Suscríbase

El secuestro de Salud Hernández: perdió el periodismo

Omar RincónMás allá del escándalo y de sus implicaciones políticas, el secuestro de la periodista española reveló la dudosa calidad de este oficio en Colombia. ¿En qué consisten esos males?  ¿Cuál es el periodismo que en realidad necesitamos?

Omar Rincón*

La periodista española Salud Hernández-Mora.

La historia

El secuestro de la periodista Salud Hernández -que tuvo final feliz pero fue un banquete para los políticos y opinadores fanáticos del odio- exige pensar sobre el periodismo que hacemos en esta Colombia del siglo XXI.

La noticia fue avanzando por etapas: la periodista Salud Hernández ha desaparecido, después retenida y por último secuestrada. El final fue feliz, pues Salud Hernández fue dejada en libertad y justo a tiempo para que viera a su gran ídolo (el Real Madrid) en la final de la Champions. La ironía tremenda: una luchadora contra el drama del secuestro que acaba siendo secuestrada.

El suceso además dejó en evidencia una verdad incómoda: el Estado no controla el territorio, la Colombia profunda vive una realidad distinta de la del gobierno y de la de los de periodistas, expertos y políticos en Bogotá. También dejó una constancia política: el ELN lleva tanto tiempo fuera de política que todo lo que hace atenta contra los deseos de paz de los colombianos.

El debate político está al gusto de los iracundos de Bogotá. Mientras el innombrable dice que la patria se defiende a plomo, el jefe de las FARC dice que “que el secuestro debe terminar”. Ironías del destino.

Y en medio de todo esto, la opinión pública, que cada vez es menos pública y más de fanáticos o ultra-fanáticos, le hace matoneo al que piense siquiera un poco distinto. Por eso hay que cuidar cada adjetivo u opinión matizada que se haga. Ricardo Silva Romero lo describió muy bien: “Cuidado: no diga “secuestro” porque es “facho”, ni “retención” porque es “mamerto”, ni “desaparición” porque es estar del lado del Gobierno”.

En esta semana de opinión y goce morboso, lo que poco hubo es lo que poco hay en Colombia: periodismo. Y este caso trata sobre el periodismo. La persona secuestrada fue una periodista que estaba haciendo su oficio en el terreno (como recomiendan los viejos maestros) y que por hacer su oficio fue secuestrada. El que perdió fue el periodismo. Y cuando pierde el periodismo pierde la democracia. Entonces, vamos al periodismo.

El periodismo

La periodista Juanita León García.
Jineth Bedoya, periodista y víctima del conflicto armado colombiano.
Foto: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Hacer periodismo tiene reglas muy simples. Se trata de contar realidades. Y para contarlas hay que hacer reportería. Y para hacer reportería hay que ir al terreno, hablar con la gente, oler los miedos, sentir las desgracias, oir las voces que cuenten desde y en la realidad.

Luego, todo eso tiene que contarse con una mirada propia, que no es la del “yo opino” sino la del  “yo comprendo y explico”. Y en medio de todo esto debe haber contexto y buen lenguaje. Eso es el periodismo, y eso lo ha venido haciendo bien Salud Hernández: va a las realidades, las siente, habla, cuenta y explica. Y tiene punto de vista, mirada propia.

“Yo siempre he sido imprudente, yo creo que un reportero siempre tiene que ser imprudente si no lo es, el 70 % de las cosas no las conseguiríamos pero es una imprudencia relativa porque para mí el Catatumbo tampoco es nuevo”, contó la periodista liberada.

El periodismo en Colombia

Aquí aparece el asunto para pensar: si el periodismo es así de simple, ¿por qué en Colombia se hace tan mal periodismo? He aquí algunas razones que devela el caso de Salud Hernández:

  1. Los periodistas ya saben que no se puede ir al país de verdad. Por experiencia propia sabemos que solo se puede hacer reportería desde las seguras cabinas de radio, vía celular o en los restaurantes elegantes de la ciudad. Pero esto habla mal del periodismo que hacemos y del país que tenemos, ya que demuestra debilidad en el oficio y debilidad del Estado para legitimarse en el territorio.
  2. El país de verdad no importa. El periodismo está tan embelesado con su propia imagen, que hoy son más importantes los que opinan sin conocer a fondo que los que hacen reportería y habitan los territorios donde la guerra, la corrupción, el cinismo de los políticos y el abandono Estatal es de no creer.

Para ir al territorio hay que investigar, contactar, estudiar, diversificar las voces. Y eso no se puede hacer en este “nuevo periodismo” del “en vivo”, “en directo”, “último minuto” y “en desarrollo”. Para este tipo de periodismo solo queda la carroña del dolor, el sensacionalismo de la sangre y el odio de frase fácil y respuesta huidiza. Por eso triunfa el matoncito de calle bogotana, el tuit furioso y odiador, y la mentira de fuente con poder.

Tener mirada propia es un problema
  1. Tener mirada propia es un problema. Se supone que Salud Hernández tiene una mirada propia: no le gusta y no comparte lo que hacen las guerrillas, pero tampoco lo que hace la justicia, lo que negocia el gobierno. Eso no es objetividad sino algo mejor: transparencia. Por eso no se escuda detrás del parapeto de la objetividad. Ella dice desde dónde mira, pero como es periodista y no odiadora profesional, le pone datos, historias, contextos y testimonios a su mirada.

Y eso es el buen periodismo: una mirada comprometida con la realidad y la democracia que se fundamenta en fuentes diversas y plurales, datos, documentos, voces, testimonios, historias y realidades. Y todos los periodistas colombianos tienen miradas propias (y algunos tienen también intereses propios).

  1. El buen periodismo está amenazado… y secuestrado. Hacer periodismo de calidad en Colombia es difícil. Tiene muchas amenazas: no se puede ir a la realidad; solo se debe informar con la voz del amo (fuente, dueño del medio, poder de turno). Cuando se denuncia, el implicado agrede al periodista con adjetivos denigrantes pero no responde con datos, documentos o explicaciones. Ante la verdad periodística, se judicializa el oficio y se amedrenta con demandas que ponen al periodista a defenderse por hacer su oficio.

El negocio, que dice que los medios ya no sirven como están, se ha dedicado al sensacionalismo, al deporte y la farándula porque no hay plata para el periodismo de investigación (se prefiere a un anunciante contento que a una sociedad informada).

A los periodistas que investigan se les persigue a través de emails, panfletos, chuzadas y agresiones que muchas veces vienen de las “fuerzas del bien” (políticos, empresarios, anunciantes, gobiernos) pro también vienen de los dueños del mal (corruptos, caciques regionales, mafiosos, guerrilleros, narcos, delincuentes). En este contexto, es muy difícil hacer buen periodismo. El periodismo de calidad está secuestrado.

El periodismo que necesitamos

Jineth Bedoya, periodista y víctima del conflicto armado colombiano.

La periodista Juanita León García.
Foto: Wikimedia Commons

El secuestro y liberación de la periodista Hernández debe llevarnos a repensar el periodismo. Aquí hay algunas reflexiones al respecto.

Hay que hacer periodismo en perspectiva de mujeres. 
  1. Hay que hacer periodismo en perspectiva de mujeres. En toda América Latina las mujeres están demostrando que hacen mejor periodismo y con más compromiso que los hombres. En Colombia uno puede decir que los periodistas que han hecho los relatos más diversos, plurales e independientes han sido mujeres: Salud Hernández, María Teresa Ronderos, Juanita León, Marta Ruíz, Margarita Martínez, Yolanda Ruíz, Cecilia Orozco, María Jimena Duzán, Ana Cristina Restrepo, Patricia Nieto, Gina Morelo, Marisol Gómez, Alejandra de Vengoechea, Claudia Morales… y podríamos seguir. El periodismo de calidad tiene mirada y responsabilidad pública de mujeres.
  2. Urge que el periodismo incluya más modos de ser Colombia en sus notas, informes y relatos. Debemos desmovilizar a los odiadores, a los expertos, a los académicos, a los políticos, a los gobernantes; silenciar las balas de los tuiteros del odio, y meter más maneras de ser Colombia en nuestras historias: esas del territorio donde la guerra ha habitado y, sin embargo, han seguido adelante ganándole dignidad a la vida.
  3. Hay que exigir los mínimos periodísticos. Por favor, señor periodista, antes de pasar un tuit o un dato o una fuente (así sea muy importante), haga su oficio: mire si es verdad, contextualice, dé datos, busque otras fuentes. Para divulgar tuits no se necesita ser periodista. Por favor, pregunte y joda y haga que se responda lo que se pregunta. Recuerde que los periodistas no estamos para que nos amen, estamos para que nos tengan respeto por somos autónomos. Si quiere que lo quieran, este no es su oficio.
  4. Se necesita periodismo de matices y grises. Dejemos de hacer periodismo de buenos y malos, de equlibristas: una fuente de aquí y otra de allá. Las realidades son más ambiguas y porosas, exigen que pensemos y le pongamos matices, dudas y procesos. No juguemos al bueno y el malo, apostemos por comprender y contextualizar. Recuerde que las claves éticas del periodismo son: diversidad, pluralidad, independencia y autonomía.
  5. Falta periodismo con conciencia. Juliana Villabona, una de mis estudiantes en la Universidad de los Andes, que no es periodista, nos hace pensar cuando escribe: “El oficio del periodismo observa a la vez que es observado, y una vez deposita su mirada en algo, aquello la devuelve reflejada, refractada y proyectada. El periodista, que es humano, hace espacio para su propia conciencia a la vez que refuerza la de otros. El periodista es el que depura, quien afina, es el curador de la moral, de lo visible, y también de lo invisible”.

A los periodistas nos observan, pero nuestro oficio es esencial para la democracia, por eso no podemos renunciar a hacer periodismo de calidad, a producir periodismo con conciencia.

*Director de la maestría en Periodismo de la Universidad de los Andes. orincon61@hotmail.com

@OmarRinconTV

¿Por qué sigue atornillado el régimen en Venezuela?

Francesca RamosA pesar de la grave crisis el gobierno de Maduro sigue teniendo una popularidad del 26,7% muy cercana a la de Santos. ¿Cómo lo hizo?  

Francesca Ramos Pismataro*

Venta de víveres básicos en una calle de Caracas, Venezuela

No existe el tal autogolpe

La crisis en Venezuela se profundiza y no se ha dado ningún cambio de rumbo económico por parte del gobierno. Además, con los bajos precios del petróleo no se ve ninguna perspectiva de mejora. Los problemas se han acumulado y esto ha hecho pensar que la situación no aguanta más.

Mientras tanto las acciones de los que ejercen el poder parecen orientadas a impedir que otros puedan oponer resistencia. Lo más reciente fue el presunto “autogolpe” de Nicolás Maduro con el decreto de estado de excepción para poder ejercer un control total.  

Sin embargo no parece correcto  hablar de un “autogolpe” -como lo han hecho casi todos los medios  de comunicación-. A lo largo de los años el chavismo se ha dedicado a transformar las instituciones venezolanas para acumular poder de manera sistemática y  no apenas coyuntural. Y es a este poder arraigado al que piensa acudir en una situación como la actual, de aguda crisis económica, social y presión de la oposición para hacer un referendo revocatorio.

Los cambios institucionales que ha hecho el chavismo le han permitido afianzar un andamiaje al servicio de los designios del Ejecutivo, dentro del cual están cooptados todos los demás poderes públicos - con la única excepción de la Asamblea Nacional-.  

Pero el chavismo siempre cuidó sus maneras: buscó, y hasta cierto punto logró ser identificado como un proyecto revolucionario, pero no dictatorial. Y aunque la Asamblea fue tomada por la oposición, con el control de los otros poderes el Ejecutivo la neutraliza, la minimiza y le quita el poder.

Desde el punto de vista ideológico, la oposición de la Asamblea al proyecto revolucionario le sirve al régimen para mantener la confrontación que lo ha caracterizado. No existe proceso revolucionario sin enemigos poderosos, nacionales o internacionales, y en el caso de Venezuela, el gobierno puede ligar esta oposición con Estados Unidos.

Los militares

El Presidente venezolano Nicolás Maduro.
El dirigente del partido Primero Justicia, Henrique Capriles..
Foto: ICP Colombia

Además, los 17 años de gobierno le han permitido al chavismo tener una cúpula militar politizada. Desde el comienzo de su mandato, Hugo Chávez consideró a los militares como un actor fundamental en su proyecto político y sus acciones siempre fueron consecuentes con esta visión. Los militares han estado involucrados en políticas y programas emblemáticos del gobierno desde el inicio y, por tanto, ya hacen parte del poder político.

El poder de los militares ha aumentado bajo el gobierno de Maduro,  seguramente porque él no es uno de ellos y los necesita para mantenerse en el poder. Aunque durante la presidencia de Chávez, los militares activos o en retiro siempre hicieron presencia en los distintos estamentos del gobierno y del Estado, con Maduro su presencia ha aumentado aún más.

Por ejemplo, el 29 por ciento del gabinete ministerial actual tiene origen militar. Entre ellos hay figuras que ocupan carteras estratégicas como el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de Control de la Presidencia, Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Alimentación, Producción Agrícola y Tierras, Pesca y Agricultura, Vivienda, Energía Eléctrica, Defensa y Fronteras. Todos estos son despachos relacionados con las soluciones que Venezuela necesita para enfrentar la grave crisis de desabastecimiento, electricidad e inseguridad que afecta a los venezolanos.

Pero además de ocupar espacios de poder político, los militares tienen espacios económicos. Por ejemplo, hace poco, el gobierno les creó una empresa que tiene entre sus actividades la exploración y explotación de recursos petroleros, gasíferos y minerales.

Por eso, los militares que tienen intereses en el gobierno le apuestan al mantenimiento del statu quo mientras esperan que no haya una situación de gran violencia. Unido a todo esto, el control militar se ha hecho efectivo en las calles con la creación y desarrollo de milicias involucradas en la defensa y el orden público.

En este contexto, la expedición del decreto de estado excepción le da tiempo al gobierno para controlar las posibles protestas, manejar el presupuesto sin la participación de la Asamblea y por último - que es lo más importante en este momento-, postergar el referendo revocatorio.

¿Qué puede pasar?

El Presidente venezolano Nicolás Maduro.
El Presidente venezolano Nicolás Maduro.
Foto: OEA - OAS

La situación que he presentado hasta aquí podría llevar a pensar que el chavismo ha tenido el poder, lo tiene, y no hay modo de que las cosas cambien. Sin embargo esto nunca ha sido cierto para ningún régimen político.

Es claro sí, que el chavismo ha consolidado una base de apoyo popular que envidiaría cualquier mandatario latinoamericano. Por ejemplo la imagen positiva de Juan Manuel Santos en la última encuesta fue del 30 por ciento, mientras el país sigue creciendo y hay todo tipo de libertades. Por su parte, la buena imagen de Maduro está en un 26,7 por ciento, a pesar de los racionamientos, la limitación de libertades, la falta de medicinas y una inflación proyectada del 450 por ciento para este año.

El régimen chavista ha creado una base de apoyo que pocos se imaginan, y donde eventualmente el descrédito actual más que del régimen en sí, es del gobierno de Maduro. Muchos de los que votaron en contra de Maduro siguen siendo aún chavistas.Por eso es tan difícil que caiga el gobierno chavista, por más odioso que le parezca a un grupo grande de venezolanos y más aún al público internacional.

Sin duda el gran talón de Aquiles sigue siendo la situación económica, que está minando el apoyo al presidente. Para resolver esta situación, la oposición plantea dos opciones:  Más presión de los militares. y/oMás presión desde la calle (aunque sin llegar a extremos para no darle al gobierno la excusa para tomar medidas drásticas).

Entre los que apoyan la primera posición está Henrique Capriles, quien hizo declaraciones sobre la necesidad de decisión de los militares (aunque después se retractó). Por otro lado algunos consideran que una crisis institucional sería la única salida y para ello es necesario crear situaciones que obliguen a los militares a tomar partido y, tal vez, implantar un régimen militar de transición. Estas situaciones límite solo pueden alcanzarse mediante protestas o con un golpe por parte de los militares (que no parece plausible por ahora).

No se sabe qué puede suceder, pero los chavistas están apostando a que no se van y que si se requiere un cambio o si progresa el referendo revocatorio, otro de los suyos llegará al poder, posiblemente el vicepresidente, aunque todavía no se sepa quién será pues su designación depende del mismo Maduro.

Cualquiera que sea el resultado, el que venga tendrá que tomar decisiones muy impopulares que podrían lesionar el apoyo popular en el largo plazo, algo que seguramente ningún partido quiere. Pero todavía no se sabe quién hará de fusible político.

 

*Directora del Observatorio de Venezuela, Facultad de Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.

¿Qué opciones quedan en Venezuela?

Socorro Ramírez¿Será que vienen sanciones o medidas extraordinarias de la OEA?  ¿Será que la Unasur logra mediar? ¿Podrían llegar acaso la violencia o el golpe de Estado?  Crónica y perspectivas de una crisis que se agrava día por día.   

Socorro Ramírez*

Sede de la OEA en Washington D. C.

Peticiones a la carta

Crece el número de peticiones para que se aplique la Carta Democrática Interamericana (CDI) de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Venezuela. A la solicitud formulada por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional (AN) se han sumado Human Rights Watch, el Congreso de Costa Rica y 28 expresidentes de América Latina y Europa. Paraguay también acaba de pedir a Mercosur que se pronuncie sobre la situación en ese país.

Desde que se aprobó en Lima, en 2001, la CDI ha sido invocada en varias ocasiones, no en forma preventiva sino a posteriori y por solicitud del país implicado, de otros gobiernos o del secretario general de la OEA. Estos son algunos ejemplos:

  • En 2002, luego del golpe de Estado a Hugo Chávez, la OEA llamó a gobierno y oposición a actuar en concordancia con los mecanismos institucionales, lo que derivó en la convocatoria del referéndum revocatorio de 2004.
  • En 2005, el gobierno de Ecuador apeló a este mecanismo ante la remoción arbitraria que hizo el Congreso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los altos tribunales. La OEA propuso entonces buscar un doble consenso: para una solución transitoria y para una salida definitiva, acompañada con seguimiento internacional.
  • En 2009, tras la destitución de Manuel Zelaya y por petición del secretario general, Honduras fue suspendido del Sistema Interamericano, lo que impidió el reconocimiento del gobierno de facto tanto por otros países como por organismos internacionales y agencias de cooperación.
  • En 2012, tras la destitución de Fernando Lugo en Paraguay, la OEA esperó una actuación de Unasur pero, al no tener éxito, acabó por aceptar el procedimiento parlamentario de destitución y por avalar la convocatoria de elecciones.

Hay que recordar que la CDI puede ser aplicada ante un golpe de Estado y para enfrentar alteraciones constitucionales o institucionales que afecten gravemente el juego democrático. En 2015, el Comité Jurídico Interamericano resaltó que esos atropellos a la democracia pueden ser no solo de carácter electoral, sino también producidos por gobiernos elegidos que atentan contra los derechos humanos y las instituciones.

Este último podría ser el caso venezolano, donde por primera vez se usa la modalidad contemplada en el Artículo 20 de la Carta: que la invoque el secretario general mediante la entrega de un informe –con hechos y pruebas- al presidente del Consejo Permanente de la OEA y con la petición de convocar al Consejo.

Este último, luego de debatirlo, puede aprobar por mayoría simple (18 votos) distintas gestiones para promover la normalización de la situación. Si fracasan esas gestiones o si el caso se agrava, dos tercios del Consejo (23 votos) pueden convocar una Asamblea General extraordinaria que aplique sanciones.

La situación está madura

El Presidente venezolano Nicolás Maduro.
El Presidente venezolano Nicolás Maduro.
Foto:  Agencia de Noticias ANDES

Los motivos para invocar la CDI en el caso venezolano se acumulan por el agravamiento de los múltiples problemas del país que se traducen en violaciones de derechos humanos, crisis humanitarias y falta de seguridad ciudadana.

La ruptura del equilibrio de poderes y la violación de las reglas del juego democrático son evidentes en tres situaciones que han tomado forma durante lo corrido de este año:

- El desconocimiento de los resultados de las elecciones legislativas a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), institución que ha invalidado en forma sistemática las decisiones y funciones de la AN. Nicolás Maduro dijo además el pasado 17 de mayo que “la Asamblea Nacional de Venezuela perdió vigencia política. Es cuestión de tiempo para que desaparezca”.

- Días antes, el gobierno se había auto concedido nuevos poderes mediante un decreto de “estado de excepción y emergencia económica”. Este fue negado por la mayoría de la AN, pero el TSJ dispuso desde febrero que el rechazo de la AN a declarar estados de excepción no “afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos”.

- A un mes de que la oposición entregara diez veces la cantidad de firmas necesarias para poner en marcha el referendo revocatorio contemplado en la Constitución de 1999, el gobierno usa al Consejo Nacional Electoral (CNE) para anular o al menos postergar su convocatoria. Si el referendo se hace este año, a mitad de período, Maduro podría perder también las elecciones. Pero si se hace en 2017, no habría elecciones y el presidente sería reemplazado por el vicepresidente.

Además, Maduro ha calificado la petición de referendo como un intento de golpe de Estado. Su vocero para la revisión de las firmas aseguró desde antes de que se iniciara el proceso que estas eran fraudulentas y que examinarán a los firmantes para impedirles el acceso a empleos o servicios del Estado, como se hizo en el revocatorio anterior.

El papel del secretario general

Mientras tanto, Maduro no reconoce que sus acciones provocan la alteración del orden democrático y dice que la aplicación de la CDI violaría la soberanía y sería una intervención externa para derrocar su gobierno.

Su embajador en la OEA dijo que el secretario general no tiene autoridad para hacerlo, que ha montado un show político y que el Artículo 20 solo le permite actuar ante un golpe de Estado. El 5 de mayo, la canciller venezolana pidió una reunión del Consejo Permanente para presentar "la verdad" y denunciar que Luis Almagro "ha conjugado la agenda de la secretaría con factores opositores de Venezuela y de las instrucciones que recibe de Estados Unidos".

Sin embargo, la magnitud y gravedad de las crisis en Venezuela demostradas en el informe del secretario general de la OEA deben llevar a todos los gobiernos a definirse sobre la situación.

Almagro, excanciller del gobierno de José Mújica, sin duda ha introducido un giro en una OEA que antes fluctuaba entre la ausencia o la injerencia indebida. Ha tratado de hacer realidad la defensa de la democracia y de los derechos humanos, y ha actuado frente a graves problemas hemisféricos como la corrupción o los migrantes.

Ante la crisis venezolana ha presentado argumentos contundentes, algo que no es muy frecuente en la diplomacia. Pero al personalizar la respuesta a los insultos de Maduro -que lo llama “basura”, “traidor”, “agente de la CIA”- el secretario general puede haber perdido eficacia.

¿Por qué no hacen nada?

Sigue siendo difícil conseguir una mayoría simple que emprenda gestiones diplomáticas y menos una mayoría calificada que sancione a Venezuela. Además de los problemas que enfrenta cada gobierno y de la creciente fragmentación de la región, es un hecho que todos prefieren defender una convivencia pacífica entendida como la no intervención de unos en la situación de los otros.

Pero hay razones adicionales para la falta de acción de la región:

  • El gobierno de Maduro ha contado con mayoría en la OEA por los votos de países del ALBA y de Petrocaribe, que tienen afinidades o deudas con el chavismo. Por eso, para cuidar los votos caribeños, Maduro acaba de visitar Jamaica y Trinidad- Tobago.
  • Si Brasil apoya la aplicación de la Carta, el gobierno de Venezuela podría pedir que la suspensión de la presidenta, que ha denunciado como un golpe de Estado, sea llevada también a la OEA.
  • La canciller de Argentina, en campaña para ser la Secretaria General de la ONU, calificó como “momento inadecuado y discusión apresurada” la posible aplicación de la CDI en Venezuela. Pidió que la OEA y Unasur traten de buscar alguna salida.
  • Gobiernos como los de México, Chile o Perú dicen que apelar en este caso al Artículo 20 podría sentar un mal antecedente. Otros temen además enfrentarse con los ataques virulentos del chavismo.
  • El gobierno de Colombia, país que recibe los efectos directos de la situación del vecino, ha dicho que ha hecho gestiones en favor del diálogo gobierno-oposición. Trata, además, de evitar amenazas o repercusiones sobre las negociaciones con las guerrillas.

¿Y si todo empeora?

La Canciller venezolana Delcy Rodríguez.
La Canciller venezolana Delcy Rodríguez.
Foto: Gobierno Bolivariano de Venezuela

El gobierno venezolano ha venido cerrando las opciones de salida y hasta el Vaticano se vio obligado a cancelar el viaje de su enviado a Venezuela.

Solo queda una opción que todas las partes aceptan: Unasur. Este organismo examinó la tensión suscitada por el estrecho triunfo electoral de Maduro, envió cancilleres a acompañar el intento de diálogo gobierno-oposición, y acaba de apoyar a los expresidentes que lograron reunir en República Dominicana al gobierno y la oposición. Ojalá este último intento no fracase. Lo ha saludado Estados Unidos y el Secretario de Unasur viajó al Vaticano a pedir apoyo al Papa Francisco.

Hasta ahora los intentos han sido infructuosos porque el gobierno los ha usado solo para ganar tiempo. En realidad ha perdido tiempo en buscar salidas democráticas a las crisis. Como dijo Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, se vienen “desatando otros monstruos internos del propio chavismo, que podrían incluso estar más interesados que la oposición en la salida del presidente para preservar al chavismo".

En el futuro cercano, la aplicación de la Carta dependerá de lo que ocurra en Venezuela. La represión a las marchas opositoras y a las protestas de los sectores que padecen las crisis puede aumentar los estallidos sociales y estos pueden llevar a enfrentamientos armados entre milicias bolivarianas y población civil. Además, desesperados sectores chavistas u opositores pueden pedir a los militares que actúen, o estos pueden dar un golpe de Estado en rechazo al revocatorio presidencial o al triunfo opositor en una elección.

La Asamblea General de la OEA en Santo Domingo, del 13 al 15 de junio, puede acabar  con un insulso llamado al diálogo o puede darle empuje a los acuerdos entre el chavismo y la oposición para destrabar la salida constitucional del referendo. Así podrían concentrarse en el examen de soluciones frente a los problemas sociales, económicos y de seguridad ciudadana, que no dan espera.

*Cofundadora de Razón Pública. Para ver el perfil de la autora, haga clic  en este enlace.  

 

Análisis

(Tiempo estimado: 4 - 8 minutos)

Sebastian_RubianoEn materia de licencias ambientales, la nueva Agencia parece estar cortada a la medida para acelerar la locomotora minera, pero sobre todo para que ruede sin frenos su vagón más riesgoso: la gran minería. 

Sebastián Rubiano Galvis

Por fin un Ministerio verde

Hace unos días presenciamos la tan esperada resurrección del Ministerio de Medio Ambiente. En 2003 había sido fusionado con el de Desarrollo Económico y convertido en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o en otras palabras, el ministerio de todo y de nada a la vez.

Hoy este Ministerio se escinde y el de Ambiente renace con nuevo nombre, nuevas funciones y nueva estructura, mediante la ley 1444 de 2011 y el Decreto 3570 del 27 de septiembre de 2011, que no solo restablecen el Ministerio, sino que reorganizan el ahora llamado Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Sin duda este renacimiento es positivo, no sólo por la importancia intrínseca del patrimonio natural del país y la necesidad de una institucionalidad ambiental de alto perfil para protegerlo, sino también por la importancia de que dicha institucionalidad sea fuerte en épocas de un desarrollo impulsado por locomotoras desbocadas, como la minera.

Auto-servicio casi automático

Sin embargo, hay al menos un aspecto de esta nueva institucionalidad verde que vale la pena examinar con lupa, pues sospecho que no se diseñó para contener a la locomotora minera, sino todo lo contrario, para ponerla a andar más rápido: el licenciamiento ambiental.

Comienzo por señalar que los procesos de licenciamiento ambiental en Colombia han sido tradicionalmente bastante débiles:

  • En primer lugar, los decretos que han regulado la licencia ambiental han ido excluyendo de este procedimiento a cada vez más actividades, hasta llegar al flaco y laxo Decreto 2820 de 2010, que nos rige hoy.
  • En segundo lugar, en estos procesos es el propio peticionario de la licencia quien realiza el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el diagnóstico ambiental de alternativas del proyecto, lo cual resulta bastante absurdo, pues al fin de cuentas el papel de la autoridad -que es evaluar los impactos ambientales- se reduce casi al de una notaría.
  • En tercer lugar, estos procesos suelen estar permeados por intereses políticos locales, son herméticos y poco transparentes. Tan oscura es la situación que, como lo señaló recientemente Guillermo Rudas, las autoridades ambientales –sobre todo las corporaciones– no son transparentes con la publicación del registro completo de licenciamiento, el cual ni siquiera el Ministerio de Ambiente conoce aún.
  • Y por último, las autoridades ambientales son laxas al entregar licencias, tal como lo reveló un estudio de la Contraloría en 2006: entre 1994 y 2005 apenas se negó el 3 por ciento de las licencias solicitadas.

Una rueda suelta

Esta debilidad preocupa aún más si se tiene en cuenta el revolcón institucional que se ha producido con el nuevo Ministerio: la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente ha dejado de existir.

Mediante Decreto 3573 de 2011 se creó la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), una unidad administrativa especial con autonomía administrativa y financiera que queda vinculada al sector de ambiente y desarrollo sostenible.

Es decir, la función de estudio, aprobación y expedición de licencias, permisos y trámites ambientales de los megaproyectos ya no está dentro del Ministerio, sino en una unidad administrativa que aunque vinculada al mismo, ya no estará bajo la autoridad del ministro.

Según el Decreto 3573, el director de esta Agencia será nombrado directamente por el presidente de la República, pero tendrá relación directa con el ministro, quien tendrá poder de veto en la concesión de licencias ambientales para proyectos de gran escala.

ANLA: ¿cortada a la medida?

No hay duda de que lo que está detrás de esta reforma son las reiteradas quejas de varios sectores –entre ellos el minero– acerca de las demoras en la expedición de licencias y el afán del gobierno por acelerar la locomotora minera.

Esta reforma debilitará el ya flojo proceso de licenciamiento ambiental. Sin embargo, teniendo en cuenta que el Ministerio sólo tiene competencia para expedir licencias en proyectos de gran escala y envergadura (Artículo 52 de la Ley 99 de 1993 y Decreto 2820 de 2010) y que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) expiden el grueso de las licencias, no deja de ser curiosa esta reforma, pues según el Decreto 3573, la ANLA sólo podrá expedir las licencias que hasta ahora eran de competencia del Ministerio.

¿Por qué hacer más expedito el licenciamiento ambiental que hace el Ministerio y no aprovechar la oportunidad para modificar también el que hacen las CAR? ¿Por qué quitar las “trabas” solamente para los proyectos de gran escala? ¿Será que la locomotora minera arrastra un vagón VIP, cargado de proyectos estratégicos de gran escala que requieren licencia ambiental del Ministerio en poco tiempo y sin restricciones? No parece descabellado pensarlo.

Y más si se tiene en cuenta el gol que metió el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1450 de 2011) a este respecto: el artículo 224 de dicha ley recortó en 30 por ciento el tiempo del procedimiento para evaluar y otorgar licencias ambientales.

Además estableció que tras cierto tiempo, si el Ministerio de Ambiente –ahora la ANLA– no ha decidido sobre la licencia, un comité con participación del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio del sector al que pertenece el proyecto evaluado –que puede ser por ejemplo el de Minas o el de Transporte– podrá hacer recomendaciones obligatorias respecto a la licencia, contra las cuales no cabrán recursos.

Reducir el tiempo para evaluar las propuestas implica reducir el rigor con el que se evalúan —que de hecho ya era bajo—; y permitir que un sector sea juez y parte en la concesión de una licencia es hacer aún más laxo el control que corresponde al Estado.

Para los mega-proyectos mineros

Resulta más preocupante que estas reformas apunten a beneficiar principalmente a los grandes proyectos mineros: son los de mayor potencial productivo y el gobierno ya ha dicho que no desea desaprovecharlos.

Sería el caso de la Gresytar Resources y su fallido proyecto de explotación de oro a cielo abierto en el páramo de Santurbán. La empresa tenía título minero hace más de diez años (podía explorar), pero no había podido obtener la licencia ambiental (no podía explotar aún), pues el Ministerio no había decidido sobre la solicitud de la misma. Al final, debido a la presión de la ciudadanía, la empresa desistió del proyecto y el Ministerio terminó negando la licencia, aunque la letra menuda de la resolución parecería permitir que el proceso continúe de oficio.

El caso Greystar –hoy llamada, irónicamente, EcoGold Resources– se convirtió en el ejemplo de mostrar para las empresas mineras que protestan por la demora en el licenciamiento. Pero con esta nueva institucionalidad, casos como este difícilmente se repetirán, pues nunca más una licencia se tardará tantos años y habrá menos tiempo para que la sociedad civil reaccione y participe de veras en las decisiones acerca de un proyecto de este tipo.

Este escenario parece estarse presentando en el caso del proyecto minero Cañaverales de la empresa brasileña MPX, en el sur de La Guajira —donde fungen como asesoras una exministra de ambiente, una exviceministra de aguas y una exdirectora de licencias ambientales— y que efectivamente obtuvo la licencia en menos de un año, tiempo récord que todas las demás empresas querrán tratar de batir.

Así pues, en materia de licencias ambientales, el nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible parece estar hecho a la medida de la locomotora minera, pero sobre todo, a la medida de su vagón más riesgoso y arrollador: la gran minería.

* Abogado e investigador del Centro de Investigaciones Sociojurídicas -CIJUS- de la Universidad de los Andes. 

Escribir un comentario

“Los comentarios en Razón Pública están sujetos a moderación, (de 8 am a 6pm hora de Colombia)con el fin de garantizar un intercambio de opiniones en tono respetuoso - serán bienvenidas la crítica aguda y la ironía - que enriquezcan el debate y resulten interesantes para lectores y autores.
En consecuencia, no se aceptarán comentarios del siguiente perfil:
1. Que constituyan descalificaciones, ataques o insultos contra los autores o contra otros participantes del foro de comentarios.
2. Que incluyan contenidos, enlaces o nombres de usuarios que razonablemente puedan considerarse insultantes, difamatorios o contrarios a las leyes colombianas.
3. Que incorporen contenido racista, sexista, homofóbico o discriminatorio por razón de nacionalidad,sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad.
4. Que hagan directa o indirectamente apología del terrorismo o de la violencia.
5. Que apoyen diferentes formas de violación de derechos humanos.
6. Que incluyan contenidos o enlaces que puedan ser considerados como publicidad disfrazada, spam o pornografía.
7. Comentarios sin sentido o repetidos, que serán eliminados sin piedad.

Los comentarios no reflejan necesariamente la opinión de Razón Pública, sino la de los usuarios, únicos responsables de sus propias opiniones.”


Código de seguridad
Refescar

Comentarios  

Andrea
+1 # Andrea 24-10-2011 15:39
Muchas gracias por difundir estos análisis que nos ayudan a comprender cuáles son las apuestas reales del gobierno en materia ambiental en los distintos niveles de normatividad. Definitivamente el extractivismo es el modelo que nos rige en cuanto a medio ambiente.
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
Fernando
+1 # Fernando 24-10-2011 21:22
No sólo las autoridades ambientales se ponen dispuestas a “colaborar” con la AVEL (Agencia Veloz de Licenciamiento) . Donde estas empresas llegan, llegan con recursos, padrinos, apoyos, logística y recomendaciones , logrando sus objetivos en un muy corto plazo, lo que es directamente proporcional con el caudal de recursos dispuestos para realizar este tipo de gestión. Así se tornan inviables los recursos naturales que poseemos TODOS los colombianos, los cuales están siendo malgastados por unos muy pocos a quienes no les interesa el futuro del resto de la riqueza que existe en el país, con unos intereses marcados por el depredador modelo económico que indica que lo extraigan todo ya. Pareciera que la muerte les estuviera pisando los talones y quieran acabar con todo de una vez por todas.
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
Tatiana
+1 # Tatiana 25-10-2011 03:47
Es un tema muy interesante y hay elementos muy importantes aquí, pero creo que se cae en simplificacione s lamentables para tratar de dar un ejemplo sobre la hecatombe que se nos viene encima. GreyStar, hoy EcoOro Minerals Corp., no llevaba 10 años esperando que le dieran licencia ambiental. Se había retirado sin dar explicación alguna a las autoridades colombianas, para regresar cuando los precios del oro fueron nuevamente favorables y presentó su solicitud de licencia en diciembre de 2010.
Antes, simplemente no habían iniciado el trámite correspondiente y se aprovecharon de varios vericuetos jurídicos para permanecer 15 años con un permiso de exploración, cuando la ley solamente avala esta actividad por 3 años, prorrogables por 2 más.
censat.org/.../...
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
oscar chamucero
0 # oscar chamucero 17-03-2013 06:41
Antes de empezar con el desarrollo de la interpretación al artículo, hay que resaltar la argumentación que presenta Galvis, no es un artículo más de aquellos que suelen encontrarse en la red de información donde se suele protestar sobre una situación donde en la mayoría de los casos ni siquiera hay argumentos teóricos que fortalezcan el contenido de la crítica, este articulo cuenta con un marco teórico tanto judicial como histórico , lo cual lleva a concluir que Galvis sabes de que está hablando y busca en sus palabras llevar esa reflexión a aquellos que por diversos factores no estamos al tanto de información de esta índole.
Ya tocando el tema propio del artículo, es interesante ver como la modificaciones hechas al ministerio de ambiente y desarrollo no han sido capricho de los gobernantes del país, sino traen tras de sí un fin de beneficio para unos pocos. Hechos como que tan solo el 3% de todas las licencias ambientales fueran negadas y que estudios de tan alto calibre como el EIM y el DAA sean hechos por los mismos peticionarios es preocupante, ¿Qué dice esto de la calidad del proceso de generación de licencias ambientales?
Otro factor a resaltar del artículo es como Galvis hace hincapié en la desaparición de la dirección de licencias , permisos y tramites ambientales del ministerio ambiental y la sustitución del mismo por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA, y como a pesar de desarrollar una actividad que anteriormente era propia del ministerio de ambiente, guarda una autonomía en su actividad , y con ellos dejando filtrar un mayor porcentaje de favores políticos dentro del proceso de requisición de licencias ambientales. Si a lo anterior se le suma el acortamiento del 30% del tiempo en el procedimiento para otorgar licencias ambientales (ley 1450-/11), lo cual, como lo planteó claramente Galvis, no significa más que un deterioro en la calidad del proceso.
Todo los hechos anteriormente puestos a discusión tienen un direccionamient o, el cual busca acelerar procesos con gran potencial productivo como ya lo ha dicho el gobierno frente a proyectos del sector minero .Esta clase de proyectos trae muchos prejuicios a la sociedad ay al miedo ambiente a cambio de una generación de trabajo que decrecerá con el pasar del tiempo, ¿realmente vale la pena vender nuestras ventajas comparativas y competitivas a terceros?, es ahí donde están llamados los futuros ingenieros industriales , ambientales y de producción, a hacer la diferencia , a mostrar que aquellos que creen que el dinero es más importante que conservar en optima condiciones nuestro patrimonio es porque no han tenido una formación que les permita abrir los ojos frente a una realidad latente en el país , es ahí, donde estamos llamado a esparcir nuestro pensar para hacer de ello una cultura ambientalista
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
Publicast

PublicastEl programa donde hablan los analistas de Razonpublica.

Ir a Archivo

 

Caleidoscopio

Opazo

Por Equipo Caleidoscopio  

Ver Archivo

Videocolumnas

Colosa

  • Oposición ciudadana a La Colosa

    Alejandro García nos explica por qué en el departamento del Tolima desde 2010 se ha hecho una oposición a este proyecto de minería a cielo abierto.

Córdoba

Ver más videocolumnas

Arte y Cultura

El cine en Cali: de lo convergente a lo divergente

Lucas Ospina y Carlos Mayolo.

Cali no solo fue la sede del movimiento cinéfilo que en los años setenta revolucionó la producción nacional. En los últimos quince años, la ciudad ha congregado un nuevo grupo de realizadores que han traído un nuevo aire a nuestro cine.

Jaír Villano*

Sazón Pública

Por Yeyo twitter1-1​@Yeyonet

Este mes           Archivo

 

Lectura Pública

La coherencia en el derecho

El Pensador (1904), obra del escultor francés Auguste Rodin.

Diana Beatriz González

La coherencia es el mejor criterio para justificar las creencias humanas. Esta obra se ocupa de un debate que ha dado pie a hipótesis contradictorias sobre la naturaleza y fundamentación del derecho.

Diana Beatriz González*

 

Recomendado

Marihuana medicinal en Colombia: por qué sí y por qué no

El proyecto de ley sobre usos medicinales de esta sustancia ha despertado un debate necesario. ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra? ¿Cuánto hay de verdad científica y cuánto de mito en esta discusión? ¿Cuáles serían los efectos de esta ley?

Augusto Pérez Gómez*

mayo

Fotos de Juan Carlos Pachón @Arttesano                   Archivo

Nos escriben

RP en los medios

  • Dos jugadas maestras por la paz Lunes, 30 Mayo 2016

    Hernando Gómez Buendía El presidente Santos necesita que el Congreso y la Corte se rebelen contra él. O por lo menos que aparenten rebelarse contra él.