Economía y Sociedad

Acoso sexual: el caso Otálora y los muchos de cada día

Catalina Ruiz NavarroNo importa si hubo o si no hubo amor, si hubo o no hubo coqueteos, y si la relación fue o no fue consentida. Había desigualdad de poder y por lo mismo se violaron la ética y la ley. Es un mal arraigado en la cultura y común entre personas respetables.     

Catalina Ruiz Navarro*

El abogado Jorge Armando Otálora renunció a su cargo de Defensor del Pueblo.

Denuncia y renuncia

En la edición del 23 de enero el columnista de Semana Daniel Coronell dio a conocer los cargos por acoso sexual de la abogada Astrid Cristancho, exsecretaria de la Defensoría del Pueblo, contra el defensor Jorge Armando Otálora. Coronell mostró mensajes de chat donde se ve muestra un pene que supuestamente pertenece al defensor, así como otros donde el servidor público invita a la funcionaria a visitarlo en su casa En una edición anterior, el columnista había divulgado las acusaciones por acoso laboral.

Al día siguiente Otálora dio una entrevista a Vanessa de La Torre de Caracol Noticias donde admitió que tener una relación con una subalterna “no está bien”, añadiendo que “si esa es una gran equivocación ofrezco las excusas; pero es que uno no escoge de quién enamorarse”.

Varios medios aprovecharon luego el hecho de que Cristancho había sido reina de belleza y, de una manera muy sexista, hicieron de este detalle lo más importante de su biografía. La imagen que estos medios divulgaron fue la de una belleza que explicaba y hasta excusaba los avances de su jefe. No faltó quien dijera que las acusaciones eran mentiras de Cristancho o que respondían a una agenda política o a un intento de sacar beneficio personal.

La imagen que estos medios divulgaron fue la de una belleza que explicaba y hasta excusaba los avances de su jefe. 

La opinión pública comenzó entonces a discutir si ella le había o no le había coqueteado y si Otálora decía la verdad al declarar que habían tenido una relación sentimental. Estas teorías apelan al argumento de que el daño es menor si hubo una “provocación” por parte de la mujer o si la relación había sido consensuada.

Como el defensor no tiene un jefe que lo pueda remover de su cargo, las únicas dos opciones eran la renuncia o un proceso penal (que tomaría más de ocho meses). El período de Otálora concluía en septiembre de este año y por eso cualquier sanción habría tenido un mínimo efecto simbólico.

Afortunadamente, desde que se supo la noticia, las organizaciones de mujeres iniciaron  una campaña para pedir la renuncia de Otálora, para que la Procuraduría lo suspendiera y para instaurar una denuncia penal en su contra. Ahora, el movimiento de mujeres acompaña a Astrid Cristancho en todas las acciones penales que quiera realizar.

Varios periodistas, columnistas, líderes de opinión, congresistas y organizaciones de derechos humanos también pidieron la renuncia del defensor, y las redes sociales se movilizaron en apoyo a Cristancho.

El Defensor Delegado para los Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo, Luis Manuel Castro y Jorge Armando Otalora, exdefensor del Pueblo.
El Defensor Delegado para los Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría
del Pueblo, Luis Manuel Castro y Jorge Armando Otalora, exdefensor del Pueblo.
Foto: Defensoría del Pueblo

El defensor delegado para Asuntos Constitucionales, Luis Manuel Castro, presentó una carta de renuncia donde argumentaba con claridad por qué debía renunciar Otálora: por qué no podía arriesgar la integridad de la Defensoría quedándose en el cargo y haciendo caso omiso a acusaciones tan graves. Además del conflicto ético que significa que un presunto acosador sexual y laboral tenga el cargo más alto de defensa de los derechos humanos en Colombia.

Finalmente, el miércoles 27 de enero renunció el defensor. En la mañana del jueves, el procurador dijo que lo suspendía del cargo por investigación disciplinaria. Cristancho radicó su denuncia penal y hoy Otálora también es investigado por la Fiscalía.

Ahora el presidente Santos debe presentar una terna para escoger a quien ocupe el cargo hasta septiembre. Varios grupos de derechos humanos y líderes de opinión han pedido que esta terna esté compuesta por mujeres como compensación simbólica y ya suenan nombres como el de Olga Lucía Gaitán, destacada abogada que conoce muy bien la Defensoría y tiene una excelente trayectoria en la defensa de los derechos humanos con perspectiva de género.

La renuncia del defensor del Pueblo es sin duda un logro de los grupos feministas que han puesto de relieve el tema del acoso sexual, así como de una robusta ciudadanía que logró organizarse para presionar la salida del denunciado. Es el momento de aprovechar esta movilización para fortalecer la muy necesaria práctica de veeduría ciudadana sobre nuestros servidores públicos.

Ley y cultura

El delito de acoso sexual es relativamente nuevo en Colombia. La Ley 1257 de 2008 adoptó el artículo 210A del Código Penal donde se tipifica este delito como una forma de violencia y se sanciona con pena de uno a tres años de cárcel si entre el agresor y la víctima mediaba una relación de poder.

Pero ya en aquel año las principales críticas a la ley decían que era “difícil” trazar una línea entre un “coqueteo inocente” o “verdaderas intenciones románticas” y el acoso sexual. La respuesta a esta crítica consistió en señalar que en las relaciones donde hay desigualdad quien tiene más poder – vale decir el jefe, el profesor, el adulto, es responsable legal y penalmente. El poderoso tiene más responsabilidad precisamente porque se supone que tiene más madurez y, sobre todo, porque está en completa libertad para decir que no.

Sin duda la sexualidad humana es muy compleja y las leyes siempre se quedarán cortas ante sus matices. Podemos pensar en un caso hipotético donde el que jefe y el subalterno tienen una relación consentida y donde nada sale mal. Pero incluso en este caso hipotético hay una desigualdad porque el subalterno no tiene plena libertad para decirles no a los pedidos de su jefe. Esta desigualdad hace que una de las partes no pueda dar pleno consentimiento.

Es lo mismo que ocurre en las relaciones entre mayores y menores de edad: no podemos saber si una niña de 13 años realmente está ya “muy grandecita” para decidir, pues no tenemos cómo evaluar sus habilidades para calcular el riesgo sin re-victimizarla. Por eso se supone que los y las jóvenes menores de 14 años no tienen la experiencia ni las herramientas para tomar libremente la decisión de tener una relación sexual con un mayor de edad.

Manifestación en contra  de la  violencia sexual.
Manifestación en contra  de la  violencia sexual.
Foto: MARCHA PATRIÓTICA

Otro clásico caso de desigualdad de poder son las relaciones entre profesores y alumnos. Supongamos una relación entre una profesora universitaria y su alumna, y supongamos que ambas mujeres son mayores de edad. Sin embargo, la profesora tiene poder sobre la alumna porque es su figura de autoridad real y simbólica, y mientras sea su profesora puede reprobarla, lo cual tendrá graves consecuencias sobre la vida de la alumna. Ahora, una vez pasadas las calificaciones escolares, la relación seguiría implicando una desigualdad (seguro que la alumna se deslumbra con todo lo que su pareja dice) pero ya una no tiene poder tangible sobre la otra. Además, si el amor es irremediable, sin duda puede esperar hasta el final del semestre.

Decir estas cosas es muy incómodo porque las relaciones jefe-subalterno, profesor-alumno y hasta adulto-niño son cosas de todos los días en nuestra cultura y están naturalizadas. Yo conozco un sinnúmero de relaciones así; unas han acabado bien y otras mal, pero ninguna ha sido éticamente correcta. No pienso que las personas que ostentaron el poder en estas relaciones sean malvadas, pero relajaron sus estándares éticos aprovechando una situación socialmente aceptada.

El costo del acoso

Se estima que cada 75 minutos hay una denuncia por acoso sexual en el trabajo, pero, para variar, esto corresponde a un sub-registro pues las víctimas generalmente no denuncian por miedo a perder su puesto y optan por soluciones insuficientes, como la reubicación.

Es importante señalar que los y las denunciantes quedan marcados, difícilmente encontrarán otro trabajo pues serán vistos como “problemáticos” y tendrán que exponerse a la re-victimización, al repudio social y al cuestionamiento público sobre sus vidas privadas. Quienes dicen que las denuncias falsas son comunes no tienen en cuenta el alto costo que implica hacer una denuncia como esta.

Del conflicto ético que significa que un presunto acosador sexual y laboral tenga el cargo más alto de defensa de los derechos humanos 

La ley no resolverá el problema del acoso sexual mientras este siga siendo visto como una indiscreción menor. En las culturas patriarcales se supone que quien tiene poder también posee a las personas sobre las cuales lo ejerce. El patriarcado es un sistema que hace pensar a quienes tienen el poder (usualmente los hombres) que todo lo que está a su alrededor, desde personas hasta recursos naturales, están para él. El jefe que acosa sexualmente lo hace bajo la premisa de que sus empleados o empleadas están para su satisfacción, y con la impunidad que da todo un sistema que promueve estos comportamientos.

Nuestra cultura patriarcal ha restringido a las mujeres a los espacios privados, y cuando pasamos de la esfera de lo privado a lo público con frecuencia somos agredidas por transgredir el lugar que nos fue asignado. La más común y poderosa de estas agresiones es el acoso sexual, que desde siempre ha mantenido a las mujeres caminando por estrechos senderos delimitados por líneas invisibles.

Pero en el momento en que hacemos comentarios sexuales sobre el cuerpo de un compañero de trabajo, jefe o subalterno, los estamos desautorizando como trabajadores y reduciéndolos a objetos sexuales. Por eso, cambiar una cultura que naturaliza el acoso sexual pasa por reconocernos a las mujeres como personas y como trabajadoras cuyo valor depende de sus méritos y no de las aptitudes decorativas del cuerpo.

Afortunadamente, las denuncias de Cristancho marcan un hito y a partir de la renuncia de Otálora el acoso sexual empezó a tener un costo real en Colombia.

 

* Feminista caribe-colombiana. Columnista de El Espectador y El Heraldo en Colombia y de Sin Embargo en México. Co-conductora de Estereotipas.com. Filósofa y Artista Visual de la Pontificia Universidad Javeriana con maestría en Literatura de la Universidad de Los Andes.

@Catalinapordios

 

 

Economía y Sociedad

La misión posible para el silencio de las armas

Ricardo GarciaLa verificación internacional del cese de hostilidades le sirve mucho a las FARC y le sirve a Colombia, pero además le sirve al Consejo de Seguridad de la ONU, que así endereza el camino después de varias intervenciones desastrosas en el mundo.

Ricardo García Duarte*

rodolfo garcia consejo seguridad cumbre celac

La resolución

La CELAC, la comunidad que agrupa a 33 países de América Latina y el Caribe, le dio en su IV Cumbre un respaldo sonoro a la verificación internacional en un eventual alto al fuego en Colombia. Este fue un apoyo claro, fuerte y hasta entusiasta, a juzgar por las imágenes de un presidente Rafael Correa de Ecuador, el anfitrión, acogiendo con su abrazo cálido a Juan Manuel Santos.

Dos días antes el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas había atendido favorablemente una solicitud del gobierno colombiano para asumir la verificación del desarme de las FARC. El Consejo respondió casi inmediatamente mediante la Resolución 2261 de 2016, con la cual creó una misión especial para tales fines.

El Consejo tomó la decisión con contundencia, como se puede ver por la unanimidad del voto de sus miembros. El organismo no se dio ningún margen para modificar los términos del compromiso pedido, así que este será invariablemente de carácter civil y tripartito, no incluirá personal militar y reunirá la voluntad de las dos partes en conflicto, junto con los delegados de la organización internacional.

Además, incorporará el concurso de los países latinoamericanos que sean escogidos por la propia ONU, y tendrá no solo la tarea de verificación en el sentido, digamos negativo, de control y de denuncia, sino de monitoreo y asesoría en los términos proactivos de indicar alertas y recomendaciones.

Este sentido razonable, ajeno a toda injerencia indebida, demuestra un consenso generalizado entre los actores internacionales a favor de una paz negociada en Colombia. Este apoyo ya se había mostrado en el pasado, pero ahora la reiteración unánime y desde arriba deja clara la voluntad explícita de contribuir a un acuerdo final en un conflicto interno prolongado, alimentado por causas sociales reales y precipitado por estrategias insensatas.

Diplomacia y verificación

No olvidemos que la petición fue tramitada después de un previo acuerdo entre el gobierno y las FARC, una circunstancia que sin duda facilitó las cosas, además de representar una apuesta de buen jugador, sobre todo por parte de la guerrilla.

Con esta decisión la guerrilla se decidió por el lance y dejó a un lado su inclinación retrechera frente a los grandes poderes. Así, sin costo alguno ha conseguido a cambio un canal de interlocución legítimo frente a ellos. Y no se descarta que como coletazo de esta acción reciba también la buena nueva de que Estados Unidos la excluya de su lista de grupos terroristas.

En este caso, el Consejo de Seguridad, la instancia que tiene en sus manos los temas de seguridad en el mundo (y que se paraliza a menudo por el ejercicio de veto entre sus miembros permanentes), se decide a prestar sin sesgos sus buenos oficios en un escenario sin los altos riesgos de efectos colaterales, como los que se dieron con la intervención armada de algunos de sus miembros en Libia.

El Consejo tampoco va a tropezar con las dificultades insuperables, incluso sangrientas, con las que se encontraron sus cascos azules en Somalia, ni con el escollo de su desapacible ineficacia, comprobada en numerosos conflictos nunca bien resueltos.

Esta positiva recepción unánime, incluida la de la CELAC, parece respirar el aire de los tiempos, al menos una parte del aire en la inasible complejidad del mundo actual. Este no es el ambiente irrespirable de Siria, de Palestina o de los terrorismos fundamentalistas. En cambio, es el espacio de las soluciones diplomáticas, como aquella que tuvo lugar entre las potencias 5+1 con Irán, o como el deshielo entre Estados Unidos y Cuba.

En el caso colombiano, las acciones de la ONU están sintonizadas con la elaboración ideológica y diplomática que quiso presentar Obama en su último discurso sobre el estado de la Unión, donde presentó como elementos de la seguridad de una superpotencia no solo las amenazas sino también la dimensión moral de las conductas internacionales y la solución negociada de los conflictos.

Esta postura desestabiliza cualquier concepción estrecha que sobre la seguridad puedan tener, por ejemplo, los republicanos en Estados Unidos o, aquí, los uribistas, y en todas partes los halcones de distinta laya.

En la práctica, la voluntad de las partes sobre el mecanismo de verificación, y la recepción positiva del Consejo y de la CELAC no son más que las manifestaciones políticas del avance de los acuerdos y, sobre todo, de la confianza que ha nacido entre las partes por el des-escalamiento real sobre el terreno.

Cerrando los escapes

Las partes han traspasado un umbral especial entre los varios que están cruzando: el umbral que hace parpadear las luces para que ambos contendientes empiecen por igual a autoinhibirse; para que comiencen a cerrar conscientemente las puertas de escape de la guerra.

Pero en este caso lo hacen invitando a un tercero para que se las ayude a cerrar. Y lo hacen como un Ulises que incita a que lo aten a las velas de su barco para no sucumbir ante los cantos de sirena, en este caso los cantos de la guerra. Cada negociación, sobre todo entre guerreros, está hecha de mil fugas, de cientos de escapes. La eficacia de una negociación consiste en cerrar progresivamente las tentativas de fuga, los túneles de escape.

El hecho de traer a terceros de peso para la supervisión de un cese del fuego y de las hostilidades es la aceptación compartida de que las Fuerzas Armadas y la guerrilla quedan en una situación total de inhibición ante toda suerte de provocaciones.

Con este apoyo el camino para el acuerdo definitivo tendrá muchísimos menos huecos de fuga hacia la guerra. No desaparecerán del todo, pero casi.

*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

Economía y Sociedad

Del Chikunguña al Zika: equivocaciones que enseñan

Oscar AndiaA diferencia de la campaña de tranquilidad que hace un año desplegó el gobierno ante la chikunguña, ahora ha asumido una acertada posición de alerta ante el brote de zika. Cómo estamos en Colombia y qué puede hacer usted para cuidarse.

Óscar Andia*

El Presidente Juan Manuel Santos junto al Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría.

Lecciones aprendidas

Un artículo de la revista Semana de julio de 2015 titulado "Nadie se muere de Chikunguña" muestra al presidente Santos, rodeado del ministro Gaviria y el viceministro Ruiz, tratando de enviar un mensaje de tranquilidad sobre el desarrollo de la fase epidémica del chikunguña.

Hoy Colombia se encuentra ante una etapa similar ante la epidemia de zika y –aunque los ABC del Ministerio de Salud sobre Chikunguña y Zika siguen negando casos mortales- ya nadie niega la posibilidad de desenlaces fatales atribuibles a ambos virus. La circular 004 del  13 de enero de este año reconoce ese hecho y el ministro Gaviria, en entrevista para El Espectador muestra su preocupación por la gravedad de la situación. Hasta la fecha se reportaron 470.658 casos de Chikunguña y se estima que el Zika superará esa cifra en cantidad y gravedad.

Hoy el ministro ya no pierde tiempo negando la evidencia. Tal como puede verse en la rueda de prensa del 21 de enero, ahora se esfuerza en enviar mensajes correctos sobre prevención y manejo de la nueva epidemia. El ministro subraya su recomendación de evitar embarazos en zonas de alto riesgo, buscando neutralizar las críticas que recibió y mostrando la visión epidemiológica relacionada con defectos congénitos y enfermedades neurológicas atribuibles al virus del Zika, al tiempo que expresa respeto por los derechos y libertades de las madres gestantes.

Los municipios más afectados

Fotografía del virus del Zika.

Fotografía del virus del Zika.
Foto: Wikimedia Commons

Según el boletín del Instituto Nacional de Salud (INS) correspondiente a la segunda semana epidemiológica de 2016, en Colombia se reportaron 16.419 casos relacionados con el Zika, de los cuales 798 fueron confirmados por laboratorio, 13.010 se consideran “confirmados por clínica” y 2.611 se registraron como “sospechosos”.

  • Cúcuta (Norte de Santander) aparece con el mayor número de reportes (2.469 casos), de los cuales 128 fueron confirmados por laboratorio (CL) y 2.341 diagnosticados por manifestaciones clínicas (DC).
  • En el mismo departamento, Los Patios reportó 298 casos sospechosos (CS), Villa del Rosario con 132 casos (4 CL y 126 DC) y El Zulia 122 casos (46 CL y 76 DC) ¿Esto sugiere que el virus pudo haber ingresado por la frontera con Venezuela? En algún momento el INS tendrá que explicar este fenómeno.

Con más de 1.000 casos aparecen también:

  • Barranquilla, con 1.633 (7 CL y 1.626 DC),
  • Girardot (Cundinamarca), con 1.461 casos (21 CL y 1.440 DC),
  • Neiva (Huila), con 1.240 (4 CL y 1.236 DC) y
  • Santa Marta D.E., con 1.121 (13 CL y 1.108 DC).

Con menos de 1.000 casos están:  

  • Cartagena –supuesta puerta de entrada del virus- con 695 (53 CL y 642 DC),
  • Montería (Córdoba), con 661 (5 CL y 656 DC)
  • San Andrés, con 653 (51 CL y 602 DC),
  • Sincelejo (Sucre), con 535 (22 CL y 513 DC).

Con menos de 500 casos están:  

  • Soledad (Atlántico), con 402 (todos CS),
  • Turbaco (Bolívar), con 273 (58 CL y 215 (DC),
  • Espinal (Tolima), con 251 (4 CL y 247 DC),
  • Ibagué (Tolima), con 249 (9 CL y 240 DC),
  • Flandes (Tolima), con 190 (18 CL y 172 DC),
  • Ciénaga (Magdalena), con 189 (todos CS),
  • Aguachica (Cesar), con 127 (5 CL y 122 DC) y
  • Aipe (Huila), con 103 (todos CS).

Finalmente:

  • 10 municipios reportaron menos de 99 casos,
  • 88 municipios entre 49 y 10 casos,
  • 126 entre 9 y 2 casos y
  • 194 municipios solo 1 o 2 casos.
  • Los demás 740 municipios no reportaron ningún caso.

Según el boletín de la tercera semana epidemiológica (hasta el 23 de enero), los casos reportados pasaron a 20.297, de los cuales 1.050 fueron confirmados por laboratorio, entre los cuales 17.115 se consideran “confirmados por clínica” y 2.132 se registraron como “sospechosos”.

Las entidades territoriales más afectadas son:

  • Norte de Santander (4.085),
  • Cundinamarca (2.246),
  • Huila (2.075),
  • Barranquilla (1.946),
  • Tolima (1.493)
  • Santa Marta D.E. (1.198)
  • y Córdoba (1.138).

Cartagena aparece en undécimo lugar, con un total de 720 casos, pese a la afirmación del viceministro Ruiz Gómez quien sugirió que: “Un turista extranjero infectado habría sido picado por el mosquito al que le transmitió el virus y este inició la cadena de infección en la capital del Bolívar”.

¿Todo el país en alerta?  

oscar andia virus zika aedes aegypti
Mosquito Aedes Aegyypti, más conocido como el mosquito de la fiebre amarilla, es reconocido por
transmitir además las enfermedades del Chikungunya y el Zika.
Foto:Wikimedia Commons

El 15 de enero, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos emitieron alerta “Nivel 2. Intensifique las precauciones” para viajeros con destino a Colombia y a otros 13 países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, donde se confirmaron casos de contagio con el virus del Zika.

La reacción de Colombia fue más razonable: dado que la evidencia disponible dice que este virus se transmite mediante la picadura de los mosquitos Aedes aegypti o Aedes albopictus (que viven hasta los 2.200 msnm), emitió recomendaciones similares -pero focalizadas- para esas zonas y pasó a “Nivel 3. Advertencia: Evite todos los viajes no esenciales a este destino” a gestantes y pacientes de alto riesgo.

En efecto, la Circular 004 de 2016 rectifica la Circular MSPS-INS No. 061 del 24 de diciembre de 2015 y las Circulares Externas del INS No.063 y No.064 del 15 de diciembre de 2015, para definir el procedimiento bajo el cual se debe realizar la notificación de mujeres en estado de embarazo con sospecha o confirmación (clínica o por laboratorio) de enfermedad. Además se llama a intensificar las acciones para detectar posibles casos de defectos congénitos y síndromes neurológicos con fuerte sospecha de relación con la enfermedad.

Algunos medios dijeron que la epidemia de zika “está tomando un giro espantoso”. Los CDC de Estados Unidos dijeron que pasaron a alerta nivel 2 “en respuesta a reportes en Brasil de microcefalia y otros problemas que afectan a bebés de madres infectadas por el virus del Zika”. Y el ministro Gaviria advirtió que “debemos estar preparados porque inevitablemente habrá casos de microcefalia y de Guillain-Barré en el país”. Sin embargo, aún hay dudas.

Algunas notas periodísticas recientes dijeron que la Organización Panamericana de la Salud confirmó la presencia del Zika en 22 países del continente americano y que Brasil anunció la participación de más de 200 mil militares en la lucha contra el virus que produjo cerca de 4.000 casos de microcefalia.

Sin embargo el vocero de la Organización Mundial de la Salud, Gregory A. Hart, afirmó en Blu Radio que: “hoy en día no hay ningún estudio que pruebe que sí existe una relación entre el virus y estas otras enfermedades neurológicas y degenerativas”, y que la OMS tardará entre seis y nueve meses para establecer la relación real del virus Zika con la microcefalia o el síndrome del Guillain-Barré.

Entonces, ¿están exagerando países como Brasil y Colombia o está la OMS siendo poco objetiva, como sucedió en la fase inicial de la epidemia de Ébola?

Ante semejante incertidumbre, Colombia parece haber elegido pecar por exceso y no por falta. Por eso las medidas focalizadas que plantea buscan evitar el riego de malformaciones y complicaciones neurológicas graves, para las cuales prácticamente no existe tratamiento que no sea paliativo.

¿Manejo “a la colombiana?

Desde el 21 de enero pasado existe un Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de la Enfermedad por Virus Zika donde se reúnen las principales medidas incluidas en las circulares 063 y 064 de 2015, y 002 y 004 de 2016.

El protocolo resume el comportamiento mundial, regional y nacional de la enfermedad, muestra escenarios epidemiológicos, definiciones de caso, muerte asociada, estrategias y herramientas de vigilancia, definición de fuentes, análisis de casos, periodicidad de reportes, flujo de información, notificación de eventos, diagnóstico por laboratorio, vigilancia rutinaria, vigilancia en grupos de riesgo y mortalidades, etc.

Todas las instituciones prestadoras de servicios de salud deben convertirse en Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD). Las notificaciones de las UPGD son agregadas por las Unidades Notificadoras Municipales (UNM) y estas, por las Unidades Notificadoras Departamentales y Distritales (UND).

Las Fichas de Notificación están disponibles en la página del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) y semanalmente la información es analizada por el programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) para orientar las acciones de promoción, prevención, atención y gestión de contingencias, a nivel municipal, departamental y nacional.

Este análisis permite a los municipios focalizar las acciones en los barrios, y a los departamentos hacerlo en los municipios. Además, identifica oportunamente cualquier cambio en los patrones de la enfermedad. A nivel nacional, el INS publica información oficial a través del Boletín Epidemiológico Semanal.

Cuídese del Zika y otras enfermedades

Si alguien que estuvo (hasta 15 días antes) en zonas a 2.200 msnm o menos, y presenta fiebre, erupciones cutáneas, conjuntivitis y/o dolor o inflamación, debe consultar con su médico. El siguiente resumen puede orientar sobre las principales posibilidades diagnósticas:

Signos y síntomas

ZIKA

Chikunguña

Dengue

DengueHemo

Fiebre, generalmente persistente

+ + +

+ + +

+ + +

+ + + +

Conjuntivitis

+ + +

+

0

0

Rash máculopapular (brote)

+ + +

+ +

+ +

+ + +

Dolores musculares y/o articulares

+ +

+ + + +

+ + +

+ + + +

Edema en extremidades

+ +

0

0

0

Linfoadenopatías (ganglios)

+

+ +

+ +

+ +

Dolor retro-orbital (dolor ojos)

+ +

+

+ +

+ +

Hepatomegalia

0

+ + +

0

0

Leucopenia (disminución leucocitos)

0

+ + +

+ +

+ + +

Trombocitopenia y hemorragia

0

0

0

+

 

Esta tabla no es oficial. Aunque está basada en el cuadro N° 1 de la circular 043 de 2015, tiene modificaciones que buscan ayudarle a diferenciar las tres enfermedades transmitidas por Aedes aegypti o Albopictus. Sin embargo, como siempre, no dude en consultar con su médico.

 

Sebastian_RubianoEn materia de licencias ambientales, la nueva Agencia parece estar cortada a la medida para acelerar la locomotora minera, pero sobre todo para que ruede sin frenos su vagón más riesgoso: la gran minería. 

Sebastián Rubiano Galvis

Por fin un Ministerio verde

Hace unos días presenciamos la tan esperada resurrección del Ministerio de Medio Ambiente. En 2003 había sido fusionado con el de Desarrollo Económico y convertido en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o en otras palabras, el ministerio de todo y de nada a la vez.

Hoy este Ministerio se escinde y el de Ambiente renace con nuevo nombre, nuevas funciones y nueva estructura, mediante la ley 1444 de 2011 y el Decreto 3570 del 27 de septiembre de 2011, que no solo restablecen el Ministerio, sino que reorganizan el ahora llamado Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Sin duda este renacimiento es positivo, no sólo por la importancia intrínseca del patrimonio natural del país y la necesidad de una institucionalidad ambiental de alto perfil para protegerlo, sino también por la importancia de que dicha institucionalidad sea fuerte en épocas de un desarrollo impulsado por locomotoras desbocadas, como la minera.

Auto-servicio casi automático

Sin embargo, hay al menos un aspecto de esta nueva institucionalidad verde que vale la pena examinar con lupa, pues sospecho que no se diseñó para contener a la locomotora minera, sino todo lo contrario, para ponerla a andar más rápido: el licenciamiento ambiental.

Comienzo por señalar que los procesos de licenciamiento ambiental en Colombia han sido tradicionalmente bastante débiles:

  • En primer lugar, los decretos que han regulado la licencia ambiental han ido excluyendo de este procedimiento a cada vez más actividades, hasta llegar al flaco y laxo Decreto 2820 de 2010, que nos rige hoy.
  • En segundo lugar, en estos procesos es el propio peticionario de la licencia quien realiza el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el diagnóstico ambiental de alternativas del proyecto, lo cual resulta bastante absurdo, pues al fin de cuentas el papel de la autoridad -que es evaluar los impactos ambientales- se reduce casi al de una notaría.
  • En tercer lugar, estos procesos suelen estar permeados por intereses políticos locales, son herméticos y poco transparentes. Tan oscura es la situación que, como lo señaló recientemente Guillermo Rudas, las autoridades ambientales –sobre todo las corporaciones– no son transparentes con la publicación del registro completo de licenciamiento, el cual ni siquiera el Ministerio de Ambiente conoce aún.
  • Y por último, las autoridades ambientales son laxas al entregar licencias, tal como lo reveló un estudio de la Contraloría en 2006: entre 1994 y 2005 apenas se negó el 3 por ciento de las licencias solicitadas.

Una rueda suelta

Esta debilidad preocupa aún más si se tiene en cuenta el revolcón institucional que se ha producido con el nuevo Ministerio: la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente ha dejado de existir.

Mediante Decreto 3573 de 2011 se creó la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), una unidad administrativa especial con autonomía administrativa y financiera que queda vinculada al sector de ambiente y desarrollo sostenible.

Es decir, la función de estudio, aprobación y expedición de licencias, permisos y trámites ambientales de los megaproyectos ya no está dentro del Ministerio, sino en una unidad administrativa que aunque vinculada al mismo, ya no estará bajo la autoridad del ministro.

Según el Decreto 3573, el director de esta Agencia será nombrado directamente por el presidente de la República, pero tendrá relación directa con el ministro, quien tendrá poder de veto en la concesión de licencias ambientales para proyectos de gran escala.

ANLA: ¿cortada a la medida?

No hay duda de que lo que está detrás de esta reforma son las reiteradas quejas de varios sectores –entre ellos el minero– acerca de las demoras en la expedición de licencias y el afán del gobierno por acelerar la locomotora minera.

Esta reforma debilitará el ya flojo proceso de licenciamiento ambiental. Sin embargo, teniendo en cuenta que el Ministerio sólo tiene competencia para expedir licencias en proyectos de gran escala y envergadura (Artículo 52 de la Ley 99 de 1993 y Decreto 2820 de 2010) y que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) expiden el grueso de las licencias, no deja de ser curiosa esta reforma, pues según el Decreto 3573, la ANLA sólo podrá expedir las licencias que hasta ahora eran de competencia del Ministerio.

¿Por qué hacer más expedito el licenciamiento ambiental que hace el Ministerio y no aprovechar la oportunidad para modificar también el que hacen las CAR? ¿Por qué quitar las “trabas” solamente para los proyectos de gran escala? ¿Será que la locomotora minera arrastra un vagón VIP, cargado de proyectos estratégicos de gran escala que requieren licencia ambiental del Ministerio en poco tiempo y sin restricciones? No parece descabellado pensarlo.

Y más si se tiene en cuenta el gol que metió el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1450 de 2011) a este respecto: el artículo 224 de dicha ley recortó en 30 por ciento el tiempo del procedimiento para evaluar y otorgar licencias ambientales.

Además estableció que tras cierto tiempo, si el Ministerio de Ambiente –ahora la ANLA– no ha decidido sobre la licencia, un comité con participación del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio del sector al que pertenece el proyecto evaluado –que puede ser por ejemplo el de Minas o el de Transporte– podrá hacer recomendaciones obligatorias respecto a la licencia, contra las cuales no cabrán recursos.

Reducir el tiempo para evaluar las propuestas implica reducir el rigor con el que se evalúan —que de hecho ya era bajo—; y permitir que un sector sea juez y parte en la concesión de una licencia es hacer aún más laxo el control que corresponde al Estado.

Para los mega-proyectos mineros

Resulta más preocupante que estas reformas apunten a beneficiar principalmente a los grandes proyectos mineros: son los de mayor potencial productivo y el gobierno ya ha dicho que no desea desaprovecharlos.

Sería el caso de la Gresytar Resources y su fallido proyecto de explotación de oro a cielo abierto en el páramo de Santurbán. La empresa tenía título minero hace más de diez años (podía explorar), pero no había podido obtener la licencia ambiental (no podía explotar aún), pues el Ministerio no había decidido sobre la solicitud de la misma. Al final, debido a la presión de la ciudadanía, la empresa desistió del proyecto y el Ministerio terminó negando la licencia, aunque la letra menuda de la resolución parecería permitir que el proceso continúe de oficio.

El caso Greystar –hoy llamada, irónicamente, EcoGold Resources– se convirtió en el ejemplo de mostrar para las empresas mineras que protestan por la demora en el licenciamiento. Pero con esta nueva institucionalidad, casos como este difícilmente se repetirán, pues nunca más una licencia se tardará tantos años y habrá menos tiempo para que la sociedad civil reaccione y participe de veras en las decisiones acerca de un proyecto de este tipo.

Este escenario parece estarse presentando en el caso del proyecto minero Cañaverales de la empresa brasileña MPX, en el sur de La Guajira —donde fungen como asesoras una exministra de ambiente, una exviceministra de aguas y una exdirectora de licencias ambientales— y que efectivamente obtuvo la licencia en menos de un año, tiempo récord que todas las demás empresas querrán tratar de batir.

Así pues, en materia de licencias ambientales, el nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible parece estar hecho a la medida de la locomotora minera, pero sobre todo, a la medida de su vagón más riesgoso y arrollador: la gran minería.

* Abogado e investigador del Centro de Investigaciones Sociojurídicas -CIJUS- de la Universidad de los Andes. 

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Comentarios  

Andrea
+1 # Andrea 24-10-2011 15:39
Muchas gracias por difundir estos análisis que nos ayudan a comprender cuáles son las apuestas reales del gobierno en materia ambiental en los distintos niveles de normatividad. Definitivamente el extractivismo es el modelo que nos rige en cuanto a medio ambiente.
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Fernando
+1 # Fernando 24-10-2011 21:22
No sólo las autoridades ambientales se ponen dispuestas a “colaborar” con la AVEL (Agencia Veloz de Licenciamiento) . Donde estas empresas llegan, llegan con recursos, padrinos, apoyos, logística y recomendaciones , logrando sus objetivos en un muy corto plazo, lo que es directamente proporcional con el caudal de recursos dispuestos para realizar este tipo de gestión. Así se tornan inviables los recursos naturales que poseemos TODOS los colombianos, los cuales están siendo malgastados por unos muy pocos a quienes no les interesa el futuro del resto de la riqueza que existe en el país, con unos intereses marcados por el depredador modelo económico que indica que lo extraigan todo ya. Pareciera que la muerte les estuviera pisando los talones y quieran acabar con todo de una vez por todas.
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Tatiana
+1 # Tatiana 25-10-2011 03:47
Es un tema muy interesante y hay elementos muy importantes aquí, pero creo que se cae en simplificacione s lamentables para tratar de dar un ejemplo sobre la hecatombe que se nos viene encima. GreyStar, hoy EcoOro Minerals Corp., no llevaba 10 años esperando que le dieran licencia ambiental. Se había retirado sin dar explicación alguna a las autoridades colombianas, para regresar cuando los precios del oro fueron nuevamente favorables y presentó su solicitud de licencia en diciembre de 2010.
Antes, simplemente no habían iniciado el trámite correspondiente y se aprovecharon de varios vericuetos jurídicos para permanecer 15 años con un permiso de exploración, cuando la ley solamente avala esta actividad por 3 años, prorrogables por 2 más.
censat.org/.../...
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oscar chamucero
0 # oscar chamucero 17-03-2013 06:41
Antes de empezar con el desarrollo de la interpretación al artículo, hay que resaltar la argumentación que presenta Galvis, no es un artículo más de aquellos que suelen encontrarse en la red de información donde se suele protestar sobre una situación donde en la mayoría de los casos ni siquiera hay argumentos teóricos que fortalezcan el contenido de la crítica, este articulo cuenta con un marco teórico tanto judicial como histórico , lo cual lleva a concluir que Galvis sabes de que está hablando y busca en sus palabras llevar esa reflexión a aquellos que por diversos factores no estamos al tanto de información de esta índole.
Ya tocando el tema propio del artículo, es interesante ver como la modificaciones hechas al ministerio de ambiente y desarrollo no han sido capricho de los gobernantes del país, sino traen tras de sí un fin de beneficio para unos pocos. Hechos como que tan solo el 3% de todas las licencias ambientales fueran negadas y que estudios de tan alto calibre como el EIM y el DAA sean hechos por los mismos peticionarios es preocupante, ¿Qué dice esto de la calidad del proceso de generación de licencias ambientales?
Otro factor a resaltar del artículo es como Galvis hace hincapié en la desaparición de la dirección de licencias , permisos y tramites ambientales del ministerio ambiental y la sustitución del mismo por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA, y como a pesar de desarrollar una actividad que anteriormente era propia del ministerio de ambiente, guarda una autonomía en su actividad , y con ellos dejando filtrar un mayor porcentaje de favores políticos dentro del proceso de requisición de licencias ambientales. Si a lo anterior se le suma el acortamiento del 30% del tiempo en el procedimiento para otorgar licencias ambientales (ley 1450-/11), lo cual, como lo planteó claramente Galvis, no significa más que un deterioro en la calidad del proceso.
Todo los hechos anteriormente puestos a discusión tienen un direccionamient o, el cual busca acelerar procesos con gran potencial productivo como ya lo ha dicho el gobierno frente a proyectos del sector minero .Esta clase de proyectos trae muchos prejuicios a la sociedad ay al miedo ambiente a cambio de una generación de trabajo que decrecerá con el pasar del tiempo, ¿realmente vale la pena vender nuestras ventajas comparativas y competitivas a terceros?, es ahí donde están llamados los futuros ingenieros industriales , ambientales y de producción, a hacer la diferencia , a mostrar que aquellos que creen que el dinero es más importante que conservar en optima condiciones nuestro patrimonio es porque no han tenido una formación que les permita abrir los ojos frente a una realidad latente en el país , es ahí, donde estamos llamado a esparcir nuestro pensar para hacer de ello una cultura ambientalista
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