios carcelarios.

Ésta supervisará todos los contratos y tendrá a su cargo “promover, negociar, celebrar, administrar y hacer seguimiento a contratos de asociaciones público-privadas o de concesión, o cualquier tipo de contrato que se suscriba que tengan por objeto la construcción, rehabilitación, mantenimiento, operación y prestación de servicios asociados a la infraestructura carcelaria y penitenciaria”. La Unidad está hecha a la medida del “negocio penitenciario”.

Por su lado, la reestructuración del INPEC, en el papel, no es revolucionaria. Le quita algunas funciones y modifica un poco la estructura, pero –en general– lo deja más o menos igual.

Ambos decretos presentan un régimen de transición de seis meses para su implementación y, por lo tanto, es demasiado temprano para medir sus efectos. De cualquier modo, más allá de lo que quedó en el papel, las reformas institucionales dependen de dinámicas y de personas.

Los factores que harán toda la diferencia son:

  • la selección de personal idóneo y competente para orientar el servicio de prisiones;
  • la recuperación de la razón pública en el régimen de privación de libertad; y
  • la toma de decisiones informadas, motivadas y transparentes.


El proceso está por verse. Por el momento, existe el riesgo de “que todo cambie para que todo siga igual”.

¿Un nuevo código? Primero hay que saber para qué

Las razones para adoptar un nuevo Código penitenciario y carcelario no son claras y el proyecto que fue aprobado en la Comisión Primera de la Cámara es incoherente (proyecto de ley No. 210 de 2011 de la Cámara). El gobierno puede retirar el proyecto de ley e iniciar un ejercicio legislativo serio.

Germán Vargas Lleras, como ministro del Interior y de Justicia, radicó un proyecto de ley que no responde a la lógica de cambio planificado. No hay estudios técnicos de respaldo que evidencien la necesidad del cambio e ilustren qué está mal del código vigente (ley 65 de 1993). Las definiciones de política criminal que orientarían la adopción de un nuevo régimen tampoco son explícitas.

No soy defensor acérrimo del Código vigente, pero antes de derogarlo y adoptar uno nuevo, es necesario saber qué no funciona del marco legal actual y para dónde queremos ir. Son preguntas básicas; si no son respondidas, sencillamente es muy difícil avanzar en un ejercicio legislativo reflexivo.

El proyecto de Código fue radicado y discutido en la Comisión Primera de Cámara antes de que reviviera el ministerio de Justicia. Los representantes aprobaron irreflexivamente un texto que contiene serias incoherencias y ambigüedades. Por ejemplo:

  • El amplio catálogo de principios de defensa de los derechos humanos no se traduce en normas operativas. De hecho, muchas de las disposiciones propuestas ponen en riesgo la vigencia de los derechos de los presos.
  • El proyecto profundiza la “administrativización” de la prisión, en contravía de los fallos de constitucionalidad y de tutela proferidos por la Corte Constitucional durante las últimas dos décadas. Los derechos de los presos quedan sometidos al criterio de la autoridad penitenciaria. Como quedó el texto aprobado en primer debate pareciera que el régimen administrativo de las prisiones “mata” Constitución.
  • Acudiendo a la ambivalencia, el diseño propuesto mantiene la figura de los jueces de ejecución de penas, pero los somete a la autoridad penitenciaria. Este es un retroceso y un desconocimiento de la facultad del poder judicial de supervisión de la ejecución penal. Además, va en contravía del régimen penal vigente (artículo 38 de la ley 906 que otorga funciones a los jueces de ejecución penal).
  • El proyecto de ley introduce de manera confusa un régimen de descentralización en la ejecución de la detención preventiva. Contiene la noción del “interno de orden territorial” y, de manera bastante general, parece imponer responsabilidades a los municipios y los departamentos (artículos 3 y 44) en la ejecución de la detención preventiva. El esquema no se desarrolla, pero parece indicar que se decidió que los departamentos y los municipios también encarcelarán.
  • El proyecto no atiende la crisis del servicio de salud en las prisiones. En vez de considerar la creación de un régimen especial de atención (ampliamente justificado por médicos e, inclusive, por las entidades prestadoras del servicio), propone que la solución sea la vinculación de los presos al sistema general de seguridad social (artículos 4, 16 y 29).
  • El proyecto de ley enuncia la privatización y la concesión a privados, pero no la desarrolla. Introduce disposiciones ambiguas que serán objeto de mucha controversia.
  • No hay desarrollo del enfoque diferencial en relación con poblaciones que habitan las prisiones: mujeres, niños menores de tres años, adultos mayores, y personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas.
  • El proyecto no desarrolla de manera adecuada la resocialización de los presos y tan sólo enuncia un servicio para post penados (artículos 80 y 114 B).

Este proyecto de ley es el clásico ejemplo de cómo se fabrican las leyes en Colombia: se reúne un grupo de abogados que no conocen muy bien el tema y empiezan a escribir. El resultado es una colcha de retazos y la generación de cambios que no tienen sentido. Además, como no se tomaron decisiones básicas –como el rol de los jueces de ejecución de penas– reina la ambivalencia.

Llamada a la sensatez

El proceso legislativo de una reforma de esta envergadura debería incluir:

  • la realización de estudios empíricos que documenten la necesidad del cambio;
  • la identificación de las opciones para lograr el cambio deseado;
  • la definición clara y explícita de los objetivos de la reforma;
  • la identificación de factores adversos y favorables a la reforma;
  • la definición de un marco de acción para conseguir el cambio deseado, incluyendo elementos distintos a los normativos. 

Si no damos estos pasos, una vez aprobado el Código propuesto, estaremos igual de mal o peor que como estamos actualmente. La dinámica en las prisiones –y no sólo en las colombianas – está determinada por prácticas más que por derecho. La situación actual de las prisiones no es resultado del Código vigente; es la que es por las prácticas manifiestas y subrepticias que rigen la prisión colombiana, ambas teñidas por la ilegalidad.

 

Con nuevo ministerio de Justicia, la reestructuración del INPEC y la creación de la nueva Unidad de Servicios Penitenciarios – que, además, tiene funciones de asesoría y la realización de estudios – es hora de retirar el proyecto del Congreso y regresar a un ejercicio reflexivo sobre el Código carcelario y penitenciario que necesitamos y queremos. La movida debería ser una iniciativa decidida del ministro Esguerra.

Socio fundador e investigador de la Corporación Punto de Vista
@mreedhurtado

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Comentarios  

Pedro Del Carpio
+1 # Pedro Del Carpio 21-11-2011 20:14
A lo comentado se debe puntualizar que a los programas de Educación y trabajo dentro de los establecimiento s penales se debe poner mayor énfasis con especialistas. Así como en la vida extramural el educando adulto con sus ideas previas emprende un nuevo conocimiento, antes de aprender algo nuevo, primero tiene que DESAPRENDER lo vetusto; de igual forma toda persona condenada que responde a la justicia con la privación de la libertad; debe tener la oportunidad en desaprender sus malos hábitos y forjarse un nuevo camino con la educación y trabajo penitenciario. Se debe tener la oportunidad de aprender algún oficio y que se le otorgue el certificado de lo aprendido conforme a ley y además debe plasmase convenios con entidades privadas que acepten contratar las personas egresadas de los recintos penales y dicha remuneración sirva también para que se termine de pagar el monto indemnizatorio resuelto en la sentencia.....A bogado ( PERU)
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MAURICIO
0 # MAURICIO 23-11-2011 00:38
DEFINITIVAMENTE EL ANALISIS QUE HACE MICHAEL ES ATERRIZADOI A UNA REALIDAD EN DONDE EL ESTADO SE HA HECHO EL CIEGO POR MAS DE CINCUENTA AÑOS, ESTE PROBLEMA NO SE SOLUCIONA CON PRISION, Y MENOS AL ALEJARSE EL PENITENCIARISMO DEL DERECHO PENAL, LA POBREZA Y LA FALTA DE OPORTUNIDADES INVADE A COLOMBIA, Y EL ESTADO SOLO PIENSA EN ENCERRAR A MAS GENTE SIN RECURSOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA EFECTIVA RESOCIALIZACION .
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DAMARIS
0 # DAMARIS 22-03-2013 19:37
EL ESTADO NO HA TENIDO IMPORTANCIA POR CREAR UNA POLITICA PUBLICA.Ó HAY POLITICAS PÚBLICAS?
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