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Panorámica de Bogotá.

Román D. OrtizMirada fresca sobre un debate viejo y que renace a raíz del posconflicto. ¿Qué parte de la seguridad ciudadana corresponderá a la Policía? ¿Qué papel tendrán las Fuerzas Armadas? ¿Cuándo -y cómo- deberían actuar conjuntamente?

Román D. Ortiz*

Dos tesis simplistas

El debate sobre quién debe hacer qué en lo concerniente a la seguridad pública ha quedado atrapado en una discusión polarizada que ha hecho imposible llegar a alguna conclusión razonable.

  • Por un lado algunos políticos han optado por pedir el uso del Ejército para combatir la delincuencia urbana como una forma de demostrar su mano dura contra el hampa, sin preocuparse de hasta qué punto las tropas están técnica y jurídicamente equipadas para enfrentar incidentes como hurtos o riñas.
  • En el otro extremo, algunos comentaristas rechazan todo uso de las Fuerzas Militares en las tareas de seguridad interna con la secreta esperanza de ir restando protagonismo a los uniformados como paso previo a recortar su presupuesto, reducir su tamaño y finalmente declararla fuera de uso a la institución.

Para salir de este embrollo vale la pena precisar las diferencias entre las misiones de policías y militares y los atributos propios de cada institución.

La diferencia esencial

Soldados profesionales del Ejército Nacional.
Soldados profesionales del Ejército Nacional.
Foto: Ministerio de Defensa

La versión más clásica sostiene que la Policía es una organización destinada a mantener el orden público dentro de las fronteras de los Estados, mientras que las Fuerzas Armadas se ocupan de su defensa externa. Sin embargo detrás de esta visión simplista se esconde una realidad más compleja. En realidad, la diferencia clave entre policías y militares está en sus formas de usar la fuerza con objetivos distintos y en contextos jurídico-políticos diferentes.
 
- En el caso de las instituciones policiales, se trata de ejercer la coerción para enfrentar violaciones puntuales de un orden jurídico establecido. Este es el caso, por ejemplo, de un robo: el delincuente viola la norma, pero no discute la legitimidad de la propiedad privada. En tales circunstancias, la aplicación de la fuerza se hace de manera puntual y limitada puesto que un uso más contundente de la misma acabaría por destruir el mismo orden legal que se trata de defender.
 
Así, las acciones de mantenimiento de la ley niegan la posibilidad de utilizar fuerza letal a menos que se haga en defensa propia por parte del agente del orden o para la protección de un ciudadano.

Retirar completamente al Ejército de las tareas de seguridad en las áreas rurales será imposible. 

- Las reglas de juego son distintas para las Fuerzas Armadas. Los Ejércitos están concebidos para emplear la fuerza en defensa de los intereses del Estado en un escenario donde no existe un marco jurídico aceptado por todos. En tal caso, no existe un orden normativo para respaldar sino solamente unos intereses político-estratégicos que se persiguen a través de la aplicación del poder bélico. Como consecuencia, el ejercicio de la fuerza se hace de modo menos restrictivo y con mayor intensidad. Las operaciones de combate se caracterizan por el uso de la fuerza letal en primera instancia, siempre y cuando se ejerza contra blancos de naturaleza militar. Este tipo de situaciones es lo que comúnmente se entiende como guerra y es el escenario natural de las intervenciones de las Fuerzas Armadas.

Las coincidencias

Pero la realidad es más compleja. Dentro de los Estados se producen rupturas generales del ordenamiento jurídico, como el estallido de un conflicto armado interno, en las que están dadas las condiciones para la intervención del Ejército. Es precisamente esa lógica la que explica por qué Colombia ha empleado a sus Fuerzas Militares para enfrentar el desafío al orden legal que plantean los grupos guerrilleros.
 
En cualquier caso, el papel de las Fuerzas Armadas no se reduce al ejercicio de operaciones de combate dentro y fuera del territorio nacional. Para desempeñar este tipo de misiones los Ejércitos se dotan de ciertos atributos cuya utilidad va más allá del campo de batalla. Son tres las características claves que reúnen los aparatos militares:

  1. La masa o la posibilidad de concentrar y sostener el empleo de un sustancial volumen de recursos en el desarrollo de una misión.
  2. La movilidad o la capacidad para desplazarse de uno a otro teatro de operaciones por encima de obstáculos y dificultades.
  3. La potencia de fuego que, más allá de su empleo en combate, otorga poder de disuasión

Estos atributos explican por qué los gobiernos recurren a las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Este ha sido el caso de Francia, donde el gobierno desplegó tropas en su territorio tras los recientes atentados, no porque esperase que entablasen combate con los terroristas, sino porque era la única institución que contaba con la masa, la movilidad y la capacidad disuasiva para proporcionar la protección que necesitaban las ciudades francesas.
 
Estas características también explican por qué en casos de emergencia humanitaria o desastre natural se recurre a los militares. Sencillamente, se trata de una institución que cuenta con unas capacidades únicas para paliar los efectos de una catástrofe y asistir a las víctimas.

Cruce de papeles 

Incautación de celulares robados en Bogotá.
Incautación de celulares robados en Bogotá.
Foto: Policía Nacional de los Colombianos

En este sentido, parece indiscutible que la primacía en el manejo de la seguridad y la lucha contra el crimen en las ciudades le corresponde a la Policía. Por su naturaleza, se trata de una institución que está concebida para modular el uso de la fuerza de la forma apropiada para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de la ley y cuenta con las habilidades técnicas necesarias para mantener el orden en un entorno urbano.
 
Por eso la seguridad ciudadana no es una misión propia de las Fuerzas Armadas. Pero esto no quiere decir que no se pueda recurrir a la ayuda del Ejército en las ciudades bajo circunstancias excepcionales. Ahí está el ejemplo de la recuperación del tristemente célebre Bronx en el centro de Bogotá. Quienes planearon la operación decidieron que era necesario contar con una mayor masa de personal y una capacidad adicional de disuasión para tomar el control del área. Por esa razón se recurrió al apoyo de una unidad de Policía Militar que, una vez asegurada la zona, regresó a sus cuarteles.
 
Las cosas en las áreas rurales son distintas por la naturaleza del terreno y por el carácter de las amenazas. Sin duda, la Policía sigue siendo el primer responsable de la protección de los ciudadanos frente al pequeño crimen y la gestión de los problemas de convivencia. Pero hay dos razones para argumentar que las Fuerzas Militares deben tener un papel más relevante en estas zonas:

  1. En gran parte del territorio colombiano hay áreas escasamente pobladas y de difícil acceso.
  2. Los grupos ilegales que operan en las áreas rurales suelen tener una gran capacidad armada.

Bajo estas circunstancias los atributos del Ejército parecen ser apropiados para misiones como el patrullaje de áreas poco pobladas o el apoyo cercano a las actividades de la Policía.
 
Muchos analistas esperan que la firma de un acuerdo de paz con las FARC y la desmovilización de este grupo armado conduzca a una expansión del papel de la Policía Nacional en las áreas rurales y a una disminución del papel de las Fuerzas Militares en la seguridad interior.
 
Ciertamente, es probable que esto sea factible en algunas zonas donde la desaparición de la guerrilla conduzca a una reducción significativa de la violencia. Sin embargo, una serie de factores hacen poco creíble que este proceso pueda generalizarse en todo el territorio nacional.

  1. Las posibilidades de la Policía de aumentar su presencia en las áreas rurales se verán limitadas por su necesidad de destinar recursos para mantener la seguridad urbana.
  2. Por exitosa que sea, la desmovilización de las FARC no desembocará en una completa normalización de la seguridad rural, sobre todo si se tiene en cuenta que a la violencia del ELN y de las bandas criminales se sumarán las actividades de las probables disidencias de las FARC.
  3. La expansión de las economías ilícitas –Colombia ya tiene 159.000 hectáreas de coca según el Departamento de Estado de EE.UU –alimentará la violencia y la inestabilidad.

Por esto, a pesar de los deseos de algunos, retirar completamente al Ejército de las tareas de seguridad en las áreas rurales será imposible.

La coordinación

Una de las características claves del nuevo entorno de seguridad internacional es la emergencia de amenazas híbridas que combinan los atributos del crimen organizado, el terrorismo y la guerrilla en organizaciones y patrones operacionales de nuevo cuño.
 
Los ejemplos de este tipo incluyen carteles como Los Zetas o Jalisco Nueva Generación en México, y un sector de la Mara MS-13 en Centroamérica. Colombia tiene su propia versión de estas organizaciones híbridas en casos como la banda criminal Los Urabeños, que opera como un cartel de narcotráfico pero mantiene redes de control social similares a las de la guerrilla y cuenta con una notable capacidad armada.

Los debates del futuro se centrarán menos en quién hace qué y más en cómo mejorar la coordinación

Frente a este tipo de amenazas híbridas, ni la Policía dispone de la potencia de fuego o la masa suficiente para enfrentarlas, ni las Fuerzas Militares cuentan con la capacidad de investigación criminal o las herramientas de seguridad ciudadana para proteger a la población. Por eso ambas instituciones se necesitan.
 
En consecuencia, los debates del futuro se centrarán menos en quién hace qué y más en cómo mejorar la coordinación interinstitucional. Se trata de un camino que la Fuerza Pública colombiana comenzó a transitar hace tiempo, pero que en adelante será cada vez más importante.

* Director de la firma especializada en temas de riesgo político, seguridad pública y defensa Decisive Point.  

 

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