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Los pobres y la clase media siguen padeciendo en Colombia

Jaime VillamilPese a que las cifras muestran la reducción de la pobreza y la expansión de la clase media, los programas contra la pobreza no han conseguido todos sus objetivos, la  clase media sigue siendo muy frágil y la desigualdad es peor de lo que suele decirse.

Jaime Villamil*

Caserío a los alrededores de Buenaventura.

Se ha hecho bastante, pero falta mucho más

El presidente Santos suele hacer alarde de sus logros en cuanto a reducción de la pobreza y ampliación de la clase media, pues entre 2010 y 2014 pudo mostrar las siguientes cifras:  

  • 3,2 millones de personas dejaron de ser pobres,
  • 1,6 millones dejaron de ser pobres extremos,  
  • 9,4 millones de colombianos pasaron a hacer parte de la clase media.

Y sin embargo según las mismas fuentes oficiales seguimos enfrentando grandes retos:  

  • 13 millones de personas pobres por ingresos (o ingresos insuficientes para adquirir una canasta de consumo mínimo; se trata de un hogar de cuatro miembros que en 2015 recibió menos de 894.552 pesos mensuales).
  • 3,7 millones de pobres extremos (u hogares cuyo ingreso les impide comprar la canasta mínima de alimentos).   
  • 9,6 millones de pobres multidimensionales (44 por ciento en zonas rurales), y
  • La desigualdad más alta de América Latina, con un Gini de 0,522 (el Gini es un número entre 0 y 1 donde el 0 corresponde a igualdad total y el 1, a desigualdad total).

La lucha contra la pobreza

Microempresa de calzado en el sector del Restrepo en Bogotá.
Microempresa de calzado en el sector del Restrepo en Bogotá.
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Mediante  el documento Conpes 102 de 2006 el gobierno Santos creó la Red Unidos de Protección Social contra la Pobreza Extrema.

Para administrar esta estrategia se creó la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), y con el Decreto 2559 de 2015 esta agencia se convirtió en un programa del Departamento de Prosperidad Social (DPS). Su misión más importante era articular la oferta de programas de diferentes entidades públicas y emplear a diez mil trabajadores, llamados “cogestores”, para ayudar a los más pobres.   

El mecanismo de superación de pobreza de la Red Unidos está basado en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el cual mide la privación de las familias mediante quince variables referentes a la educación, el bienestar de los niños y los jóvenes, las condiciones laborales y de salud, y la calidad de las viviendas. En el caso de que una familia tenga menos de cinco privaciones se dice que no es pobre.

La desigualdad más alta de América Latina.

Sin embargo, el IPM no es suficiente y por eso la estrategia también considera los ingresos de la familia, así:

  • Cuando la familia es pobre tanto en el IPM como en ingresos, recibe toda la asistencia por parte de  la Red.
  • Si la familia tiene un buen nivel de IPM pero es pobre por ingresos, se le extiende una oferta de “generación de ingresos”.
  • Cuando la familia ya no es pobre por ingresos ni por IPM, la Red deja de cubrirla.

Bajo estas condiciones la Red Unidos ha sacado a 256.944 familias de la pobreza extrema (aunque la meta era de 350.000).

El principal apoyo de la Red a las familias pobres consiste en darles subsidios en dinero a cambio de que cumplan condiciones como vacunar a sus hijos, realizarles los controles de  salud o mantenerlos en la escuela.  Estas “transferencias condicionadas” en programas como Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción elevan el bienestar de la población, y ayudan a que las familias estén más de superar la pobreza. Estos subsidios son muy importantes, pues el 20 por ciento del ingreso del 10 por ciento más pobre de la población proviene de estos programas.

Los problemas

Aun con esta política integrada subsisten varias barreras que impiden escapar de la pobreza a muchas familias colombianas:

  1. Fallas en la oferta institucional. Muchos de los programas no tienen suficiente impacto sobre la pobreza y además son redundantes.
  2. Hay lugares con poca población donde los programas no funcionan adecuadamente. Allí es más probable que no haya presencia estatal porque el presupuesto asignado a los programas debe responder a criterios de costo y de eficiencia.
  3. Los programas de generación de ingresos buscan aumentar las capacidades productivas de las personas, pero en muchos casos no se basan en estudios de mercado, y en efecto dependen del número, de la disponibilidad y de la formación de los entrenadores en cada zona. Por eso acaban entrenando a la población en actividades que no tienen ninguna demanda.
  4. El acceso a activos productivos es bastante restringido para la población pobre, especialmente en las zonas rurales donde la incidencia de la pobreza es mayor. En las áreas rurales el principal activo es la tierra y, de acuerdo con el Censo Agropecuario de 2015, solo el 36 por ciento de los hogares rurales son propietarios. Además, los emprendimientos rurales requieren crédito y asistencia técnica; sin embargo solo el 11 por ciento de los campesinos solicita crédito y de éstos solo lo recibe el 89 por ciento, y apenas el 9,6 por ciento recibe asistencia técnica.

La fragilidad de la clase media

Comuna 8 de Medellín.
Comuna 8 de Medellín.
Foto: Dorian Miguel Ospino Caro

La clase media en América Latina se define como el conjunto de personas cuyo ingreso diario está entre 10 y 50 dólares. Sobre la base de esta definición y para el 2015, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) estima que  32,6 millones de colombianos pertenecen a la clase media. Según esta misma fuente el 44 por ciento de la clase media está consolidada como tal, pero el resto corre el riesgo de recaer en la pobreza. La clase media colombiana es frágil porque su ingreso es volátil y no resistiría cambios bruscos en las variables macroeconómicas.

Por eso la política estatal debería enfocarse en corregir ciertos factores que tienden a impedir la consolidación de la clase media. Por ejemplo la tasa de informalidad en la clase media consolidada es de 43 por ciento, mientras que en la no consolidada es de 73 por ciento. Además, entre el 25 por ciento con menos ingresos de la clase media no consolidada,  nueve de cada diez personas están en la informalidad y tres de cada diez jóvenes ni estudia ni trabaja. La clase no consolidada solo puede consolidarse si se desestimulan los emprendimientos personales y se fortalece su paso a trabajos asalariados de alta calidad y con protección social.

Es importante, además, actuar sobre la deserción escolar:  

· El 4,9 por ciento de los niños entre 6 y 16 años de la clase media no consolidada no asiste a instituciones de educación básica o media, y

· El 56,1 por ciento entre 17 y 21 años no asiste a instituciones de educación superior.

En comparación con los países desarrollados, el ingreso de la clase media colombiana aún permanece en niveles muy bajos. En 2012 el ingreso promedio de la clase media en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) fue de 26 mil dólares anuales por persona, mientras que el de Colombia fue 5,5 veces inferior (4.720 dólares).

Ingreso anual per capita

Fuente: OCDE y cálculos del autor.

Sigue la desigualdad

El índice de Palma es un complemento del coeficiente de Gini como medida de la desigualdad. El Gini es muy sensible a los valores medios pero no refleja los extremos. Por el contrario, el Palma muestra el número de veces que el ingreso del 10 por ciento más rico de la población supera al del 40 por ciento más pobre. Entre 2010 y 2015 el Gini en Colombia se redujo en 6,8 por ciento, pero el índice de Palma permaneció igual.

La riqueza de los más ricos crece más rápido que la de la clase media y que la de los pobres. Durante los últimos cinco años el ingreso del 10 por ciento más rico de la población creció veinte veces más que el de la clase media y 198 veces más que el del 10 por ciento más pobre.

La clase media colombiana es frágil porque su ingreso es volátil.

Este proceso ha profundizado la desigualdad y hoy:  

  • El ingreso del 1 por ciento más rico es 11 veces mayor que el de la clase media,
  • El ingreso del 0,1 por ciento más rico es 52 veces mayor que el de la clase media, y
  • El ingreso del 0,01 por ciento más rico (4.700 personas) es 149 veces mayor que el de la clase media.

(Según la Encuesta de Calidad de Vida, estas tres brechas empeoraron entre 2010 y 2015).

Bajo las circunstancias mencionadas, resulta claro que los esfuerzos tributarios han estado orientados a redistribuir el ingreso pero no han tocado a la población verdaderamente rica.

Fuente: Encuesta Calidad de Vida - ECV. Cálculos Autor

¿Qué se puede hacer?

Algunas recomendaciones deberían tenerse en cuenta para mejorar esta situación:

  • Eliminar las exenciones y descuentos que permite el actual Estatuto Tributario. Esta medida facilitará la consolidación de la clase media al ofrecer un mayor ingreso disponible, pues el recaudo no recaerá sobre ellos sino sobre los ingresos verdaderamente altos. El Ministerio de Hacienda estimó que los beneficios tributarios otorgados en 2015 ascendieron a 6,7 billones de pesos.
    • Hacer que la tarifa de los impuestos directos sea mayor a medida que crece la base gravable. De otra manera la reducción de la pobreza se hace más difícil porque una persona pobre que se beneficia de subsidios estatales los pierde con el pago de impuestos indirectos como el IVA.
    • No permitirles a las empresas mineras deducir las regalías del pago de impuesto de renta. El pago de regalías sirve de compensación por el uso de los recursos naturales no renovables y su naturaleza es distinta de la de un impuesto.
    • Crear el impuesto a los dividendos para personas naturales, pues la concentración accionaria es muy alta (Gini de 0,87).

Hay que recordar que Colombia entró en una fase de desaceleración que amenaza la consolidación de la nueva clase media:  

Una reforma tributaria progresiva podría ayudar a luchar contra la pobreza y a fortalecer de veras  a la clase media.

 

Economista y magister en Matemática Aplicada de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la Fundación de Investigaciones y Estudios en Economía, Cultura, Ecología y Ambiente.

 

El caso de El Heraldo: poder judicial contra el periodismo

Omar RincónLa justicia en Colombia parece haberse convertido en un instrumento de censura para defenderse a sí misma y a los poderosos, en este caso a costa de los derechos a la información y a la libre expresión.

Omar Rincón*

Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

El caso

La historia dice así: al director del diario El Heraldo, Marco Schwartz, le notificaron una sanción que incluía un arresto de tres días y una multa de tres salarios mínimos, por haber desacatado parcialmente una decisión del Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barranquilla con respecto a la rectificación de una información.

Todo comenzó en junio de 2015, cuando El Heraldo publicó una nota sobre una investigación de la Fiscalía relacionada con las supuestas acciones irregulares de varios funcionarios judiciales en un proceso entre el Distrito de Barranquilla y un grupo de pensionados.

Para curarse en salud y aunque no había lugar a una rectificación, El Heraldo publicó una nota con algunas observaciones sobre el tema. Sin embargo, los magistrados Julio Ojito Palma y Jorge Eliécer Cabrera Jiménez del Tribunal de Barranquilla consideraron insuficiente la aclaración e interpusieron una tutela, que les fue concedida.

El periódico publicó entonces una nueva nota aclaratoria donde daba espacio a los magistrados para explicar su participación y expresaba su opinión sobre el proceso. Esta no le gustó a Ojito y compañía y por eso interpusieron otra acción, ahora por desacato, que tiene a Schwartz a punto de ir a la cárcel por tres días.

Andiarios, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y editoriales de El Tiempo y El Espectador han pedido al Tribunal que falle a favor del director del diario por considerar que las rectificaciones ya constan en las tres notas que han salido en las páginas del periódico.

Censura, censura, censura

Sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.
Sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.
Foto: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción

El caso es bastante extraño. Nunca se puso en duda la veracidad de la información publicada por El Heraldo, y esta no puede hacerse porque viene de la misma Fiscalía, que es una fuente oficial. Pero pese que la información proviene del mismo Estado, los magistrados alegan que se trata de un error del periodista y del medio.

El asunto es otro: la tutela del caso fue presentada por Ojito y Cabrera porque consideraron que se les habían vulnerado sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra. Entonces uno diría que Ojito y Cabrera deberían proceder contra la Fiscalía que es la fuente. ¿O no?

En este contexto, el tuit de El Heraldo es lógico: “No nos resignamos a que una noticia fidedigna, que se limita a recoger un comunicado de una institución del Estado, acabe en una orden de arresto”. Parece que la justicia prefiere errar y condenar a inocentes que asumir que se pudo equivocar o sobrepasar en sus fallos.

Nunca se puso en duda la veracidad de la información publicada por El Heraldo.

El editorial de El Espectador lo explica muy bien: “¿En qué ha fallado el periódico con su responsabilidad social? ¿Cuál es, en últimas, la motivación de una decisión que coarta la libre difusión de información cierta?”. La verdad es que hay censura por vía judicial en Colombia.

El abogado Guillermo Puyana, quien está acompañando al director de El Heraldo en el proceso, indica que es “un exceso” haber tenido que hacer tres aclaraciones sobre una nota “neutra” y cuyo contenido “no se ha puesto en tela de juicio”. Hay un exceso de la justicia y de sus justicieros, y ¡huele a censura!

Hay censura porque el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión” y nuestra Constitución lo respalda en su Artículo 20, donde dice que “se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”. 

¿Y los que encarnan la justicia no sabían esto? Pero usan su poder para decidir qué es rectificar y cómo se rectifica. Además se aprovechan de la acción de tutela, que se creó para proteger derechos fundamentales, para rectificar información verdadera.

El abuso está en que además de la acción de tutela se aplique el recurso de desacato. Esto, según la FLIP y todos los organismos de libertad de expresión, es censura indirecta. Y la constitución dice: “No habrá censura”.

Democracia y periodismo

Las implicaciones del caso son grandes para la democracia. La justicia hace rato está juzgando al periodismo basada en sus opiniones y no en el derecho. Y este caso lo comprueba. La justicia se hizo para defender derechos y libertades, pero los jueces en Colombia la usan para defenderse a sí mismos.

A la justicia hay que recordarle que el periodismo tiene como misión fiscalizar al poder; que el buen periodismo es el que molesta al poder, el que no quiere ser amigo del poder, el que se hace respetar del poder. La libertad de expresión es garante de la democracia porque defiende a quien controla los excesos, corrupciones y arrogancias del poder.

Y los poderes que deben ser más vigilados por la prensa y la ciudadanía son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial porque son poderes públicos que se deben a los ciudadanos. Por eso parte fundamental de la democracia es defender y proteger la libertad de expresión… incluso a pesar del mal periodismo.

En el caso de El Heraldo no se hizo mal periodismo. Se citó la fuente y la fuente fue oficial. No hay falsedad ni se atenta contra derechos fundamentales. Se aclaró, y eso es ya una victoria para la justicia censora. Se les dio voz para que dijeran lo que querían los reyezuelos, y eso ya fue goleada de la justicia censora. Y ahora quieren cárcel: su dignidad sucia quiere lavarse en cuerpo ajeno.

Pero el periodismo seguirá intentando hacerlo bien; seguirá molestando al poder y seguirá exigiendo justicia, así a Ojito y a Cabrera no les guste. Quien tanto se defiende, mucho debe de tener que temer.

¿Y la justicia?

Sede del periódico El Heraldo en Barranquilla.
Sede del periódico El Heraldo en Barranquilla.
Foto: audio-collage

Lo extraordinario es que la justicia puede hacer lo que se le dé la gana porque la democracia (el gobierno del pueblo) le da el papel del dios de las teocracias y de los reyes de la monarquía. La justicia es dios, rey y pueblo. Lo triste es que a los jueces les gusta ser dioses (como al procurador, al fiscal y a los magistrados de las Cortes) y ser reyecitos que viven y comen del pueblo.

Y cuando todo lo hacen mal hay un culpable: el periodismo. Es decir, la culpa es del mensajero. La mentira reina porque viene con intimidación judicial de demanda y cárcel. A la justicia colombiana le encanta un periodismo mascota, ese que le lame, le es útil y celebra a los reyecitos y diositos judiciales.

La justicia lucha contra el periodismo y lleva a que los medios no informen sus mentiras y marrullas a través de la judicialización del oficio y con la creencia de que, si no se informa, el delito no existe.

Los narcos, paras y guerrilleros amedrentan, intimidan, secuestran y matan. Los corruptos persiguen judicialmente y amenazan haciéndose pasar por narcos, paras y guerrilleros. Los políticos mienten, agreden y no responden lo que se les indaga, y ante cualquier acusación afirman que es “persecución política”. Los jueces meten a la cárcel por informar la verdad.

Hay censura por vía judicial en Colombia.

A estas alturas la justicia se ha convertido en el enemigo de la sociedad. Y tal vez más peligroso que la guerrilla y demás bárbaros porque no se quiere reformar. Todo es un despelote y nombrar fiscal o procurador o magistrado es un escándalo.

La corrupción de la justicia se informa en los medios y no pasa nada. Son inmunes e impermeables a la opinión ciudadana y mediática. Solo saben defenderse y cínicamente usar su poder contra quien se les oponga, sobre todo contra el periodismo y contra los pobres.

En este contexto, hacer periodismo de calidad es misión imposible. Por eso Caracol y RCN huyen con el muertico pobre y de calle que da rating y es buen negocio. Ese periodismo vampiro que goza con la sangre de los pobres “en directo”, “en desarrollo” y de “último minuto” no incomoda a dioses y reyes de la justicia y la política. Solo sirve para envenenar pueblo, da rating y no crea problemas. También, para evitar líos con el dios y rey justicia, solo se habla de fútbol y farándula.

El peor enemigo de los periodistas hoy es la justicia. Y por ahora en Colombia, la justicia existe para defender, vigilar y castigar al periodismo. El periodismo de calidad es un pecador y blasfemo contra los diosecitos y reyes judiciales y políticos. Por eso habrá periodismo por siempre. Amén.

 

* Director de la Maestría en Periodismo, Universidad de los Andes, Colombia. orincon61@hotmail.com
@OmarRinconTV

La masacre de Orlando: ¿el Estado Islámico llegó a Estados Unidos?

Jorge MantillaEsta masacre no se debió sólo al odio contra la comunidad LGBTI o a la falta de control en la venta de armas. Fue más bien otro episodio de la “guerra de cuarta generación” o donde el próximo ataque puede provenir de donde menos se espera. 

Jorge Mantilla*

Bombardeo durante la Maratón de Boston en el año 2013.

Dos interpretaciones

El reciente ataque al club Pulse en Orlando, donde murieron 49 personas, fue el más letal que haya sido perpetrado en suelo estadounidense desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra la Torres Gemelas.

También fue uno de los más polémicos que se han dado en ese país porque combinó problemas como la violencia contra la comunidad LGBTI, el control de armas y la reiterada incapacidad de los organismos de seguridad para detectar y neutralizar amenazas terroristas.

Entre las múltiples interpretaciones de este episodio, hay dos en particular que oscurecen el debate sobre el nivel de amenaza que representa la posibilidad de ataques similares al de Pulse, teniendo en cuenta que el Estado Islámico ha reivindicado la masacre.

  1. La primera de ellas es la pregunta sobre la orientación sexual de Omar Mateen, el asesino. Se ha conjeturado que este estaba registrado en varias aplicaciones de encuentros gais, que era cliente del establecimiento desde hacía varios años y que llevaba una doble vida que, por su fe islámica, lo ponía en una encrucijada. Pero quizás la única implicación de la respuesta a esta pregunta sea el lugar que escogió para perpetrar su atentado.
  2. La segunda interpretación- y la que ha tenido más claro efecto sobre el proceso electoral en Estados Unidos- tiene que ver con el control a la venta de armas. ¿Mateen hubiera tenido acceso a un fusil de asalto R-15 y a miles de cartuchos si las restricciones a la venta y uso de armas de fuego fueran más severas? En este caso la respuesta es afirmativa.  

Omar Mateen trabajaba desde hacía casi diez años como contratista de G4S, una de las empresas más grandes de seguridad privada en el mundo. Esto, además de haberlo capacitado para el uso de armas, lo hacía acreedor de los permisos de seguridad necesarios para comprar un fusil de asalto.

Pero ninguna de estas dos discusiones explica por qué Omar Mateen se tomó más de tres horas para  matar a sangre fría a 49 personas indefensas y para herir a más de 50.

¿El EI en Estados Unidos?

El perpetrador de la Masacre de Orlando Omar Mateen.
El perpetrador de la Masacre de Orlando Omar Mateen.
Foto: Wikimedia Commons

¿Cuáles son entonces los factores decisivos para un atentado como este? ¿Qué tipo de amenaza representan individuos como Omar Mateen para Estados Unidos en un contexto de guerra contra el Estado Islámico? ¿Puede considerarse este ataque la señal de la llegada del Estado Islámico a territorio norteamericano?

Porque según el Terrorism Research and Analysis Consurtium, el yihadismo o movimiento yihadista global puede definirse como la suma de la campaña promovida por Al Qaeda, los grupos e individuos que se asociaron o fueron inspirados por este grupo y el Estado Islámico. 

Este fenómeno es distinto de otros tipos de violencia política porque es inherentemente religioso y no está relacionado con agendas étnico-nacionalistas, ni está delimitado geográficamente. La ausencia de delimitación geográfica confirma que se trata de un fenómeno de radicalización religiosa que procede a través de las redes transnacionales.

Es importante distinguir la violencia perpetrada por células del Estado Islámico de aquella inspirada por él.

Teniendo en cuenta que en todo el mundo se han dado ataques después de amenazas reiteradas del Estado Islámico a los países que hacen parte de la coalición que lo combate en Siria y en Irak, es importante distinguir la violencia perpetrada por células del Estado Islámico de aquella inspirada por él.

Como ya había dicho en Razón Pública tras los ataques simultáneos del año pasado en París, una yihad sin liderazgo surgió en espacios urbanos occidentales como producto de los desaciertos políticos y militares de Estados Unidos en la “guerra contra el terror”. Este proceso de expansión del yihadismo fue impulsado por una nueva generación de militantes con un perfil sociológico particular, así como por la reunión de grupos inconexos alrededor de consignas que les permitieron idear una forma distinta de operar a partir de flujos globales de información, de personas y de capital.

Perfiles como el de Omar Mateen son un desafío enorme para los organismos de inteligencia de Estados Unidos, los cuales tienen que enfrentar un nuevo tipo de guerra que T.X Hammes –uno de los padres de la contrainsurgencia– ha llamado “guerra de cuarta generación”. Esta es una guerra donde los actores utilizan todas las redes disponibles (económicas, tecnológicas, políticas, sociales y militares) para convencer al enemigo de que sus objetivos estratégicos son inalcanzables o demasiado costosos. Es una forma avanzada de insurgencia.

Los “lobos solitarios”

El pasado marzo la revista Foreign Policy publicó un artículo de Mathiew Levitt titulado “The Islamic State’s Lone-Wolf Era Is Over”. Este artículo afirmaba, en términos generales, que la era de los ataques radicales nacionales y solitarios había llegado a su fin para dar paso a células especializadas con planes bien pensados para aumentar la capacidad del yihadismo internacional. Se equivocó.

Los “lobos solitarios” a los que se refiere el artículo son aquellos individuos que realizan ataques terroristas por sus propios medios sin la orden de un tercero o de una organización particular. En Estados Unidos esta modalidad de violencia es una vieja conocida.

En su historia están consignados los nombres de personajes tristemente célebres como Theodore John Kaczynski, más conocido como el “Unabomber”, quien provocó una crisis de seguridad en la década de 1970, o el derechista Timothy McVeigh, responsable de detonar una bomba en un edificio federal que acabó con la vida de 168 personas y dejó heridas a más de 600 en Oklahoma en 1995.

Desde 2001 se han registrado más de cincuenta ataques perpetrados por ciudadanos estadounidenses que actúan como  “lobos solitarios”, con motivaciones que incluyen la defensa del medio ambiente, la supremacía blanca, la lucha contra el aborto y, por supuesto, el yihadismo.

El verdadero debate

Vigilia en Minnesota en honor a las víctimas de la Masacre de Orlando.
Vigilia en Minnesota en honor a las víctimas de la Masacre de Orlando.
Foto: Fibonacci Blue

El ataque de Omar Mateen en el club Pulse de Orlando pone en evidencia una tendencia creciente de ataques inspirados, más no perpetrados directamente, por el Estado Islámico o por otras organizaciones con bases yihadistas y con probada capacidad de uso de la fuerza a escala internacional.

El más desconcertante de estos ataques, por lo aparentemente absurdo que fue, ocurrió hace apenas siete meses en San Bernardino, California. Allí, Syed Rizwan Farook y Tashfeen Malik, una pareja de 27 años nacida en Chicago y de ascendencia paquistaní, entró a una fiesta de navidad de una organización comunitaria dedicada a trabajar con personas en condición de discapacidad, abriéndose paso entre ráfagas de fusil y con artefactos explosivos pegados al cuerpo.

Mataron a catorce personas e hirieron a más de veinte. Todo esto minutos después de dejar a su hija de seis meses en casa de la abuela. Farook trabajaba desde hacía varios años en el centro comunitario donde asesinó a sus colegas. La pareja se había radicalizado sin que las autoridades se percataran.

Lo mismo ocurrió con los hermanos Tsarnaev, responsables del atentado contra la maratón de Boston el 15 de abril de 2013.

Desde 2001 se han registrado más de cincuenta ataques perpetrados por “lobos solitarios”.

¿Cómo impedir que un contratista de seguridad privada, una pareja de esposos vinculados a actividades comunitarias o dos jóvenes boxeadores acaben perpetrando ataques mortíferos en suelo estadounidense en nombre de organizaciones criminales como el Estado Islámico?

¿Por qué nadie ha preguntado por la relación entre al ataque al club de Orlando y el llevado a cabo solo un día después por otro “lobo solitario” en París y que dejó dos personas muertas, entre ellas un policía? Son justamente esos los espacios donde se disputa la guerra de cuarta generación.

La paradoja de la hegemonía estadounidense es que, a pesar de seguir siendo la mayor potencia del siglo XXI y de haber construido un entorno pacífico en su territorio, Estados Unidos vive bajo una permanente sensación de inseguridad. Según Tom Engelhardt la guerra se ha convertido en la religión nacional de Estados Unidos y en su forma de vida (“america’s way of war is america’s way of life”), y desde 1945 no ha habido una generación de estadounidenses que no haya participado en algún conflicto armado internacional.

Quizás en esto radique la verdadera importancia de la madrugada sangrienta del Pulse Club en el debate electoral de Estados Unidos.

 

* Experto en Seguridad y profesor Universidad del Rosario.

 

Análisis

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

Alvaro-PardoEl contacto directo con el desastre ambiental a gran escala causado por la extracción de carbón en este departamento lleva al experto a pasar de la denuncia a la recomendación para que el nuevo Ministerio intervenga con medidas urgentes y de fondo. La locomotora minera se desbocó en el Cesar.

Álvaro Pardo

¡Ay hombe…! 

Bordeado por la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, el departamento del Cesar fue célebre antaño por su vocación agrícola —arroz y algodón— por levantar uno de los hatos ganaderos más importantes del país, por su riqueza hídrica, por las sucesivas bonanzas de marihuana y amapola en la década de los ochenta y obviamente por el festival vallenato. La rápida secuencia de transformaciones hasta alcanzar el desastre ambiental actual puede resumirse en las siguientes etapas:

  • La minería en pequeña escala —barbacheo de carbón— fue medio de subsistencia de centenares de familias, nativas unas y desplazadas otras por la violencia política de mediados del siglo XX.
  • Luego llegaron las primeras empresas medianas y comercializadoras de carbón.
  • A mediados de la década de los ochenta se instaló la Drummond.
  • Cuando la riqueza del subsuelo se mezcló con la ganadera y la marimbera en una auténtica bonanza, arreció la violencia desatada por las FARC y el ELN.
  • Durante los noventa, la dinámica de la mediana y gran minería de carbón se abrió paso veloz entre enormes latifundios y no pocos minifundios.
  • La vocación del suelo inició su mutación hacia grandes cultivos de palma.

Gracias a la industria extractiva, los ríos empezaron a estorbar y el aire a enrarecerse. Los campesinos, otrora trabajadores de las fincas o de sus propios terruños, iniciaron su peregrinación a los caseríos, para dar paso a cinturones de miseria típicos de las poblaciones establecidas en las fronteras de los enclaves mineros: los malleros. Las investigaciones y crónicas de finales de los noventa y buena parte de la primera década de este siglo confirman el fortalecimiento de grupos paramilitares en franco contubernio con representantes del poder económico y de la institucionalidad política del departamento.

La gran minería va en serio

En menos de veinte años, el destino de esta amplia región del centro del Cesar cambió. La maquinaria de la gran minería arrancó produciendo las primeras cicatrices sobre la tierra cultivable, mientras el gobierno central se limitaba a entregar títulos y licencias ambientales, y la comunidad y los ríos fueron arrinconados para abrirle paso a la locomotora minera. En los últimos diez años, la minería se amplió de tres a diez grandes proyectos mineros en el centro del departamento:

  • Carbones de la Jagua,
  • Consorcio Minero Unido (CMU),
  • Carbones El Tesoro,
  • Sororia – Drummond (Cerro Largo),
  • Norcarbón S.A.,
  • Carbones del Caribe S.A.,
  • C.I.Prodeco / Glencore (Calenturitas y La Jagua),
  • Drummond (La Loma y El Descanso),
  • Emcarbón - Vale Coal (El Hatillo),
  • Carbones del Cesar (La Francia).

La compañía MPX cuenta con varios títulos mineros en el norte del departamento y aunque no ha iniciado operaciones, desde ya existe preocupación por la suerte del río Cesar, afluente del Calenturitas, pues quedó incluido en los polígonos mineros. Se destaca que algunas de estas compañías han integrado sus operaciones, pero otras se oponen a hacerlo. Se sospecha que la decisión de no integrar los títulos mineros tiene que ver con evasión de regalías… Cerca del 50 por ciento del departamento está titulado y con las solicitudes por resolver ante el Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS) fácilmente será convertido en minería de carbón entre un 70 y un 80 por ciento del departamento.
 

MAPA DE TITULOS Y SOLICITUDES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

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Rojo: Títulos Mineros 
Azul: Solicitudes mineras

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El transporte del carbón genera contaminación del aire. – Polvillo de carbón acumulado en las vías.


Autoridad central y regiones

“El Estado no protege el territorio, pero tampoco permite que las regiones lo hagan. Entregan títulos mineros sin importar los parques nacionales, los ríos o demás zonas protegidas; y para completar, la autoridad ambiental, que le quitó todas las competencias a Corpocesar en el 2007, viene a hacer fiscalización una o dos veces al año, ellos tampoco saben qué está pasando con el territorio”, dijo Margarita Rosa Córdoba, Secretaria de Desarrollo y Gestión Minera de la Gobernación.

No existe ninguna comunicación o coordinación entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar). “Alguna vez quisimos, con la Gobernación, hacer seguimiento a los Planes de Manejo Ambiental de las compañías mineras, y de Bogotá nos contestaron que esa no era nuestra competencia y nos tuvimos que quedar quietos, viendo cómo nuestros recursos naturales y servicios ambientales se deterioran día a día”, agregó Wilson Perez, funcionario de Corpocesar.

Midiendo el daño

La inexistencia de estudios oficiales para fijar líneas de base no permite contrastar la situación actual del departamento con el estado previo al auge minero y analizar, más allá de los estudios propios de las empresas mineras y sus brochures, lo que real y objetivamente ha sucedido con las aguas superficiales y subterráneas, la flora y fauna nativa, los promontorios del valle que no se volverán a ver, la calidad de los suelos y del aire.

Así, mientras la descoordinación campea, los pocos estudios realizados revelan que el 14 por ciento de los ecosistemas del departamento han sido afectados por la gran minería y que el 71 por ciento de las solicitudes mineras que reposan en Ingeominas afectarían otro 85 por ciento de los ecosistemas [1]. El recurso hídrico ha sido el elemento más afectado por el cultivo de palma y la gran minería. Expertos señalan casos de manejo inadecuado de las aguas dentro de las minas, bombeo y vertimiento en fuentes naturales que contribuyen a su contaminación; afectación de rondas, cauces y redes de drenaje, desaparición de cuerpos de agua, como ciénagas y quebradas, y el desvío de ríos de acuerdo con las necesidades de las grandes compañías mineras.

Los más viejos recuerdan las corrientes de los ríos Tucuy, Sororia y el Calenturitas, este último reubicado varias veces con licencia del MAVDT, pero al antojo de estas compañías, con tan dudosa destreza técnica que actualmente sostienen un grave conflicto con cultivadores de palma, pues el desvío del río dejó sin agua a las bocatomas construidas para regar los cultivos, como los de Palmeras La Alamosa.

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Ríos secos - El déficit de agua para los cultivos de palma será una nueva fuente de conflicto. 

“El agua contaminada deteriora la calidad del suelo, el clima, la flora y fauna y las actividades antrópicas”, señala un estudio del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Uno de los coordinadores de la mesa de trabajo de La Jagua de Ibirico, Miguel Rivero Camacho, dijo que los ríos ya no tienen los peces de antes y que donde hay posibilidades de pescar, las compañías mineras prohíben que las comunidades lo hagan.  

Medidas urgentes, conflictos sin resolver

Debajo de la intrincada situación ambiental, económica y social de los municipios del área de influencia minera, se esconden conflictos no resueltos que ameritan tomar decisiones enérgicas y urgentes:

  • suspender hasta nueva orden la concesión de títulos mineros,
  • contratar una auditoría internacional que evalúe los impactos ya causados por la industria extractiva,
  • exigir a las compañías la debida compensación por las externalidades negativas que acarrea su operación, y
  • abrir el espacio para que los cesarenses puedan pronunciarse sobre el futuro de su territorio a través de una audiencia pública socio-ambiental.

El impacto ambiental y social ha sido conocido por organismos del Estado, por expertos y en parte dado a conocer por los medios de comunicación, pero poco o nada se ha avanzado en resolver los conflictos entre el poder central invasivo y la autonomía de las regiones, por una parte, y por otra, entre las políticas minera y ambiental.

Estos conflictos se han visto exacerbados por la arrogancia de la gran minería en ese departamento y la enorme incapacidad de la dirigencia local para transformar una bonanza de recursos en bienestar social.

Una minería racionalmente planificada en el marco del desarrollo sostenible implica modificar la actual orientación de la política minera para armonizarla con las preocupaciones ambientales de la sociedad local.

La minería en Colombia no debe regirse por un régimen ambiental específico, como el establecido por la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), sino que debe sujetarse, como cualquier otra actividad económica, a la política general contenida en la Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias.

La creación del nuevo Ministerio de Ambiente, las nuevas normas ambientales en camino y la reforma al Código de Minas constituyen una oportunidad para ordenar la casa y llevar a la minería por el camino de la responsabilidad ambiental y social.

La locomotora minera arrancó en el departamento del Cesar mucho antes de que fuese elevada a esa categoría por el presidente Santos. Hoy, tras una visita de campo que permitió conocer en directo la situación de la zona minera, la penosa realidad se sobrepone al borroso discurso del gobierno y de las compañías mineras.

Lo único que crece en el Cesar es la gran minería, pero la preservación del medio ambiente y el desarrollo social no están en la agenda de nadie.

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Los impactos de la gran minería desbordan el ámbito local. Montañas de estériles en El Hatillo.

(En una segunda parte de este artículo, me ocuparé de ampliar las implicaciones sociales e institucionales de la gran minería en el Cesar).

*Director de Colombia Punto Medio 

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Comentarios  

ELIESER ROJAS OÑATE
0 # ELIESER ROJAS OÑATE 22-10-2011 00:19
Quisiera participar en cualquier debate sobre estos temas ya que tengo conocimiento sobre estos temas y soy victima de esta explotación por no tener normas de seguridad y se trabaja sin las mas mínimas normas para llevar a cavo esta actividad y pasar por encima hasta de la vida con tal de lograr su único propósito. soy secretario de la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES ENFERMOS EN LA DRUMMOND "ASOTRED"
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moises padilla
0 # moises padilla 24-10-2011 22:44
en nombre de la asociacion de trabajadores despedidos enfermos de drummond estamos deacuerdo que los departamentos de la guajira,cesar y magdalena en la costa caribe colombiana estamos viviendo o mas bien rrepitiendo la historia de los españoles que se llevaron nuestros minerales y esclavisaron al pueblo y ahora que nos creiamos libres somos de nuevo esclavisados por los norteamericanos nuestros trabajadores estan siendo bulnerados en sus derechos muertos despidos masivos de trabajadores enfermos ante la mirada pasiva del ministerio de proteccion social sientos de huerfanos y viudas y trabajadores enfermos demandando sin poder restablecer sus derechos por el imenso poder economico que manejan estas multinacionales
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moises padilla
0 # moises padilla 24-10-2011 23:32
tenemos que recordarle a los politicos inconcientes y a los estrangeros explotadores de nuestros minerales que colombia es el pulmon del mundo y que con el dinero de esos minerales en el futuro no podran comprar oxigeno y nuestras comunidades estan sufriendo no todos viven de la mineria, nuestro entorno social prostitucion o mas bien violacion de menores vias destuidas malos manejos de aguas reciduales muy bajo nivel academico cero recreacion es mas facil que las multinacionales alcancen sus objetivos que nuestros pueblos la prosperidad de la que habla nuestro multinacional presidente se ha hecho un analisis y lo unico que puede salvar a colombia es que se repita la masacre de las bananeras que en esta hecha seran la masacre de las mineras para que medien los organismos internacionales de derechos humanos porque los dirigentes politicos colombianos exceptoel polo todos estan confabulados
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dayanara
0 # influencia de la meneria en el ecosistemadayanara 12-11-2014 15:57
necesito saber sobre la influencia de la minería en el ecosistema ;-) profundizar mas el tema
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