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Análisis

(Tiempo estimado: 4 - 8 minutos)

Sebastian_RubianoEn materia de licencias ambientales, la nueva Agencia parece estar cortada a la medida para acelerar la locomotora minera, pero sobre todo para que ruede sin frenos su vagón más riesgoso: la gran minería. 

Sebastián Rubiano Galvis

Por fin un Ministerio verde

Hace unos días presenciamos la tan esperada resurrección del Ministerio de Medio Ambiente. En 2003 había sido fusionado con el de Desarrollo Económico y convertido en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o en otras palabras, el ministerio de todo y de nada a la vez.

Hoy este Ministerio se escinde y el de Ambiente renace con nuevo nombre, nuevas funciones y nueva estructura, mediante la ley 1444 de 2011 y el Decreto 3570 del 27 de septiembre de 2011, que no solo restablecen el Ministerio, sino que reorganizan el ahora llamado Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Sin duda este renacimiento es positivo, no sólo por la importancia intrínseca del patrimonio natural del país y la necesidad de una institucionalidad ambiental de alto perfil para protegerlo, sino también por la importancia de que dicha institucionalidad sea fuerte en épocas de un desarrollo impulsado por locomotoras desbocadas, como la minera.

Auto-servicio casi automático

Sin embargo, hay al menos un aspecto de esta nueva institucionalidad verde que vale la pena examinar con lupa, pues sospecho que no se diseñó para contener a la locomotora minera, sino todo lo contrario, para ponerla a andar más rápido: el licenciamiento ambiental.

Comienzo por señalar que los procesos de licenciamiento ambiental en Colombia han sido tradicionalmente bastante débiles:

  • En primer lugar, los decretos que han regulado la licencia ambiental han ido excluyendo de este procedimiento a cada vez más actividades, hasta llegar al flaco y laxo Decreto 2820 de 2010, que nos rige hoy.
  • En segundo lugar, en estos procesos es el propio peticionario de la licencia quien realiza el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el diagnóstico ambiental de alternativas del proyecto, lo cual resulta bastante absurdo, pues al fin de cuentas el papel de la autoridad -que es evaluar los impactos ambientales- se reduce casi al de una notaría.
  • En tercer lugar, estos procesos suelen estar permeados por intereses políticos locales, son herméticos y poco transparentes. Tan oscura es la situación que, como lo señaló recientemente Guillermo Rudas, las autoridades ambientales –sobre todo las corporaciones– no son transparentes con la publicación del registro completo de licenciamiento, el cual ni siquiera el Ministerio de Ambiente conoce aún.
  • Y por último, las autoridades ambientales son laxas al entregar licencias, tal como lo reveló un estudio de la Contraloría en 2006: entre 1994 y 2005 apenas se negó el 3 por ciento de las licencias solicitadas.

Una rueda suelta

Esta debilidad preocupa aún más si se tiene en cuenta el revolcón institucional que se ha producido con el nuevo Ministerio: la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente ha dejado de existir.

Mediante Decreto 3573 de 2011 se creó la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), una unidad administrativa especial con autonomía administrativa y financiera que queda vinculada al sector de ambiente y desarrollo sostenible.

Es decir, la función de estudio, aprobación y expedición de licencias, permisos y trámites ambientales de los megaproyectos ya no está dentro del Ministerio, sino en una unidad administrativa que aunque vinculada al mismo, ya no estará bajo la autoridad del ministro.

Según el Decreto 3573, el director de esta Agencia será nombrado directamente por el presidente de la República, pero tendrá relación directa con el ministro, quien tendrá poder de veto en la concesión de licencias ambientales para proyectos de gran escala.

ANLA: ¿cortada a la medida?

No hay duda de que lo que está detrás de esta reforma son las reiteradas quejas de varios sectores –entre ellos el minero– acerca de las demoras en la expedición de licencias y el afán del gobierno por acelerar la locomotora minera.

Esta reforma debilitará el ya flojo proceso de licenciamiento ambiental. Sin embargo, teniendo en cuenta que el Ministerio sólo tiene competencia para expedir licencias en proyectos de gran escala y envergadura (Artículo 52 de la Ley 99 de 1993 y Decreto 2820 de 2010) y que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) expiden el grueso de las licencias, no deja de ser curiosa esta reforma, pues según el Decreto 3573, la ANLA sólo podrá expedir las licencias que hasta ahora eran de competencia del Ministerio.

¿Por qué hacer más expedito el licenciamiento ambiental que hace el Ministerio y no aprovechar la oportunidad para modificar también el que hacen las CAR? ¿Por qué quitar las “trabas” solamente para los proyectos de gran escala? ¿Será que la locomotora minera arrastra un vagón VIP, cargado de proyectos estratégicos de gran escala que requieren licencia ambiental del Ministerio en poco tiempo y sin restricciones? No parece descabellado pensarlo.

Y más si se tiene en cuenta el gol que metió el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1450 de 2011) a este respecto: el artículo 224 de dicha ley recortó en 30 por ciento el tiempo del procedimiento para evaluar y otorgar licencias ambientales.

Además estableció que tras cierto tiempo, si el Ministerio de Ambiente –ahora la ANLA– no ha decidido sobre la licencia, un comité con participación del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio del sector al que pertenece el proyecto evaluado –que puede ser por ejemplo el de Minas o el de Transporte– podrá hacer recomendaciones obligatorias respecto a la licencia, contra las cuales no cabrán recursos.

Reducir el tiempo para evaluar las propuestas implica reducir el rigor con el que se evalúan —que de hecho ya era bajo—; y permitir que un sector sea juez y parte en la concesión de una licencia es hacer aún más laxo el control que corresponde al Estado.

Para los mega-proyectos mineros

Resulta más preocupante que estas reformas apunten a beneficiar principalmente a los grandes proyectos mineros: son los de mayor potencial productivo y el gobierno ya ha dicho que no desea desaprovecharlos.

Sería el caso de la Gresytar Resources y su fallido proyecto de explotación de oro a cielo abierto en el páramo de Santurbán. La empresa tenía título minero hace más de diez años (podía explorar), pero no había podido obtener la licencia ambiental (no podía explotar aún), pues el Ministerio no había decidido sobre la solicitud de la misma. Al final, debido a la presión de la ciudadanía, la empresa desistió del proyecto y el Ministerio terminó negando la licencia, aunque la letra menuda de la resolución parecería permitir que el proceso continúe de oficio.

El caso Greystar –hoy llamada, irónicamente, EcoGold Resources– se convirtió en el ejemplo de mostrar para las empresas mineras que protestan por la demora en el licenciamiento. Pero con esta nueva institucionalidad, casos como este difícilmente se repetirán, pues nunca más una licencia se tardará tantos años y habrá menos tiempo para que la sociedad civil reaccione y participe de veras en las decisiones acerca de un proyecto de este tipo.

Este escenario parece estarse presentando en el caso del proyecto minero Cañaverales de la empresa brasileña MPX, en el sur de La Guajira —donde fungen como asesoras una exministra de ambiente, una exviceministra de aguas y una exdirectora de licencias ambientales— y que efectivamente obtuvo la licencia en menos de un año, tiempo récord que todas las demás empresas querrán tratar de batir.

Así pues, en materia de licencias ambientales, el nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible parece estar hecho a la medida de la locomotora minera, pero sobre todo, a la medida de su vagón más riesgoso y arrollador: la gran minería.

* Abogado e investigador del Centro de Investigaciones Sociojurídicas -CIJUS- de la Universidad de los Andes. 

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Comentarios  

Andrea
+1 # Andrea 24-10-2011 15:39
Muchas gracias por difundir estos análisis que nos ayudan a comprender cuáles son las apuestas reales del gobierno en materia ambiental en los distintos niveles de normatividad. Definitivamente el extractivismo es el modelo que nos rige en cuanto a medio ambiente.
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Fernando
+1 # Fernando 24-10-2011 21:22
No sólo las autoridades ambientales se ponen dispuestas a “colaborar” con la AVEL (Agencia Veloz de Licenciamiento) . Donde estas empresas llegan, llegan con recursos, padrinos, apoyos, logística y recomendaciones , logrando sus objetivos en un muy corto plazo, lo que es directamente proporcional con el caudal de recursos dispuestos para realizar este tipo de gestión. Así se tornan inviables los recursos naturales que poseemos TODOS los colombianos, los cuales están siendo malgastados por unos muy pocos a quienes no les interesa el futuro del resto de la riqueza que existe en el país, con unos intereses marcados por el depredador modelo económico que indica que lo extraigan todo ya. Pareciera que la muerte les estuviera pisando los talones y quieran acabar con todo de una vez por todas.
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Tatiana
+1 # Tatiana 25-10-2011 03:47
Es un tema muy interesante y hay elementos muy importantes aquí, pero creo que se cae en simplificacione s lamentables para tratar de dar un ejemplo sobre la hecatombe que se nos viene encima. GreyStar, hoy EcoOro Minerals Corp., no llevaba 10 años esperando que le dieran licencia ambiental. Se había retirado sin dar explicación alguna a las autoridades colombianas, para regresar cuando los precios del oro fueron nuevamente favorables y presentó su solicitud de licencia en diciembre de 2010.
Antes, simplemente no habían iniciado el trámite correspondiente y se aprovecharon de varios vericuetos jurídicos para permanecer 15 años con un permiso de exploración, cuando la ley solamente avala esta actividad por 3 años, prorrogables por 2 más.
censat.org/.../...
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oscar chamucero
0 # oscar chamucero 17-03-2013 06:41
Antes de empezar con el desarrollo de la interpretación al artículo, hay que resaltar la argumentación que presenta Galvis, no es un artículo más de aquellos que suelen encontrarse en la red de información donde se suele protestar sobre una situación donde en la mayoría de los casos ni siquiera hay argumentos teóricos que fortalezcan el contenido de la crítica, este articulo cuenta con un marco teórico tanto judicial como histórico , lo cual lleva a concluir que Galvis sabes de que está hablando y busca en sus palabras llevar esa reflexión a aquellos que por diversos factores no estamos al tanto de información de esta índole.
Ya tocando el tema propio del artículo, es interesante ver como la modificaciones hechas al ministerio de ambiente y desarrollo no han sido capricho de los gobernantes del país, sino traen tras de sí un fin de beneficio para unos pocos. Hechos como que tan solo el 3% de todas las licencias ambientales fueran negadas y que estudios de tan alto calibre como el EIM y el DAA sean hechos por los mismos peticionarios es preocupante, ¿Qué dice esto de la calidad del proceso de generación de licencias ambientales?
Otro factor a resaltar del artículo es como Galvis hace hincapié en la desaparición de la dirección de licencias , permisos y tramites ambientales del ministerio ambiental y la sustitución del mismo por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA, y como a pesar de desarrollar una actividad que anteriormente era propia del ministerio de ambiente, guarda una autonomía en su actividad , y con ellos dejando filtrar un mayor porcentaje de favores políticos dentro del proceso de requisición de licencias ambientales. Si a lo anterior se le suma el acortamiento del 30% del tiempo en el procedimiento para otorgar licencias ambientales (ley 1450-/11), lo cual, como lo planteó claramente Galvis, no significa más que un deterioro en la calidad del proceso.
Todo los hechos anteriormente puestos a discusión tienen un direccionamient o, el cual busca acelerar procesos con gran potencial productivo como ya lo ha dicho el gobierno frente a proyectos del sector minero .Esta clase de proyectos trae muchos prejuicios a la sociedad ay al miedo ambiente a cambio de una generación de trabajo que decrecerá con el pasar del tiempo, ¿realmente vale la pena vender nuestras ventajas comparativas y competitivas a terceros?, es ahí donde están llamados los futuros ingenieros industriales , ambientales y de producción, a hacer la diferencia , a mostrar que aquellos que creen que el dinero es más importante que conservar en optima condiciones nuestro patrimonio es porque no han tenido una formación que les permita abrir los ojos frente a una realidad latente en el país , es ahí, donde estamos llamado a esparcir nuestro pensar para hacer de ello una cultura ambientalista
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